El viernes pasado, el Consejo Directivo Provincial de ATE Misiones logró un incremento del 12,5% para municipales de San Ignacio. Estaba pendiente desde junio y se hará efectivo a partir de diciembre 2024.
Norberto Godoy, Secretario Adjunto de ATE Misiones manifestó: “Este municipio otorga incrementos salariales cada vez que se hacen aumentos a los empleados de la Administración Pública Central. Entonces había una deuda pendiente de un 12,5 de junio 2024, que según nos informó el Secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Ignacio se hará efectivo con el sueldo del mes de diciembre. Además, se solicitaron los uniformes correspondientes, que tienen dos veces al año, para todos los empleados del municipio, el pase a planta permanente y la renovación de contratos que están próximos a vencerse”.
ATE mantuvo una reunión de trabajo en la Municipalidad de San Ignacio con el Secretario de Gobierno, Luis Domínguez, quien confirmó una recomposición salarial del 12,5%, sobre la base de octubre 2024, lo que representa alrededor de 50.000 pesos para la categoría más baja del escalafón municipal.
Cabe destacar que el reclamo se había planteado en el marco de asamblea realizada a principios de noviembre donde se exigió una reunión con el intendente comunal para exigir una urgente recomposición salarial.
Este miércoles la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Entre Ríos participó de la mesa de negociación paritaria de las y los trabajadores de la Administración Pública provincial en la Secretaría de Trabajo de dicha provincia. Por falta de acuerdo se pasó a un cuarto intermedio para el próximo lunes.
“Le planteamos al gobierno la pérdida que tuvimos en los últimos meses del 2023, esencialmente en diciembre. Necesitamos recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras. Además, solicitamos que los 40.000 pesos del blanqueo alcancen a las y los jubilados y jubiladas, como así también la actualización del código 272. Es importante tener claro cómo se implementarán los contratos de obra a partir del primero de enero” declaró Oscar Muntes, Secretario General del sindicato en la provincia.
En la reunión, entre los temas planteados por ATE, se encuentran:
– Recupero de la pérdida salarial de los meses noviembre y diciembre del 2023.
– Retiro del proyecto de reforma de la ley jubilatoria provincial.
– Actualización de la base de cálculo de la recomposición.
– Blanqueo del bono de 40 mil pesos para que le llegue a las y los trabajadores jubilados.
– Recomposición salarial con previsión de los meses de enero y febrero.
– Actualización del código de sueldo 272 (adicional que perciben los sectores más rezagados salarialmente -Salud, Educación, Comedores, Administración Central -).
– Aclaración sobre el anuncio de pase a contratos de servicios de los contratados de obra y la implementación de los concursos para el ingreso.
– Aplicar el mismo criterio que en el Escalafón General, para que el adicional por Horario Atípico de Enfermería no sea absorbido por el mínimo garantizado.
– Reconocimiento salarial a las y los trabajadores que obtengan un posgrado universitario.
ATE reiteró demandas en la última paritaria de Salud del año
Este martes se celebró en la Secretaría de Trabajo la última reunión paritaria del año correspondiente al sector Salud, donde se hizo un balance del año y ATE planteó los temas pendientes a resolver de cara al 2025.
El sindicato demandó la necesidad de un nuevo escalafón específico para las y los agentes sanitarios. Además, se destacó el logro en el reconocimiento, el pago de los francos adeudados y la prolongación de jornada para las y los enfermeros. También la constitución de una central única de camilleros para el Hospital San Martín de la ciudad de Paraná.
El próximo encuentro será el 18 de febrero y se enfocará en los siguientes pendientes: el llamado a concurso para las y los profesionales de la carrera asistencial sanitaria, la creación de un protocolo de actuación ante situaciones de violencia de género, la suba en el monto del código de riesgo para las y los trabajadores de la Salud, entre otros.
En representación de ATE estuvieron presentes Mariana Lujan, Esteban Olarán, Gisela Torres y Matías Passi, miembros paritarios del sector.
Este viernes el Consejo Directivo Provincial de ATE Formosa expresó que el Gobierno no los convocó a discutir las negociaciones salariales y exigió poner en agenda el proyecto de Ley de Paritarias en la legislatura formoseña. También reclamó por una urgente recomposición salarial.
“La paritaria es un lugar de encuentro entre la patronal y la clase obrera. Este instrumento no permite solamente discutir salarios, sino también las condiciones de trabajo” expresó Carlos Villasanti, Secretario General de ATE Formosa. Respecto a las declaraciones que hizo el gobernador de la provincia señaló: “Si hubiese ley de paritaria, están obligados a convocarnos nosotros también”.
A pesar de que el gobernador Gildo Insfrán hiciera mención a las paritarias, el sindicato subrayó que en Formosa no existen. En noviembre 2022, ATE había presentado un anteproyecto en la Legislatura para lograr la Ley de Paritarias, derecho laboral establecido en la Constitución provincial, pero el oficialismo no lo trató y, transcurrido un año, caducó el tiempo para tratarla en la Cámara de Diputados.
El sindicato subrayó que el retraso de la recomposición salarial sigue siendo preocupante, dado que el primer aumento del año, a las y los estatales, fue del 25% y se otorgó en febrero 2024, sobre la base del mes de septiembre 2023. Sin embargo, la inflación acumulada desde octubre a enero fue del 60% aproximadamente. En este sentido, Villasanti remató: “Todos los aumentos fueron insuficientes, porque siempre los aumentos se vinieron dando sobre el sueldo de septiembre 2023. Nosotros queremos recuperar lo que se perdió”.
Este martes, luego de que el Gobierno anuncie un bono de fin de año de 500.000 pesos, ATE Corrientes repudió la modalidad de entrega de ese beneficio a las y los trabajadores provinciales dado que será en tres cuotas. Además, viene denunciando el pago en cuotas de las percepciones regulares.
Gonzalo Rubiola, Secretario Gremial del Consejo Directivo Provincial, manifestó: “Rechazamos el pago en fracciones del bono de fin de año, ya que con los magros salarios se sigue profundizando la miseria de los trabajadores y trabajadoras. No puede el Ejecutivo provincial dejar su maña de pagar en cuotas. Esto se suma al pago en tres cuotas que hace de los salarios provinciales, una práctica que venimos denunciando desde el sindicato”.
ATE observó que el beneficio no es conveniente ya que se pagará en tres cuotas – los primeros 100.000 pesos en diciembre junto al aguinaldo, 200.000 pesos en enero y los otros 200.000 pesos restantes en febrero 2025 – lo que no permite aliviar a la clase trabajadora en su pérdida salarial acumulada durante el 2024 y los gastos que acarrea las fiestas navideñas.
Este lunes ATE logró un bono de fin de año para las y los trabajadores estatales de la provincia de San Luis y del Plan Inclusión. Además, reclama para que el beneficie llegue también a las y los municipales.
“El atraso salarial que tienen los trabajadores y trabajadoras provinciales es dramático. Si bien uno no está a favor de este tipo de medidas, la habíamos pedido nosotros, entendiendo la particularidad de la fecha y la necesidad que hay. Este bono viene a solucionar el problema de las fiestas, pero el atraso salarial sigue estando” expresó Fernando Gatica, Secretario General de ATE San Luis. Además, remarcó: “Este bono tiene que ser lo suficientemente abarcativo para que también llegue a los compañeros y compañeras municipales”. Con esto el dirigente subrayó que, salvo el municipio de San Luis, ningún otro está en condiciones económicas de hacer frente a este bono.
Luego de que ATE solicitara al Gobierno provincial un bono de fin de año acorde a las necesidades de la clase trabajadora, en un mes particular, el Gobierno provincial anunció un bono de 350.000 pesos para las y los provinciales. El mismo se pagará el 18 de diciembre en conjunto con el aguinaldo. El anuncio también incluye adicional de $150.000 para las y los trabajadores del Plan de Inclusión Social, que se pagará el 19 del mes en curso.
Desde ATE se considera que, si bien este extra permite cubrir los gastos eventuales propios del mes de las fiestas navideñas, la lucha por una recomposición salarial acorde a la pérdida ante la inflación/devaluación acumulados sigue firme. ATE propuso lograr un piso salarial (desde la categoría más baja) que esté por encima de la línea de la pobreza, demandó que se habilite nuevamente el acceso a la planta permanente y la eliminación de ambientes laborales hostiles o violentos.
El sindicato, a principios de noviembre, había enviado la misiva dirigida al gobernador Claudio Poggi para exigir también una recomposición salarial inmediata dada la pérdida del poder adquisitivo del último año.
Este lunes el Consejo Directivo Provincial llevó a cabo una importante jornada con las y los trabajadores provinciales de la ciudad de Paraná para debatir los principales puntos a plantear en la próxima Paritaria que tendrá lugar el miércoles. Asimismo, se definieron los detalles de la Jornada Nacional de Lucha que tendrá lugar el jueves.
En relación a la mesa de negociación salarial el Secretario General de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, informó que se reclamará una actualización de la base de cálculo, una recomposición salarial con previsión de los meses de enero y febrero 2025, el diseño de un Convenio Colectivo de Trabajo, la confección de un instructivo de pases a planta y la reglamentación del Régimen Jurídico Básico.
El sindicato definió que, una vez que se conozca la propuesta salarial del Ejecutivo, se convocará nuevamente al cuerpo de Delegadas y Delegados de Paraná para su análisis y evaluación.
Además, se definió la participación de ATE Entre Ríos en el marco de la Jornada Nacional de Lucha con Paro y Movilización previsto para el jueves con una delegación que marchará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La consigna de la marcha es Por una Argentina sin hambre.
Finalmente, se realizó un balance del año y se debatieron las estrategias para los futuros desafíos para defender los derechos e intereses de la clase trabajadora.
ATE Chaco denunció que la dirección del Hospital Bicentenario General Güemes de la localidad de Juan José Castelli despidió a 35 trabajadoras y trabajadores que se desempeñaban como enfermeros, administrativos, instrumentadores y maestranza con seis meses o más de antigüedad. Además, el sindicato alertó que las autoridades se niegan a pagar los últimos meses trabajados.
“Algunos estuvieron trabajando seis meses y no cobraron sus haberes y según les notificaron solamente le pagarán tres, con la promesa de reincorporarlos el año que viene. Algunos eran beneficiarios de la Asignación Familiar y tuvieron que renunciar para hacer el monotributo y tramitar el contrato. Pero no cobraron su sueldo y ahora quedaron sin empleo”, denunció Luis Sandoval, Secretario General de la Seccional Castelli.
En una zona de la provincia que requiere de atención sanitaria, y con un Gobierno provincial que ha basado su campaña electoral en mejorar la Salud Pública, ATE Chaco advirtió que el hospital no puede recortar sus recursos humanos dado el rol clave que cumple para la comunidad y zona de influencia. Desde la Dirección del nosocomio justificaron los despidos alegando que no contarían con recursos económicos y confirmaron que solo percibirían tres de los seis meses.
Desde el sindicato se puso a disposición el equipo legal y jurídico para que las y los estatales despedidos puedan llevar adelante sus correspondientes reclamos.
Un nosocomio importante en la puerta de El Impenetrable
Se trata del centro de salud de cabecera del departamento General Güemes, el más grande de la provincia de Chaco, de complejidad media que cuenta con terapia intensiva entre otros servicios relevantes.
Emplazado en la ciudad de Juan José Castelli, cercana a los 40.000 habitantes, se encuentra al noroeste de la provincia del Chaco. Ubicada a pocos kilómetros de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, sobre la ruta nacional 95, es considerada el «Portal del Impenetrable» por su cercanía con el reconocido monte chaqueño.
Este miércoles, el Secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Entre Ríos, Oscar Muntes, se refirió a la gran cantidad de ingresos para suplencias que se están produciendo en el área de Salud del Gobierno entrerriano y denunció irregularidades en el proceso.
El dirigente cuestionó la contratación irregular de 30 personas allegadas a los funcionarios de turno, entre ellos el entrenador personal de la esposa del ministro de Salud, Guillermo Grieve y polemizó con el gobernador quien expresó que para ingresar en la Administración Pública provincial había que hacerlo por concurso.
Los ingresos se produjeron en el último periodo, sin cumplir el régimen jurídico básico. En este sentido Muntes sostuvo: “Es muy fuerte porque nos hace acordar a épocas oscuras que no queremos en la administración pública cuando ingresaban los amigos de los amigos de, según de qué línea, y a partir de ahí se generaba todo un entramado que nos hace mucho daño a los trabajadores del Estado que queremos al Estado, que trabajamos todos los días en defensa del Estado”. Asimismo, planteó “Es necesario tener reglas de juego claras, ir a los Convenios Colectivos de Trabajo y reglamentar la 9755 que es el régimen jurídico básico, pero en esto de la tranza y la negociación, no”, sentenció.
El dirigente si bien destacó el reconocimiento de las y los trabajadores de enfermería que hizo el Gobierno entrerriano, manifestó su preocupación por los anuncios que se hicieron en todas las carteras pero que aun no se concretan en políticas públicas. “Nosotros recorremos la provincia y cada uno de los hospitales, de los centros de salud, y están exactamente igual que cuando se asumió. Hace muchos años que venimos planteando que falta inversión y recursos humanos del Estado para garantizar equidad a la población”, alertó.
ATE también apuntó contra las contrataciones bajo la modalidad de pasantías que son una forma de precarización laboral, que según sus estimaciones son cerca de 600.
La Asociación Trabajadores del Estado fue distinguida por el Poder Legislativo de Chaco, a través de la Resolución 1976 a aprobada el 13 de noviembre de 2024 por la Cámara de Diputados provincial, por la Charla 100 años de la Masacre de Napalpí. Estado: Prácticas Genocidas, Prácticas Reparatorias que tuvo lugar el 22 de octubre en el salón anexo de ATE de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“Me llena de emoción y orgullo este reconocimiento porque justamente lo que buscamos con la actividad era difundir no solo la masacre, que muchos desconocen, sino también dar a conocer el orgullo que da el fallo de hace dos años reconociendo la masacre de Napalpí como crímenes de lesa humanidad y con ello la responsabilidad del Estado. Mientras el Gobierno insiste en negar los genocidios en nuestra América, reivindicando la conquista como un hecho civilizatorio que trajo progreso, e intenta reponer conceptos arcaicos y sin sustento científico como el de raza, seguimos convocándonos al debate y a construir un Estado comprometido con los Derechos Humanos”, expresó Valeria Taramasco, Secretaria de Derechos Humanos de ATE Nacional.
La actividad fue organizada por la Secretaria de Derechos Humanos de ATE Nacional, en el marco del día de la Diversidad Cultural, al conmemorarse dos años de la sentencia en el Juicio por la Verdad, que reconoció la responsabilidad del Estado en esta masacre. ATE propuso analizar el acontecimiento en relación a la expansión de la frontera productiva y las condiciones objetivas y subjetivas que permiten la posibilidad de un genocidio y sus posibilidades de prevenirlo. Asimismo, la necesidad de dar la batalla cultural ante tanto discurso de odio, discriminación y anulación del otro.
El panel estuvo conformado por Gabriela Morinigo, Presidenta de la Fundación Napalpi, Diego Vigay, fiscal federal en causas de lesa humanidad de Chaco, Analía Noriega, integrante de la Unidad Ejecutora de Sentencia del proceso judicial que investigó la masacre y Diana Lenton, Doctora en Ciencias Antropológicas e investigadora Independiente de Carrera del Investigador Científico en CONICET.
Masacre de Napalpí
Conocida como la Masacre de Napalpí, el acontecimiento recuerda la matanza de centenares de integrantes de los pueblos indígenas por policías, gendarmes y colonos en Chaco.
Los crímenes se ejecutaron el 19 de julio de 1924, cuando la policía del entonces Territorio Nacional del Chaco reprimió a trabajadoras y trabajadores del algodón de comunidades Moqoit, Qom, Shinpi y otros residentes en la zona, mientras realizaban una huelga pacífica en la reducción de Napalpí – a 120 kilómetros de Resistencia – para reclamar mejores condiciones de vida y una justa retribución salarial.
Los responsables políticos de la Masacre fueron el gobernador, Fernando Centeno, el comisario de Resistencia, Roberto Sáenz Loza, y quien en la ocasión actuaba como su lugarteniente, el comisario de Quitilipi, José B. Machado. El presidente del “Aero Club Chaco” Agustín Cabal, facilitó el avión utilizado en el ataque.
El avión, piloteado por el sargento Emilio Esquivel acompañado por el civil Juan Browls, roció el monte para producir un incendio en las tolderías. Cuando los habitantes salieron a campo abierto fueron brutalmente masacrados por los efectivos de la policía.
En un juicio por la Verdad en el año 2022, el Estado nacional fue condenado por los homicidios de 400 personas y por la reducción a la servidumbre de la población de la reducción Napalpi, considerados como crímenes de lesa humanidad y parte de un Genocidio.
Argentina fue así el primer país del mundo en juzgar en un juicio penal las prácticas genocidas contra pueblos indígenas.
Ante la falta de respuestas del Gobierno santafesino, este viernes, ATE Rosario presentó una denuncia en la Defensoría del Pueblo contra el Ministerio de Salud por las graves violaciones a los derechos laborales que despliega el irregular relevamiento censal instrumentado con el personal del sector. El evento tuvo lugar este viernes en las oficinas del organismo ubicado en la calle Dr. Álvarez 1516.
Secretaria General de ATE Rosario, Lorena Almirón, subrayó: “(El ministerio) no nos han contestado las notas que hemos presentado el 8 de noviembre pidiendo que se suspenda el censo. Estamos muy preocupados y preocupadas, por eso acudimos hoy al organismo de Defensoría del Pueblo que ya está tramitando el expediente. En los próximos días tendríamos que tener alguna resolución al respecto. También nos hicimos presentes en el Ministerio de Salud para volver a reiterar el pedido de audiencia a la ministra Silvia Ciancio, para discutir esto y otros temas pendientes”.
El relevamiento censal se dispuso mediante la Resolución 2321/2024, que tiene carácter de declaración jurada y es obligatorio. El ministerio definió una prórroga para que lo puedan contestar quienes aun no lo hicieron. El instrumento recaba datos de la intimidad personal de las y los trabajadores que se desempeñan en el sector de la Salud. Tal como se mencionó en una nota anterior, entre las preguntas hay categorías que violan normativas nacionales e internacionales con peso de ley, tales como género autopercibido. También interroga cuál es la satisfacción respecto del contexto laboral y el nivel de problemática o debilidad que representa el lugar de trabajo para el censado; la distribución de los recursos humanos, limpieza de los lugares de trabajo, problemas edilicios o de infraestructura, conectividad y soporte y ambiente laboral. Así, ATE considera que el censo viola la Ley provincial 12.913 de Comités Mixtos de Salud y Seguridad en el Trabajo, que no se aplica en la mayoría de los centros de salud.
ATE había repudiado que el Gobierno envió el cuestionario por mail y a través de WhatsApp, vías no seguras para los usuarios. Quienes completaron el formulario desde su celular quedaron expuestos a estafas, por el alto riesgo informático al que fueron sometidos.
Para ATE Rosario este intento de generar un banco de datos en un área sensible como el Ministerio de Salud, además de ser invasiva de la intimidad y vida personal de las y los trabajadores, habilita prácticas discriminatorias en los espacios laborales. Esto sería acorde al estilo de conducción del gobernador Maximiliano Pullaro que ha tendido a perseguir y amedrentar a quienes reclaman o se oponen a sus políticas antipopulares.
