La ATE y la CTAA de La Pampa, junto a organizaciones civiles, colegios profesionales, otras Centrales Obreras y organizaciones sindicales y el Gobierno de La Pampa, manifestaron que “cualquier modificación al Régimen Penal Juvenil Nacional, debe ser adaptada a los estándares internacionales, y que se haga mediante un debate serio, con amplia participación y sin violar la Constitución”.
La convocatoria impulsada desde el Gobierno provincial reunió a distintos sectores que trabajan y atienden las problemáticas de las niñeces y adolescencias en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno. Esta Multisectorial rechazó tajantemente la intensión del gobierno de Javier Milei de bajar la edad de punibilidad.
Por la ATE y la CTAA participaron, la Secretaria General, Roxana Rechimont y la Secretaria de Juventudes, Magalí Mansilla.
La medida impulsada por el Gobierno nacional “va en contra de la Convención de los Derechos del Niño y, por lo tanto, es inconstitucional, sin perjuicio que, en términos estadísticos, la participación de adolescentes de menos de 16 años en delitos graves es ínfima a nivel nacional, por lo cual no hay ninguna necesidad de avanzar en ese sentido”.
Documento suscripto en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno
MÁS DERECHOS, MÁS ESTADO Y MÁS LIBERTAD
No a la baja de la edad de punibilidad
El ingreso de un nuevo proyecto de ley de Régimen Penal Juvenil al Congreso de la Nación, mediante el que, entre otras cuestiones, se fija la edad mínima de responsabilidad penal en 13 años; no establece distinciones ni por delito ni por franjas etarias; abre la posibilidad de que niños, niñas y adolescentes sean alojados junto a presos adultos; elimina la participación de los organismos de niñez; establece la prisión preventiva como regla y no como última medida o de excepción; permite la judicialización de menores de 13 años e incluso su internación por disposición judicial; etc.
Todo ello pone en alerta a todos los organismos públicos y/o de la sociedad civil que trabajan diariamente para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes en nuestra provincia y en todo el país.
Esta iniciativa que viola la Constitución Nacional y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, no es novedosa, ni legítima, ni efectiva y mucho menos necesaria.
Se pretende utilizar a los/as adolescentes como chivos expiatorios de las situaciones de violencia, violación de derechos, pobreza, abandono de políticas de Estado, cuando son los más expuestos a sufrir estas consecuencias.
Una vez más se estigmatiza a los/as adolescentes, sobre todo pobres, mostrándolos como delincuentes, cuando sobre ellos impacta la pobreza e indigencia y la eliminación de Políticas Públicas por parte del Gobierno Nacional destinadas a garantizar sus derechos.
Compartimos la necesidad de modificar el Régimen Penal Juvenil Nacional para adaptarlo a los estándares internacionales en la materia, pero exigimos que ello se haga mediante un debate serio, y con amplia participación, que por supuesto debe incluir a los propios adolescentes.
Los organismos e instituciones abajo firmantes rechazamos el proyecto presentado, por lo señalado precedentemente y, entre otras, por las siguientes razones:
– Porque aspiramos a una normativa Penal Adolescente Nacional respetuosa de los Instrumentos Internacionales y leyes vigentes en nuestro país. El proyecto es regresivo, su único objetivo es el castigo, es un planteo que atrasa más de un siglo, y reduce la protección y garantía de los derechos humanos tanto de víctimas como de victimarias/os.
– Porque los datos estadísticos reales muestran la ínfima participación de los adolescentes con menos de 16 años en hechos delictivos. El Proyecto se apoya en estadísticas falsas y argumentos falaces.
– Porque no representa la realidad de la situación de Niñas, Niños y Adolescentes de todo el país. Es un proyecto centralista y unitario, violenta el federalismo, puesto que, ante supuestos problemas focalizados en algunas zonas puntuales del país (lo que también es discutible), pretende modificar una ley de alcance nacional, sin considerar las distintas realidades de cada parte de nuestro territorio.
– Porque la solución es fortalecer el Sistema de Protección Integral de Derechos, garantizando su presupuesto y cumpliendo con las normas vigentes, pues sólo con políticas públicas específicas se pueden reducir los aspectos y/o contextos que propician las condiciones para que las/os adolescentes se vinculen con el delito.
– Porque el Proyecto es discriminatorio y revictimizante. Los/as adolescentes son el eslabón más débil en cualquier organización o cadena criminal y víctimas de éstas. Sin embargo, en el Proyecto se los pretende castigar en vez de proteger.
– Porque el abordaje que da resultados es desde la educación, la protección, la capacitación laboral y el acompañamiento. Es engañoso y cruel manifestar que la problemática no pueda abordarse de otro modo más que privando de libertad a adolescentes de 13 años. En varias provincias se cuenta con políticas públicas y experiencias que bien podrían extenderse para lograr los cometidos expuestos en la propuesta, sin ampliar la criminalización de adolescentes. La cárcel no soluciona las problemáticas que llevan a niñas, niños y adolescentes al delito.
– Porque la experiencia demuestra que la cárcel no soluciona los problemas de seguridad. El Estado Nacional no puede bajar la reincidencia ni lograr reducción de las violencias ni resocialización de las personas encarceladas en las prisiones ya existentes, por ende, es ilógico pensar que sí lo logrará metiendo más gente presa al sistema penitenciario y a más temprana edad, y con eso va a resolver lo que no logra hoy.
– Porque consideramos que la apuesta es más política pública en las infancias y adolescencias con más y mejor Estado. La senda correcta es aumentar la eficiencia de las políticas públicas dirigidas a las infancias y adolescencias, y no producir su vaciamiento acompañándolo con encierro.
– Y porque creemos profundamente en una política pública focalizada en la protección de derechos. El mismo Gobierno nacional que se jacta de querer destruir el Estado, que vacía la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), entre otros organismos nacionales, que abandonó políticas públicas para este sector que llevaban años y que hace de la libertad su bandera, propone demagógicamente cárcel a partir de los 13 años, lo que supone ampliar el poder penal del Estado y buscar soluciones mágicas en la privación de libertad.
Asimismo se invitó a organismos públicos, organizaciones de la sociedad civil y asociaciones gremiales y sindicales, como así también a legisladoras/es pampeanas/os, tanto provinciales como nacionales, a adherir al presente y que se pronuncien públicamente respecto de la temática aquí abordada.
