En una nota publicada en un matutino de tirada nacional, los
directivos de Yacimientos Carboníferos
Rio Turbio, Sociedad del Estado, sostienen que la ocupación pacífica de los
trabajadores nucleados en ATE provocó una serie de derrumbes que se habrían registrado
en el interior de la mina de carbón.
Las autoridades de YCRT de Santa Cruz, intervenida por el
Gobierno Nacional desde principio de 2016, atribuyen las caídas y las
deficiencias en la red de ventilación a la paralización de las tareas dentro
del yacimiento; y un fiscal ya ordenó la
intervención para proteger los bienes.
Sin embargo, los gremialistas estatales aseguran que la
medida de fuerza con la que reclaman la reincorporación de dos despedidos y la inversión
necesaria para poner en funcionamiento la usina energética, no afecta el normal
funcionamiento de las tareas habituales, y que fue la empresa la que decidió interrumpir
la vida laboral de la mina para criminalizar la protesta sindical y exponer a
los trabajadores ante la opinión pública.
Miguel Páez, titular
de la seccional Río Turbio de la Asociación Trabajadores del Estado, asegura
que “ni técnica ni legalmente pueden sostener lo que dicen por los medios, el
derrumbe lleva casi 20 años, se han hecho tareas, pero no puede haber un
derrumbe donde ya hubo un derrumbe, se está trabajando levantándolo, faltan
cerca de 10 metros, lo que hizo la Intervención es tomar una medida que
perjudicó ese trabajo, porque dentro de
nuestra metodología de reclamo, habíamos garantizado que puedan llevar adelante
esa tarea que nosotros consideramos como esencial”.
La medida de fuerza de los trabajadores mineros empezó hace
12 días en el interior del socavón, para
exigir la reincorporación de 2 trabajadores despedidos de las oficinas de
Buenos Aires mediante una resolución que deja la puerta abierta a otras cesantías.
Además reclaman que se levante la denuncia sobre el Convenio Colectivo de Trabajo,
que se garantice la inversión necesaria para la puesta en marcha de la usina de
140 megas, y que no se aplique el ajuste previsto en el presupuesto,
que sin dudas repercutirá negativamente en el funcionamiento del yacimiento.
El grupo de trabajadores que inició la protesta adentro del
cerro, a los pocos días salió a la puerta de la galería y se ubico a un costado
de la boca de mina, desde donde intentan visibilizar las demandas y desarmar
las mentiras de la empresa y los medios oficialistas.
Es por eso que Páez asegura que las autoridades “vieron que
había un alto acatamiento a la medida gremial entonces determinaron que se
vayan todos a su casa hasta que se resuelva el conflicto con ATE. Son ellos
mismos los que han perjudicado esa labor de finalización de la remoción del
derrumbe”. Además, el dirigente estatal aclara que “hay desprendimientos
normales, son más de 70 kilómetros de galería subterránea, hay presión del
cerro, hinchamiento del piso, eso es normal en el trabajo minero, pero lo tiran
con intensión política”.
“dicen que nosotros estamos bancando al gobierno anterior,
lo que no es cierto, nosotros hemos
desarrollado medidas de fuerza durante el gobierno anterior, con la intervención
anterior, reclamando un montón de cosas que ahora ellos usan para denunciar corrupción,
y nosotros como trabajadores de ATE ya reclamábamos todas esas cosas”,
asegura Páez rechazando otra de las acusaciones sobre supuestos vínculos con el
kirchnerismo de los mineros de ATE.
La publicación del diario La Nación señala que Francisco Roldán, miembro del Comité
Operativo de YCRT, informó que "Estábamos
a 12 metros de terminar de limpiar el derrumbe, todo el trabajo se vio
interrumpido por la toma del yacimiento, ahora hubo un fuerte retroceso y
también un daño muy importante al trabajo hecho. No tenemos duda que los
huelguistas son militantes del Frente para la Victoria", afirmó Roldán.
Además, la nota publicada ayer lunes 18 de septiembre, dice
que “La mina de carbón más grande del
país tiene en su interior 68 kilómetros de galerías subterráneas, sobre las
cuales hoy, con la toma iniciada hace 12 días, no tienen las condiciones de
seguridad garantizada. Los expertos explican que por las condiciones en su
interior es necesario el trabajo en forma continua y al tomarse la medida
gremial de bloquear el ingreso, la intervención decidió denunciar la acción
ante el Juzgado Federal de Río Gallegos”.
Sin embargo, los trabajadores responden que “no hay ningún
compañero en el interior porque la propia Intervención cortó el suministro de
energía, nos intervinieron los teléfonos, entonces para no exponer a los
compañeros a algún riesgo determinamos
no dejar a nadie adentro y hacer la ocupación pacífica en los sectores de
trabajo. Y en el ingreso de la boca de mina, al costado, sin entorpecer
siquiera la entrada a las galerías, por donde ingresa el personal, nos
manifestamos llevando adelante el reclamo, pero el grueso de las labores se
llevaron adelante: talleres centrales en superficie, la planta depuradora, administración,
Puerto Punta Loyola de Río Gallegos, varios sectores en los que no todos los trabajadores
se adhieren a nuestra medida, por lo tanto se desarrollan las tareas de manera
normal”.
Por último, el artículo periodístico insiste en el que el sábado
pasado la intervención había advertido que las
caídas de material dentro de la bóveda continuarán hasta tanto no se puedan
retomar el control de la mina y los trabajos que se estaban realizando hasta
ahora. "Nos prohíben el ingreso y si no tenemos el control de la mina, no
podemos garantizar la seguridad en el interior", señalaron fuentes de la
intervención.
Miguel Páez de ATE Río Turbio no duda en calificar la operación
periodística de “pésima y lamentable” y asegura que se trata de “herramientas
que usa el gobierno para deslegitimar reclamos de los trabajadores”. El
gremialista resalta nuevamente que “cuando se inició la ocupación de todas
maneras se permitió la continuidad de las tareas de remoción, las tareas esenciales,
el control de interior de mina, fue la Intervención
la que decidió interrumpir las tareas, porque vieron un acatamiento importante
y para evitar que tome visibilidad ordenaron levantar la tarjeta y enviar a los
trabajadores a la casas, asegurándoles que les van a reconocer los días de
trabajo”.
“si las autoridades
lo permitieran los trabajadores que no se sumaron a la medida de ATE podrían
trabajar normalmente, incluso hay otros 3 gremio en el ámbito de la empresa que
están de acuerdo con el reclamo pero no con la metodología, pero pueden estar trabajando,
de hecho lo están haciendo en los distintos sectores”.
La empresa denuncio públicamente en un comunicado de prensa
que el Juez Federal Aldo Suarez realizo una inspección ocular y pudo constatar
que los “derrumbes sucedieron como
consecuencia del cese de actividades por la toma de ATE desde hace dos semanas”
Páez de ATE dice: “al otro día de iniciar la ocupación
pacifica denunciaron la protesta, nos denunciaron a 6 miembros de la comisión
directiva, que tuvimos que comparecer ante el juez por entorpecer un servicio público,
pero es lamentable, por un lado nos judicializan,
por los medios nos atacan, y le llevan miedo a la gente con el tema de los
derrumbes, para desatender el reclamo de fondo”.
