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Mes: enero 2020
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La Seccional ATE Norte denunció al intendente macrista
Ariel Rivero de Campo Grande por recortes en los salarios de los trabajadores y
trabajadoras de este municipio.
La determinación de quitar ítems del sueldo a través de
las cuales podían acercarse al valor de la canasta básica de una familia de
cuatro integrantes, deja a los municipales en la indigencia.
“No nos parece extraño que lo único que piense un
intendente macrista sea en ajustar y achicar los derechos de los trabajadores y
trabajadoras, como lo han hecho a lo largo de estos cuatro años”, señaló
Rodrigo Vicente, secretario general de ATE
Río Negro.
Según informes oficiales publicados en diciembre, una
familia de cuatro integrantes necesitó $35.647,66 para superar el umbral de
pobreza en octubre de 2019. Las medidas tomadas por Rivero los deja un 40% por
debajo de este número.
Cabe destacar además que al ser esta una zona petrolera,
los costos de vida se elevan aún más que en otros municipios, por lo que quedan
aún más lejos de tener un sueldo acorde al lugar donde viven.
Indigna además al sindicato que este recorte se haya realizado
para ingresar nuevo personal de la
planta política que se paga con la carencia a la que se empuja a las familias.
En el marco de una una nueva audiencia entre
representantes de ATE Seccional Zona Sur, UPCN y el Ejecutivo Municipal
de Apóstoles, que estuvo representado por la intendenta María Eugenia Safrán y
el Secretario de Hacienda Javier Safrán, se alcanzó un acuerdo para el
otorgamiento de un bono de 5 mil pesos para todo el personal municipal.
El mismo se abonará en dos tramos, siendo el
primer pago del 50% en el corriente mes de enero, y el restante 50% en febrero.
Además, se acordó continuar con la mesa de diálogo antes de marzo, para seguir
abordando cuestiones salariales y laborales que atañen a las y los trabajadores
municipales de la Capital Nacional de la Yerba Mate.
Los representantes gremiales solicitaron que se
considere la recuperación del 4% de aumento adeudado de 2019 y también se puso en
la agenda asuntos vinculados a las horas extras, los adicionales y la situación
laboral de trabajadores contratados cuyos contratos entraron en
vencimiento.
“Esta fue la segunda audiencia que tuvimos con
la nueva intendenta, y se logró acordar el bono, que es un paliativo que
aceptamos como tal, pero sin dejar de reclamar una recomposición salarial
suficiente y que no quede en el olvido el 4% de aumento que se nos adeuda a los
municipales y que corresponde al año pasado” manifestaron desde ATE Zona Sur.
“El Ejecutivo Municipal aduce por un lado, que
llevan menos de un mes de gestión, que se encontraron con las finanzas muy
complicadas y piden tiempo. Esperan que con la devolución del IVA y otras
cuestiones, mejore la recaudación y dejan abierta la posibilidad de que
se pueda cancelar el 4% pendiente de 2019, y que en relación a las
recomposiciones salariales van a ajustarse a lo que la Provincia vaya fijando.
Nosotros como organización sindical estamos mostrando una gran vocación para el
diálogo, pero al mismo tiempo somos concientes de que la situación salarial de
nuestros compañeros municipales es muy delicada. Confiamos en que esta mesa de
diálogo que queda abierta, pueda canalizar mejoras salariales y laborales
importantes en el corto plazo” añadieron.
Desde la Junta Interna de la ATE en el Ministerio de
Cultura de la Nación, enviaron un petitorio al titular del área, Tristán Bauer,
denunciando las precarización laboral que existe en el sector.
En el mismo la ATE- Cultura
sostiene que “quienes suscriben, somos trabajadoras y trabajadores del
Ministerio de Cultura cuya relación laboral se constituye a través de dos
formas de contratación: Locación de obra (CLO) y Locación de Obra y Servicios
(LOyS).
Para acceder a estas formas de
contratación hemos debido inscribirnos en AFIP bajo el régimen simplificado
denominado Monotributo. El mismo nos ubica en la misma categoría que un
cuentapropista que trabaja de manera independiente aunque no lo somos; abonando
de nuestro bolsillo cargas sociales, impositivas y cobertura de salud para
nosotras/os y nuestro grupo familiar. También y como requisito de contratación
presentamos un certificado de antecedentes penales que se nos exige anualmente
en cada renovación de contrato y cuyo costo absorbemos, además del
mantenimiento de cuenta bancaria, necesaria para percibir el pago por nuestro
trabajo.
Nuestro contrato es anual y se
salda en 12 pagos fijos e iguales, conforme se certifican nuestras tareas
mensualmente por la autoridad correspondiente y emitiendo una factura
electrónica a nombre del Ministerio para tal efecto. A la vez integramos
equipos de trabajo en diversas dependencias del Ministerio con compañeros y
compañeras con quienes coincidimos en las obligaciones que le caben a todo/a trabajador/a,
estando registrados/as en el sistema de control biométrico vigente, pero sin
acceso a ninguno de los derechos laborales que asisten a nuestros pares:
salario, obra social, aguinaldo, paritarias, presentismo, licencias
(enfermedad, examen, maternidad, etc.), horas extras, acceso a unidades
retributivas, vacaciones pagas, acceso a concursos, evaluaciones de desempeño,
asignaciones familiares y ART en aquellos trabajadores que realizan tareas de
mantenimiento y que implican un eventual riesgo de salud o vida.
Si bien poseemos muchos años de
antigüedad en la planta del Ministerio -que puede llegar a más de 10 años- el
organismo ha persistido, a pesar de nuestra voluntad, en mantener nuestra
condición laboral en absoluta precariedad.
En síntesis, desempeñamos
tareas normales, habituales y permanentes, de corte técnico-administrativo-
profesional, en diversas dependencias que forman parte de la estructura
orgánica del Ministerio de Cultura y que así están tipificadas en la otrora
Oficina Nacional de Empleo Público, en su nomenclador de puestos y funciones.
Ahora bien, porque vivimos día
a día, porque lo hemos sufrido los últimos cuatro años, conocemos la situación
económica y social actual de emergencia y crisis de nuestro país; por eso
creemos que es necesaria la mayor solidaridad entre compatriotas, especialmente
con aquellos que hoy no acceden a un plato de comida ni pueden procurar
sustento a su familia diariamente. No somos ajenos/as a la realidad, pero esa
solidaridad no deber ser a costa del bolsillo y estabilidad de los
trabajadores.
Justamente, este colectivo, en
virtud de la caracterización hecha al inicio, es el eslabón más débil de la
cadena de trabajadoras/es del Estado. Es por ello que frente a las
determinaciones transmitidas por las/os delegadas/os gremiales, solicitamos:
– Comunicación formal de las
decisiones que las autoridades toman y que involucra al conjunto de
trabajadoras/es. La comunicación directa y clara evita rumores, malentendidos y
supuestos que sólo alimentan con angustia y desazón a un colectivo que al día
de la fecha asiste a sus puestos de trabajo sin contrato vigente.
– Renovación anual de los
contratos. Sabemos de la decisión de establecer una renovación por tres meses
de contratos, lo que genera angustia e incertidumbre entre los compañeros.
Entendemos que la renovación trimestral obedece a una decisión política. Esta
última excede cualquier perspectiva solidaria que la justifique. Confirmar
nuestra continuidad laboral a través de la anualización de nuestros contratos
es un aliciente que exigimos en tanto reconocimiento al rol de trabajadoras y
trabajadores y como gesto humano para aliviar el día a día tanto en nuestros
espacios de trabajo como para nuestros hogares y familias. Sobre este punto
queremos recordar que de no mediar una definición inmediata al respecto y dados
los tiempos administrativos necesarios para dar de alta cientos de contratos,
se corre el riesgo de no cumplir con los mismos. Esto último redundará en el no
cobro de estos honorarios de enero durante los primeros días de febrero.
– Aumento de salario. La
decisión de mantener el mismo monto del contrato anterior, con una inflación
anual del 55%, sumado el aumento de la cuota del Monotributo del 51%, es un
evidente recorte al poder adquisitivo de nuestro magro salario. Por tal motivo
solicitamos un aumento del mismo tenor que a los trabajadores y trabajadoras
encasillados en el Sinep. De esta forma, se evita la discriminación entre unos
y otros trabajadores.
– Bono a trabajadoras/es estatales.
Solicitamos se instrumenten las herramientas necesarias para que nuestro
colectivo acceda a las mismas compensaciones que pudieran percibir los
trabajadores del Sinep. En línea con las medidas de gobierno nacional, le
informamos que dentro del grupo de monotributistas hay compañeros que no están
cenando o dependiendo de ayudas de alimentos para sus hijos.
– Conformación de una mesa de
trabajo para facilitar el cambio a la modalidad de contratación, que nos
enmarque en Artículo 9 de la Ley Marco del Sistema Nacional de Empleo Público
(Ley 25164 – Decreto 214/06), reglamentada por la Resolución N° 48, lo que
redundaría en una menor precarización.
Las Áreas de Género de APUAP, ATE-
Jujuy, SADOP y CTA Autónoma jujeña realizaron un sostenido trabajo para el
abordaje de situaciones de violencia de género en el mundo del trabajo. Entre
otras acciones, elaboramos el Proyecto de Ley que establece la licencia para
trabajadoras víctimas de violencia de género, que hoy es Ordenanza Municipal
(N°7336), y para cuyo tratamiento por parte del gobierno provincial en la
Legislatura hemos recolectado más de 7 mil firmas.
Por tal motivo, la noticia de la
presentación del Protocolo de Actuación sobre la Violencia de Género en el
ámbito de la Administración Pública de la Provincia de Jujuy les genera algunas
reflexiones, interrogantes y preocupaciones.
A través de un comunicado de
prensa la sectorial explicó que “el Protocolo constituye, en sí, un hecho
positivo en tanto, cómo lo plantea el documento, es una herramienta para
“garantizar acciones de prevención, actuación y reparación en casos de
Violencia de Género en el ámbito laboral.
Al respecto sabemos que los
protocolos pueden ser instrumentos útiles, solo y en tanto, exista la firme
decisión política para erradicar la violencia de género, sin conciliaciones. De
lo contrario, ocurrirá lo que sucede con un número importante de estos,
devienen en letra muerta, al igual que las leyes sin presupuesto.
Nos preguntamos, ¿por qué motivos
se ha excluido a los sindicatos en su elaboración y en el eventual seguimiento
de su efectiva aplicación? Mas allá de reafirmarnos un estilo de gobernar que
es recurrente, consideramos que este tipo de herramientas deberían elaborarse
en consulta y consenso con quienes intervienen en la problemática. Los
sindicatos, y sus áreas de género, receptamos dichos casos y conocemos sus
impactos, ya que hablamos de situaciones de violencia que se dan en el ámbito
laboral.
Nos preocupa que dicha exclusión
pueda tener la finalidad de retacearles efectiva intervención sobre la
problemática a las organizaciones sindicales. En este sentido, es legítima, en
función de nuestra experiencia hasta el momento, la preocupación de que la
patronal se constituya en juez y parte, ya que el Consejo Provincial de la
Mujer e Igualdad de Género será el órgano rector que aplique el presente
protocolo en articulación con otros organismos de la administración pública
provincial (artículo 4), sin intervención de las organizaciones que velan por
los derechos de las trabajadoras y que son los principales receptores de los
reclamos.
Los gremios tenemos conocimiento
certero de que la violencia laboral en la Administración Pública provincial
viene creciendo en los últimos años. En muchos de estos casos existe
interseccionalidad, es decir, son casos donde se conjugan violencia laboral y
de género, entre estos el acoso sexual.
Los casos denunciados, con valor,
por las trabajadoras del Ministerio de Trabajo y el Ministerio Público de la
Acusación son la punta, más escandalosa y repudiable, de un iceberg que por
debajo contiene un número importante de otros casos, sobre los cuales las áreas
de género hemos intervenido en 2019. Nos referimos a casos como el de Fiscalía
de Estado, a cargo del Dr. Mariano Miranda, donde la víctima de violencia
convivió durante meses con el acosador sexual, situación que la revictimizaba
una y otra vez. O casos paradojales como los hechos de maltrato laboral en la
Secretaria de Paridad de Género, específicamente en la Dirección de Violencia,
a cargo de la Dra. Natalia Segovia. A estos se suman otros casos en las Áreas
de Salud y Educación.
Por lo expuesto podemos decir que
la violencia laboral y de género en la Administración Pública (cómo también en
el ámbito privado) es un tema emergente, que nos preocupa y nos ocupa; y que
debería ser abordado, desde los gobiernos, dándoles voz a los diversos actores
involucrados en su abordaje: los gremios y sus áreas específicas, las
trabajadoras/es, las organizaciones de mujeres y las víctimas.
Mediante estos mecanismos
democráticos el Estado podrá generar herramientas eficaces para cumplir con la
función de garante de una vida libre de violencia, dando cumplimiento efectivo
a la legislación vigente.
Por último, consideramos que no
pueden integrar los gabinetes gubernamentales funcionarios sobre los que recaen
denuncias de violencia y/o acoso. Es deber de las autoridades garantizar, sin
vacilaciones, su apartamiento, dando muestra del compromiso asumido con el
presente Protocolo. Por esta razón, reiteramos el pedido de renuncia del actual
Ministro de Trabajo Jorge Cabana Fusz (hoy en ejercicio de su licencia) como
también del Fiscal General Sergio Lello Sánchez; reclamo interpuesto ya por
numerosas organizaciones de mujeres y centrales de trabajadores/as”.
