El
Gobierno avanzó en la disolución del Registro Nacional de Trabajadores y
Empleadores Agrarios (RENATEA) y en el reestablecimiento del Registro Nacional
de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), institución que volverá a
funcionar a partir del 1 de enero de 2017.
La
medida oficializada ayer dispuso también la designación de Érica Utrera como
liquidadora del RENATEA y de Ernesto Ramón Ayala, mano derecha del Momo
Venegas, como delegado normalizador del RENATRE.
El
RENATEA se creó en enero de 2012 con el objetivo de ampliar los derechos de los
trabajadores rurales, estableciendo, por ejemplo, la jornada de trabajo de 8
horas. En los cuatro años en que funcionó el organismo, registró a 154 mil
trabajadores, dio unas 15 mil coberturas por desempleo y protección a víctimas
de trata de personas, abrió 260 puntos de alfabetización y brindó talleres a
los trabajadores migrantes sobre sus derechos.
Envestido
ya Mauricio Macri Presidente la Nación, la Corte Suprema confirmó a fines de
2015 un fallo de la Justicia que declaraba inconstitucional la creación del RENATEA,
dejando el camino preparado para que el gobierno de Cambiemos ponga en marcha
nuevamente el RENATRE a regular el sector, un organismo que se caracterizó por
hacer “la vista gorda” a situaciones de fuerte precariedad laboral entre los
peones rurales.
El
libro “De patrones y peones. Los aliados esclavistas de Mauricio Macri”, del
periodista Sebastián Premici, es un aporte para observar las situaciones opacas
en las que se desenvolvió el RENATRE. En el trabajo se señala que el director
de ese organismo, Momo Venegas, tercerizaba en una empresa de sociedad anónima
las fiscalizaciones de los trabajadores. Esa firma cobró 10 mil millones de
pesos entre 2010 y 2011 para hacer las inspecciones, aunque se denuncia que
nunca se llevaron adelante. Del total de los trabajadores registrados que se
computaban en los registros del RENATRE al 2011, sólo el 40 por ciento estaba
efectivamente formalizado ante la AFIP.
El sindicalismo anti obrero
Amparados
en aquel fallo del máximo tribunal de Justicia, el Gobierno y la UATRE
impulsaron con el aval de UPCN el despido sobre un universo de 880 trabajadores
del RENATEA, quienes habían ingresado entre 2012 y 2015 precisamente cuando
Momo Venegas estaba fuera de su conducción. Sortearon para ello el artículo 19 de la ley 26.727 que en 2011
creó el RENATEA. Allí se establece que cualquier empleado despedido debe ser
reubicado en otro organismo del Estado.
No
sólo echaron personas en Jujuy, Salta, Entre
Ríos, La Pampa, Chaco, Formosa, Mendoza, Santiago del Estero, Corrientes y
Córdoba, como informó El Trabajador del Estado, sino que también desplegó una
política de retiros voluntarios y desmantelamiento de unidades territoriales.
En agosto pasado, desde este medio se informó que el Juzgado Federal de Dolores
ordenó al RENATEA y al Estado nacional reincorporar a cinco cesanteados de la
localidad de General Belgrano, dando inicio a una jurisprudencia favorable a
los trabajadores que, al momento, no tuvo acatamiento.
