La Asociación Trabajadores del Estado de Formosa exigió una urgente recomposición salarial para las y los trabajadores de la Administración Pública provincial, estimada en un incremento del 70% sobre el salario de enero 2025. El Sindicato demanda que se aplique desde febrero inclusive.
Carlos Villasanti, Secretario General de ATE Formosa, expresó: “Exigimos una recomposición salarial del 70% sobre el total del ingreso tras el análisis de los datos oficiales del Gobierno provincial e incluimos el pedido de una cláusula de revisión para el mes de julio, viendo el comportamiento de la inflación. En Formosa no tenemos Ley de paritaria, por lo tanto, no tenemos la posibilidad de discutir esto con los funcionarios del Gobierno”.
La presentación también exigió la actualización de los montos percibidos en concepto de ayuda escolar y asignaciones familiares. Otro punto importante que plantea el Sindicato tiene que ver con la incorporación de una cláusula de revisión salarial vinculada al índice inflacionario, prevista para mediados de año, que permita realizar una nueva recomposición de los haberes de las y los trabajadores de ser necesario.
Desde el Sindicato advirtieron que actualmente el sueldo mínimo promedio del sector público está por debajo de los 600.000 pesos, lo que implica una importante distancia con lo que una familia necesita para no caer por debajo de la línea de pobreza, según las mediciones de ATE cifra cercana a 1.400.000 pesos en la región. Sin embargo, el Gobierno provincial sigue recibiendo ingresos crecientes por coparticipación. Esta situación que se complejiza en los municipios del interior de la provincia, con salarios que oscilan entre los 100.000 y los 400.000 pesos mensuales.
En este sentido, apeló a que el Gobierno provincial priorice a los empleados estatales, ya que su recuperación salarial tendría un impacto positivo tanto en el bienestar de las familias como en la reactivación de la economía local.
ATE Formosa exigió que los aumentos se otorguen serán aplicados desde febrero inclusive, ya que las y los trabajadores necesitan contar con los recursos que les permita enfrentar el inicio de las clases y los gastos adicionales que conlleva este momento del año.
