Mes: junio 2020

Gremios docentes provinciales, ATE-
Misiones entre ellos, presentaron un petitorio dirigido al gobernador de la
provincia Dr. Herrera Ahuad para denunciar el hostigamiento al que fueron
sometidos docentes de San Vicente por participar de las luchas por mejoras
salariales. 

El texto presentado por los gremios
UTEM-CTA.A, ATE, UDNAM, MPL, Referente de AUTOCONVOCADOS, Corriente Nacional
Conti Santoro, Tribuna Docente y jubilados de Marea Blanca denunciaron la persecución
y criminalización de la protesta social contra los/as compañeros/as docentes de
San Vicente (Sergio y Carlos Vallejos y Marcela y Nora Gómez) por justos
reclamos salariales y laborales.

En la primera parte del documento se explica
que “la interpelación frente al hogar del docente Rubén Vallejos con la excusa
de `corroborar´ sus datos personales, móvil, domicilio y hasta las personas que
frecuenta. Haber mostrado un papel del cual apenas pudo tomar imagen,
constituyen claramente mecanismos de intimidación”.

Luego agregan que “la forma en la cual
la policía o la gendarmería se filtra y hace fotografías de las reuniones y
manifestaciones, para recabar información personal de las/os docentes presentes
constituyen formas perversas y que retrotraen a las etapas más oscuras de la
argentina de ayer”.

 Como si todo esto no fuese lo suficientemente
grave, el personal de gendarmería que se presentó en la vivienda de Vallejos no
contaba con el equipo de protección personal (no tenía barbijo) y no respetó el
distanciamiento físico correspondiente, exponiendo la salud del compañero y su
familia.

En este marco los gremios plantean su
posición señalando que “el derecho a la protesta  garantiza la defensa y el acceso a los demás
derechos. La regla general en materia de derecho a la libre expresión,
comprensiva de la protesta social, es que “en principio, todas las formas de
discurso están protegidas por el derecho a la libertad de expresión,
independientemente de su contenido y de la mayor o menor aceptación social y
estatal con la que cuenten”.

Además, subrayan que “la libertad de
expresión debe garantizarse no sólo en cuanto a la difusión de ideas e
informaciones recibidas favorablemente o consideradas inofensivas o
indiferentes, sino también en cuanto a las que ofenden, chocan, inquietan,
resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población”.

Sostiene el documento que “si analizamos
las expresiones de protesta en la vía pública, la mayoría de los casos
constituyen manifestaciones de determinadas prácticas de gobierno, o bien
expresiones de sectores marginados que encuentran de este modo una vía para
hacer escuchar sus demandas”.

En los últimos años como consecuencia de
la crisis del modelo de Estado social que impone un creciente autoritarismo
económico planetario, se producen protestas o reclamos públicos de derechos,
que asumen diferentes formas generadoras de situaciones conflictivas de dispar
intensidad. Es por eso, acotan que “a partir de manifestaciones, reuniones
públicas, cortes de rutas  que
obstaculizan el tránsito vehicular se han hecho uso de los tipos penales
establecidos en nuestro Código Penal para perseguir a los manifestantes, aunque
generalmente solo a aquellos a los cuales el Estado identifica como sus líderes,
iniciando los procesos de criminalización de sus protestas, sirviendo así el
proceso penal como una amenaza constante contra los referentes sociales,
sindicales y/o militantes de todo tipo, cuyo objetivo claro es acallar sus
reclamos”.

Asimismo entienden que “en el caso
particular de la protesta docente en el cual se imputa del delito previsto en
el artículo de interrupción del corredor vial y entorpecimiento del transporte
público art. 194 del Código Penal, vale decir que es la más común de las
figuras penales con las que se persigue la protesta social en nuestro país, y
sobre este punto son amplias las defensas que se han ido ensayando desde los
defensores de los criminalizados”.