Inicialmente, me gustaría detenerme en tres nombres que nos
atraviesan, nos impactan, nos enfurecen a los trabajadores rionegrinos y que
muestran cabalmente dónde estamos parados en esta provincia del norte de la
Patagonia. Atahualpa Martínez Vinaya, Daniel Solano y Lucas Muñoz, casos que
transitan el derrotero de la oscuridad, de la impunidad eterna.

El primero de ellos, un joven viedmense, hijo de una
Delegada Sindical de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), fue asesinado
con un disparo por la espalda el 15 de junio de 2008. Un pibe de barrio,
trabajador, soñador y solidario. Junto a un grupo de vecinos, había tomado un
terreno para su hermana, soltera y con un chico. Los delegados de la toma
habían denunciado amenazas de muerte.

Daniel Solano, trabajador rural, desapareció en noviembre de
2011, fue ‘chupado’ por la policía rionegrina de un boliche de Choele Choel
luego de que poco tiempo atrás comenzara a denunciar las irregularidades e
injusticias que padecían los trabajadores de la Multinacional Expofrut.

En tanto que el más reciente de estos casos tiene como
protagonista a un joven policía de la ciudad de San Carlos de Bariloche,
secuestrado el 14 de julio pasado y asesinado 25 días después. Donde todas las
pistas apuntan a la misma policía provincial quien, a priori, obstaculizó la
investigación, borró y plantó pruebas.

Tres casos, tres vidas, tres ausencias que nos interpelan a
todos los militantes sociales y populares.

La misma Policía que no cuida a nuestros pibes ni a nuestros
trabajadores, que los persigue y que ni siquiera tiene reparos en matar a uno
de ‘los suyos’ es la que durante el último tiempo se enorgullece en ser el
brazo ejecutor de una Justicia adicta al poder, una Justicia flexible para los
corruptos, los narcotraficantes y los responsables de la trata y dura con los
trabajadores.

Los nombres siguen y las ausencias se multiplican. Un caso
más, una mujer menos.

En esta primavera se cumplen diez años de la desaparición,
secuestro, violación y posterior muerte de Otoño Uriarte, una chica de 16 años
de la localidad de General Fernández Oro, en el Alto Valle rionegrino. El caso
también camina hacia la impunidad, porque los seis acusados fueron sobreseídos
por la Jueza Sonia Martín del Juzgado de Instrucción Dos, atento a la supuesta
falta de pruebas suficientes para procesarlos. La familia asegura que, como
mínimo, los seis imputados tuvieron participación, al tiempo que se destacan
los errores en la investigación. El sobreseimiento fue apelado al Superior
Tribunal de Justicia de la provincia y el caso será también presentado ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un clamor de Justicia de
toda la comunidad.

En este contexto general, no es de extrañar que los
trabajadores y militantes de las causas sociales y sindicales seamos
constantemente apuntados, cuestionados, perseguidos. La policía y la Justicia
–salvo casos excepcionales- se muestran prestos a perseguir al que denuncia las
injusticas y lentos y torpes para investigar esas mismas injusticias.

Paralelamente, el poder de turno no sólo cuenta con ellos y
sus servicios, también están quienes, detrás de un micrófono o una pantalla, se
encargan de escribir la historia oficial, cuestionando las expresiones de
bronca de los trabajadores empobrecidos sin tomar siquiera en cuenta qué
produce tal bronca contenida.

Es así como el encarcelamiento del Delegado Sindical de los
Municipales de Allen, Ramón Cayuqueo -chupado de su domicilio, golpeado,
secuestrado durante más de 10 horas, hostigado hasta el hartazgo y amenazado de
muerte en varias oportunidades- es justificado y fundamentado en el hecho que
-con poco más de un metro y medio de altura y un contextura corporal mediana- el
sindicalista mordió en reiteradas oportunidades a mastodontes de casi dos
metros, armados hasta los dientes y protegidos con botas, chalecos antibalas y
cascos.

En este reino del revés, la Justicia muestra su peor cara a
los trabajadores, mientras sonríe a funcionarios y poderosos.

Ejemplo de ello, días atrás, en una de las tantas causas
armadas por el Gobierno Provincial, la Policía y la Justicia me declararon en
rebeldía y pidieron mi captura junto a las compañeras dirigentes de nuestra
entidad sindical Rosa Ñanco y Dora Fernández. Es muy llamativo que, habiéndonos
presentado en el mismísimo Juzgado donde tramita la causa, para ajustarnos a
derecho, la Jueza Sonia Martín en persona nos prometiera que nos iba a meter
presos. Un accionar cuestionado, incluso por otros jueces penales de la
provincia.

Cabe hacer notar que la Jueza Sonia Martín, que demanda
nuestra detención, es la misma que dejó libres a los seis acusados de
arrebatarle la vida a Otoño Uriarte.

Desde nuestro sindicato enfrentamos un proceso creciente de
judicialización de la protesta social, no por violentos ni antidemocráticos, lo
hacemos porque no puede ser de otra manera en una provincia donde reina la
impunidad, donde desaparece y muere gente todo el tiempo por razones
desconocidas, donde nuestras niñas y niños son masacrados y arrebatados de sus
familias, donde los jueces son cómplices y la policía mata.

El Código Penal no fue creado para resolver los conflictos
sociales. A los conflictos sociales los debe resolver el poder político. En nuestra
provincia estamos cansados de la intromisión de la Justicia en los reclamos
sindicales. La intromisión de esta Justicia que ya nos encarceló una vez, nos
dictó un pedido de captura hace 15 días y nos armó, hasta ahora, más de 18
causas en las que los únicos testigos son los propios agentes de la fuerza
policial.

Pretenden infundir miedo, temor y disciplinarnos. Pero no lo
van a lograr. Mientras exista un solo derecho vulnerado, nos seguiremos
subiendo a la ruta tantas veces como sean necesarias.

Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio
cantaba el catalán. Esta verdad es la que nos muestra que vamos por el camino
correcto. Estamos donde tenemos que estar, del lado de los oprimidos.

En estos tiempos difíciles para nosotros, tantas muestras de
apoyo, solidaridad y acompañamiento le hace saber al poder político rionegrino
que no estamos solos. Y es eso, en definitiva, lo que realmente importa.

Nos tendríamos que preocupar si las cosas fueran distintas.
Parafraseando a nuestro querido Germán Abdala, el día que la Justicia y la
Policía nos comiencen a proteger, si algún día eso pasara, tendríamos que
empezar a preguntarnos cuándo fue que abandonamos a nuestro pueblo.

Este colectivo de mujeres, que a pesar de contar con la
participación de tantas organizaciones, no está monopolizado por ninguna de
ellas, es muy importante porque allí una puede debatir con libertad lo que nos
pasa. De este colectivo salieron muchos de los temas que en este país se han
tratado, como por ejemplo el matrimonio igualitario, o el divorcio, ya hace
muchos años atrás. Son muchos los derechos conseguidos y, como todos los años
se discutieron las problemáticas de la mujer a lo largo y ancho del país, y
debatimos sobre los derechos que todavía no hemos podido alcanzar.

Uno de los más importantes es el Derecho al Aborto Legal,
Seguro y Gratuito. Nuestra CTA Autónoma, siendo parte de la campaña, ya ha
presentado junto a otras organizaciones seis veces en los últimos doce años el
anteproyecto de ley de ‘Educación Sexual para no concebir, anticonceptivos para
no abortar, aborto legal para no morir’ para que el Congreso de la Nación
legisle sobre el tema del aborto. Pero este es un tema que los legisladores no
se atreven, no quieren o no pueden tratar por los compromisos que deben tener.
Mientras tanto, el aborto ilegal se lleva la vida de más de 600 mujeres por año
(datos reconocidos por el Ministro de Salud del anterior Gobierno).

La única Central de Trabajadoras que participó
institucionalmente del Encuentro fue la nuestra, la CTA Autónoma. La presencia
de compañeras de nuestra organización de todos los rincones del país fue mucho
más masiva que el año pasado. Había representando compañeras de Tucumán, Jujuy,
Formosa, Misiones, Entre Ríos, Corrientes, San Juan, San Luis, Provincia de
Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, La Pampa, Chubut, Río
Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Nuestra columna de compañeras detrás de
la bandera de la CTA Autónoma el domingo fue más que importante.

Una compañera muerta
cada 30 horas

Mientras participábamos del Encuentro en Rosario, recibimos
la bofetada de una noticia terrible: Lucía, una chica de 16 años de Mar del
Plata, fue drogada, violada y vejada, para luego arrojarla como si fuera un
perro, un objeto, a la puerta de un hospital, donde falleció. Y dos femicidios
más en Mendoza. Esto sucedió también al año pasado en Mar del Plata: Mientras
debatíamos en el Encuentro, dos nuevos femicidios.

Sólo en los primeros 20 días del mes de octubre de este año,
se registraron 19 femicidios. En los últimos años hubo un promedio de 280
muertes de compañeras (según datos de la Casa del Encuentro). En un informe de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación se manifiesta que durante 2015 hubo
235 femicidios (la diferencia entre los datos responde a que en algunos casos
de femicidios el victimario también se quita la vida, por eso no hay causas
donde actuara la Justicia).  Las mujeres
tenían entre 16 y 60 años. El 29 por ciento de los asesinos eran allegados de
las víctimas. Más de 203 niños, niñas y adolescentes pasarán el resto de sus
vidas sin sus madres.

Y los gobiernos miran para un costado. No actúan, no
legislan o no invierten los fondos necesarios para aplicar la Ley 26.485, que
fue una normativa de avanzada sancionada en el 2009, pero que no tiene
presupuesto. Por culpa de esos gobiernos indiferentes,  no se articulan las herramientas  necesarias para que, por ejemplo, una mujer
que es violentada por su pareja, sobre todo si tiene hijos pequeños, no deba
volver al hogar donde es violentada luego de hacer una denuncia por violencia.
Es importante que, hasta que el victimario sea controlado por el Estado, la
víctima tenga un amparo.

Para subsidiar a las grandes corporaciones multinacionales y
que vengan al país a extraer riquezas (las mineras, por ejemplo), el actual
Gobierno de Macri sí tiene dinero, pero para ayudar a las mujeres, que están
siendo asesinadas, los fondos no aparecen. Lo que falta es voluntad política.

Marchando bajo la
lluvia por el fin de los femicidios

Lo que pasó el miércoles 19 de octubre fue muy importante.
Veníamos de este Encuentro Nacional de Mujeres con una movilización y un debate
en comisiones que fueron muy importantes, y encontrarnos con más compañeras
muertas de la forma más atroz nos hizo reaccionar rápidamente. Esto fue
producto del ‘Ni Una Menos’ que empezó el año pasado y que este año se volvió a
repetir.

A pesar del mal clima, fue espectacular la reacción de miles
y miles de compañeras y compañeros saliendo a la calle para decir “¡Basta de
matar a nuestras mujeres!”. Hubo una reacción inmediata por parte de todos, que
sirve para mostrarle a las claras al Poder Judicial y al Gobierno que se nos
está acabando la paciencia. Alguien tiene que hacer algo. Nosotros vamos a
seguir estando en la calle porque no podemos permitir que maten ni a una sola
mujer más. Todas somos valiosas, todas tenemos un proyecto de vida, todas
tenemos un futuro. Queremos vivir con plenos derechos sobre nuestras vidas,
sobre nuestros cuerpos.

ATE y la CTA Autónoma demostraron estar a la altura de las
circunstancias, convocando a todas las compañeras y todos los compañeros del
país a parar por una hora y a marchar luego en la Capital Federal bajo la
lluvia para expresar el repudio a la violencia de género.

Plenario Nacional de
Mujeres Trabajadoras

El pasado 21 de septiembre nos reunimos más de 160
trabajadoras afiliadas de ATE y la CTA Autónoma de todo el país para definir
los lineamientos de nuestras luchas por los derechos que las mujeres
necesitamos conquistar como trabajadoras, como las guarderías y las licencias
por paternidad. Nuestras compañeras reclaman muy fuertemente el tema de la
equidad en el armado de las listas para las elecciones internas de nuestras
organizaciones. No queremos que sólo se respete el cupo con el 30 por ciento,
sino que pretendemos que el porcentaje de representatividad sea mayor y con
cargos más jerárquicos.

Acordamos además seguir trabajando con el poder legislativo
para la sanción del anteproyecto presentado por las mujeres de ATE por una
licencia especial por violencia de género, que este 25 de noviembre deja de
tener estado parlamentario. Sancionar esta norma lograría paliar un poco el
tormento de las compañeras que vienen sufriendo maltrato y violencia, que hoy
sólo pueden tener licencia si sacan una carpeta psiquiátrica. No estamos locas,
somos víctimas de violencia.

También se definió en este plenario avanzar en la
erradicación de violencias laborales y sindicales. Se han presentado varios
casos de violencia entre pares que no estamos dispuestas a ocultar, para que de
una vez por todas se termine el abuso de poder entre nosotros. No descansaremos
hasta que cada Consejo Directivo Provincial, cada Seccional y cada Junta
Interna de nuestro sindicato tengan su Departamento de Igualdad de Género. Ya
hemos comenzado a realizar jornadas de formación feminista en Capital Federal y
en la Provincia de Buenos Aires, y ahora apuntamos a llevarlas a cabo en el
todo el país.

Fue un año clave para las mujeres afiliadas en ATE.
Comenzamos el 8 de marzo planteando que despedían a nuestras mujeres. La
mayoría de los despidos ocurridos en el Estado este año en nuestro país
tuvieron nombre de mujer. Consecuencia de esto fueron las muertes de varias
compañeras, jefas de familia en la mayoría de los casos, ocurridas ante la
violencia que ejerció el Gobierno sobre ellas. Un ejemplo es el del caso de
Melisa Bogari, que falleció en pleno conflicto con funcionarios del INTA,
sector donde trabajaba.

Seguramente para el próximo 25 de noviembre, ‘Día
Internacional de la NO VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES’, con el resto de las
organizaciones de mujeres, y nuestra Central estaremos en la calle avivando la
llama que hemos sabido encender y que es cada vez más grande para que, de una
vez por todas, se reconozcan los derechos a las mujeres que nos faltan
conquistar.

Como dice la Marcha Mundial de Mujeres (MMM): LAS MUJERES
SEGUIREMOS MARCHANDO HASTA QUE TODAS SEAMOS LIBRES.

El símbolo más fuerte de esa búsqueda de
consolidación del poder fue lo que pomposamente se llamó el ‘Mini Davos’; un
encuentro de muchos lobistas y pocos empresarios internacionales que buscaban instalar
su agenda de prioridades en torno de la reducción de salarios, la profundización
de la flexibilización laboral y un nuevo marco jurídico que permita profundizar
la transferencia de ingresos de los sectores asalariados hacia los sectores más
concentrados de la economía, puntualmente las empresas trasnacionales.

Y en correlato con esto, el Proyecto de
Presupuesto Nacional para el año 2017 presentado por el Poder Ejecutivo, que
intenta claramente consolidar una política de ajuste, de regresión salarial y
de condiciones laborales.

Y frente a eso, el parazo y movilización del
27 de septiembre junto a otras organizaciones hermanas y la CTA Autónoma, donde
fuimos capaces de protagonizar una jornada de lucha y expresar una serie de propuestas
alternativas al presupuesto del ajuste y los despidos que presentó el gobierno
en el Congreso Nacional, además de instalar con fuerza nuestro reclamo por la
reapertura de las paritarias para discutir salarios, cese de despidos y pase a
planta permanente de los trabajadores precarizados.

Por eso fuimos a las puertas del Congreso a
denunciar el techo salarial de aumento del 17 % en cuotas que quieren
imponernos para el año que viene; y la reducción presupuestaria en áreas
críticas como SENASA, INTA y en las políticas sociales. Mientras que
paralelamente se incrementan las transferencias por intereses de deuda externa y
se aumenta la eximición del pago de impuestos por bienes personales. Medidas que
en definitiva benefician a los grandes grupos trasnacionales y los sectores más
concentrados de la economía.

De cara a esto, somos capaces de promover
alternativas como la declaración de la emergencia social, reclamada por las
organizaciones sociales, que establezca un salario social complementario y la
creación de un millón de puestos de trabajo. O una reforma impositiva para que
los que más tienen sean los que más aporten, para posibilitar mejoras reales en
los haberes jubilatorios y defender el Fondo de Garantía de
Sustentabilidad del ANSES para preservar el sistema previsional público y
solidario.

Gobernabilidad del poder y búsqueda de
alternativas en función de las necesidades y de las prioridades de nuestro
pueblos son las dos facetas en las que se debate la realidad política de
nuestro país en este tiempo concreto. Mientras tanto emerge la realidad
concreta – gracias a la lucha de los trabajadores del INDEC que recuperaron las
estadísticas públicas- y se corrobora oficialmente, algo que ya desde nuestras
organizaciones veníamos denunciando: la existencia de un nivel de pobreza brutal
que sumerge a uno de cada tres argentinos. Que no son solamente los
desocupados, subocupados o cuentapropistas sino también los trabajadores
estatales, de los cuales más de 300 mil en los municipios de todo el país
percibimos salarios por debajo del Salario Mínimo, Vital y Móvil de $7.600.

Pobreza que el gobierno actual se encarga
de aumentar día a día mientras el gobierno anterior se obstinaba en ocultarla.
El mismo gobierno que nunca se dignó a recibir a ATE durante 8 años de gestión
y que ahora es recibido por la seccional Capital en una especie de homenaje que
da vergüenza ajena e indignación.

Pobreza que demuestra los límites de las
políticas gubernamentales de los 32 años de democracia renga y tuerta, donde
unos pocos se han beneficiado muy mucho y una mayoría sigue sufriendo profundas
desigualdades.

Pero nuestras luchas, desde el 24 de
febrero hasta aquí, no defienden únicamente los derechos existentes de los
trabajadores estatales sino también la necesidad de promover nuevos derechos y
un debate profundo respecto del rol del Estado. Porque discutir el rol del
Estado y las políticas públicas, como lo venimos haciendo en debates constantes
en nuestro Consejo Directivo Nacional y en distintas provincias está
directamente vinculado tanto a la necesidad de discutir a fondo el Presupuesto
2017 como a la decisión de articular nuestras luchas con el conjunto de los
trabajadores y el movimiento popular en Argentina.

El paro y la movilización del 27 fueron el
reflejo de quienes no nos resignamos, de quienes no aceptamos negociar ni
recibir migajas para ayudar a la consolidación de la gobernabilidad del poder.
Fue también nuestra respuesta a las reuniones del ministro de Hacienda Prat Gay
con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jack Lew, que vino a la
Argentina para reiterar el reclamo por la profundización de una reforma
estructural y el ingreso de nuestro país a los Tratados de Libre Comercio para
reducir así nuestro grado de soberanía como pueblo y como Nación para
desarrollarnos con autonomía y libremente.

Por eso es tan importante reafirmarnos en
la convicción de reinventarnos para crecer. Reinventarnos individual y
colectivamente, como trabajadores estatales organizados orgullosamente en
nuestra ATE; y como parte de la clase trabajadora que sigue siendo, desde
nuestra perspectiva, el núcleo fundamental en el que debe basarse la posibilidad
de una sociedad diferente.

Desde esta perspectiva encaramos el
Congreso Confederal que vamos a realizar en el mes de octubre. Un encuentro con
los secretarios generales de las 161 seccionales existentes, en el afán de
seguir avanzando hacia las 300 seccionales y hacia los 400 mil afiliados que
nos comprometimos a materializar como parte del crecimiento de ATE. Crecimiento
cuantitativo que posibilita la incorporación de miles y miles de nuevos
trabajadores y trabajadoras que habrán de sumarse a este cauce de lucha, de
justicia y de soberanía que orgullosamente ostentamos como gremio. Porque en
cada rincón del territorio donde nos organicemos los trabajadores estatales,
donde elijamos delegados, donde construyamos la unidad de la clase trabajadora
podremos construir un nuevo modelo sindical en la Argentina que sea capaz de
modificar las relaciones de fuerza de nuestro país con los poderosos.

Esa es la tarea en el Confederal y en el
día a día de nuestra organización: reinventamos como organización para estar a
la altura de los tiempos que corren, debatir a fondo el Estado que queremos
construir, formarnos para alumbrar una perspectiva de sociedad diferente, ser
capaces de aportar como organización de trabajadores, no resignarnos a la
gobernabilidad del poder, desarrollarnos como pueblo de hombres y mujeres
libres que intentan construir la senda hacia una sociedad donde podamos vivir
plenamente en justicia, libertad y soberanía.