Autor: Paula Amartino

ATE Entre Ríos, a través de la Seccional San José, denunció que dos delegadas fueron removidas de sus puestos de trabajo, lo que atenta contra la tutela sindical, por decisión de la actual gestión de gobierno del intendente Gustavo Bastian. Las autoridades gubernamentales aun no hicieron aclaraciones al respecto. Mientras tanto, el sindicato ha reafirmado su compromiso de proteger los derechos de sus delegados y afiliados mediante medidas de fuerza, dado que el hecho se considera un acto de persecución sindical.

“Esta actitud que ha tomado el intendente de San José y sus secretarios de remover a dos trabajadores no respeta la tutela sindical y la historia de nuestro sindicato. Enviaron una carta documento solicitándole al presidente municipal que vuelva a la compañera delegada y el compañero vocal de la seccional a su lugar de trabajo. En el caso de que no lo haga, vamos a iniciar todas las acciones legales correspondientes. Nuevamente queremos dejar bien en claro que la tutela sindical de los trabajadores y trabajadoras amparados sindicalmente no van a ser removidos y haremos todas las accionar que sean necesarias. No importa de qué partido político son” expresó Oscar Muntes, Secretario General de ATE Entre Ríos.

La actual gestión de gobierno del municipio de San José, Entre Ríos, es conducida por el intendente Gustavo Bastian quien pertenece al espacio político kirchnerista-peronista.

Ante esta situación, ATE elevó una carta documento a las autoridades municipales, exigiendo el regreso inmediato de las trabajadoras a sus respectivos puestos. El acontecimiento perpetrado viola el artículo 47 de la Ley 23.551 que regula la actividad gremial en Argentina y prohíbe el traslado de miembros de comisiones directivas y delegados sin su consentimiento.

Desde la Seccional San José señalaron que la actitud de la municipalidad representa un grave precedente en las relaciones laborales en el ámbito público. El sindicato advirtió que, de no cumplirse con esta solicitud, se tomarán medidas de fuerza y se iniciarán acciones judiciales.

ATE Entre Ríos, a través del Consejo Directivo Provincial, alertó que continúa el mal funcionamiento del Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) pese a estar intervenido por el Gobierno provincial. “No estamos de acuerdo con la intervención, pero fue necesaria para que los organismos de control funcionen. No puede haber corrupción y el sistema de la Obra Social requiere de transparencia”, observó Oscar Muntes, Secretario General de ATE Entre Ríos.

Con más de 250.000 usuarios y usuarias, la Obra Social que maneja el segundo presupuesto más grande la provincia de Entre Ríos se encuentra atravesando un proceso administrativo complejo que requirió de la supervisión del poder central para intentar resolver las falencias que no supo hacer el Directorio (por un periodo de seis meses). “Algo no funciona bien, lo que falta es gestión en la conducción de la obra social. No se puede seguir de esta forma”, declaró Muntes.

Los primeros informes desde la intervención que llevó adelante el Gobierno provincial en diciembre 2024 advirtieron una fuga económica importante vinculada a las percepciones del Directorio de organismo, que rondan los 16 millones de pesos (que incluye los gastos extraordinarios) por cada uno de los siete integrantes del cuerpo directivo. Mientras tanto las prestaciones de los servicios de salud a las y los usuarios es deficitaria, presenta demoras excesivas para la entrega de medicamentos especiales y prótesis. Además, el porcentaje de amparos judiciales contra la Obra Social es cada vez más alarmante. Actualmente se presentan 150 amparos por mes, generalmente vinculados a personas con discapacidad, otorgamiento de prótesis y entrega de medicamentos especiales.

“No puede ser que los trabajadores para resolver sus necesidades tengan que recurrir a un amparo judicial o el tráfico de influencias. Hoy funciona de una manera un poco más eficiente, si bien no es lo ideal. Por eso, hay que rediscutir el funcionamiento de nuestra obra social pero tiene que seguir siendo administrada por los trabajadores y trabajadoras” concluyó el dirigente.

Otro tema central que afecta a la Obra Social y que le compete al Gobierno provincial es la importante cantidad de trabajadores y trabajadoras precarizados que actualmente existe en la provincia que impide que puedan hacer su aporte económico pero que sin embargo utilizan los servicios.

ATE había repudiado la decisión del Gobierno provincial actual cuando dispuso en diciembre de 2024 la intervención de la Obra Social con el objetivo de fiscalizar la actividad del organismo público. En seis meses, tiempo que dura la intervención por ley, nuevamente los y las trabajadores podrán elegir los representantes y con ello el funcionamiento de los organismos de control para garantizar el buen funcionamiento.

Historia de la Obra Social entrerriana

El Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) se fundó el 18 de mayo de 1973, mediante la Ley Nº 5.326 – reconvirtiendo lo que antes había sido la Caja Mutual del Personal de la Administración Pública de Entre Ríos -.

Por 20 años el IOSPER dependió del Poder Ejecutivo Provincial, que determinó el presupuesto y designó a las autoridades de la institución.

En 1997, se impuso un nuevo reglamento de elecciones a fin de llevar a cabo la transferencia de la administración del IOSPER a sus beneficiaros. Desde mayo de 1998, la administración del Instituto de la Obra Social de la provincia de Entre Ríos fue delegada a las y los trabajadores. Desde entonces la gestión está a cargo de un Directorio compuesto por siete miembros representativos de los trabajadores estatales -activos y pasivos- elegidos por voto directo de los beneficiarios de la Obra Social. Cada miembro encarna a los siguientes sectores: activos del poder ejecutivo, municipales, policía, empleados del poder legislativo y judicial, docentes, jubilados y empleados del IOSPER.

Basado en la solidaridad, el sistema funciona a partir de un aporte económico que hacen sus afiliados, a un fondo común que se redistribuye entre quienes lo necesiten, con el objetivo de brindar servicios de salud y cubrir otras contingencias sociales conexas a las y los usuarios.

ATE Entre Ríos logró finalizar con los contratos de obra en la provincia, luego de años de discusión con el Ejecutivo. Así, luego de la aprobación del decreto reglamentario y la resolución correspondiente se garantizará mayor estabilidad laboral y se mejorará el salario de alrededor de 500 trabajadores y trabajadoras con contratos de obra y servicio.

“La relación laboral precaria de los contratos de obra se instaló en la Provincia de Entre Ríos hace más de 15 años. ATE viene planteando la regularización hace años, en 2019 tuvimos un primer avance a partir de un acta acuerdo en la negociación paritaria, donde empezamos a pasar estas trabajadoras y trabajadores a contratos de servicios con el criterio de la antigüedad. Con esta medida acordada hoy en la Paritaria provincial, más de 500 compañeros van a ver mejorada su salario y las condiciones laborales. Parte fundamental de este avance le corresponde a nuestros delegados en cada repartición, que siempre acompañaron a estos trabajadores, hoy son ellos los que están llevando adelante un relevamiento y las gestiones para garantizar que todos accedan al cambio de situación de revista” Julio Marcelo Luján, Secretario de Convenios Colectivos de Trabajo de ATE Entre Ríos.

Tal como se había acordado en la mesa técnica y paritaria con ATE, el Ejecutivo provincial dictó el decreto reglamentario (3996/24) y la resolución correspondiente (595/24) que permitirá garantizar la continuidad laboral de las y los trabajadores contratados de obra y servicio en los diversos ministerios de la provincia. A partir de estas normas cada organismo iniciará el expediente respectivo, el que tiene que contener la nómina completa de los actuales contratados.

Esto significa un importante avance en el cumplimiento de los derechos laborales, principalmente en el caso de los contratos de obra, que verán mejorados sus ingresos y se regularizarán los aportes a la obra social y la Caja de Jubilaciones.

Este miércoles, ATE Entre Ríos se manifestó frente a la sede del Gobierno de la comuna de Sauce Montrull para reclamar ante el cese de contratos de servicios a trabajadoras y trabajadores. Se demandó la inmediata reincorporación del personal despedido.

Oscar Muntes, Secretario General de la ATE Entre Ríos, estuvo encabezando la actividad junto a otros miembros de la conducción del sindicato. El dirigente expresó: “Que los trabajadores despedidos sean afiliados al sindicato agrava la situación porque lo entendemos como una acción de amedrentamiento hacia quienes se organizan. Seguiremos demandando por sus inmediatas reincorporaciones”. Y concluyó: “Desde la Asociación Trabajadores del Estado, nos ponemos en alerta, entendiendo que esto puede ser el inicio por goteo de lo que Milei les está demandando a los gobernadores e intendentes aliados”.

Cabe recordar que el 30 de diciembre, el Gobierno local había notificado a dos de sus trabajadores afiliados al sindicato el cese de sus contratos de servicio, luego de tres años de continuidad laboral por renovación automática. En paralelo a esta situación, se incorporaron cuatro nuevos trabajadores en contrato de obra que serán pasadas a contrato de servicio. Con respecto al resto de las y los contratados en igual condición de precarización laboral, la jefa comunal aun no se ha definido su continuidad y por ende hay una preocupación genuina del colectivo de trabajadores.

El sindicato había mantenido una reunión, a principios de enero, con la presidenta de la comuna, María Soledad Daneri, quien reafirmó su postura de no renovar los contratos de los trabajadores cesanteados indebidamente. Ante esta negativa, al día siguiente ATE realizó una Asamblea con las y los trabajadores, vecinos y consejeros comunales para informar lo conversado en ese encuentro y evaluar los pasos a seguir.

Hasta el momento, el Gobierno provincial manifestó la importancia de garantizar la estabilidad laboral y terminar con los «contratos basura». En este contexto Daneri, sorprendió en vísperas de las fiestas notificando a los trabajadores afectados la decisión tomada.

Sauce Montrull es una localidad y comuna de 1ª categoría de los distritos Sauce y Espinillo del departamento Paraná, en la provincia de Entre Ríos. Con menos de 1000 habitantes, la comuna está gobernada por un departamento ejecutivo y por un consejo comunal de ocho miembros, cuya presidenta es a la vez el presidente comunal. Sus primeras autoridades fueron elegidas en las elecciones de 9 de junio de 2019.