Mes: agosto 2016
Categorías
Paro Nacional 11-8
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Paro Nacional 11-8-2016
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La nueva medida de fuerza que encabezará ATE tiene como objetivo exigirle al Gobierno Nacional la reincorporación de todos los trabajadores injustamente despedidos, la reapertura de las paritarias, el pase a planta permanente, el fin de la precarización laboral y que se termine con el ajuste y los tarifazos.
Además de ATE, participarán otros gremios de la CTA Autónoma: La Federación Judicial Argentina, los médicos y profesionales de la Salud nucleados en FESPROSA, la Federación Nacional Docente, con Conadu Histórica a la cabeza, la Asociación Agentes de Propaganda Médica y el Movimiento de Estibadores Portuarios de Pie. También estarán presentes el gremio de Aceiteros y los trabajadores de Prensa enrolados en SIPREBA. Asimismo, marcharán las organizaciones sociales CTEP, CCC y Barrios de Pie.
En el orden internacional brindarán su apoyo Sharan Burrow, Secretaria General de la Confederación Sindical Internacional y Víctor Báez Mosqueira, Secretario General de la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas.
Además de ATE, participarán otros gremios de la CTA Autónoma: La Federación Judicial Argentina, los médicos y profesionales de la Salud nucleados en FESPROSA, la Federación Nacional Docente, con Conadu Histórica a la cabeza, la Asociación Agentes de Propaganda Médica y el Movimiento de Estibadores Portuarios de Pie. También estarán presentes el gremio de Aceiteros y los trabajadores de Prensa enrolados en SIPREBA. Asimismo, marcharán las organizaciones sociales CTEP, CCC y Barrios de Pie.
En el orden internacional brindarán su apoyo Sharan Burrow, Secretaria General de la Confederación Sindical Internacional y Víctor Báez Mosqueira, Secretario General de la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas.
En el marco
del estado de alerta y movilización permanente de los trabajadores del SMN
nucleados en ATE, esta mañana se llevó a cabo una marcha a las puertas del
Ministerio de Defensa de la Nación.
A partir del
1 de enero de 2007, por decreto del Poder Ejecutivo Nacional, el SMN pasó a
depender de la Secretaria de Planificación del Ministerio de Defensa, volviendo
al ámbito civil, perdiendo así injerencia militar.
Entre otros ejes,
el decreto plantea el traspaso y reencasillamiento de los trabajadores del
organismo desde el Convenio PECIFA (carrera administrativa del personal civil
de Fuerzas Armadas) al Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) en un plazo que
no debía ser mayor a 60 días. “El traspaso se demoró porque con los compañeros buscábamos
un escalafonamiento que no perjudique los derechos laborales adquiridos”,
explicó Viviana Salvo, Delegada General de la Junta Interna de ATE en el SMN.
La
precarización laboral de los contratados genera un pésimo ambiente y deserción
laboral, originando el posible cierre de estaciones meteorológicas y poniendo a
la población en situación de vulnerabilidad ante emergencias atmosféricas.
Como
consecuencia de la lucha y la organización de los trabajadores, el 4 de
noviembre de 2015 se logró finalizar el reencasillamiento de quienes se
encontraban en planta permanente al SINEP.
Sin embargo,
cerca de 500 contratados –que de por sí se trata de una situación de precariedad
– todavía aperciben su sueldo bajo convenio PECIFA. En este sentido, no es un
dato menor que -a diferencia de la carrera administrativa del personal civil de
FF.AA- el SINEP sí reconoce la zona desfavorable, un punto clave para el
funcionamiento del SMN.
“Durante los
primeros días de julio el Ministerio de Defensa aceptó nuestro reclamo y se
comprometió a regularizar la situación. No obstante, una de los impedimentos
que nos plantearon era que el Ministerio de Economía debía asignar las partidas
correspondientes, cuestión que iban a buscar vehiculizar a la brevedad”, contó
Salvo, quien agregó: “Acto seguido, nos comunicaron que Economía estaba muy
ocupado con el presupuesto 2017, y que por ello no habían podido reasignar la
partida. Después fueron pasando los días y seguimos sin respuesta”.
El único
aliciente de esta situación consiste en que mientras no se resuelve la cuestión
burocrática, Defensa se comprometió a compensar a los compañeros contratados
con una equiparación salarial equivalente a la que correspondería dentro de
SINEP, incluso con retroactivo al 1 de enero de este año.
Por último,
desde la Junta Interna de ATE se encargaron de aclarar que el servicio del SMN
no sintió modificada su actividad debido a la jornada de protesta: “Entendemos
que en esta instancia la población no tiene por qué sufrir las consecuencias
por el incumplimiento de los funcionarios”.
La interrelación impulsada hacia distintos centros de jubilados pertenecientes a distintas organizaciones desembocó en una multitudinaria Asamblea Abierta en Defensa de la Jubilación, que se llevó a cabo en el Teatro Córdoba, en el centro de la capital mediterránea.
Los asambleístas sostuvieron que lo que está en peligro son los derechos previsionales de todos los argentinos. Además manifestaron que la legislación plantea la armonización total de los sistemas previsionales de todas las provincias con las Leyes Nacionales 24.241 y 24.463 y las transferencias de las Cajas Provinciales de Jubilación, cuando en realidad esconde un horizonte donde se visualizan un subsidio a la vejez universal, único y mínimo, y un aumento de la edad de retiro a los 70 años de edad.
Para enfrentar esta Armonización, la Asamblea se pronunció por:
1. NO A LA ARMONIZACIÓN.
2. Respeto irrestricto a las Constituciones Nacional y de la Provincia de Córdoba, y a las leyes que protegen el orden constitucional.
3. Plena vigencia en Córdoba de la Ley 8.024 sin ninguna reforma y de las demás leyes provinciales de jubilación.
4. Devolución de la Dirección y Administración de la Caja de Jubilaciones de Córdoba, de ANSES, APROSS y PAMI, a sus legítimos dueños, los trabajadores jubilados y activos.
5. Restitución de los aportes patronales jubilatorios y para asignaciones familiares, a sus niveles históricos.
6. EL 82% MÓVIL y una jubilación mínima igual a la canasta básica previsional.
7. Elaborar una presentación jurídica ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se exija a los Estado Nacional y Provinciales el respeto pleno al Derecho Humano Básico que tienen los trabajadores a una jubilación digna.
8. Exigir a las conducciones gremiales, la CGT y la CTA, se declaren en Estado de Alerta y Movilización con un PARO PROVINCIAL ACTIVO y otras medidas que de manera ininterrumpida presionen a los Gobiernos para que desistan de aplicar la “nefasta armonización”.
9. La eliminación de la precarización laboral, la tercerización de servicios en el Estado y los pagos en negro porque desfinancian las Cajas de Jubilaciones y degradan la condición del trabajador.
10. El apoyo y la participación activa en todas las luchas que los trabajadores y el pueblo de lleven a cabo en defensa de su dignidad y calidad de vida (despidos, tarifas, paritarias, corrupción, medio ambiente, etcétera).
Los asambleístas sostuvieron que lo que está en peligro son los derechos previsionales de todos los argentinos. Además manifestaron que la legislación plantea la armonización total de los sistemas previsionales de todas las provincias con las Leyes Nacionales 24.241 y 24.463 y las transferencias de las Cajas Provinciales de Jubilación, cuando en realidad esconde un horizonte donde se visualizan un subsidio a la vejez universal, único y mínimo, y un aumento de la edad de retiro a los 70 años de edad.
Para enfrentar esta Armonización, la Asamblea se pronunció por:
1. NO A LA ARMONIZACIÓN.
2. Respeto irrestricto a las Constituciones Nacional y de la Provincia de Córdoba, y a las leyes que protegen el orden constitucional.
3. Plena vigencia en Córdoba de la Ley 8.024 sin ninguna reforma y de las demás leyes provinciales de jubilación.
4. Devolución de la Dirección y Administración de la Caja de Jubilaciones de Córdoba, de ANSES, APROSS y PAMI, a sus legítimos dueños, los trabajadores jubilados y activos.
5. Restitución de los aportes patronales jubilatorios y para asignaciones familiares, a sus niveles históricos.
6. EL 82% MÓVIL y una jubilación mínima igual a la canasta básica previsional.
7. Elaborar una presentación jurídica ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se exija a los Estado Nacional y Provinciales el respeto pleno al Derecho Humano Básico que tienen los trabajadores a una jubilación digna.
8. Exigir a las conducciones gremiales, la CGT y la CTA, se declaren en Estado de Alerta y Movilización con un PARO PROVINCIAL ACTIVO y otras medidas que de manera ininterrumpida presionen a los Gobiernos para que desistan de aplicar la “nefasta armonización”.
9. La eliminación de la precarización laboral, la tercerización de servicios en el Estado y los pagos en negro porque desfinancian las Cajas de Jubilaciones y degradan la condición del trabajador.
10. El apoyo y la participación activa en todas las luchas que los trabajadores y el pueblo de lleven a cabo en defensa de su dignidad y calidad de vida (despidos, tarifas, paritarias, corrupción, medio ambiente, etcétera).
La Cédula está firmada por el Asesor Letrado Ramón
Roque Cabrera y está dirigida a los Delegados de ATE Víctor José Chabán, José Antonio Albornoz y Eduardo
Alcides Alfonzoen el marco de reuniones que se vienen desarrollando
entre los agentes de aquella comuna, tratando de acordar cursos de acción que permitan soluciones para
el conflicto suscitado por la demora del municipio en pagar la primera cuota
del Sueldo Anual Complementario a su personal, que hasta ayer martes aún no se
hizo efectivo.
Inmediatamente de enterados del suceso, los
máximos integrantes del Consejo Directivo Provincial Formosa de la ATE
dirigieron ayer nota n° 252/2016 al Intendente de Ibarreta Adán Jarzynski, en
cuyo texto informan al funcionario acerca de los derechos que asisten a los
delegados en virtud de la Ley n° 23.551 (Ley de Asociaciones Sindicales de
Trabajadores) respecto de su rol y funciones como Delegados Gremiales de ese
Sindicato.
En ese contexto, le indican que el artículo 1° de
la Ley establece que “la libertad sindical será garantizada por todas las
normas que se refieren a la organización y acción de las asociaciones
sindicales”, en tanto que el artículo 6° señala. “Los poderes públicos y en
especial la autoridad administrativa del trabajo, los empleadores y sus
asociaciones y toda persona física o jurídica deberán abstenerse de limitar la
autonomía de las asociaciones sindicales, más allá de lo establecido en la
legislación vigente”. Y por su parte, el inciso e) del artículo 23 permite
“Realizar reuniones o asambleas sin necesidad de autorización previa”, mientras
que el inciso a) del artículo 31 afirma: “Defender y representar ante el Estado
y los empleadores los intereses individuales y colectivos de los trabajadores”.
Finalmente y luego de abundar en más articulados
de la Ley 23.551, los directivos de ATE Formosa añaden que “no solamente sería
aconsejable que el Asesor Letrado se interiorice de los Derechos que por Ley
tienen los Delegados Gremiales y los trabajadores en general para evitar
cualquier judicialización adversa al Municipio, sino también aconsejamos pedir
las debidas disculpas al compañero Delegado Gremial Víctor José Chabán, quien
fue agraviado por el rol que cumple en defensa de los derechos de los
trabajadores municipales”.
La
precarización laboral de los contratados genera un pésimo ambiente y deserción
laboral, originando el posible cierre de estaciones meteorológicas y poniendo a
la población en situación de vulnerabilidad ante emergencias atmosféricas.
En este
sentido también exigen:
– Equiparación ya!
– Pago de
suplemento por zona
– Pase a
planta permanente
Además en este encuentro se dejó constancia de la
preocupación por diversos temas que hacen al mejor funcionamiento de la entidad
y a la mejora en las condiciones laborales de los compañeros.
Reuniones
en el interior provincial
En el marco de las visitas que el CDP realiza por
el interior provincial, en la ciudad de Banda del Río Salí se mantuvo una
reunión con el jefe comunal, donde trataron las problemáticas que afectan a los
compañeros. De paso por la ciudad, el
gobernador Juan Manzur, también se sumó
a la reunión.
En otra recorrida el CDP y la Seccional Sur
llegaron hasta la comuna de Santa Lucía donde para conocer la situación que
atraviesan se realizó un asamblea con los trabajadores afiliados a nuestra
organización.
De este modo, hace más de un mes que SENASA no tiene
presencia en esos lugares, retirándose el Estado Nacional de las políticas el
control y fiscalización de la sanidad animal, protección vegetal, inocuidad y
calidad agro-alimentaria y productos agroquímicos. Incluyendo los programas
“Picudo Algodonero”, “HLB” (plaga de los cítricos) “Garrapatas”, entre otros;
todos programas muy importantes para nuestra región.
Las barreras actúan como primer filtro, siendo de
vital importancia para la región. Con el objetivo de vigilar el cumplimiento de
las normas, teniendo el fin de evitar la propagación de plagas y enfermedades,
las cuales pueden provocar cuantiosas pérdidas económicas a la agricultura y
ganadería, y generar enfermedades a la población.
Se estima que la ruta 95
sirve para el movimiento del 50% de la producción de la provincia del Chaco,
siendo esta vía un punto estratégico de control. La falta de control por parte del organismo nacional
deja además el camino libre para el comercio inescrupuloso e ilegal.
“No sabemos qué llevé a esta determinación de la
regional, en base a qué, o por qué se llegó a la medida de cerrar las barreras.
Lo único que queda al descubierto es que, hasta la fecha, las rutas se
encuentran sin control de parte del organismo, incumpliéndose con resoluciones.
Que los compañeros de las barreras cerradas se encuentran sin funciones, que a
la fecha no han sido reubicados”, explicaron los trabajadores del organismo
nucleados en ATE.
Y expresaron gran preocupación “debido a que organismo
dio el OK para que los productores puedan emitir documentación SENASA desde sus
ordenadores particulares, llegando a la conclusión que: Sin barreras y con la
posibilidad de que cualquiera emita documentación” se está defuncionalizando al
SENASA”.
A esta grave situación general se suma “la inquietud
de los compañeros, los cuales aún no han sido reubicados; la Dirección Regional
comunicó que tiene la intención de enviarlos a 400 km. del lugar donde
desempeñaban sus funciones hace más de 10 años, sin reconocerles los gastos que
implica y en lugares que no cumplen los mínimos estándares de seguridad e
higiene laboral”.