Esta intención queda
claramente expuesta cuando el ministro de Hacienda plantea como disyuntiva para
la lucha salarial que inevitablemente se desatará que habrá que ver qué deciden
privilegiar los sindicatos, si salario o puestos de trabajo. Chantaje que no es
nuevo y que es totalmente inaceptable ya que, como bien se demuestra en el
trabajo, a las falencias que demuestra el proceso económico argentino no hay
que buscarlas por el lado de los altos salarios que reciben los trabajadores.
Muy por el contrario, este
estancamiento tiene su raíz en el comportamiento de los grupos dominantes que
hacen del pago de bajos salarios una de las fuentes de sus altas tasas de
ganancias, sin garantizar la inversión que todo proceso económico necesita para
su reproducción. Contando para ello con la complicidad del Estado que, lejos de
intervenir regulando el comportamiento de estos grupos, ha sido y es su
cómplice.
Agradecemos a los
compañeros del Observatorio del Derecho Social (Silvina Benevento, Luis Campos,
Mariana Campos, Jimena Frankel y Horacio Meguira) la posibilidad de compartir
este trabajo.
Salarios vs. Puestos de Trabajo: El chantaje de
siempre
El éxito del programa de
ajuste en curso requiere como condición necesaria una caída sustancial del
salario de los trabajadores. En efecto, la brutal transferencia de recursos que
han implicado las recientes medidas económicas aplicadas por el gobierno
nacional (devaluación de la moneda, eliminación de las retenciones a las
exportaciones) sumada a un fuerte ajuste fiscal a través de medidas como la
anunciada eliminación de los subsidios a los servicios públicos, requieren como
contracara un recorte de la porción del ingreso nacional que reciben los
trabajadores.
La estrategia para llevar
adelante este proceso ha sido explicitada por el Ministro de Hacienda Alfonso
Prat-Gay, quien declaró públicamente: “Cada sindicato sabrá dónde le aprieta el
zapato y hasta qué punto puede arriesgar salario a cambio de empleo”. En otras
palabras, se vuelve a insistir con el viejo chantaje de aceptar reducciones
salariales como una supuesta condición para proteger los puestos de trabajo.
Esta posición encubre dos
situaciones que requieren ser explicitadas. Por un lado, que la economía
argentina funciona desde hace muchos años sobre la base de una amplia mayoría
de trabajadores que perciben ingresos bajos; por el otro, que los empleadores
ya han comenzado a efectuar despidos con anterioridad al inicio de las
negociaciones salariales.
En otras palabras el
Gobierno Nacional pretende que los trabajadores acepten pacíficamente una
reducción en sus salarios, aún cuando estos ya se encuentran en niveles muy
bajos. Al mismo tiempo, amenaza con potenciales despidos que en realidad ya han
comenzado, y que no tienen tanta relación con el costo salarial sino más bien con
el objetivo de disciplinar al conjunto de los trabajadores y debilitar su
capacidad de lucha y organización, situación a la cual deben agregarse los
avances en la represión y criminalización de la protesta social.
Salarios bajos… Que deben bajar aún más
La economía argentina
funciona desde hace muchos años con salarios estructuralmente bajos. De acuerdo
a la última información oficial disponible, correspondiente al segundo
trimestre de 2015, el 50% de los ocupados percibía, de su ocupación principal,
un ingreso inferior a $ 6.500 mensuales, situación que afecta en gran medida a
trabajadores no registrados, trabajadores del sector público provincial y
municipal, y cuentapropistas, cuyos ingresos se encuentran por debajo del
salario mínimo, vital y móvil.
La situación de bajos
ingresos también alcanza a los trabajadores registrados que se encuentran
ubicados en las escalas iniciales de los convenios colectivos de trabajo. En
efecto, si se considera el 80% de los ocupados totales, el ingreso mensual es
inferior a $ 10.000 (ver gráfico nº 1).
Estos niveles de ingresos
contrastan con el costo de una canasta básica de bienes y servicios que, al mes
de diciembre de 2014 ascendía a $ 12.229 para una familia de cuatro personas
(Junta Interna ATE – INDEC).
Fuente: Elaboración propia con datos de la EPH –
INDEC e informes de la Junta Interna de ATE – INDEC. Los datos de la EPH son
considerados de mínima, como aproximación, en el marco de la denuncia sobre
manipulación de las estadísticas públicas, la cual sigue en pie.
Al contrastar estas dos
magnitudes se puede concluir señalando que en los últimos años se ha
consolidado una estructura de ingresos en la que la amplia mayoría de los
trabajadores percibe ingresos insuficientes para cubrir el costo de una canasta
básica familiar. Dada esta situación, las familias deben procurar ingresos
adicionales para satisfacer sus necesidades, ya sea a través de la
incorporación de una mayor cantidad de sus integrantes al mercado de trabajo
(cónyuges, hijos, hermanos, etc), ya sea a través de la percepción de ingresos
por otras vías (jubilaciones y pensiones, políticas de transferencia de
ingresos, etc). En otras palabras: muchos trabajadores que cobran poco.
Es en este contexto que el
Gobierno Nacional y las principales cámaras patronales pretenden contener los
incrementos salariales y profundizar aún más una tendencia declinante del
salario real cuyos orígenes se remontan al menos hasta el año 2013, sosteniendo
que, de lo contrario, se pondrían en riesgo los puestos de trabajo.
La falacia de este
razonamiento queda clara al verificar que los ingresos de los trabajadores en
Argentina ya están en niveles históricamente bajos, sin que exista razón alguna
para sostener que es necesario bajarlos aún más para mantener los actuales niveles
de empleo.
Lo hasta aquí expuesto no
implica negar que puedan existir sectores que enfrenten dificultades para
sostener sus niveles de actividad (principalmente pequeños productores y
sectores ligados al mercado interno). Sin embargo, estas dificultades están
lejos de originarse en la existencia de altos salarios. Por el contrario, se
trata de sectores cuyo nivel de actividad depende del tamaño del mercado
interno, que está directamente relacionado con el poder adquisitivo del salario
de los trabajadores. Para estos sectores una mayor caída salarial agravará el
problema, y generará condiciones para un debilitamiento del empleo, es decir,
una situación exactamente inversa a la planteada por el Ministro de Hacienda en
sus declaraciones públicas.
Sin embargo, sí es cierto
que una caída salarial beneficiará a determinadas fracciones de empleadores. En
particular, aquellas empresas ligadas al mercado externo (como por ejemplo
grandes productores agropecuarios) o a sectores no necesariamente vinculados a
la evolución del mercado interno (el sector financiero en general) tendrán una
reducción en sus costos que se sumará a la inmensa transferencia de recursos
que han experimentado como consecuencia de las primeras medidas económicas
implementadas por el Gobierno Nacional. En otras palabras: devaluación de la
moneda, eliminación de las retenciones a las exportaciones, relanzamiento del
ciclo de endeudamiento público, disminución del salario real y represión de la
protesta social constituyen manifestaciones coherentes de un mismo plan
económico que ya ha sido puesto en marcha.
Los despidos como herramienta de control de los
trabajadores y las organizaciones sindicales
La reducción del salario
real de los trabajadores constituye un objetivo del Gobierno Nacional y de las
principales cámaras patronales. Por cierto que este objetivo no es nuevo, y ha
estado presente con mayor o menor intensidad desde hace varios años. Sin ir más
lejos, las apelaciones a un pacto social entre trabajadores y empleadores que
ponga límites a la negociación salarial se remontan a fines de la década
pasada.
Desde entonces, la
principal resistencia a esta avanzada ha provenido de los trabajadores y las
organizaciones sindicales. En tal sentido, la negociación colectiva ha operado
en los últimos años, para muchos trabajadores, como una herramienta defensiva
para evitar un deterioro aún mayor del salario real y, en algunos casos, para
obtener mejoras de distinto nivel.
El debilitamiento de esta
herramienta constituye un elemento necesario para el cumplimiento de los
objetivos del plan económico implementado por el Gobierno Nacional. La
profundización de la ola de despidos y situaciones de crisis es parte de este
proceso, que se origina no tanto en la existencia de dificultades económicas
puntuales o sectoriales, sino en la necesidad de infundir temor en los
trabajadores para debilitar su capacidad de acción y, por ende, para que
acepten sin mayores conflictos una reducción de los salarios reales.
El Estado cumple una
función clave en este proceso y en las últimas semanas ha venido enviando una
señal muy fuerte al sector privado a partir de la implementación de despidos y
desvinculaciones a nivel nacional, provincial y municipal (ver cuadro nº 1 en
el anexo).
En el Estado Nacional la
gran mayoría de las desvinculaciones se realizaron a través de la decisión de
no renovar contratos temporales o de asistencia técnica, cuya proliferación en
los últimos años da cuenta de la existencia de fuertes niveles de precarización
contractual. Esta situación ha facilitado notablemente el accionar de las
nuevas autoridades, demostrando la situación de vulnerabilidad normativa en la
que se han venido desempeñando miles de trabajadores del sector público. En
otras palabras, las desvinculaciones de hoy también son producto de la
precarización laboral de ayer.
Cabe detenerse sobre este
punto, por cuanto la precariedad contractual es funcional al temor y, por ende,
a la arbitrariedad patronal. En tal sentido, las nuevas autoridades están lejos
tener la intención de despedir a la totalidad de sus trabajadores, pero sí van
a valerse de un terreno sembrado por la gestión anterior que les permite
intentar aterrorizar a muchos empleados con la pérdida de su puesto de trabajo.
En el sector público el
poder patronal se expresa con toda su crueldad cuando la continuidad laboral
(es decir, la renovación o no de un vínculo contractual temporal) depende del
puro arbitrio del funcionario de turno. En este punto no ha habido ruptura a
partir del 10 de diciembre, sino una fuerte continuidad, la precariedad ha sido
y sigue siendo la regla.
Por su parte, también debe
destacarse la situación de los trabajadores municipales, que desde hace varios
años presentan altos niveles de conflictividad laboral ligados en muchos casos
a situaciones de precariedad contractual y a la falta de renovación de dichos
contratos.
Ahora bien, en el contexto
actual el avance del Estado contra los trabajadores del sector público
constituye una señal inequívoca para los empleadores del sector privado. Por un
lado, como legitimación de los despidos ya implementados; por el otro, como una
invitación a impulsar mayores ajustes en las dotaciones de trabajadores y
limitar los incrementos salariales.
En efecto, tan solo en los
meses de diciembre y enero se registraron despidos en empresas correspondientes
a actividades económicas muy disímiles y que dan cuenta de un avance
significativo sobre la posición de los trabajadores (ver cuadro nº 2 en el
anexo).
A diferencia de lo
sostenido por el Ministro de Hacienda, no parecen haber sido los reclamos
salariales de los trabajadores el origen de estos despidos. Más bien parece ser
todo lo contrario. Han sido los empleadores quienes han dado inicio la ronda de
negociación salarial a través del incremento de los despidos, en tanto
herramienta para infundir temor y, de esta manera, debilitar la posición
negociadora de los trabajadores y las organizaciones sindicales, no solo en
términos generales, sino también en cada lugar de trabajo.
Aceptar la existencia de
un dilema entre salarios y puestos de trabajo constituye dar por válidos los
términos del chantaje que intentan imponer el Gobierno Nacional y las cámaras
patronales, aceptando al mismo tiempo la reducción del salario real que ya tuvo
lugar en los últimos meses. El objetivo del nuevo gobierno apunta a atemorizar
al conjunto de los trabajadores del sector público, y al mismo tiempo enviar
una señal a los empleadores y trabajadores del sector privado: "es hora de
cuidar los puestos de trabajo y olvidarse de los reclamos salariales". Se
hace cada vez más necesaria una respuesta contundente desde el conjunto del
movimiento obrero que ponga límites a esta ofensiva.
Cuadro Nº 1: Despidos y falta de
renovación de contratos en el sector público
![]("http://www.eltrabajadordelestado.org/administrator/my_documents/my_files/Cuadro_1.jpg")
Cuadro Nº 2: Despidos y falta de
renovación de contratos en el sector privado
![]("http://www.eltrabajadordelestado.org/administrator/my_documents/my_files/Cuadro_2.jpg")
