Autor: Emanuel Zamaro

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se movilizará este miércoles 10 de abril a las 14 a la sede central de ANSES (Avenida Córdoba 720, CABA) en rechazo a los miles de despidos que impiden el normal funcionamiento del organismo, provocando el cierre de 72 oficinas en distintas provincias hasta el momento. 

“Quieren que vuelvan las AFJP y lo tenemos que impedir. Intentan destruir un sistema público y de reparto solidario que supo tener la tasa más alta de cobertura de toda Latinoamérica”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE, y continuó: “Los despidos masivos en el organismo forman parte de una estrategia para generar las condiciones que permitan que las entidades financieras internacionales vuelvan a hacer negociados con nuestros aportes mensuales. Debiera servirnos como ejemplo aquellas y aquellos que todavía perciben sus haberes desde las AFJP. No pueden ni siquiera superar los niveles de indigencia en nuestro país”.

El dirigente indicó que “ésta tiene que ser una medida de fuerza que permita ponerle freno al intento de vaciamiento de la ANSES” y sostuvo que “el Gobierno quiere apoderarse del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para fugárselo como fugan todo lo que tienen a mano este tipo de gobiernos”.

Según el relevamiento realizado por el sindicato, los despidos en el organismo de seguridad social más importante de la región fueron en tres tandas: 350 que habían ingresado como jefes; 120 por el decreto del ministro Luis Caputo que rescindió los ingresos de 2023; y alrededor de 900 a fines de marzo. Es decir, más de 1370 despedidos hasta el momento.

“Hemos definido esta protesta para la semana frente a la gravedad que tienen las cesantías masivas en el sector. Son casi 100 las delegaciones que tuvieron que cerrar en el país porque los echaron a todos. El derecho a la seguridad social se encuentra gravemente restringido en la Argentina en este momento”, apuntó Rodolfo Aguiar y concluyó: “Esta semana también vamos a definir la convocatoria de nuestras instancias orgánicas para evaluar nuevas medidas y darle continuidad al plan de lucha de los estatales en todo el país”.

De esta forma, ATE reclamará por:

– Reincorporación inmediata de todos los trabajadores y cese de los despidos, tanto en ANSES como en el resto de organismos públicos y empresas estatales.

– Cese al vaciamiento en ANSES.

– Defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

– Regularización de todos los vínculos contractuales y pase a planta permanente para todos los trabajadores.

– Aumento salarial que supere la inflación.

– Cese de las políticas de ajuste.

– Rechazo a cualquier privatización de empresas públicas.

– Anulación del Protocolo Anti-Movilizaciones que intenta cercenar el derecho a peticionar a las autoridades.

– Cese de las políticas de amedrentamiento hacia los trabajadores estatales.

– Anulación del DNU 70/23.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se movilizó este viernes al Ministerio de Economía en reclamo contra las decenas de miles de despidos ilegales en la Administración Pública. “Hoy desde temprano pusimos incómodo al Gobierno porque no puede publicar ninguna lista de ñoquis y la causal de despidos que invocaron se desvanece frente a los ojos de toda la sociedad”, apuntó Rodolfo Aguiar, Secretario General del sindicato. 

“Los empleadores de los estatales siempre son los gobiernos: en el Estado nacional un Presidente, en una provincia el Gobernador, y en un municipio el Intendente. Pero quedó claro que hoy la motosierra y quien gobierna es Techint, y por lo tanto si le tenemos que reclamar a nuestro empleador no descartamos una movilización a la sede del complejo empresarial”, agregó el dirigente estatal.

Se trata de la décima medida de fuerza que ATE impulsó desde el comienzo del Gobierno de Javier Milei como respuesta a una política de ajuste profundo, con paritarias muy por debajo de la inflación y con una ola de despidos ilegítimos que incluso alcanza a trabajadores de más de 20 años de antigüedad.

Es por eso que el sindicato exigió al Gobierno que publique el listado de los supuestos ‘ñoquis’ y que, en caso de no hacerlo, reinstale en sus puestos de trabajo y determine el inmediato pago de las remuneraciones a todos los despedidos, ya que hasta el momento no se ha podido acreditar en ningún caso la causal invocada de la no prestación de servicios.

La movilización a la cartera de Economía, con dirección en Av. Hipólito Yrigoyen 250 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se da luego de los ingresos masivos que el sindicato realizó en todos los ministerios y organismos nacionales durante la jornada del miércoles. Además, las protestas se replicaron en las principales ciudades de todas las provincias bajo distintas modalidades.

Hasta el momento, ATE contabiliza más de 11.000 despidos en la Administración Pública pero se estima que con los datos que faltan relevar de algunas provincias, la cifra podría alcanzar los 15.000. En tanto, el sindicato se mantiene en estado de alerta por la amenaza del Gobierno de que el total escale a 70.000.

Tras conocerse durante el fin de semana más de 11 mil despidos en la Administración Pública, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizó ingresos masivos en todos los organismos y ministerios, tanto con trabajadores de la planta permanente, como los contratados que no fueron despedidos y los que ya recibieron su notificación de cesantía. 

“Los estatales logramos ingresar a la mayoría de los ministerios y organismos, y ocupar nuestros puestos de empleo. Pero tiene que quedar claro que hoy no termina nada, hoy empieza todo porque el Gobierno definitivamente va por la cabeza de los 70.000 contratados e intenta hacer desaparecer el Estado tal y como lo concebimos hasta este momento”, señaló el Secretario General del sindicato, Rodolfo Aguiar, quién participó en el ingreso a la Secretaría de Trabajo, con dirección en Avenida Leandro N. Alem 650 (CABA).

En este marco, el dirigente apuntó: “El nivel de agresión que estamos sufriendo es enorme. El ataque a nuestros derechos elementales como trabajadores es inédito. Frente a esto, tenemos que profundizar nuestro plan de lucha. Por eso hemos convocado a un plenario de delegados de todo el país con la intención de definir una nueva medida de fuerza general para antes que termine esta semana”.

El plenario se realizará a partir de las 16 en el salón Eva Perón de la sede nacional del sindicato (Avenida Belgrano 2527) y contará con la presencia de más de mil delegados de todo el país y de todos los organismos públicos bajo una modalidad mixta entre participaciones presenciales y virtuales.

“En el Estado, es inevitable el acelerado crecimiento de la conflictividad en todo el país, y el único responsable es el Gobierno”, evaluó el Secretario General de ATE y agregó: “El pueblo comienza a darse cuenta que lo de los ñoquis era una excusa y que los empleados públicos no sobramos. La sociedad comienza a advertir que el hecho de que despidan estatales de manera masiva no va a hacer que ellos estén mejor. Todos los sectores vamos a estar cada vez peor”.

Aguiar también rechazó la reciente designación de Julio Cordero al frente de la cartera laboral: “El hecho de que se haya designado como secretario de Trabajo a un gerente de recursos humanos de uno de los grupos empresarios más poderosos del país nos muestra que el Gobierno decidió tercerizar el ajuste en el Estado, que la motosierra ahora la tiene Techint”.

El monitoreo de despidos que realiza la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ya contabiliza más de 11 mil despidos en toda la Administración Pública y el sindicato se prepara para realizar ingresos masivos y simultáneos este miércoles en todos los organismos y ministerios. Además, se convocó a un plenario federal para las 15:30 en la sede del sindicato con delegados de todo el país para debatir la profundización del plan de lucha.

“El Presidente se ha decidido a quebrantar el sistema jurídico argentino en su parte medular. Provocar cesantías masivas en el Estado es suprimir derechos fundamentales y esa es una conducta tipificada en nuestro Código Penal”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE, y apuntó: “No vaya a ser cosa que el Presidente y sus funcionarios terminen presos antes de lo que cualquiera pudiera imaginar”.

Aguiar explicó que “vulnerar la garantía de estabilidad prevista en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional decenas de miles de veces a su vez provoca la supresión de otros derechos fundamentales que tiene toda la sociedad”. Además, el dirigente apuntó que el artículo 226 del Código Penal da penas de entre 5 y 15 años a quienes impidan el libre ejercicio de las facultades constitucionales, elevando la pena mínima a un tercio cuando se trate de funcionarios públicos.

“Despedir tantos trabajadores a tal punto que hasta delegaciones enteras tienen que cerrar, como ocurrió con ANSES, restringe de manera grave el derecho a la seguridad social, y lo mismo empieza a ocurrir con otros servicios esenciales que el Estado está obligado a brindar: educación, salud, seguridad alimentaria y hasta la posibilidad de prevenir catástrofes, cuestión ahora afectada porque el recorte alcanzó hasta el Servicio Meteorológico Nacional”, agregó el referente estatal.

“Por otro lado, esta decisión gubernamental violenta pactos internacionales que también tienen rango constitucional. El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se aplica a partir del Protocolo de San Salvador, en su artículo 6 obliga a los Estados a defender el trabajo e impulsar el pleno empleo, y esto precisamente no es lo que está ocurriendo”, continuó el Secretario General de ATE.

En este marco, el dirigente destacó la medida de fuerza que se llevará adelante este miércoles en todo el país: “Mañana tenemos que demostrar que es el Gobierno el que actúa al margen de la Constitución y de la ley. Los trabajadores con nuestros ingresos masivos y simultáneos estaremos ejerciendo nuestros derechos de huelga, manifestación y reunión. Si hay violencia y represión, la única responsable será la Casa Rosada”.

El sindicato definió tres franjas horarias para los ingresos masivos a ministerios, organismos y dependencias estatales, siendo a partir de las 7, 8 y 9 de la mañana, dependiendo del funcionamiento habitual de cada delegación. Los ingresos serán realizados tanto por los trabajadores de la planta permanente del Estado, como así también los contratados que aún no han sido despedidos y los que ya fueron notificados de su cesantía. 

“Por culpa del Gobierno, a partir de mañana la conflictividad en el Estado se va a acelerar. Hemos decidido convocar a un plenario federal de delegadas y delegados de organismos nacionales para debatir la profundización de todas las medidas de fuerza y no descartamos esta misma semana volver a salir a las calles a protestar”, concluyó Rodolfo Aguiar.

El plenario federal que realizará ATE a las 15:30 en el Anfiteatro Eva Perón del sindicato, ubicado en su sede de Avenida Belgrano 2527, CABA, contará con la participación de más de mil delegados de todos los organismos estatales y de todo el país, bajo una modalidad mixta entre presencial y virtual. Allí se definirá la profundización del plan de lucha y no se descarta realizar un nuevo paro con movilización para esta misma semana. 

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará una nueva Jornada Nacional de Protesta con ingresos masivos y simultáneos a todos los organismos nacionales y ministerios este miércoles 3 de abril ante la llegada de miles de telegramas de despidos a trabajadores de la Administración Pública. “Milei encabeza un Gobierno dañino y cruel”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General del sindicato.

“Los estatales ya empezamos a recibir miles de telegramas de despidos, pero el día 3 de abril igual nos vamos a presentar en nuestros puestos de trabajo, haciéndolo exclusivo responsable por cualquier hecho violento que hubiera que lamentar”, indicó el referente de ATE. Según un relevamiento del sindicato, a la fecha de hoy, jueves 28 de marzo, ya son más de 5 mil las cesantías confirmadas, y 2 mil más que están en proceso de materializarse durante la jornada de hoy. 

En esta línea, Aguiar continuó: “Esperamos que no se repitan escenarios del pasado, que la Administración Pública no esté militarizada y la Policía no bloquee las puertas de los ministerios con listados de quienes sí y quienes no pueden ingresar”. Cabe destacar que el Gobierno pretende despedir a trabajadores de 10, 15 y hasta 20 años de antigüedad en el Estado.

“El Presidente y sus funcionarios que tanto hablan de respetar la ley, han decidido quebrantar normas fundamentales y violar el derecho constitucional a la estabilidad en el Empleo Público, como figura en el artículo 14 bis. Cada cesantía se convierte en un calvario para el trabajador y la familia que la sufre, pero también detrás de cada puesto de empleo que se pierde, hay una política pública que se desmantela”, apuntó el Secretario General de ATE. 

De cara a lo que será la jornada de ingresos del próximo miércoles, Aguiar concluyó: “Frente a esta tragedia social que están provocando, nos vamos a defender con las herramientas más efectivas que tenemos, que es ejerciendo nuestros derechos constitucionales de huelga, manifestación y libertad de expresión. Como son peligrosos y despiadados, anticipamos nuestro repudio a cualquier hecho de represión que desde la Casa Rosada se pudiera ordenar”.

Se trata de más de 70 mil los vínculos laborales que están en riesgo por estas horas. De ese total, 65 mil corresponden a los denominados Artículo 9 de la planta transitoria del Estado, y el resto son contratos de Asistencia Técnica y Profesional (ATP).

En una nota firmada y dirigida al Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, el sindicato informó que la medida de fuerza nacional se desarrollará en reclamo de: 

• Aumento salarial que supere la inflación.

• Pase a Planta Permanente y Estabilidad Laboral para todos los trabajadores.

• Cese de los despidos y reincorporación inmediata de todos los despedidos.

• Cese de las políticas de ajuste, miseria y hambre.

• Rechazo a cualquier privatización de empresas públicas.

• Defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y de todos los trabajadores jubilados. 

• Anulación del Protocolo Anti-Movilizaciones.

• Cese de las políticas de amedrentamiento hacia los trabajadores estatales.

• Anulación del DNU 70/23.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizó una nueva Jornada Nacional de Protesta en rechazo al ajuste salarial del Gobierno, que ofreció un magro 8% en la paritaria del lunes, el intento de despidos masivos en la Administración Pública y la intención de cierre de organismos claves para garantizar políticas sociales. 

“Tenemos que entender que la Argentina vive una etapa de transición. Los trabajadores estamos obligados a repensar algunas de las consignas que abrazamos en la década del ’90 frente a un proceso político similar. El hecho de que alguien como Paolo Rocca tenga más funcionarios en el Gobierno que la fuerza política que ganó las elecciones, nos muestra que estamos llamados a reflexionar. Nosotros supimos enarbolar la consigna que decía ‘fortalecer el Estado para liberar la Nación’, y resulta que la fortaleza o debilidad del Estado depende de quien lo mire. En este momento, si lo mira la Asociación Empresaria Argentina (AEA), el Estado se está fortaleciendo. Sin embargo, si lo miramos nosotros se está debilitando. Y cuando hablamos de que se intenta destruir un Estado, se está destruyendo el Estado para la gente y se está construyendo el Estado para los empresarios. Habrá llegado el momento de abrazar nuevas consignas, como por ejemplo ‘democratizar el Estado para construir la Nación’”, manifestó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE.

En esta línea, el dirigente continuó: “Nadie debe dudar acerca de que vamos a resistir cualquier posibilidad de que el Estado aparezca como garante del saqueo de todos nuestros recursos naturales, como pretende el Gobierno”.

“Son tiempos de resistir pero también de tener propuestas. Nos quieren acorralar para que defendamos puestos de empleo y no hablemos de que enfrentamos el ajuste salarial más grande de los últimos tiempos y con él, el deterioro grave de todas las condiciones de vida de los trabajadores y jubilados. Vamos a seguir luchando y multiplicando las protestas para impedir cualquier cesantía ilegal e injustificada en el Estado”, agregó el referente estatal.

Aguiar aseguró que “también el ajuste se dispara rápidamente a las provincias y municipios” y concluyó: “Necesariamente la conflictividad va a ir creciendo en todo el país”. El sindicato también decidió movilizar al Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo durante la jornada de hoy. 

En tanto, la Secretaria Adjunta de ATE, Mercedes Cabezas, indicó: «Fue una jornada que se replicó en todo el país porque justamente la particularidad de este organismo es que trabajan en los territorios, con las comunidades campesinas e indígenas. Cuando hablamos de que son los trabajadores y las trabajadoras quienes nivelan las desigualdades del sistema, concretamente nos referimos a este tipo de trabajos. Si el Estado se retira de los territorios, de las comunidades, es mucho más fácil que proliferen otros negocios, en este caso relacionados con el agro, con el monocultivo».

El sindicato realizó movilizaciones, asambleas y cortes de rutas en todo el país, y en la Capital Federal se movilizó al Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, uno de los organismos que el Gobierno anunció su cierre, al igual que el INADI, los Centros de Referencia del ex Ministerio de Desarrollo Social.

El 31 de marzo vencen más de 70 mil contratos, de los cuales el Gobierno intenta despedir al 30% de los mismos en todos los organismos y ministerios. Además, ATE rechazó durante la paritaria del lunes el insuficiente aumento del Gobierno del 8%, cifra muy por debajo de los últimos índices de inflación.

Las protestas se replicaron con fuerza en las capitales provinciales y las principales ciudades del país. En este marco, los principales reclamos son: 

– Renovación automática de los 70 mil vínculos laborales que vencen el 31 de marzo.

– Reincorporación de despedidos sin causa. 

– Aumento salarial por encima de la inflación. 

– Pase a planta permanente de todos los trabajadores precarizados. 

– Rechazo al cierre de todos los organismos públicos y a la privatización de empresas estatales.

– Defensa al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). 

– Aumento de emergencia para jubilados y pensionados. 

– Rechazo a cualquier intento de privatización.

El Paro de 48hs en SENASA organizado por ATE para mañana y el miércoles quedó temporalmente pospuesto hasta después de Semana Santa después de que durante el fin de semana último las autoridades del organismo se comprometieran a dar marcha atrás con los despidos masivos dentro del sector.

El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, manifestó: “Frente al llamado de las autoridades del organismo, y como señal de buena voluntad, desde ATE hemos decidido posponer la medida de fuerza. Tiene que quedar suficientemente claro que el Gobierno debe brindar respuestas positivas a las demandas de todos los trabajadores y ponerle fin a la incertidumbre sobre los despidos. No vamos a tolerar ninguna cesantía injustificada e ilegal en un organismo de vital importancia como este. Si no se garantiza la plena estabilidad de todos los trabajadores, una vez concluido el fin de semana largo vamos a retomar todo nuestro plan de acción”.

“No existe ningún justificativo para aplicar un achique o llevar adelante un recorte en este sector, que no solo se autofinancia, sino que además garantiza –con la labor de todos sus trabajadores- el permanente ingreso de divisas a nuestro país. Poner en riesgo los puestos de trabajo en el SENASA es poner en riesgo al comercio internacional de nuestro país y a la salud de toda la población”, agregó Aguiar.

Por su parte, Jorge Ravetti, Delegado de ATE SENASA y referente del sector, comentó: “La semana anterior, desde ATE SENASA habíamos hecho un video que se viralizó y llegó a todos los rincones del país donde. En el mismo hacíamos una consulta a los trabajadores y las trabajadoras sobre si estaban de acuerdo o no con tomar una medida de fuerza ante los anuncios públicos de despidos masivos en el Estado y en donde SENASA no sería la excepción. La amplia mayoría estuvo de acuerdo con llevar adelante una medida de fuerza y no esperar con los brazos cruzados a que llegaran los despidos”.

“Así fue que se convocó a un Paro de 48 horas que inicialmente estaba previsto para martes y miércoles de esta semana, pero la medida fue pospuesta porque en el transcurso del último fin de semana se llevaron adelante conversaciones con funcionarios del SENASA y con representantes de las industrias –hace una semana 11 cámaras que nuclean a los sectores exportadores de grano, de carne, y de distintos rubros de derivados de origen animal presentaron una nota a la Jefatura de Gabinete exigiendo que en SENASA no se produjeran despidos habida cuenta de que se trata de un organismo muy importante para certificar las exportaciones en un momento donde se necesitan divisas en el país-”.

“Los funcionarios del SENASA nos manifestaron que el Gobierno tendría el compromiso de que SENASA esté exento de los despidos masivos, y que sólo se presentaría una lista de trabajadores y trabajadoras ‘jubilables’ que ya habían sido intimados hace un año pero que no se jubilaron a pesar de estar en condiciones de hacerlo. Se trataría de aproximadamente 50 compañeros y compañeras. También se presentarían en esa lista a algunos contratos que, por distintas razones, ya se fueron del organismo, porque pasaron a trabajar en empresas privadas o porque cambiaron de trabajo por los magros salarios que perciben. Además nos dijeron que creían que con esa lista más un ajuste financiero estaría resuelto el ajuste que pide el Gobierno en SENASA”, agregó Ravetti.

“Ante esta posibilidad cierta nos pidieron si podíamos posponer la medida de fuerza. No suspenderla, sino posponerla por si llegara a aparecer en el transcurso de la negociación alguien que pretendiera que se cumpla con el porcentaje de reducción que el Gobierno les está pidiendo a todos los organismos. Por eso, como un gesto de buena voluntad, y entendiendo de que es importantísimo para las trabajadoras y los trabajadores de SENASA que no haya despidos masivos, fue que decidimos posponer la medida para después de Semana Santa. Si cumplen con lo prometido, el Paro quedaría definitivamente sin efecto porque estaríamos exentos de esos despidos masivos que se están dando en otros organismos del Estado. Y si no cumplen y llegan a haber despidos, en la cantidad que sea, obviamente volveremos a hacer la consulta para retomar inmediatamente la medida anunciada”, cerró el Delegado de ATE SENASA.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) comenzó una nueva Jornada Nacional de Protesta en rechazo a las decenas de miles de despidos que podrían ser notificados esta semana en el sector público y al 8% de aumento ofrecido en la paritaria del lunes para la Administración Pública Nacional.

En la Capital Federal el sindicato se movilizará a las 12 al Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Av. Paseo Colón 982), organismo cuyo cierre fue anunciado la semana pasada por el Gobierno.

Son más de 70 mil los vínculos laborales que vencen el 31 de marzo, de los cuales el Gobierno planea despedir al 30% de los mismos. En este marco, el sindicato rechazó durante la paritaria del lunes el magro ofrecimiento del Gobierno del 8%, cifra muy por debajo de los últimos índices de inflación.

Durante esta Jornada Nacional de Protesta, se realizarán ruidazos en ministerios y organismos públicos, como así también asambleas, radios abiertas y cortes de rutas en todas las provincias y principales ciudades del país. En este marco, ATE reclama por:

• Renovación automática de los 70 mil vínculos laborales que vencen el 31 de marzo.
• Reincorporación de despedidos sin causa.
• Aumento salarial por encima de la inflación.
• Pase a planta permanente de todos los trabajadores precarizados.
• Rechazo al cierre de todos los organismos públicos y a la privatización de empresas estatales.
• Defensa al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).
• Aumento de emergencia para jubilados y pensionados.
• Rechazo a cualquier intento de privatización.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) participó de las masivas movilizaciones realizadas en todo el país a 48 años del inicio de la criminal Dictadura Militar que, hasta día de hoy, marca a la sociedad argentina. La Conducción Nacional marchó hacia la histórica Plaza de Mayo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires junto a cientos de miles de personas de distintas extracciones políticas, organizaciones sociales, sindicales, y de derechos humanos, como así también vecinos autoconvocados.

“Este 24 de marzo las movilizaciones son masivas en la Capital Federal, en todas las provincias y las principales ciudades del país. La conciencia de nuestro pueblo está bien alta en la defensa de los derechos humanos. Este no es un 24 de marzo más. Este 24 de marzo se da frente a un Gobierno que niega una de las etapas más oscuras de nuestra historia y, lo que es más grave, reivindica el terrorismo de Estado”, señaló el Secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar.

En esta línea, el dirigente agregó: “La Dictadura tenía que barrer con toda resistencia así lograba el sometimiento de nuestro país al capitalismo financiero internacional y a sus socios internos. Por eso el 66% de los detenidos desaparecidos fueron activistas sindicales. Para fortalecer la democracia, hoy levantamos bien alto sus banderas y damos continuidad a la lucha de los 30.000 hasta que tengamos una patria libre, justa y soberana”.

Por su parte, la Secretaria Adjunta, Mercedes Cabezas, indicó: “Para quienes creemos en que se puede construir un mundo mejor, un país mejor, hoy no es un día cualquiera. Hoy reafirmamos nuestro compromiso, en la calle, de recordar a compañeros y compañeras, en muchos casos muy jóvenes, que dejaron su vida porque no estaban de acuerdo con el modelo económico y de política del terror. Como sociedad, tenemos la responsabilidad de mantener la memoria activa para que no vuelva a ocurrir, para que sigan siendo juzgados quienes fueron cómplices, y para que no gane el individualismo por sobre los lazos colectivos”.

En tanto, la Secretaria de Derechos Humanos del Consejo Directivo Nacional, Valeria Taramasco, indicó: “Hay que destacar la importancia de la masiva participación en este 24 de marzo que desbordó las plazas porque estamos ante un Gobierno que viene por todos los derechos conquistados y que más que el negacionismo, plantea la reivindicación de la Dictadura, que intenta imponer el mismo modelo económico, que es de corte netamente autoritario y que viene a llevarse puesta la República y el estado de derecho”. 

Ante la amenaza de recorte del 30% del personal del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), ATE realizará un paro de 48 horas en el organismo a partir del 26 de marzo y se paralizarán las exportaciones y controles sanitarios en todo el país.

“Hemos definido iniciar una medida de fuerza que va a impactar fuerte en la economía de nuestro país y no vamos a aceptar que se nos responsabilice a los trabajadores por la afectación de las exportaciones. Son muchos los puestos de trabajo en riesgo y no vamos a permitir que se lleven adelante despidos ilegales”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE.

El dirigente detalló que durante esos días “se van a paralizar todos los controles en puertos, aeropuertos y aduanas, como así también se va a levantar la fiscalización en todas las barreras zoofitosanitarias del país. Resulta inadmisible que se pretendan llevar adelante ajustes y recortes de personal en un organismo que cumple un rol esencial, siempre se autofinanció y además todos los años ha generado recursos millonarios para el Estado”, apuntó el Secretario General de ATE.

En este marco, Aguiar concluyó: “Frente a los vínculos laborales que vencen el 31 de marzo y la amenaza de cesantías masivas en la Administración Pública, desde ATE vamos a multiplicar las protestas en todos los ministerios y organismos en los próximos días”.

El sindicato resaltó la importancia de contar con un servicio de control de calidad y sanidad fuerte y eficiente, especialmente ante una política de apertura de importaciones tan marcada como la del Gobierno nacional.

«Hay que recordar que este organismo no solamente controla las importaciones y las exportaciones de productos alimenticios, lácteos y de animales vivos, sino que también controla la sanidad y la calidad de los agroalimentos que llegan a la mesa de todos los argentinos y un recorte de personal en estas áreas no solo atenta contra las políticas públicas, sino que también atenta contra la población en general en el sentido amplio, al entender que expone al riesgo sanitario a cada uno de los habitantes de nuestro suelo argentino», destacó por su parte Mercedes Cabezas, Secretaria Adjunta de ATE Nacional y trabajadora del sector.

Cabe recordar que en los días precios a la asunción de Javier Milei, ya se había dado a conocer una intención de despido de 550 trabajadores bajo los contratos FUNVET (quienes firmaban como monotributistas un contrato de prestación de servicios), como así también de todos los que ingresaron durante el 2023.

En una nota dirigida al Ministerio de Capital Humano que coordina Sandra Pettovello, el sindicato exigió:

• Continuidad laboral de todos los trabajadores del SENASA, cualquiera sea su forma de contratación.

• Urgente apertura de la paritaria sectorial.

• Discusión salarial acorde a la inflación.

• Pase a planta permanente de todos los contratados.

• Discusión del nomenclador de funciones del organismo.

• Presupuesto financiero acorde a las funciones del organismo.

Un organismo de alto rendimiento

El SENASA es el organismo encargado de la fiscalización de producción agroalimentaria que cuenta con la habilitación de la Organización Mundial del Comercio para controlar las normas fitosanitarias necesarias para exportar a los otros países. Es el organismo encargado de otorgar las certificaciones necesarias para el comercio internacional. Es decir, sin estos controles no habrían exportaciones ya que son el único organismo argentino con la potestad de regularlo.

Si se levantan las barreras de control zoofitosanitario, se pone en riesgo el estatus sanitario alcanzado por la Argentina, pudiendo perderse la zona libre de moscas de los frutos que dificultaría el comercio de productos con Estados Unidos, encareciendo considerablemente los costos de la exportación. También se perdería la zona libre de aftosa, por lo cual la carne que se comercializa entraría en el circuito mundial de comercialización de países con aftosa, perdiendo el mercado de países que compran carne al circuito no aftosa que se paga mucho más (como por ejemplo, Japón).

Además, no hay ningún motivo para aplicar un recorte en este sector, ya que el mismo se autofinancia, e incluso le aportó al Estado argentino 12 mil millones de pesos en el 2022.