por Adolfo "Fito" Aguirre, Secretario de Relaciones Internacionales de la CTA-A. Dirigente de Unidad Popular. Coordinador del Foro por la Niñez.
En América Latina asistimos hoy a un retorno voraz del capitalismo salvaje y extractivista. Gobierno neoliberales se han vuelto a instalar en la región buscando desmontar los Estados para quitar derechos y excluir a las mayorías.
El mundo de hoy está dominado por una mirada desde el norte y cimentada en el consenso neoliberal. Los escenarios que se plantean para el futuro de los trabajadores van en dos niveles: menos puestos de trabajo por el avance tecnológico sin la necesaria reconversión y mayor flexibilidad debido a los cambios en los regímenes de trabajo. La urgencia desde las organizaciones sindicales es debatir qué tipo de sociedad del trabajo queremos. Porque los trabajadores sabemos que esta sociedad injusta, dominada por el capital transnacional especulativo nos hará más pobres y nos arrebatará más derechos.
La especulación financiera se está imponiendo de manera grotesca sobre el desarrollo productivo. El neoliberalismo, encarnado en los acuerdos de libre comercio y vehiculizado por los nuevos gobiernos de derecha en la región, pretende privatizar los servicios públicos, achicar el Estado a su mínima expresión y reformar el sistema previsional y laboral. Este movimiento, con todo, es mundial, y por lo tanto las luchas populares deben ser internacionalistas.
En este contexto surge las preguntas sobre cómo, cuándo y por qué se produjo el debilitamiento y caída de las opciones de gobierno calificadas como progresistas en nuestra región. Pregunta por demás compleja y abierta a múltiples interpretaciones, entre las que se pueden desarrollar algunas en forma preliminar y siempre acotada. Veamos.
Existe un amplio consenso respecto a que, con algunos matices en todo caso, desde el inicio del milenio y hasta hace apenas dos o tres años, América Latina protagonizó un ascenso de fuerzas políticas y coaliciones gobernantes que asumieron un rumbo progresista y de ampliación de derechos para las mayorías. Con sus bemoles y de acuerdo a la historia de cada país -factor por demás determinante en el caso por ejemplo de Brasil-, estas fuerzas progresistas o de izquierda obtuvieron y conservaron por un ciclo de aproximadamente diez años un consenso popular.
Pero a menudo la nostalgia de los tiempos pasados y mejores puede nublar un poco el análisis: la mayoría de estos gobiernos progresistas que ascendieron en la región recurrieron a amplias coaliciones de etiquetas partidarias heterogéneas o al menos no pudieron valerse exclusivamente de su propia base partidaria para llegar y mantenerse en el poder. Esto produjo fuertes limitaciones al margen de acción y programa político que intentaron impulsar, sin obstar ello su relevancia histórica en las conquistas de derechos para grandes mayorías.
Si queremos pensar en las causas del retroceso en el apoyo social a estas fuerzas, debemos tener en cuenta un conjunto de variables: la primera de ellas consiste en apelar al realismo político y decir que cualquier partido en el gobierno y cualquier movimiento de masas en el poder que se rija o al menos se encauce dentro de los canales democráticos e institucionales no podrá sostenerse eternamente. El uso y administración del poder político lleva consigo inevitablemente un desgaste. Pero a este desgaste, que podríamos llamar natural, se añade un embate desde los sectores oligárquicos opositores. Frente a ello, las distintas expresiones de gobiernos progresistas en la región escogieron sus alternativas. Algunos optaron por moderar su programa político y económico y convivir con los poderes enquistados en sus sociedades, mientras que otros apostaron por la profundización a veces ciega y solitaria de sus consignas más altisonantes. Cada opción tuvo sus costos y algunos de ellos están claramente frente a nuestros ojos.
En segunda instancia, otro elemento a considerar para analizar el desgaste de las fuerzas progresistas en la última década es la forma en que la ampliación de derechos y el acceso a mejoras económicas en virtud de políticas de incremento del consumo interno no implicaban necesariamente un grado equivalente de compromiso ideológico hacia el gobierno. En otras palabras, las mejoras materiales no generan linealmente fidelidad política. Por el contrario, el voto muchas veces está guiado por las expectativas futuras o por imaginarios más generales, y esto permite explicar por qué el discurso de algunos gobiernos progresistas de la región, enfocados en subrayar la mejora económica de los sectores populares, no logró ser eficiente en batallas electorales decisivas, como muestra por ejemplo el caso argentino en 2015. Es decir, las grandes mayorías que fueron beneficiadas con mejoras socioeconómicas producto de políticas públicas inclusivas no adquirieron conciencia del rol clave del Estado y de las fuerzas políticas que los condujeron a esta mejora.
Más aún, en muchos casos tales mejoras fueron acompañadas en el plano ideológico por una asociación de la idea de inclusión a la capacidad de incrementar los niveles de consumo de los sectores populares, como si el objetivo de dichas políticas fuese igualar los patrones de consumo de estos sectores a los de las clases acomodadas, sin ver que ello resultaba materialmente imposible sin una previa transformación de la estructura económica de nuestros países. Esta idea de inclusión por el consumo fue posible durante el ciclo alcista de los precios de las materias primas que exporta gran parte de los países de la región. Sin embargo, una vez agotado este proceso, la imposibilidad de seguir promoviendo niveles crecientes de consumo por parte de los sectores populares mutó en cuestionamientos hacia los gobiernos progresistas, que a su vez enfrentaban obstáculos estructurales cada vez más importantes.
La pelea por transformar el sentido y las conciencias de las grandes mayorías fue relegada en algunos casos a un segundo plano por las fuerzas políticas progresistas, o bien en otros casos la batalla se disputó con magros resultados. Este derrotero se conjuga y está íntimamente emparentado con lo que sucedió luego en las contiendas electorales en la mayor parte de nuestra región: los más vulnerables optaron por fuerzas políticas que pregonan valores antidemocráticos, conservadores y hasta fascistas y una vez producido el cambio de gobierno, aún cuando en la dimensión socioeconómica han perdido derechos y poder adquisitivo, mayorías de votantes relegan estos factores a un segundo plano y sostienen estas opciones políticas regresivas porque se identifican con alguno de sus lineamientos ideológicos.
Antes de perder las contiendas electorales, las fuerzas progresistas en América Latina perdieron la disputa por el sentido. En este punto es fundamental mirar la relación entre estos gobiernos y los grandes conglomerados de medios de comunicación, así como la situación y postura del poder judicial frente al Ejecutivo. Medios y Poder Judicial cerraron filas para oponerse al discurso y valores democráticos de las fuerzas progresistas porque estas no pudieron o no quisieron avanzar en las reformas profundas necesarias para democratizar el poder que estos detentaban.
A diferencia de las situaciones de Bolivia, Colombia y Venezuela que plantearon la alternativa de ganar las elecciones para luego asumir el poder, y refundar el país mediante una asamblea constituyente, otros gobiernos progresistas en nuestra región optaron por un sistema de convivencia pacífica con los poderes fácticos de sus países. Eso a la larga demostró ser un error estratégico porque puso límites al margen de acción de los gobiernos e incluso derivó en sucesos como los golpes parlamentarios en el caso de Honduras en 2009, Paraguay en 2012 y Brasil en 2016, donde la elite de uno de los poderes del Estado acudió a recursos ilegales o ilegítimos para desmontar procesos de cambio y ampliación de derechos.
Medios masivos de comunicación y poder judicial fueron el trampolín que abrió las puertas a nuevas opciones políticas regresivas y conservadoras, pero en cierta medida tampoco pudieron discriminar que tan regresivas y/o conservadoras fueron esas figuras a las que abrieron la puerta. Ejemplo de ello es Bolsonaro, que más allá de proponer el regreso a un modelo económico neoliberal, encarna un cuestionamiento del propio Estado de Derecho y de los valores democráticos fundamentales cuando predica el odio, la violencia y la intolerancia hacia las minorías. Hoy en Brasil asistimos a la salida de las fuerzas de derecha y centro-derecha del mapa político: aparece una fuerza regresiva que es fascista y no solamente posee núcleos liberales, recordando los peores regímenes fascistas.
Otro ejemplo que ilustra la importancia de iniciativas políticas de cambio y debate profundo como son la Asamblea Constituyente lo brinda la situación vivida en Colombia en 1991. Esta Asamblea permitió introducir reformas progresistas y fue un freno a la perpetuidad de Álvaro Uribe en el poder, que intentó de diversas maneras introducir la reelección indefinida y por eso no pudo volver a ser candidato a presidente. En esta línea de pensamiento se inserta la propuesta que llevó adelante nuestra CTA para establecer una Constituyente Social que discutiera en diferentes lugares del país, a través de asambleas abiertas, las demandas fundamentales de nuestro pueblo y que pudieran plasmarse en cambios constitucionales concretos.
El caso argentino
El capítulo argentino es una muestra de lo que sucedió en toda la región. El proceso de ampliación de derechos e inclusión económica fue impulsado como respuesta al fracaso de las políticas neoliberales de los años ’90 y ya en los primeros años de este siglo contó con un contexto internacional muy favorable. En dicho marco se incluyeron intentos de reformar el Poder Judicial y debilitar el papel protagónico de los medios masivos de comunicación. Sin embargo, estas reformas fueron tardías y no alcanzaron a ser implementadas, a tal punto que fueron rápidamente desestimadas o desmontadas a posteriori por la falta de solidez institucional que concitaron. Por solo citar un ejemplo, la Ley de Medios en Argentina, orientada a la democratización del acceso y la producción de contenidos audiovisuales, fue derogada por un decreto del presidente Macri a pocos meses de asumir. Y si bien está ley, más allá de las críticas que puedan hacérsele, gozaba de un amplio consenso social y había sido discutida con amplias porciones de la sociedad civil, ello no impidió que fuera abatida rápidamente.
Desde la perspectiva sindical, hemos tenido una mirada crítica sobre el proceso que encabezaron Néstor y Cristina Fernández de Kirchner en Argentina durante doce años de gobierno. Hemos visto abrirse algunas oportunidades de participación y visibilización de la sociedad civil en el desarrollo de la integración regional a nivel por ejemplo del fortalecimiento del MERCOSUR y la creación de la UNASUR. También fuimos protagonistas de la lucha contra la creación del ALCA en el año 2005 en Mar del Plata. Pero nuestra visión y experiencia permitió evidenciar un alcance limitado de la participación de los sindicatos como interlocutores habilitados para debatir y construir política junto a las fuerzas gobernantes. Muchas veces los espacios de participación abiertos fueron más bien testimoniales, y en los hechos la disidencia fue percibida desde el gobierno como una amenaza a acallar, más que como una diferencia a conciliar y debatir.
Tal como sucedió en otros países hermanos de la región, el proceso de transformación de los gobiernos progresistas o posneoliberales fue más retórico que sustancial en la medida en que no buscó alterar la matriz productiva ni fiscal del país, caracterizada por la extranjerización de la economía en manos de grandes empresas transnacionales dedicadas al comercio de commodities, favoreciendo un círculo vicioso que impide avanzar desde la economía basada en bienes primarios hacia el desarrollo industrial soberano. En términos fiscales tampoco se alteró la estructura profundamente regresiva de impuestos que recaen sobre los trabajadores y trabajadoras, los más vulnerables. Mientras tanto, las multinacionales mineras, las corporaciones dedicadas a la agroindustria y el capital financiero especulativo continuaron sus prácticas de elusión y evasión fiscal para saquear nuestros bienes comunes y riquezas.
La falta de cambios profundos a nivel económico, pero también político y de sentido simplificó la tarea para el ascenso de fuerzas políticas regresivas en los años posteriores. Nuestra lucha por el desarrollo soberano basado en una matriz productiva y fiscal sustentable en términos de preservación ambiental y de derechos humanos se mantiene, pero a ella se añade también la pelea en la dimensión política contra el recorte y quita de derechos, la persecución y criminalización de la protesta social y la garantía de derechos democráticos sustanciales.
Mientras tanto los poderes fácticos en articulación con los grandes medios masivos de comunicación y sectores muy importantes del Poder Judicial siguen sin rendir cuentas ante la ciudadanía y conservan su control sobre la estructura productiva de nuestros países y sobre el papel performativo sobre los imaginarios sociales. Esto es un profundo déficit para la democracia y el debate público, y constituye una amenaza a futuro para cualquier propuesta de transformación social.
Sudamérica gira la derecha, pero en Brasil asoma el fascismo
A los giros conservadores en la Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Colombia, se suma el triunfo en primera vuelta en las elecciones de Brasil del ultraderechista Jair Bolsonaro. Este nuevo fenómeno de un candidato racista, sexista, misógino y defensor de las dictaduras militares obtuvo 49 millones de votos.
Bolsonaro lleva como estandarte un discurso de odio en dos sentidos:
1) Odio contra el distinto, el otro, el diferente. Amenaza a los movimientos sindicales y sociales, anuncia que prohibirá su activismo si llega a Presidente y que quitará los derechos sociales adquiridos en una lucha de décadas. A esto se suma ataque a indígenas, negros, mujeres y se complementa con la gravísima apología al Terrorismo de Estado y la tortura, un pasado nefasto para los latinoamericanos, que choca contra nuestro estandarte encarnado en la frase “Nunca Más Dictadura”.
2) Un programa ultraliberal inspirado en el plan económico de la Escuela de Chicago que se implementó durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile y que aún hoy la democracia en ese país no pudo desmontar. El plan consiste en convertir al Estado en un ente jibarizado y mendigo. Un mero títere del capital financiero y transnacional que se apoderará de los recursos naturales en un esquema basado en la privatización de todo lo estatal.
Es por eso que los presidentes Mauricio Macri, Sebastián Piñera e Iván Duque enviaron señales de aliento a Bolsonaro y su elección en primera vuelta. No olvidemos que el capital especulativo, el cual no produce riquezas para el pueblo sino para unos pocos, genera a nivel mundial una tasa de ganancia anual promedio del 9%. En tanto que el capital productivo, generador de empleos, infraestructura, bienes y servicios, tiene un promedio del 2,5%, según cifras del propio Banco Mundial.
¿Qué papel tiene el sindicalismo hoy?
El movimiento sindical está en la mira de estos gobiernos conservadores y sus socios transnacionales que vienen a nuestros países a apropiarse y extraer nuestras riquezas sin dejar nada a cambio. Los trabajadores generamos las riquezas y nos dejan las migajas. Amenazan nuestra soberanía y derechos fundamentales.
El mundo de hoy nos exige como trabajadores conformar un bloque de acción e intervención en la arena internacional. Romper la dependencia sobre los centros de poder, generar alianzas entre quienes tenemos realidades similares, e intervenir de manera contundente en las decisiones que marcan el ritmo de las luchas laborales de los trabajadores de la humanidad.
El desafío ante la tercera ola neoliberal es luchar contra las desigualdades que el modelo impone, una lucha que no puede agotarse en el impulso de alternativas político electorales, sino que debe ir más allá al punto de proponer una forma de organización social superadora de la actual. Ello incluye encontrar respuestas de conjunto que permitan cuestionar la hiperconcentración de la riqueza que hay en el mundo y los avances tecnológicos que relegan a los países periféricos ensanchando las desigualdades: pleno empleo con reducción de la jornada laboral sin traumatismo, es decir sin quita salarial. Abordar la Cuarta Revolución Industrial, también llamada Industria 4.0, sin perder derechos ni empleos, sin que los jóvenes y las mujeres sigan siendo la moneda de ajuste.
El capitalismo especulativo nos ofrece un mundo de felicidad y confort para el 1%, pero el 99% restante exigimos un mundo real. Es un crimen que una madre o padre no puedan dar de comer o llevar a su hijo a la escuela o a un hospital; es un crimen que hombres y mujeres no tengan empleo digno, que cuenten centavo a centavo para llegar a fin de mes. La especulación financiera es un delito que el sistema avala para excluir mediante el odio a la mayoría de la humanidad como si fuera población sobrante. Los desafíos nos convocan. La lucha es por la vida contra la muerte.
A nivel de las conciencias, podemos bien decir que en muchos casos, como sucedió con Argentina, Brasil y Uruguay, los gobiernos progresistas que alcanzaron el poder en el nuevo milenio resignaron entablar una disputa directa contra poderes fácticos enquistados como son las grandes corporaciones cartelizadas y concentradas, y por el contrario establecieron una convivencia pacífica con ellas Pero el panorama actual en Brasil nos ha mostrado las graves consecuencias que esta posición puede traer a la larga. Por eso es necesario que los movimientos sociales progresistas en la región, partidos políticos, sindicatos combativos y fuerzas populares mancomunen sus esfuerzos en una ofensiva internacionalista, tan transnacional como el capital financiero y especulativo aliado con fuerzas políticas regresivas que nos somete a diario. Es la única manera de enfrentar este ataque a los derechos sociales y construir alternativas autocríticas que permitan a la vez extraer enseñanzas de los aciertos y los errores cometidos en el pasado en la preservación del poder político y social construido.
