Autor: Julio Chavez

El Gobierno nacional oficializó hoy la decisión de otorgar asueto al personal de la administración pública nacional los días 23 y 30 de diciembre de 2022 con motivo de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Así lo hizo a través del Decreto 820/2022, publicado hoy en el Boletín Oficial.

En ese marco, se instruyó «a los distintos organismos para que implementen las medidas necesarias a efectos de mantener la continuidad de los servicios esenciales».

Asimismo, se aclaró que «la presente medida no alcanza a las instituciones bancarias y entidades financieras».

«Las festividades de la Navidad y del Año Nuevo constituyen, tradicionalmente, motivo de festejos para todas las familias que habitan en nuestro territorio», y para «facilitar las clásicas reuniones familiares que se realizan en dichas fechas, se estima procedente posibilitar el acercamiento de quienes, por diversas causas, se domicilian lejos de sus seres queridos», argumenta el decreto firmado por el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Juan Manzur; y el ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro.

Con ese objetivo, concluye la disposición del Poder Ejecutivo Nacional, «se considera conveniente otorgar asueto administrativo los días 23 y 30 de diciembre del corriente año».

Este 10 de diciembre, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos y que a su vez en nuestro país coincide con el de la Restauración de la Democracia, nos encuentra en alerta no sólo con respecto de la vigencia de derechos humanos, sino también por la avanzada de grupos poderosos de derecha y de nuevas derechas extremas que están tensionando la institucionalidad y poniendo en peligro el Estado de Derecho.

Sin limitarnos a un solo país, hoy América Latina es territorio de innumerables violaciones a los derechos humanos materializadas en la agudización de la desigualdad, pobreza y el hambre, donde la violencia y represión, la criminalización, persecución y asesinato de líderes y lideresas tienden a constituirse en acción política junto con el avance de posiciones negacionistas y la profundización de discursos de odio, llevando al camino de la destrucción derechos históricamente conquistados. 

Más cerca también, en nuestro país: el intento de magnicidio a la vicepresidenta con funcionarixs judiciales decididxs a no investigar a fondo y garantizar su esclarecimiento; el fallo condenatorio en primera instancia que la tiene como protagonista también y que la inhabilita para ejercer cargos públicos, en un proceso repleto de nulidades y en una clara violación a todas las garantías constitucionales; con presxs por luchar como Milagro Sala o las cuatro hermanas mapuche con sus hijxs; la represión policial por el odio racial y a las minorías, el gatillo fácil, el destrato a migrantes; el despojo de tierras, el avance de proyectos extractivistas arrasando derechos humanos, ancestrales y de la madre tierra, entre otros, marcan la agenda contemporánea en materia de derechos humanos.

Sin duda, éste momento y contexto histórico, determina la necesidad de profundizar los debates y reflexiones colectivas cimentadas sobre los valores democráticos, para avanzar en la construcción de un nuevo mejor consenso en materia de defensa, protección y vigencia de derechos humanos y de los pueblos. Un nuevo mejor consenso fundamental para favorecer experiencias de lucha populares por condiciones de vida digna para todxs. Un nuevo mejor consenso que nos encuentre en la más amplia unidad junto a organismos de derechos humanos y organizaciones sociales y políticas. Un nuevo mejor consenso que fortalezca la participación y movilización popular en defensa de la democracia, guiado por el legado de lxs 30.000 y el camino de la Memoria, Verdad y Justicia, del Nunca Más.

Asumir ese desafío y compromiso como organización, como pueblos, es la mejor forma de conmemorar este 10 de diciembre, camino a los 40 años de democracia.

María José Cano, Directora del Dpto. de Derechos de los Pueblos

Hugo Godoy, Secretario General

Lxs trabajadores del Ente Público Espacio para la Memoria y Derechos Humanos ex ESMA realizaron el 1 de diciembre una medida de fuerza para exigirle a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Horacio Pietragalla, que cumplan los acuerdos firmados hace cuatro meses para la recategorización de 20 trabajadorxs.

También reclamaron que se saque a la Policía Federal del predio, «para darle el sentido por el que fue creado como espacio de Memoria», indicaron desde la junta interna.

«Entendemos que la recuperación de ex ESMA es símbolo de una larga lucha que involucra a organismos de derechos humanos, y a voluntades políticas, pero también a una clase trabajadora que, en definitiva, representa a la mayoría de los desaparecidxs durante la última dictaduta militar», expresaron.

Y denunciaron: «Es Espacio para la Memoria hoy está vaciado, abandonado y trabajadores y trabajadoras no podemos seguir sosteniendo las políticas públicas en un contexto de ajuste generalizado a nivel nacional».

El sistema de acumulación capitalista impone las condiciones de reproducción que, en el caso de la Argentina, se expresa a través de una incontenible dinámica de sobreexplotación de la fuerza de trabajo y de la pauperización de las formas de vida de los más vulnerables.

A ello hay que agregar la depredación de la naturaleza impulsada por las corporaciones agroalimentarias y por la minería a gran escala llevada adelante sin control alguno.

Y como consecuencia de ese contexto de sobreexplotación de la fuerza de trabajo, pauperización de las condiciones de vida de los sectores sociales, y la crisis ambiental, aparece el hambre como productor de discapacidad.

Lo que da cuenta que los modelos de acumulación que llevan adelante las naciones, tienen relación directa con la reproducción de discapacidad, y también con el respeto de los derechos de las personas con discapacidad, en especial en lo que refiere al desarrollo de sus proyectos de vida en condiciones de igualdad.

En ese contexto social es que el día 3 de Diciembre se conmemora un nuevo Día Internacional de las Personas con Discapacidad, marcado por la pobreza, la desigualdad y la inseguridad social. Por ello el día 05 de Diciembre, las Secretarias y Departamentos de Discapacidad de CTA-A y ATE participaremos desde nuestra identidad de trabajadores y trabajadores, en la Jornada Nacional de Lucha en Defensa del Salario junto a las distintas organizaciones sociales y sindicales.

Desde ese lugar, en esta sociedad tan desigual venimos a afirmar los derechos de las personas con discapacidad, como así también subrayar la preocupación ante el incumplimiento histórico de la legislación argentina en Discapacidad, y una necesidad de base: presupuesto para la implementación efectiva de políticas públicas en la materia.

Claramente, si no hay presupuesto es imposible elaborar una política de inclusión. Y todo gobierno que no lo tenga es que ya ha tomado la decisión política de no implementarla.

Durante el primer cuatrimestre del año se llevó a cabo la Consulta Federal denominada “Hacia una Nueva Ley de Discapacidad” con el objetivo de reemplazar la Ley 22.431, de Sistema de Protección Integral de los Discapacitados sancionada durante la última Dictadura militar, basada en un paradigma médico y asistencialista. Si bien consideramos que dicha normativa amerita adecuaciones, cabe remarcar que la misma quedó tácitamente derogada desde la suscripción y ratificación de nuestro país de la ‘Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad’ en el año 2008, aprobada por ley 26.378, la que además de tener carácter de orden público, posee rango constitucional según la Ley 27.044.

En este sentido, afirmamos que la nueva Ley tiene que tener un enfoque de Derechos Humanos basado en el Modelo Social de Discapacidad, establecido por la Convención. Bajo la consigna ‘Nada sobre nosotros sin nosotros’, expresión utilizada por las organizaciones de personas con discapacidad, que resume la idea de que no puede decidirse una política sin contar con la participación completa y directa de los miembros del grupo afectado por dicha política, también exigimos la realización de nuevas audiencias públicas para discutir el Proyecto de Ley, antes de que ingrese al poder legislativo.

Asimismo consideramos que el mayor desafío y esfuerzo desde el Estado y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) deben estar dirigidos a garantizar el cumplimiento efectivo de las normas vigentes en la práctica y vida diaria de las personas con discapacidad.

En este sentido, nuestros aportes son:

Trabajo

Si bien la Ley 25.689, modificatoria de la ley 22.431, estableció un cupo de contratación del 4%, ninguno de los poderes del Estado cumple con dicha cuota, por lo que es necesario que la norma prevea una consecuencia jurídica contundente o sanción de envergadura que desaliente su incumplimiento.

Según datos del año 2021 de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Nación, la cantidad de personas con discapacidad empleada es de solo el 0,61%.

Faltan adaptaciones físicas y estructurales en los edificios y en los puestos de trabajo.

La igualdad en la percepción de beneficios laborales (como Premio estímulo a la Asistencia) contemplando las licencias vinculadas a la discapacidad.

Las Pensiones no contributivas NO deben ser incompatibles con el trabajo o con otros beneficios.

La restitución de la Comisión Nacional de Pensiones, que debe realizar trabajo de campo para llegar a las personas con discapacidad que ignoran el derecho o no pueden llegar al lugar de gestión.

Salud

En los barrios de CABA, de cada 10 personas en situación de discapacidad, solo 3 tienen el Certificado Único de Discapacidad.

Existe insuficiencia de Servicios de Rehabilitación en la red de hospitales públicos y un escaso número de efectores y recursos humanos calificados en todos los niveles de atención, especialmente en los barrios pobres. Admisión hospitalaria colapsada.

Hay insuficiencia de prestaciones complementarias, como ayudas económicas para la atención de necesidades sociales, dispositivos de apoyo y aparatos ortopédicos.

Las madres, que son único sostén de familia con hijos con discapacidad, con padres que abandonan el hogar, no reciben la protección social necesaria por parte del Estado.

Incluir Salud. El Programa funciona con muy serias y peligrosas deficiencias en todo el país. Debe garantizar las prestaciones y la provisión de medicamentos en tiempo y forma y habilitar farmacias según la población beneficiaria. Rechazo de la resolución 453/2018 la mal llamada provincialización.

Políticas de Cuidados. Se requiere incluir los asistentes domiciliarios, maestros integradores y todo personal de apoyo para garantizar el acceso a los derechos de las personas con discapacidad.

Salud mental. Análisis y reformas que mejoren la calidad de vida, atendiendo a la libertad de circulación.

Accesibilidad

Se requiere el cumplimiento del cupo de las nuevas viviendas que deben ser accesibles para familias con algún integrante con discapacidad. Ley 24.464.

El Código de Edificación, sancionado en el año 2018 por la Legislatura Porteña, derogó la Ley 962 de accesibilidad, afectando derechos adquiridos, y a favor de los grandes desarrolladores inmobiliarios.

En la Villa 20, un relevamiento del espacio público evidenció que en más de la mitad de las manzanas del barrio no hay ninguna rampa mientras que las viviendas que habitan las personas con discapacidad tienen graves barreras arquitectónicas.

Transporte Público

Se necesita que sean realmente accesibles, considerando las sumas ingentes del salario destinadas al traslado en taxis y/o remises.

El 66% de las estaciones de subterráneos no son accesibles

No existe una tarifa única para el traslado de las personas con discapacidad, quedando ello sujeto a la discrecionalidad de cada jurisdicción y/o partido.

Educación

Continúa el rechazo manifiesto de las obras sociales a brindar cobertura por tiempo prolongado en establecimientos especializados, que desarrollan modalidades de rehabilitación que incluyen programas educativos.

En la educación general básica, se manifiestan formas de rechazo cultural que impiden una mayor integración de los niños y jóvenes con discapacidad en las escuelas comunes. Y los docentes no están capacitados en el conocimiento de las diversas modalidades de la discapacidad, sus necesidades y potencialidades para el desarrollo de su vida cotidiana lo que vuelve ilusoria la educación inclusiva.

Se evidencia una grave ausencia de programas de educación temprana, media, superior y de educación de adultos para personas con discapacidad.

En la mayoría de los establecimientos hay barreras arquitectónicas, no existen baños adaptados y tampoco recursos técnicos y pedagógicos para facilitar el aprendizaje.

Las modalidades de libre competencia en el ingreso a la docencia y el derecho a la promoción en la carrera docente, a favor de la inclusión de personas con discapacidad en los cuerpos docentes debe tener en cuenta la especial idoneidad para el dictado de materias vinculadas a su desenvolvimiento como tales (sistema Braille, lenguaje de señas y otras).

Políticas públicas

Su implementación efectiva, en pos de una verdadera inclusión de las personas con discapacidad y que tiendan a mejorar las condiciones de vida y a propiciar el desarrollo económico, social y cultural del colectivo, requiere una asignación de recursos financieros que sean suficientes para hacer efectivos tales derechos.

En el marco de la Jornada Nacional de lucha, la CTA Autónoma marchó hoy del Ministerio de Desarrollo Social al Ministerio de Economía en rechazo a las políticas de ajuste, por un aumento de emergencia para todxs lxs trabajadores, formales e informales, activos y pasivos, y un bono de fin de año.

Las organizaciones convocantes, entre las que estuvo ATE, concentraron en el Ministerio de Desarrollo Social para reclamar junto a la FeNaT y todos los movimientos sociales que se depositen los salarios del Potenciar Trabajo de este mes, pero además, en rechazo al desenganche del Salario Social Complementario con el Salario Mínimo, Vital y Móvil, y por un bono y aumento de emergencia a beneficiarios del Potenciar Trabajo.

Además de la CTA Autónoma; estuvo presente la CCC junto al Frente Popular Darío Santillán; FOL; OLP; Grupo Bolívar; FPDS-UTEP; Pymes para el Desarrollo; entre otras. En CABA, se concentrará a partir de las 10 hs, desde el Ministerio de Desarrollo Social al Ministerio de Economía.

La multitud marchó por 9 de Julio y luego por Avenida de Mayo para llegar a las puertas del Ministerio de Economía, que es desde donde se orquestan las políticas de ajuste. En un multitudinario acto, se manifestaron las demandas para salir de la crisis económica: aumento de emergencia para todos los trabajadores y trabajadoras, activxs y jubiladxs, formales e informales; Salario Universal; y la sanción de una ley definitiva que garantice el derecho a una moratoria previsional.

El “Vasco” Berdesegar de la CCC fue el primero en tomar la palabra: “la camiseta también se transpira acá y nos da orgullo cuando vemos a los campesinos, a las y los promotores de Salud, a los trabajadores de astilleros Río Santiago, y a las mujeres que se levantan pensando qué darle de comer a sus hijos y a otros chicos y chicas con hambre».

«Pero también hay que decir que nos avergüenzan aquellos que siendo argentinos trabajan para equipo ajeno y juegan para el equipo del Norte. Y nos viene el recuerdo de Macri que vino a profundizar la pobreza, a acordar con el FMI una estafa. Nos dan vergüenza esos que se dicen argentinos y se hacen millonarios con el hambre de nuestro pueblo, porque todos los días remarcan y remarcan los precios. Y nos preguntamos de qué color es la camiseta de algunos del Gobierno que ajustan a los que menos tienen, pero con los poderosos se quedan calladitos. Hacen auditorías a las organizaciones sociales pero no a Vicentin ni a las grandes empresas, levantan secreto fiscal a los que menos tienen pero no a las 100 que se fugaron los dólares del FMI».

Luego, Omar Giuliani, coordinador nacional de la FeNaT, dijo: “somos los primeros que defendemos la democracia, pero no hay democracia con hambre. No puede ser que llegue diciembre y no esté el bono. Que vengan a los barrios y sientan cómo se vive el hambre para después generar las políticas públicas que tienen que generar. Somos los que más queremos la paz social, pero no se puede con hambre, sin salud, sin vivienda, sin tierra, sin justicia social. Iremos a la calle hasta que se voltee el modelo del FMI».

La secretaria de Previsión Social de la CTA A, Olivia Ruiz, llevó las demandas de las y los jubilados: “pedimos un bono de emergencia que ingrese al haber jubilatorio y la sanción de la Ley de Moratoria Previsional. Acompañamos el reclamo de aumento de emergencia real que eleve el salario del 70% de los jubilados y jubiladas que cobran la mínima, para garantizar no sólo la comida del 25 sino la de todos los días. Continuaremos la lucha junto a ustedes, por un aumento de emergencia, por un haber digno que nos merecemos después de tanto años de trabajo”.

José Cudina, de Pymes para el Desarrollo, agregó: “la Argentina no es pobre, pobre es una gran mayoría que padece políticas mal aplicadas. En el mundo hay una guerra por recursos que Argentina tiene pero mal distribuidos. El dólar soja lo terminamos pagando nosotros cuando vamos a comprar el alimento. Son medidas que hablan del rumbo, queremos un país más justo, con salarios altos y plena ocupación”.

El acto cerró con las palabras del secretario general de la CTA, Hugo “Cachorro” Godoy: “para nosotros y nosotras es muy importante esta jornada. Es muy importante la unidad que estamos construyendo. Gracias a los y las compañeras de otras organizaciones que nos acompañan. Estamos aquí, como dijeron antes, para decirle al ministro Massa y al presidente Alberto Fernández que cuando asumieron, ellos se comprometieron a empezar por los de abajo, por los que menos tienen. ¿Qué pasa hoy que a tres años del inicio del gobierno, cuando se supone que estamos en el mes en que el Gobierno debe reconocer el esfuerzo de millones de argentinos que enfrentamos la pandemia, que luchamos contra el macrismo, que peleamos contra el hambre; y en vez de eso, nos meten la mano en el bolsillo”.

“La realidad es que la guerra entre la Otan y Rusia está produciendo un extraordinario aumento de del precio de los alimentos y de la energía, y hay un puñado de empresas que se benefician con ese aumento pero en vez de activar el proyecto de impuesto a la renta exrtaordinaria el gobierno sigue beneficiando a esas empresas, aumenta los precios de la nafta, de los alimentos y nos sumerge cada vez más en la pobreza y el hambre”, dijo Godoy.

“¿Para quienes gobiernan? La ministra de Desarrollo Social le pide a la justicia que levante el secreto fiscal para investigar a 1.300.000 compañeros y compañeras que perciben por su trabajo, porque no le regalan nada, unos miserables 28.500 pesos. Pero no mandan a investigar a las grandes empresas, mandan a investigar a los que menos tienen y como una provocación el 1 de diciembre, la ministra dice que hay que desenganchar el Salario Mínimo Vital y Móvil del salario complementario, y eso es para hacer más escasos esos 28.500 pesos. Pero esta clase que nació el 17 de octubre, que enfrentó la dictadura, esta clase que organizó nuevos sindicatos, no se resigna. Y venimos a decirle al Presidente y al ministro Massa que queremos un aumento de emergencia ya para todos los trabajadores y las trabajadoras en Argentina”, agregó Cachorro.

“Si no aparece el aumento de emergencia, si no hay reconocimiento a los que menos tienen, en este mes de diciembre las movilizaciones de nuestra CTA y de otras organizaciones hermanas se habrán de multiplicar y profundizar. Patria o colonia”, finalizó Godoy.

En el marco de las actividades en conjunto que viene realizando el ISSTATE (Instituto de Salud y Seguridad de lxs Trabajadorxs de ATE) con el CIF (Centro Internacional de Formación) de OIT, el jueves 24 de Noviembre y el Jueves 1 de Diciembre, se llevó a cabo el “Ciclo de Encuentros Virtuales sobre Riesgos Psicosociales y su vínculo con laviolencia en el mundo del trabajo”.

Estos encuentros fueron coordinados por la Lic. Magalí Arocena, Directora de Capacitación del ISSTATE y contaron con la disertación de Purificación Morán, Especialista en Salud y Seguridad en el Trabajo, quien se desempeña desde hace más de 20 años como consultora externa de ACTRAV (Oficina de Actividades para los Trabajadores) de OIT.

Con la participación de compañerxs de distintos puntos de nuestro país, la apertura y bienvenida estuvo a cargo de Beto Galeano, Director del ISSTATE, quien resaltó la importancia de abordar los riesgos sicosociales, la salud mental de quienes trabajamos y crear colectivamente estrategias de abordaje e intervención, así como de acción política sobre los aspectos macro y micro del mundo del trabajo.

Purificación Morán expuso sobre Riesgos Psicosociales y Convenio 190 de OIT (para erradicar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo) durante el primer encuentro, y sobre ejes de acción sindical respecto de estas temáticas, en el segundo.

En ambos encuentros pudimos compartir miradas entre quienes participamos y enriquecernos en la construcción colectiva que nos caracteriza.

Por ISSTATE