Autor: ateorgar

El martes 7 de enero, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Río Negro volvió a movilizarse en las oficinas de la  Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) frente a los múltiples despidos que se dieron en el organismo, como así también en otras áreas de la Administración Pública, llegando a casi 450 cesantías por la no renovación de contratos por parte del Gobierno de la Provincia.

El sindicato repudió las masivas cesantías que no sólo dejan a cientos de familias en la calle, sino que afectarán a toda la comunidad al recortar derechos fundamentales de todos los habitantes de la provincia. “Sin lugar a dudas con esta decisión el Gobierno de Río Negro pone en riesgo el acceso libre y gratuito a la Salud y a la Educación, sectores que con estas cesantías quedan totalmente deteriorados”, señaló Romeo Aguiar, Secretario Gremial de ATE Río Negro.

Para ATE, el Gobierno no tiene justificación para los despidos, por lo que denunció su ilegalidad y adelantó un próximo plenario de secretarios generales para avanzar con medidas de fuerza frente al claro desguace del Estado.

Cabe destacar que en las masivas movilizaciones del pasado martes el sindicato constató por un escribano que se hizo presente en el lugar que todas las medidas de fuerza se llevaran adelante conforme a la legislación vigente en la Argentina.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Río Negro denunció la ilegalidad de los más de 400 despidos que el Ejecutivo Provincial lleva adelante en diversos organismos sin ningún tipo de justificación y convocó a realizar asambleas en toda la Administración Pública.

Desde el sindicato se tomó conocimiento de múltiples cesantías en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Salud, y nuevas cesantías en el Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria. En todas las oportunidades se trata de despidos sin causa alguna de trabajadores que prestaban servicios en el Estado desde hace más de seis años, vulnerándose el derecho a la estabilidad en el empleo público consagrado en la Constitución Nacional.

“La crisis que atraviesan las políticas estatales en la provincia es gigantesca, y el Ejecutivo ya no sabe cómo ocultarla, por lo que intenta responsabilizar a sus trabajadores”, señaló Romeo Aguiar, Secretario Gremial de ATE Río Negro. El dirigente además denunció que se trata de trabajadores que en muchos casos cumplían con sus tareas poniendo, incluso, sus propios recursos.

“Sin lugar a dudas esta decisión se traduce en una pérdida fenomenal de derechos para todas las rionegrinas y todos los rionegrinos que verán notoriamente afectado su derecho a acceder a la Salud y a la Educación Pública, así como a tener justicia y seguridad”, continuó Aguiar, que completó: “En lugar de ocuparse en construir un Estado que tenga mayor cantidad y calidad de prestaciones para sus usuarios, el Gobierno busca moldear un Estado que esté al servicio de unos pocos vivos a costa de que pierdan las mayorías”.

En este marco, ATE Río Negro convocó a un Plenario de Secretarios Generales de las Seccionales de la Provincia para la semana próxima. En el mismo se establecerá el plan de acción a seguir en los próximos días. Caber recordar que el último cónclave había definido mandato abierto para realizar jornadas de protestas en los organismos que así lo requirieran.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Río Negro denunció la cesantía de técnicos que se desempeñaban dentro del Sistema de Abordaje Territorial (SAT), un programa del Gobierno de la Provincia que ofrece asistencia a las víctimas de violencia de género, y advirtió que estas medidas tienen el propósito de avanzar con el vaciamiento y desmantelamiento de las políticas de Niñez Adolescencia y Familia, afectando gravemente a toda la comunidad.

Desde la entidad sindical también se pudo constatar que existen múltiples despidos de profesionales y operadores, los cuales se desempeñaban en los Centros de Atención Integral de Niñez y Adolescencia (CAINA).

“Exigimos la reincorporación inmediata del personal despedido ilegalmente. Es clara la intención del Ejecutivo de llevar adelante un desguace feroz en las políticas de Niñez, Adolescencia y Familia, y lo debemos evitar”, señaló Romeo Aguiar, Secretario Gremial de ATE Río Negro, quien además sostuvo: “Desde la entidad sindical se observa la clara intención de reducir el organismo a su mínima expresión, para luego llevar adelante cierre de áreas y programas claves para la comunidad”.

Es por todo esto que ATE Río Negro llevó a cabo el lunes asambleas en todas las oficinas de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia para visibilizar el ajuste que está llevando adelante el Gobierno sobre las políticas públicas.

El sindicato advierte que estos despidos podrían producirse en otros organismos y manifestó su preocupación ante la crisis que atraviesan las prestaciones estatales en la provincia perjudicando a toda la ciudadanía rionegrina, por lo que no descarta profundizar todas las medidas en los próximos días.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Río Negro denunció el despido de trabajadores del municipio de Chimpay de manera injustificada. Se trata de empleados que en algunos casos cuentan con diez años de antigüedad y contratos precarios debido a que no se hizo efectivo el pase a Planta Permanente del 2023.

El gremio también advirtió que las múltiples cesantías tendrían como motivo el ingreso de militantes políticos de la gestión con sueldos millonarios. Los propios trabajadores pudieron verificar que los nuevos empleados cuentan con sueldos que van desde $1.925.000 pesos hasta los $2.800.000.

Desde ATE Río Negro se exigió la reincorporación de los cesanteados y la renovación automática del resto de los vínculos.

La fuerte resistencia de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Río Negro al lobby del consorcio privado Fundación Barreras Patagónicas (FUNBAPA) impidió su injerencia en el manejo de las barreras de control del Servicio Nacional de Sanidad Animal y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y evitó negociados políticos y económicos.

Así fue informado en una reunión entre delegados gremiales, encabezados por Walter Wertmuller, con el Presidente del organismo, Pablo Cortese, con el Coordinador Nacional de Barreras y Fronteras, Facundo Frick, y con el Director de la regional Patagonia Norte, Ricardo Sánchez.

Semanas atrás, el sindicato describió el posible regreso de FUNBAPA a la gestión de las barreras como “la vuelta de la desidia y la corrupción, el fracaso y la malversación de fondos públicos”. Desde ATE Río Negro se subrayó el rol decisivo de sus protestas en 2015 y 2016 para poner fin a esa situación. La posterior administración de SENASA hasta estos días fue elogiada por Estados Unidos, Japón y la Unión Europea.

Las autoridades informaron además en la reunión el fracaso rotundo de una auditoría a FUNBAPA a principio de año, que reveló el uso indebido de recursos públicos y cuentas bancarias no declaradas cuyos fondos no pudo demostrar.

De esta manera, se ratificó la palabra empeñada meses atrás por las autoridades de SENASA y la Provincia de Río Negro y ninguna entidad tercerizada administrará económicamente las barreras.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Río Negro denunció la agresión verbal contra hospitalarios del servicio de apoyo de Cinco Saltos que se encontraban cumpliendo con la tarea de limpieza de la guardia. La agresora que increpó verbalmente a las víctimas se desempeña en el sector quirófano y recurrió a insultos xenofóbicos y a amenazas de golpes.

ATE Río Negro realizó las denuncias correspondientes por maltrato y discriminación y exigió a las autoridades medidas disciplinarias. “Es muy triste que los hospitalarios trabajen en un entorno lleno de  violencia”, dijo Dora Fernández, Secretaria General de la Seccional de ATE Norte de la provincia.

“En los distintos hospitales vienen sucediendo varios hechos de violencia y vemos que no se acciona desde ningún ámbito para frenar de una vez por todas este tipo de actos que deberían ser sancionados e investigados”, agregó la dirigente.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Río Negro se manifestó el pasado lunes en los principales edificios públicos de la provincia, en reclamo por un aumento salarial y por la renovación de los contratos de más de 4.000 trabajadores que vencen el 31 de diciembre.

“Con esta política de congelamiento salarial, hace tres meses que Río Negro viene acumulando más pobres”, dijo Romeo Aguiar, Secretario Gremial de ATE en la provincia. “La canasta mínima en la Patagonia es de $1.514.000. La mayoría de los estatales se encuentra por debajo de la línea de pobreza”, agregó haciendo referencia a las estadísticas de la Junta Interna de ATE en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

No solamente el sindicato se expresó duramente en relación al congelamiento salarial del último trimestre que profundizó la pérdida de poder adquisitivo, sino también en relación a los contratos de locación, horas cátedra y otras relaciones laborales informales que vencen a fin de mes y la posibilidad de que el Gobierno quiera discontinuarlos.

“Miles de estatales sin estabilidad laboral son discriminados a pesar de realizar las mismas tareas que el resto del personal. Sus derechos de estabilidad laboral también debieran ser los mismos, como dicta la Constitución Nacional”, cerró Aguiar.