De la idea de la responsabilidad social y colectiva en el desarrollo integral de infancias y adolescencias a la concepción de lxs hijxs como mercancías pasibles de ser vendidas por sus propietarios, hay un abismo en el que el actual gobierno está dispuesto a zambullirse y zambullirnos, en una gradiente descendiente de pérdida de derechos.
En un país con 55,5% de personas por debajo de la línea de pobreza, y donde el 17% vive en la pobreza extrema o indigencia, garantizar la crianza de infancias con acceso a derechos (salud, educación, nutrición adecuada, vivienda) que promuevan su desarrollo integral (desarrollo de sus potencialidades sociales, culturales y afectivas) puede resultar inalcanzable para las familias y para la comunidad en su conjunto, máxime si el Estado se retira de sus funciones y responsabilidades.
Que en Argentina, uno de los principales países productores de alimentos, un millón de niñxs se vaya a dormir sin cenar, como alerta Unicef, es una realidad que duele y debe interpelarnos como sociedad. Que esto ocurra en medio de una batalla en tribunales en la que el gobierno apela la orden judicial de entregar los alimentos almacenados, mientras se vencen en los galpones, delimita grados de responsabilidad y señala los lineamientos ideológicos de un gobierno que no está dispuesto a garantizar el bienestar de las mayorías populares frente a los intereses del mercado.
El Estado tiene responsabilidades indelegables en el cuidado y desarrollo de las infancias, que se cristalizan a través de las políticas que despliega.
En la actualidad, el andamiaje institucional de protección a las infancias está en riesgo. Se desfinancian y desjerarquizan las áreas encargadas de la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y se cuestiona la concepción misma de las niñeces y adolescencias como sujetos de derechos, cuando se llega a plantear (sin ruborizarse) que niños, niñas y adolescentes pueden ser moneda de cambio. Esta impronta se expresa, por ejemplo, en la denominación del ex Ministerio de Desarrollo Social ahora llamado Capital Humano, aludiendo a la idea mercantil de gestión de mercancías humanas.
El gobierno de Javier Milei no sólo no ha mostrado preocupación por el deterioro que su plan de gobierno ha provocado en el tejido social, sino que en relación a las infancias se encuentra llevando a cabo propuestas que se contradicen con la legislación vigente.
El proyecto de modificación del Régimen Penal Juvenil que presentó el oficialismo – entre la docena de propuestas que hay circulando, de los cuales cuatro plantean la baja de la edad de punibilidad – consiste en bajar la edad de punibilidad de 16 a 13 años a quienes participen en delitos graves.
Además, no establece distinciones ni por delito ni por franjas etarias y abre la posibilidad de que niños, niñas y adolescentes sean alojados junto a presos adultos. Esta modificación también elimina la participación central que tienen los organismos de niñez como agentes comunitarios de promoción y protección de los derechos infantiles. Establece la prisión preventiva como regla y no como última medida o de excepción; entre otras.
Esta avanzada sobre los derechos más fundamentales de las infancias, se basa en un posicionamiento ideológico anclado en un paradigma punitivista, que además vendría a responder a una supuesta problemática que no se evidencia en la realidad. No es cierto que haya aumentado la participación de niñxs y adolescentes en delitos graves.
El preocupante crecimiento de redes criminales que reclutan a niños, niñas y adolescentes de poblaciones vulnerables responde a la falta de oportunidades y perspectivas. El Estado es responsable y la respuesta no puede ni debe ser la criminalización de la pobreza ni de las niñeces y adolescencias pobres.
¿Cómo se pretende resolver un problema estructural atravesado por la desigualdad, si no se concibe a las infancias y adolescencias en clave de sujetos de derecho?
Desde ATE exigimos, en primer lugar, que la propuesta no viole lo establecido en la Constitución Nacional; en segundo término, que se adapte a los estándares internacionales a los cuales está suscripta Argentina a través de diversas normativas de protección de derechos infantiles y, la tercera, que se dé un debate profundo del cual participen todas las instituciones y organizaciones de la sociedad civil.
Este tipo de iniciativas no es novedosa, ni legítima, ni efectiva, ni tampoco necesaria. Una vez más se intenta avanzar en la estigmatización de las y los adolescentes, especialmente quienes tienen derechos vulnerados.
La avanzada del Gobierno de Milei sobre las infancias pone en alerta al conjunto de organismos públicos y/o de la sociedad civil que trabajan por los derechos de niñas, niños y adolescentes en el país. Por eso, a pesar de los avances en el reconocimiento jurídico de los derechos de niños, niñas y adolescentes que se logró en el mundo y en nuestro país con los años, hoy su realidad está siendo amenazada por las políticas de ajuste y la desresponsabilización de su rol público como Estado garante de derechos.
Desde ATE repudiamos este hecho político y todo intento de avasallar los derechos adquiridos para cuidar de las generaciones más jóvenes. Las brechas de desigualdad estructural que está acentuando el Gobierno requieren de un Estado fuerte y presente con políticas orientadas especialmente a los grupos más vulnerables y no de jactarse de su vaciamiento.
En definitiva, lo que está en juego no es sólo la niñez y el respeto a sus derechos humanos más elementales, sino el proyecto de una sociedad que aspire a la paz y a la inclusión de todas y todos.
*Valeria Taramasco, Secretaria de Derechos Humanos del Consejo Directivo Nacional de la ATE Nacional
