Con la firma de Hugo Cachorro Godoy
(Secretario general), Silvia León (Secretaria de Organización) y Daniel Godoy
(IDEP Salud), ATE envió una carta al presidente Macri y al Ministro de Salud,
Daniel Lemus, expresando sus críticas a la CUS en el marco de la campaña nacional contra su implementación:
En la condición de integrantes del Consejo
Directivo Nacional de la Asociación Trabajadores del Estado de la República
Argentina, nos dirigimos a ustedes a fin de expresarles nuestra preocupación
por la anunciada implementación de la Cobertura Universal de Salud (CUS).
Vislumbramos que detrás de los dichos que
anuncian una iniciativa bienintencionada, se esconden trampas conocidas; o
dicho de otra manera, bajo la supuesta promesa de mejoría para algunos se
oculta el intento de cristalizar un conjunto de dispositivos que profundizan la
instalación del sistema de aseguramiento iniciado en la Región y en nuestro
país en los ‘90, y que implican consecuencias gravísimas para la consagración
del Derecho a la Salud de las argentinas y argentinos, y una especial
desestructuración terminal al Sector Público y sus trabajadoras y trabajadores.
Los trabajadores del Estado hemos sido
blanco particular de la gestión del nuevo Gobierno: el Estado Nacional despidió
y/o cesanteó este año a 11 mil empleados, y eso alentó a Provincias y Municipios
de distinto signo político, llegando a 50 mil compañera/os despedidos en todo
el país. Esto significó el deterioro de Áreas y Programas críticos y/o
sensibles del aparato estatal, con el consiguiente debilitamiento de Políticas
Públicas que deben llegar a millones de argentinas y argentinos. Y los que
quedamos con trabajo, hemos acumulado una pérdida relativa de nuestro salario
equivalente a un salario medio mensual, producto de la diferencia entre la inflación
y la pauta salarial acordada con el sindicalismo acuerdista.
El
acuerdo con los “holdouts” que significa retomar la senda del fuerte y
condicionante endeudamiento externo; la mega devaluación de la moneda que trajo
aparejada un efecto inflacionario que golpeó en la mesa de los argentinos; el
millón y medio de nuevos pobres; la pérdida de puestos y fuentes de trabajo del
sector privado; la transferencia de cerca de 20.000 millones de dólares a los
sectores concentrados de la economía via reducción o eliminación de retenciones
a la producción sojera y minera; el tarifazo; la apertura indiscriminada de
importaciones de productos manufacturados en el país que pone en riesgo la
supervivencia de miles de pequeñas y medianas empresas y con ello la
preservación de cuantiosos puestos de trabajo, son el paisaje por donde
transcurre esta nueva etapa político institucional en la Argentina.
Más
allá de que como sabemos estas medidas económicas generan condiciones que
influyen directamente en la determinación social de la salud, representan
también una vuelta a las recomendaciones neoliberales de los 90’ para el ámbito
sanitario mediante viejas e ineficaces recetas. Entre ellas, la clásica
prescripción del Banco Mundial que insiste con la necesidad de crear mediante
la CUS, un seguro de salud para pobres que “garantice” una “canasta básica” de
prestaciones para los sectores excluidos.
La
necesidad de “asegurar” a un conjunto de personas que “no tienen asegurado” el
Derecho a la atención sanitaria es la primera falacia desde donde se pretende
montar la argumentación para la implementación de la CUS.
En
la Argentina, el acceso a la salud es formal y legalmente Universal y Gratuito
consagrado por la propia Constitución Nacional sancionada en 1994: en su
artículo 75, inciso 22, aprueba la inclusión con rango constitucional de
tratados internacionales, entre ellos la “Declaración Universal de Derechos
Humanos” que en su artículo 25 expresamente indica: “Toda persona tiene derecho
a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y
el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la
asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a
los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros
casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias
independientes de su voluntad.”
El
uso de los términos “cobertura” y “seguro” simbolizan el desplazamiento de las
ideas de “atención” o “derecho” consagradas por la Constitución e implican una
relación de “contrato” no de DERECHO. Estos términos simbolizan, por lo tanto, el Caballo de Troya
que transporta la trampa que legitima el alejamiento del diseño de la oferta de
servicios públicos de salud, su integración y la eficacia sanitaria.
La intención
oculta es trasladarla hacia la contención de “costos”, estableciendo un
conjunto restringido y ajustable de prestaciones donde el Estado pasa a ser un
“comprador” de esas prestaciones que puedan ejecutar tanto el propio sector
público como el privado. Esto en la práctica significa que los servicios
podrían ser enteramente provistos por empresas privadas si así lo determinara
la famosa ley de la oferta y la demanda, mientras el Estado sólo interviene
para asegurar los fondos para esos servicios y regula su calidad y variedad a
través de mecanismos y Organismos de escasa o nula legitimidad y transparencia
con marcada influencia de los sectores del negocio de la enfermedad.
Es
frecuente escuchar que hay un sector de la población argentina sin cobertura de
salud. Se estima en aproximadamente 36%, es decir alrededor de 15,7
millones de compatriotas. No obstante la afirmación es sólo parcialmente
cierta, ya que el subsector público de salud a través de sus trabajadoras y
trabajadores, aunque con expresiones disímiles en las distintas jurisdicciones,
cubre todo el país ofreciendo el acceso al derecho a la salud. Pese a las
crecientes dificultades producto de un deterioro programado e intencionado, la
presencia del sector Público, sus efectores y sus trabajadores, en cada rincón
del territorio, son la mejor garantía del acceso a la atención, aunque se
impongan conductas activas para reposicionar al sector público para poder dar
respuestas más efectivas y calificadas.
Esa
situación se da ya sea porque en muchos rincones del país éste es el único
efector disponible o bien porque consideran que en el ámbito público obtienen
mejor respuesta. Dos ejemplos contundentes: Cerca del 60 % de los 750.000
partos anuales que se registran en la Argentina se producen en instituciones
públicas; es decir, que no solamente se asiste en el sector público a esa
franja poblacional sin seguro, sino que un porcentaje importante de los que lo
tienen eligen al Hospital Público como efector. Y el otro ejemplo son las
emergencias, cuyos servicios de atención permanente en Argentina están
garantizados por el sector público, pero además la pauta cultural más acendrada
en la población es que ante una urgencia o emergencia el mejor lugar para
atenderse es el hospital.
Concluimos
que ya existe cobertura universal en salud. Entonces, si Argentina cuenta con
una red pública extensa de efectores y de trabajadoras y trabajadores,
distribuida en todo el territorio, abierta y disponible para la atención de
quien requiera atención sin discriminación, ¿lo que falta es un seguro de
atención básica, o lo que se requiere es fortalecer esa red?
La
propia “canasta básica” que hará operativa la CUS, es sinónimo de inequidad, ya
que parte de aceptar que para algún sector de la población -aquellos que
debieran en función del principio de equidad recibir más- los servicios se
limitan a un conjunto acotado. Excluyendo prácticas de salud que hoy existen,
limitando derechos o teniendo que acudir a la judicialización de la salud, como
se observa plenamente en todos los países que han implementado este sistema
(Chile, México o Colombia). Además, todo lo que no esté incluido en la
“canasta” cada persona lo debería resolver por su cuenta. O sea, por fuera de
la cobertura mínima, el sistema de salud se va a regir por la ley de oferta y
demanda, lo cual implica que aquello que el Estado no pague, va a tener que ser
costeado a precio de mercado de manera individual, por consumidores de salud.
Ante esas situaciones los sectores populares se ven en clara desventaja: sólo
tendrán acceso total al resto de los servicios, aquellos que puedan pagar por
ello. Y los “gastos de bolsillo” (o sea por “aquello” que no está incluido en
el seguro) obviamente, se van a incrementar exponencialmente.
Sabemos
que la financiación adecuada para el sector salud, es una condición necesaria
pero insuficiente para asegurar acceso, equidad, eficacia y calidad de los
Servicios de Salud. O sea, puede haber más o menos plata (presupuesto), pero la
pregunta es ¿Quién la administra? ¿Qué modelo de atención se financia? ¿Quién
se queda con esa plata? El anuncio de la CUS se sustenta en utilizar 29 mil
millones de pesos del Fondo Solidario de Redistribución de la Superintendencia
de Servicios de Salud (SSS). De esos 29.000 millones de pesos, solamente 8.000
millones de pesos pasarán a formar parte de un fondo que será administrado por
una Unidad Ejecutora de la que participarán 2 representantes del Ministerio de
Salud de la Nación, 2 de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y 2 de
la CGT (socios del “acuerdo”). Es decir que en concreto, el financiamiento
inicial se basa en el aporte de los 8.000 millones ($42 por mes para cada uno
de los casi 16 millones de personas) provenientes del Fondo Solidario de
Redistribución, que será por única vez, previendo el retiro progresivo del
nivel nacional, transfiriendolo a las provincias y a los municipios. Otra vieja
y conocida receta neoliberal: descentralizar políticas sociales sin fondos,
generando el riesgo de no poder sostenerse en el tiempo. Insignificante aporte
frente a tamaño anuncio que se presenta como una gran solución.
La “canasta”
prevé un modelo restrictivo, curativo y biológico; algunas (no todas) las
prestaciones para algunas (no todas) las enfermedades, sin acciones de
prevención y adaptable a la decisión política de qué “canasta” se financia,
obviamente ajustable según criterios de mercado. Esta “canasta” la podrían
ofrecer tantos los Hospitales (sector público) como las clínicas y sanatorios
(sector Privado), lo que abre claramente la posibilidad de una transferencia de
“asegurados” o “prestaciones” (y por lo tanto recursos públicos) al sector
privado. Al relativizar el carácter público exclusivo de las prestaciones de
salud, lo que se está procurando en realidad, es la creación de mercados de
salud que puedan ser explotados por el capital. Específicamente, hay una
decisión consciente y planificada de introducir “mercados internos” dentro del
dominio de las prestaciones públicas. Y la noción de “privados” no sólo va a
estar prevista en la conformación tradicional (clínicas y sanatorios), sino
también en formas institucionales de alta precariedad institucional
(aseguradoras, UTEs -Unión Transitoria de Empresas-, sociedades anónimas).
En
este marco, la situación de las trabajadoras y trabajadores del sistema Público
es de alto riesgo. No sólo se prevén modalidades de contratación y retribución
(salario) más precarizantes como pago por cápitas o por rendimiento sino que es
probable que los planteles se achiquen si los “pacientes” eligen al efector privado
y, por lo tanto, se reduce la demanda del Hospital Público.
La
estrategia o, como gusta expresar la actual conducción sanitaria nacional, esta
“política sustantiva”, colisiona con las ideas de quienes creemos que hace
falta afianzar sistemas universales de salud que aseguren equidad, integralidad
y gratuidad, para el ejercicio pleno de un derecho ciudadano garantizado por el
Estado, tal como manda nuestra Constitución Nacional.
Falta
mucho para que esa red resulte igualmente efectiva en cada rincón de la patria.
Infraestructura, equipamiento, comunicaciones y especialmente trabajadores de
salud en número y con formación suficiente y una mirada amplia sobre la salud,
marcan diferencias que ponen en riesgo el acceso al derecho. Es de la mano de
políticas de fortalecimiento de ese sector, propendiendo a la integración
efectiva de los distintos actores, en que se continuará mejorando y no
limitando el accionar de la misma a escasas funciones.
