Si bien los números oficiales generales del mundo del trabajo arrojan un 42 por ciento de informalidad, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), estos números ascienden entre las juventudes alcanzando niveles alarmantes. Más del 65% de los varones jóvenes y más del 71% de las mujeres jóvenes trabajan en condiciones informales.
En el sector público además, desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunciamos que más del 55% de lxs trabajadorxs del Estado cumplen su función bajo algún nivel de informalidad, mediante contrataciones que encierran el fraude laboral eterno, que significa no ser parte de la planta permanente en el Estado.
La garantía constitucional que establece el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, fue incluida explícitamente por los constituyentes de 1957, en función de no dejar librada la fuente de trabajo de los empleados públicos a la discrecionalidad de los diferentes gobiernos, teniendo como objetivo erradicar las prácticas clientelares en el ámbito de la administración pública, y preservando que los trabajadores no fueran el “botín de guerra” de las fuerzas políticas que resulten victoriosas.
Las personas trabajadoras del sector público, pueden revestir dentro del Estado bajo dos regímenes, a saber: – empleo público (al presente, regulado por la ley 25.164), o por aplicación de la LCT, sin perjuicio de lo cual, fuere la ley de fondo que rige estas relaciones, la estabilidad propia es una garantía para todas ellas.
Uno de los efectos más impactante y despiadados de las relaciones laborales precarias en el Estado, es el que vivimos al inicio de la administración Milei, pero que no es muy diferente a la situación que se repite en cada una de las fuerzas neoliberales que han accedido al gobierno. Históricamente los altos índices de precarización laboral alcanzados en el Estado Nacional posibilitaron cientos de despidos, camuflados bajo rescisiones contractuales que, en diferentes modalidades, escondían una relación de dependencia de larga data, que impregnadas de precariedad en realidad sostenían tareas habituales, normales y regulares, propias de la planta permanente.
Como efectivamente eso no alcanzó, atacaron deliberadamente la estabilidad de la Planta Permanente del Estado, creando el “pase a disponibilidad”, para trabajadores que estaban en esa condición, con el objetivo de eliminar gran parte de la planta estatal.
Merecería un análisis particular, la estabilidad de las estructuras institucionales completas que han desaparecido y por lo tanto, que han llegado a disolver, no solamente el espacio laboral, sino también las relaciones laborales de los trabajadores que eran parte de esas administraciones.
Queda claro, como oportunamente había denunciado nuestra organización, que no alcanzaron los planes de regularización de empleo, sumado a la necesidad incumplida de creación de vacantes para los organismos del Estado Nacional, sino que hace falta empezar a generar recursos de excepción que reconozcan a los miles de trabajadores que hace más de 10 años cumplen tareas en el Estado, como blindaje también para el funcionamiento de las políticas públicas.
La informalidad dentro del Estado también socava la posibilidad de un proyecto nacional con un Estado solidario al servicio del interés general, y con la convicción de convertirse en quien regula la nivelación de la desigualdad estructural del sistema.
En el caso de las administraciones provinciales, se han llevado adelante despidos masivos de trabajadores y trabajadoras bajo diferentes modalidades y en el caso de los municipios, aún siendo trabajadores del sector público, las relaciones laborales son mucho más endebles, llegando en algunos casos a la utilización de planes sociales como sueldo de trabajadores del sector público.
Precarización laboral y privatizaciones encubiertas
La precarización laboral también está emparentada con la injerencia del sector privado en el sector público, con la idea arraigada que nada que sea realizado por el Estado puede ser bueno o eficiente.
La lógica del sector privado responde directamente a la lógica del sistema de producción capitalista, y su objetivo es la maximización de las ganancias. En este sentido, el “precio” (salario) que los detentadores de los medios de producción pagan por la apropiación de la fuerza de trabajo de la persona, es uno de los factores (costo) – a su entender- más importantes en la conformación del precio final del producto o servicio, por lo que las formas precarias de contratación permiten pagar salarios inferiores.
En el Estado, estas relaciones de dependencia encubiertas, con las contrataciones por intermedio de fundaciones, asociaciones civiles y otras figuras jurídicas en las cuales, el Estado acaba delegando funciones que, en la regularidad de los casos, son indelegables.
Estas contrataciones no solamente paralelizan las tareas habituales, normales y regulares de los trabajadores de Planta Permanente, sino que como la dependencia directa de los trabajadores es con una figura externa y la correspondencia de tareas se lleva a cabo en el Estado, revisten de una incertidumbre y estabilidad mucho mayor, sumada a un conflicto de identidad propio de la relación laboral.
Resta decir que en este modelo donde reina la informalidad, también se pone en discusión acerca de qué ponemos en el centro de las preocupaciones de un Estado. Si permitimos que sea la balanza de pagos, el mercado financiero y el déficit fiscal, sean los objetivos a cumplir, o ponemos de relieve y en el centro de las preocupaciones el cuidado de la vida de nuestro pueblo.
La ausencia de aportes jubilatorios, obra social, cobertura de accidentes y riesgos del trabajo, seguro de vida, sueldo anual complementario, horas extraordinarias, vacaciones pagas, carrera administrativa, capacitación ni estabilidad en sus empleos, genera trabajadorxs de primera y segunda categoría.
Existen diferencias concretas y reales que suponen una discriminación arbitraria en perjuicio de estxs últimxs.
Este año, presentes en la 113° Conferencia Anual de la OIT, se cumplen además 10 años de la recomendación 204, sobre la transición de la economía informal a la formal, un instrumento internacional para facilitar la transición, respetando los derechos fundamentales de lxs trabajadorxs, promoviendo el trabajo decente. Se trata de la “creación, preservación y sostenibilidad de empresas y empleos decentes de la economía formal, así como la prevención de la informalización de empleo”.
El “pase a disponibilidad” en el Estado Nacional, que deja en el limbo a miles de trabajadores, encierra un despido arbitrario e injusto que supone una mirada opuesta a la del mundo del trabajo, que sostienen tanto la OIT como así también los Estados Miembro de la conferencia.
Desde ATE estamos convencidos, de que así como tienen que existir mecanismos sancionatorios para las empresas que incumplen con la formalidad del trabajo e incentivos para aquellas que se esfuerzan por generar más y mejores condiciones laborales; en el Estado debieran existir también mecanismos que prevean la sanción de gobiernos que desde su propia condición de empleadores mantienen altos grados de informalidad enquistada en el seno de su estructura.
*Por Mercedes Cabezas, Secretaria General Adjunta de ATE Nacional desde la 113ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo.
