Mes: julio 2020

ATE Nacional envió una nota formal a la Ministra de
Seguridad de la Nación Sabina Frederic, a la Ministra de Justicia y Derechos
Humanos Marcela Losardo, y al Secretario de Derechos Humanos Horacio
Pietragalla, con el objetivo de denunciar y visibilizar el gran incremento de hechos
de violencia policial y de otras fuerzas de seguridad en todo el país durante
la pandemia, con características arbitrarias y abusivas. Al mismo tiempo, ATE
se puso a disposición de lxs funcionarixs para entablar un camino de diálogo
que busque terminar con estos abusos de autoridad.

A continuación, el texto de la nota:

“Desde el inicio de la cuarentena, en gran parte de nuestras
provincias se han registrado e incrementado gravísimos hechos de violencia
policial y otras fuerzas; aunque no cuenten con la promoción o un aval
explícito – del uso irracional de la fuerza – de una Ministra de Seguridad o de
un Presidente, como lo fue en la gestión macrista”.

“Fuerzas de seguridad, esenciales y sin cuarentena, que
parecen haberse exacerbado con las medidas de control y “cuidado” reforzando el
sesgo de clase y racista con el objetivo de asegurar “el cumplimiento” de las
medidas de aislamiento. Fuerzas con una organización y funcionamiento
anacrónicos, desde recuperada la democracia”.

“Florencia Morales fue hallada ahorcada en la Comisaría 25º
de Santa Rosa de Conlara de San Luis, horas después de haber sido detenida por
andar en bicicleta y no contar con su DNI. Policías de la comisaría de
Monteagudo de Tucumán, participaron de un operativo irregular para impedir que
se realice una carrera de caballos. Asesinaron a Luis Espinoza y ocultaron el
cuerpo para encubrir el crimen, que a la semana aparece en Catamarca. En
Fontana-Chaco policías de la provincia irrumpieron, varios de ellos sin
uniforme, en la vivienda de una familia qom, golpeando a adultxs, jóvenes y
niñxs, sin orden de allanamiento. De acuerdo lo denunciado ya en la Comisaría
3era., lxs jóvenes, entre ellxs dos mujeres, una menor de edad, fueron
encerradxs en una pieza donde lxs torturaron y amenazaron con prenderlxs fuego,
abusando y agrediendo sexualmente a ambas mujeres. En la provincia de Buenos
Aires, Facundo Astudillo Castro desaparecido desde el 30 de abril. Salió de su
casa en Pedro Luro con destino a Bahía Blanca, testigos declararon haberlo
visto ese mismo día, cuando era subido a un patrullero en la localidad de Mayor
Buratovich. El viernes pasado Lucas Nahuel Verón, en el día de su cumpleaños,
agentes de la policía bonaerense lo persiguieron y fusilaron en La Matanza. Y
en pocas diferencia de horas, muere en Chascomús Raúl Dávila por un incendio en
la celda de la comisaría local, estaba detenido por resistencia a la autoridad.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció que en la provincia de Buenos
Aires, en el mes de junio se produjeron 18 muertxs por uso de la fuerza – una
persona cada 40 horas -, siendo la mayoría: varones, jóvenes y pobres”.

“Si bien ante ésta y/u otras situaciones de violencia
policial/estatal, los poderes ejecutivos definieron distintas políticas de
intervención, desde acompañar a las familias, repudiar las situaciones, separar
a lxs agentes sospechadxs y hasta constituirse como querellantes; no alcanza, y
la violencia policial debe detenerse ya”.

“En esos y otros hechos que se han conocido tuvieron
participación de policías federales, provinciales, locales, gendarmería y
servicios penitenciarios; visibilizando una vez más prácticas de
características arbitrarias y abusivas con un alto nivel de violencia estatal.
Hostigamiento, detenciones no registradas, procedimientos con personal de
civil, allanamientos violentos e irregulares, malos tratos, torturas, muertes
de detenidxs en comisarías, asesinatos, desapariciones; prácticas todas, que
configuran gravísimas violaciones a los derechos humanos”.

“Es necesario y urgente superar por parte del/los ejecutivos
las intervenciones particulares, y asumir que se torna imperante una reforma
estructural en las policías. En ese sentido, cobra relevancia en éste momento
el de asumir ese compromiso político, federal y de manera prioritaria, trazando
una agenda de trabajo valiéndose además del aporte, experiencias y
conocimientos de organizaciones y organismos de derechos humanos vinculados a
la temática”.

“Reafirmamos nuestro rechazo a la violencia policial/estatal
y condena a la violación de los derechos humanos y exigimos justicia e
investigaciones rigurosas y efectivas para cada uno de los hechos denunciados”.

Convocado por la Mesa de Encuentro por el Trabajo y la Vida Digna
–compuesta por sindicatos, empresas, organizaciones, la Iglesia y una
universidad pública-, el ministro Daniel Arroyo coincidió en la necesidad de
una política que reduzca desigualdades: “Es tiempo de combinar derechos con
movimiento económico”, lanzó.

En el marco de uno de los debates más importantes que ha
visibilizado la pandemia mundial, la Universidad Nacional de Lanús y la Mesa
por el Trabajo y la Vida Digna -compuesta por la propia casa de estudios junto
a empresarios, gremios y movimientos populares, que tiene línea directa con el
Papa Francisco-, realizó un panel virtual sobre “Renta universal; trabajo y
protección social”, en el que participaron altos representantes de los
distintos sectores que integran el espacio junto al ministro de Desarrollo
Social de la Nación.

Las exposiciones recorrieron las experiencias sectoriales de
las que participan cada uno de los oradores, la necesidad de una política
estructural que reduzca permanentemente las desigualdades sociales, y
coincidieron en la importancia de vincularla al trabajo, la formación y
capacitación. Además, el impuesto a las grandes fortunas y una profunda reforma
tributaria fueron la base de las argumentaciones en cuanto al financiamiento de
uno de los grandes proyectos que analiza el gobierno nacional y que son parte
de reclamos históricos de muchas de las organizaciones participaron del
encuentro.

En este caso, fueron de la partida Luis Caceres, del
sindicato ladrillero UOLRA, Marta Arriola, de Cuidadores de la Casa Común, Hugo
Cachorro Godoy de ATE y CTA Autónoma, Juan Carlos Schmid de la federación
marítima FEMPINRA en la CGT, Guillermo Moretti, de la Unión Industrial
Argentina, Pablo Narvaja, coordinador de la Mesa y Ana Jaramillo, rectora de la
UNLa.

“Si algo de bueno tiene la pandemia es que nos obliga a
pensar cambios estructurales, no salimos de la crisis con una nueva línea de
programas. Es tiempo de combinar derechos con movimiento económico, la renta
básica universal es un derecho, pero también un movimiento de consumo para la
economía”, dijo Arroyo.

“Hoy existen recursos disponibles para financiar estas
políticas que están durmiendo en las cuentas bancarias del grupo de selectos
millonarios de los cuales la AFIP dispone de la información de 32.000 de ellos,
quienes declaran cerca del 70% del patrimonio fuera del país”, advirtió, por su
parte, Godoy de ATE, refiriéndose a las posibilidades reales de costear
políticas sociales.

“Indudablemente, las medidas que ha tomado el Poder
Ejecutivo en la estrategia sanitaria y en la contención de la destrucción
social han sido muy importantes. Porque el derrumbe de la economía es propio de
casi todas las experiencias de los países que están sufriendo la pandemia. Por
lo tanto, nadie puede reactivar nada si se termina muriendo”, destacó Schmid.

Por su parte, Moretti de la UIA propuso: “La recuperación la
tenemos que hacer de cara a una Argentina productiva y no a una Argentina de la
especulación financiera. Esto se debe hacer en todo el territorio de nuestro
país, donde tenemos pymes que tienen la capacidad de ser el motor para reiniciar
nuestro crecimiento”.

Más ideas destacadas

– Ana Jaramillo, UNLa:

“Tuvo que pasar la Primera Guerra Mundial para que se
firmara la Declaración Universal de Derechos Humanos. La primera constitución
en el mundo después de esa declaración de Naciones Unidas fue la de Perón en
1949, y ahí empezamos a tener dignidad en nuestra Constitución”.

“Para nosotros solo el que trabaja es digno, pero ahora
tenemos este problema de que no hay trabajos dignos y hay mucha desocupación”.

– Marta Arriola,
Cuidadores de la Casa Común:

“Lo más importante para nosotros es el trabajo, y el salario
social complementario se vuelve un instrumento a veces hasta funcional al
sistema que estamos definidos a doblegar, este sistema capitalista que, como
dice Francisco, mata”.

– Luis Cáceres,
UOLRA:

“El salario universal tiene que ser en base al trabajo,
porque trabajo hay, pero faltan derechos. Hemos recorrido un camino de lucha,
tenemos la oportunidad de que el Estado instrumente políticas que reconozcan el
sacrifico de trabajadores de la economía popular. Y es necesaria una política
hacia las pymes que es el sector que más trabajo da”.

– Hugo ‘Cachorro’ Godoy,
ATE Nacional / CTA-A:

“La pandemia viene a agudizar una crisis que es previa, que
es la crisis del modelo neoliberal, por lo tanto, para salir de esta situación
se requieren respuestas de nuevo tipo”.

“Muchas más veces se plantea que establecer un salario
universal es contrario al trabajo y genera vagancia, nada más falso que eso,
porque en Argentina no falta trabajo, lo que no hay es la decisión de pagarlo y
de organizar la sociedad en función de ese trabajo”.

“Hay que establecer un salario universal que garantice el
salario mínimo, vital y móvil, que se incremente la AUH hasta $4.000, ampliando
el universo de alcance, con lo cual un ingreso familiar mínimo estaría en los
$42.000”.

“Hay sectores de la derecha que quieren convertir esta
crisis en mecanismos de más represión y más autoritarismo, nosotros creemos que
hay que fortalecer la democracia, profundizarla y fortalecer la condición
democrática y popular del Estado nacional”.

– Juan Carlos Schmidt,
Dragado y Balizamiento / FEMPIMRA:

“Estamos frente a una situación que se ha visto agravada por
el COVID-19. La OIT explica claramente que casi la mitad de la población
económicamente activa del planeta va a sufrir las consecuencias. En ese sentido
es bueno destacar que nosotros teníamos gravísimos problemas heredados de la
gestión anterior y que, por lo tanto, el impacto es mayor aún”.

“Hay que ir sobre el sistema financiero, porque acá hay
capacidad financiera en el país para ponerla al servicio de la producción. Y
esto tiene que estar íntimamente ligado con la estrategia desarrollada por las
pymes y por la Unión Industrial Argentina: Aquel entramado de casi 600 mil
pymes que generan importantes cuotas de trabajo argentino adentro de nuestras
fronteras”.

“Hay que tener muy presente es que nuestro Estado es un
Estado debilitado que viene perforado después de décadas de neoliberalismo, de
vaciamiento, de entrega. Por lo tanto, no tiene la capacidad para llegar a
todos lados y muchas veces lo ha demostrado cuando quiere poner en marcha estas
medidas de emergencia. ¿Quién aparece ocupando ese lugar? Los movimientos
sociales, los trabajadores comunitarios, los vecinos, los que levantan una
olla, como pueden, en su vivienda para darle una mano al otro. Hay que
visibilizar fuertemente eso, porque eso es trabajo”.

El pedido se realizó en la reunión entre los sindicatos de la
CTA Autónoma y la CGT en el marco de la conformación del comité de emergencia.
En ese escenario, ATE planteó en tema apoyado por la Fesprosa por lo cual fue
la CTA-A fue la que requirió la universalidad del bono.

ATE pidió la modificación de la Resolución N°315 que da
origen a la bonificación, ya que la redacción no garantiza el pago a la
totalidad de los trabajadores y trabajadoras intervinientes, teniendo  en cuenta que la realidad al día de la fecha
es muy distinta del momento en que se aprueba el pago del bono.

A consideración de nuestra ATE, debe ser el ministerio de
salud nacional quien disponga, regule y garantice el pago del bono a todos y
todas las trabajadoras de salud.

Alrededor de
500.000 trabajadorxs recibieron los 5000 pesos que corresponde la transferencia
de la primera cuota del bono estímulo, pero al quedar afuera de este cobro unos
100.000 trabajadorxs más, desde ATE se demandó al Ministerio de Salud de la
Nación que se modifique dicha resolución.