En el año 2006, un grupo de trabajadores de ATE Neuquén, entre los que se encontraba el por entonces secretario general, Julio Fuentes, fue llevado a juicio por la denuncia del ex administrador del Instituto de Seguridad Social de la provincia, Gerardo Hettinger. El hombre decía haber sido maltratado durante una manifestación de reclamo sindical, realizada en enero de 2002. El fiscal de la causa, Rómulo Patti, desistió de acusarlos por determinar que no hubo delito, y por ello en 2007 la Cámara Primera los absolvió del cargo por coacción agravada en concurso real con lesiones leves y graves con daño agravado.
Hettinger apeló esa medida y logró que el Tribunal Supremo de Justicia provincial anulara el fallo en 2009 y convocara a un nuevo juicio por el mismo motivo, once años después de haberse sucedido el supuesto hecho. Este proceso es ilegal, porque la causa está prescripta de acuerdo a la ley. A esto se suma que el fiscal que interviene en la causa, el Dr. Pablo Vignaroli, tiene una hostilidad manifiesta contra Julio Fuentes y el resto de los perseguidos. Ello se debe a que años antes de que Vignaroli fuese designado en la causa, la dirigencia de ATE lo denunció ante el Consejo de la Magistratura por graves irregularidades en el ejercicio de su función. De acuerdo al artículo 47 del Código Procesal Penal de la Provincia de Neuquén, este Fiscal no puede intervenir en la causa.
Otro elemento que agrava esta serie de irregularidades es la posibilidad que hace horas se le concedió a la defensa para extraer fotocopias de un expediente de 10 mil fojas. A días de iniciarse el juicio, que se realiza al secretario general de ATE, Julio Fuentes, y a Horacio Fernández, César Sagredo, Miguel Peralta y Ricardo Pérez, se hace imposible ejercer debidamente el derecho de defensa.
Trabajadores del Hospital Garrahan
El caso de los trabajadores del Garrahan resulta igual de paradigmático: durante 2005, la junta interna de ATE encabezó una lucha por aumento salarial y la defensa del hospital público y por mejores condiciones de trabajo.
Luego de que ATE lograra un aumento promedio del 50% tras 14 años de congelamiento y del pase a planta permanente de 350 contratados, entre otras conquistas, funcionarios del Ministerio de Trabajo de la Nación iniciaron un juicio contra Gustavo Lerer, Adriana Agüero, Eduardo García y Marcelo Mansilla.
Durante 2006, el juzgado en primera instancia dictó falta de mérito. El fiscal Martín Niklison apeló la sentencia, la causa volvió pues a la Cámara y el juzgado resolvió el sobreseimiento. Niklison apeló nuevamente, pero esta vez la Cámara resolvió someterlos a juicio oral y público.
Adoptando una práctica que impartió y de la que abusó el menemismo, el poder político recurre a figuras como la de la coacción agravada instaurada durante la dictadura de Onganía, para acusar deliberadamente a compañeros en el ámbito de la Justicia. El código penal, como sostiene el abogado de ATE y CTA Juan Carlos Capurro, es para quien conscientemente comete un crimen. El pueblo, la familia, los trabajadores no cometen un delito a la hora de salir a la calle a reclamar lo que es justo. En este sentido, la aplicación de la figura de la coacción agravada es disonante, como si mediara chantaje o un arma en la cabeza a quien se le reclama aumento de salario.
Mientras tanto, ATE continúa en la lucha sin callar; produciendo jurisprudencia favorable en la resolución de litigios contra los trabajadores. Y cabe destacar que, casi en su totalidad, la jurisprudencia sobre este tema en nuestro país ha sido producida por ATE, CTA y los sindicatos que integran la Central. Porque cuando tocan a uno, tocan a todos.
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