Mes: febrero 2017

Invitados
por la Confederación Sindical Internacional al encuentro anual entre el Banco
Mundial y el Fondo Monetario Internacional, la CTA-Autónoma comenzó este lunes
con una agenda de trabajo que incluye reuniones bilaterales con sindicatos
estadounidenses y el coordinador de la campaña electoral de Bernie Sanders,
para conocer de primera mano la situación en el contexto del nuevo gobierno de
Donald Trump. La delegación está compuesta por Adolfo Aguirre, Secretario de
Relaciones Internacionales de la CTA y miembro de la conducción nacional de
ATE, y Bruno Dobrusin, asesor de la secretaría de internacionales.

La asamblea
anual del FMI y el Banco Mundial transcurre en un momento de incertidumbre
global respecto a las nuevas medidas del gobierno Trump, así como también a los
cambios en los lineamientos político-económicos que se pueden venir en Europa.
Durante los encuentros en Washigton, se discutieron las visiones del
sindicalismo norteamericano respecto al gobierno de Trump, así como sus
posibles impactos sobre América Latina.

En la
reunión con Kenneth Zinn, Director Político del National Nurses United, el
sindicato que más impulso la campaña electoral de Bernie Sanders, se debatieron
las líneas principales respecto a los planes de Trump con el sistema de salud y
la incidencia sobre la realidad de los trabajadores, en especial aquellos en
situaciones precarias. Zinn comentó que la agenda de gobierno de Trump apunta
hacia una ofensiva sobre derechos laborales que impactará fuertemente en el
resto del mundo. Esta ofensiva tiene una componente pro-empresarial, mediante
exenciones impositivas y cambios en las condiciones laborales, flexibilizando
la mano de obra y permitiendo a las grandes empresas sobrepasar legislaciones
laborales. A su vez se coincidió con Zinn en la necesidad de tener acciones
conjuntas mediante la coordinación que ya se desarrolla bajo el nombre de
Global Nurses United, agrupando a sindicatos de enfermeras en todo el mundo.

Por la tarde
se realizó una reunión en la sede de la AFL-CIO, la principal organización
sindical en Estados Unidos. Allí, reunidos con Kathy Feingold, Secretaria de
Relaciones Internacionales, y  Brian
Finnegan, asesor para América Latina, se intercambiaron visiones sobre el triunfo
de Trump y posibles acciones conjuntas entre la central norteamericana y la
CTA-A. Quedó claro que en la etapa que comienza es fundamental reforzar los
lazos de solidaridad entre nuestras centrales y movilizar alrededor de los
derechos sindicales, que se verán afectados por una ofensiva todavía más fuerte
que la experimentada durante la etapa neoliberal.

En palabras
a Acta, Adolfo Aguirre declaró que “es muy importante para nosotros poder estar
presentes en este momento en Estados Unidos y tener una visión de la situación
basada en la experiencia de primera mano que tienen nuestros aliados
sindicales. Es una etapa crítica para Estados Unidos y por su impacto para el
resto del mundo, en donde la incertidumbre domina el espectro político y
nuestro campo de acción. Estos encuentros nos sirven para preparar nuestras
estrategias de lucha frente a los nuevos escenarios”.

La
delegación de CTA-A continuará con reuniones entre el martes y el viernes en el
marco de la asamblea anual conjunta del FMI y el Banco Mundial, donde el
sindicalismo en bloque presentará posturas críticas a los planes de ajuste cuyo
efecto son ampliamente conocidos en la historia reciente de nuestros países.

El Gobierno
difundió una propuesta para capacitar y rendir exámenes a los trabajadores
estatales con una suerte de premios y castigos según su propia evaluación. Ante
esto, Hugo Godoy, en declaraciones radiales señaló que "todo anuncio de
formación es una cosa positiva, el problema es que se hace en un marco en el
que la línea principal de avance del gobierno es de un ajuste que recae sobre
los trabajadores, entonces ahí es donde empiezan las prevenciones y las
preocupaciones”.

"Los
trabajadores de hoy ya son comprometidos y capacitados, no vamos partir la idea
de que los trabajadores somos malos y deshonestos”, resaltó Godoy quien además
aclaró que "todo lo que tenga que ver con las condiciones laborales debe
discutirse en las paritarias y nosotros trabajamos para que los derechos del
trabajador sean reconocidos”.

La intención
del Gobierno es modificar la carrera de los trabajadores estatales hasta el
punto de penalizar a quienes no mejoren su formación a lo largo de los años y
premiar con incrementos salariales por encima de la inflación a quienes mejoren
su capacitación mediante el estudio.

“El gobierno
viene actuando con absoluta discriminación, echó miles de trabajadores con
sueldos de 9, 10, 12 mil pesos e incorporó personal jerárquico con sueldos de
50, 60 mil pesos o más. Dijeron que no iban a despedir y empezamos el año con 3
mil despidos en el Ministerio de Educación, con modificación de programas. Además
nos preocupa que quieran hacer un negocio con universidades privadas con la justificación
de la necesaria formación de los trabajadores y, por otro lado, que después
quieran establecer normas de relaciones laborales vinculadas a la
“productividad” o cualquier otro concepto por el estilo que en realidad lo que
encubren son intensiones de ajuste”, explicó Godoy.

En ese
marco, señaló que “en sus propias pablaras el ministro Ibarra dice ´¿Se
imaginan ir a una oficina pública y que los atienda un empleado comprometido y
formado?´ y pareciera que no sabe que el compromiso de los trabajadores
cotidianamente es muy grande y el esfuerzo de formarse también lo es. Él lo
desconoce y no lo valora, porque los trabajadores somos consientes de que
nuestro verdadero patrón es el pueblo y que por lo tanto para él trabajamos”.

“El problema
es que hay gobernantes que se creen dueños del Estado, que lo utilizan para sus
políticas de enriquecimiento como funcionarios. Nosotros somos claros al decir
que ninguna modificación de las condiciones salariales y laborales podrá
concretarse si no es en el marco de la discusión paritaria, y no vamos a
permitir ni discriminaciones, ni aplicaciones de criterios de ajuste que vayan
en contra de las necesidades de los trabajadores”.

Finalmente,
Godoy mencionó que “estamos discutiendo medidas de fuerza, vamos a convocar en
los próximos días una reunión del Consejo Directivo Nacional frente al intento
de los gobiernos provinciales y nacional de imponer un techo salarial que
evidentemente no lo vamos a permitir, porque el gobierno quiere que nos
resignemos a perder lo que perdimos el año pasado que fue un alto nivel de
capacidad salarial”. Y añadió: “vamos a cumplir con la responsabilidad que
tenemos de romper ese techo salarial que nos quieren imponer los gobernantes”.

El encuentro
con el ministro Juan José Aranguren, ATE le reiteró el pedido para que el gobierno
aponga en pleno funcionamiento la usina y la explotación de la mina de carbón de
Río Turbio. Para eso, se exigió que se tomen medidas rápidas para generar
confianza hacia los propios trabajadores y además para que cesen las actitudes
provocativas como los descuentos por los días no trabajados, la retención a las
cotizaciones al sindicato y el desconocimiento de la Comisión Normalizadora.  Además se solicitó la reincorporación de los trabajadores
injustamente despedidos.

Por otro
lado, también se planteó la preocupación de disponer la usina eléctrica dependiendo
de la Secretaría de Energía por parte del Gobierno lo que conlleva ponerle la
firma de defunción a la perspectiva de constituir una sola empresa como fue el
proyecto que presentaron los trabajadores en el Congreso de la Nación.

De la
reunión participaron Hugo “Cachorro” Godoy, Secretario General de ATE nacional,
Cristian Oliva, delegado normalizador de Río Turbio y los dirigentes de la
Conducción nacional Rodolfo Kempf y Orestes “Beto” Galeano.

“El ministro
nos informó que ellos estiman que la posibilidad de poner en marcha la
actividad en la usina no vaya más allá al mes de febrero. Eso posibilitaría que
en un plazo de 10 meses poner en función la primera etapa y 18 meses después
para poner a pleno el funcionamiento las dos turbinas de la usina”, señaló Hugo
Godoy.

En ese
contexto, el titular de ATE se mostró preocupado al señalar que “es una
decisión del gobierno regularizar la situación jurídica de las empresas” y ratificó
que “para nosotros es un tema grave y preocupante el haber denunciado el
convenio colectivo porque su objetivo es modificarlo. Nosotros ratificamos la
posición del gremio de defender los derechos conquistados y que
fundamentalmente es necesario que se ponga a funcionar la usina para generar
confianza y así poder discutir otras cuestiones”.

Finalmente
agregó que “quedamos en concretar una reunión con el interventor la semana que
viene para avanzar en temas en concreto”.

Por su
parte, Cristian Oliva sostuvo que “se ve que hay un desconocimiento de parte
del gobierno sobre la situación que estamos pasando en Río Turbio. Con esto de
que la usina se haya separada de la matriz energética, por la que hemos luchado
durante tanto tiempo, es claro que ellos vienen por el convenio colectivo”.

“Fuimos clarísimos
que no se han visto los avances que nosotros necesitábamos, pero también queda
en evidencia en esta reunión sobre los dichos del interventor sobre cuándo se
iba a poner en funcionamiento del primero módulo de la usina”, agregó Oliva.

Convenio
Colectivo en NASA

Por otro
lado, ATE también planteó que se deje de discriminar al gremio en el convenio
colectivo de los trabajadores de la Nucleoeléctrica Argentina S.A. NASA al que
legalmente está en todo su derecho y, sin embargo, las autoridades de la
empresa continúan discriminando.

“Quedamos en
concretar una reunión con el Ministro de Trabajo para avanzar en el debate de
los derechos que tiene ATE de participar en el convenio colectivo de esa
empresa”, señaló Godoy.

“Ante nuestros
reclamos para obtener precisiones con respecto a la concreción de la cuarta central
nuclear a concretarse en Zárate y la realización de las obras para los dos
diques en Santa Cruz, el ministro reiteró la confianza del gobierno en poder
avanzar en estos dos proyectos en las negociaciones que se tiene con la empresa
china y superar los obstáculos que dependen de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación para la concreción de las dos centrales hidroeléctricas en Santa Cruz”,
concluyó el titular de ATE.