La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizó una asamblea en la localidad de Vaqueros, ubicada a pocos kilómetros al norte de Salta Capital, y se definió el estado de alerta y movilización por las condiciones de trabajo que enfrentan los municipales.
Ante esta situación, se gestionó audiencia urgente con el intendente, Daniel Moreno Ovalle, para que brinde una rápida respuesta ante las solicitudes del sindicato.
La asamblea contó con la presencia de la conducción provincial de ATE en Salta, encabezada por el Secretario Adjunto, Raúl Rodríguez y la Secretaria de Acción Política, Nelly Rodríguez, junto a los delegados gremiales Sergio Tabarcache, Florencio Viveros y Luis Avalos.
Los agentes locales reclaman la provisión de indumentaria correspondiente al año 2021, especialmente a aquellos que cumplen funciones en obras públicas, incluido el personal administrativo. Por otro lado, exigen el cese de la persecución laboral.
Además, durante la asamblea indicaron el requerimiento de la revisión de liquidación de los haberes correspondiente a los recibos de sueldos, y que el pago del incremento salarial municipal sea igual o mayor al determinado por paritarias de la administración pública provincial.
Otro de los reclamos es el otorgamiento de la licencia anual reglamentaria a cumplirse en días hábiles.
En cuanto a exigencias de situaciones laborales, la asamblea solicitó la recategorización de todo el personal, y para aquellos trabajadores que estén en condiciones, que se efectivice el pase a planta permanente. Finalmente, se insistió en el reclamo histórico por el 82% móvil jubilatorio.
La Asociación Trabajadores del Estado rechazó por insuficiente el ofrecimiento del Gobierno para la Administración Pública Nacional, siendo de 3,5% para julio y 3% para agosto. “Esta propuesta es inaceptable. Un recorte de esta magnitud en los ingresos del sector público no encuentra precedentes en las últimas décadas. Es un ajustazo”, aseguró Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.
“Los ofrecimientos ni siquiera se condicen con los niveles oficiales de inflación. Está claro que enfrentamos un plan deliberado para destruir los salarios y las condiciones de vida de todos los empleados públicos. El Presidente y todo su gabinete desde hace meses están viviendo con la nuestra, con la de los estatales”, indicó el dirigente.
Además, el Gobierno que encabeza el presidente Javier Milei ofreció un bono de $60.000 por única vez correspondiente a junio, mes en el que deliberadamente no se otorgó ningún aumento por parte del Ejecutivo. “Un bono por única vez que ni siquiera alcanza para la factura de luz. Es ridículo”, disparó Aguiar. Según el informe de la Junta Interna de ATE en INDEC, una familia tipo necesita $1.362.029 para no ser pobre, cifra muy superior al ingreso promedio de los estatales.
“No hay dudas acerca de que el Gobierno ha decido usar la paritaria nacional como disciplinamiento para gobernadores e intendentes. Las negociaciones nacionales siempre fueron una guía para las discusiones que se dan luego en las administraciones provinciales y locales”, evaluó el Secretario General de ATE.
Los aumentos, aceptados por el otro gremio signatario del Convenio Colectivo de Trabajo 214/06, forman parte de la discusión salarial 2024-2025 que comenzó en junio de este año. En lo que va de la gestión de Javier Milei, la pérdida del poder adquisitivo en el sector público ya supera el 26%.
“El Gobierno reduce la dotación de personal en el Estado no sólo mediante cesantías ilegales cada tres meses, sino pagando salarios de hambre. En los últimos meses, una gran cantidad de trabajadores profesionales, con experiencia y formados han decidido dejar la administración para prestar servicios en el sector privado e incluso irse del país. Es el empleo público el que más sigue aportando a ese superávit falso que se propagandiza desde el Ejecutivo.”, indicó Rodolfo Aguiar.
En este marco, el dirigente adelantó: “Se equivoca el Gobierno si cree que sembrando terror con los despidos nosotros vamos a resignar la defensa de nuestros salarios. Declaramos el estado de asamblea y tenemos que pensar en llevar adelante medidas de acción directa. Vamos a convocar las instancias orgánicas del sindicato para retomar rápidamente nuestro plan de acción gremial.
“No hay dirigente gremial que pueda haber sido votado para poder avalar con su firma una ofrecimiento de esta naturaleza, porcentajes que ni siquiera son la mitad de la evolución real que tuvieron los precios en el trimestre”, concluyó Rodolfo Aguiar.
La comitiva de ATE que se reunió en la Secretaría de Trabajo, con dirección en Avenida Callao 114, CABA, estuvo encabezada por la Secretaria Adjunta, Mercedes Cabezas, junto a Hugo Bellón y Luciano Fernández.
En este marco, Mercedes Cabezas señaló: «Esta paritaria una vez más demuestra la voluntad del Estado empleador de seguir denigrando a los trabajadores y a las trabajadoras estatales. Hemos rechazado esta oferta por entenderla no solamente insuficiente en términos de bolsillo, sino también como una falta de respeto. Están intentando avanzar con el desguace del Estado Nacional».
El Gobierno Nacional convocó a un nuevo encuentro paritario para la Administración Pública Nacional para este viernes a las 19 de julio a las 15 en la sede de la Secretaría de Trabajo, con dirección en Avenida Callao 114, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y ATE exige que el Ejecutivo se presente con una oferta que se ubique por encima de la inflación.
“Son los propios datos oficiales los que muestran que la presión inflacionaria sobre los salarios continúa. Esperamos que el Gobierno realice un ofrecimiento que se ubique por encima de la evolución que han tenido los precios en los últimos meses”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE.
En este marco, el dirigente indicó: “El congelamiento salarial que decidió aplicar el Gobierno empujó a decenas de miles de estatales bajo la línea de la pobreza sólo en el último trimestre. Y hasta ahora, el superávit fiscal que desde el Gobierno festejan se asienta sobre un deterioro grave en las condiciones de vida de todos los empleados públicos”.
“Tiene que quedar claro que no queremos aumentos en cuotas y necesitamos una rápida inyección de recursos en los bolsillos de todos los trabajadores”, concluyó Rodolfo Aguiar.
Cabe recordar que durante el último encuentro, el Gobierno convocó -en medio de una brutal represión contra trabajadores estatales despedidos el mismo día- sin un ofrecimiento formal, dejando sin aumento al sector público nacional en el mes de junio, mes en el que la inflación fue del 4,6%.
Además, la negociación del convenio 214/06 finalizó su periodo 2022-2023 en mayo con una pérdida del poder adquisitivo del 22,4%.
Luego de que el Gobierno de la provincia de Jujuy cerrara unilateralmente un aumento del 10%, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó esta decisión y declaró el estado de alerta hasta lograr una verdadera recomposición salarial.
La Secretaria Adjunta de la conducción provincial, Patricia Taritolay, expresó su desacuerdo con el ofrecimiento y detalló: “Hay una disconformidad de los compañeros de todos los sectores porque sabemos que tenemos una inflación impresionante. Es un 10% miserable. Sabemos que la plata no alcanza, que muchos trabajadores la están pasando mal, y que obviamente tienen que buscar otras alternativas, otros trabajos para llegar medianamente a la canasta básica total, que hoy está cerca de 900 mil pesos”.
Cabe recordar que por decisión del Gobierno provincial, en junio no hubo ningún aumento para los estatales jujeños.
El sindicato había enviado una nota formal a la gobernación solicitando un aumento no menor al 25% y una suma fija de 150 mil pesos en julio para garantizar una recomposición salarial de los estatales. Sin embargo, la suba finalmente fue de 10% y el bono de 50 mil pesos -liquidado el 13 de julio-.
“Rechazamos la propuesta porque estos son sueldos de pobreza y hasta de indigencia, porque un trabajador estatal no cobra más de 300 mil pesos o menos. El Gobierno no pone los esfuerzos para llegar a un salario justo. Nos mantenemos en estado de alerta”, apuntó la dirigenta.
La conducción provincial también espera por el cumplimiento del pase a planta permanente de trabajadores, compromiso que asumió el Gobierno de Jujuy. Se trata de 4 mil estatales los que se encuentran en condiciones de pasar a estabilidad en el caso provinciales, y 3 mil municipales.
La Secretaria de Género y Diversidad de ATE en Tucumán, Paula Flores, se reunió con el secretario de Estado de Gobierno y Relaciones Institucionales de la provincia, Raúl Albarracín, y el Subsecretario de Deportes de la Provincia, Maximiliano Germán, para discutir iniciativas para promover la igualdad de género y la participación activa en el deporte.
“Creemos que es fundamental que exista un diálogo fluido y constructivo entre ambas partes, es por eso que vamos a realizar un evento solidario a beneficio de una fundación de niños y adolescentes”, señaló Paula Flores tras el encuentro en la Casa de Gobierno provincial.
En este marco, la dirigenta agregó: “Nos comprometimos a trabajar de manera colaborativa en este proyecto solidario para dar soluciones a sectores de la sociedad que hoy necesitan de nuestra ayuda”.
La conducción provincial continuará trabajando para buscar soluciones y mejorar las condiciones de todos los afiliados, haciendo hincapié en que la colaboración y el compromiso son esenciales para lograr estos objetivos.
Ante la ola de despidos y cierre de instituciones ordenadas por el gobierno del presidente Javier Milei, la conducción provincial de ATE en la Rioja rechazó el cierre de la oficina 2 de ANSES en la capital de la provincia con despidos injustificados e ilegales.
En ese sentido, el referente de ATE en el organismo ANSES, Cristian Quiroga, aseguró: “La perversidad del gobierno de Milei no es sólo con los trabajadores estatales, es también con las y los riojanos, dado que quienes más se ven perjudicados son aquellos que necesitan realizar trámites ante los organismos como ANSES, dejando sin instituciones, ni trabajadores idóneos que puedan acompañar las demandas de la comunidad”.
Además, lamentó la falta de acción por parte del gobierno provincial: “Ante las medidas de vaciamiento en ANSES, y el intento de destruir un sistema público y de reparto solidario no se arbitraron las medidas y acciones políticas para la defensa de las instituciones que garantizan derechos de las y los riojanos”.
“El único beneficiario del cierre de las oficinas de ANSES, es el modelo de exclusión y hambre de Javier Milei, quien intenta destruir el Estado, desarmando todas las políticas públicas que benefician y protegen a la población”, agregó.
“Instamos a las autoridades de la ANSES a cumplir con las leyes y respetar a las instituciones de la democracia dando continuidad laboral a los despidos injustos, arbitrarios e ilegales”, finalizó.
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo falló a favor de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) con una medida cautelar por la reincorporación de trabajadores trans, amparados en la Ley de Cupos, que cumplen funciones en la Administración Pública Nacional, indicando sus inmediatas reinstalaciones en los puestos de trabajo. “Estamos frente a un avance significativo de la lucha que los estatales llevamos adelante contra el ajuste que en el sector público impulsa el Gobierno Nacional”, indicó Rodolfo Aguiar, Secretario General del sindicato.
“La Justicia comienza a darnos la razón y demuestra la absoluta ilegalidad que tienen los despidos masivos que el Poder Ejecutivo decidió llevar adelante en toda la administración”, agregó el dirigente, y destacó “la importancia que el Poder Judicial funcione como órgano de contralor de los otros poderes del Estado, sobre todo de aquellas garantías y obligaciones que contrajo el Estado argentino con la firma de muchos tratados internacionales que protegen a estos grupos de personas”.
Se trata de la primera resolución de este estilo durante la gestión de Javier Milei y se espera que en los próximos días puedan firmarse nuevas cautelares a partir de las presentaciones judiciales realizadas por el sindicato, las cuales se suman a las medidas de fuerza dispuestas para afrontar las políticas de ajuste y desguace del Estado.
“Este fallo es muy importante porque además de la estabilidad en el empleo público como un derecho constitucional fundamental cuya violación venimos denunciando en todos estos meses, ahora se especifica con claridad el daño para la salud física y psíquica, y además el daño social que estas cesantías masivas generan en los trabajadores”, apuntó Rodolfo Aguiar.
En esta línea, el dirigente concluyó: “Esta resolución judicial nos genera optimismo a la hora de revertir un escenario de despidos masivos que resienten todos los servicios estatales y se traducen en una enorme pérdida de derechos para la población”.
Por su parte, la Secretaria de Género y Diversidad, Clarisa Gambera, indicó: “Fue compleja la situación porque era necesario ser federales, recibir y acompañar personas de todo el país. Estamos ante una situación de discriminación por parte del Gobierno Nacional. Hay una situación donde ya percibimos que el foco está puesto en las áreas vinculadas a género, diversidad y derechos humanos. Creemos que hay una mirada de ajuste selectivo ideologizado, que lo que expresa es una perspectiva discriminatoria por parte de este Gobierno”.
El primer caso del que tuvo respuesta concreta el sindicato se trata de un trabajador presta servicios en el Estado desde marzo del 2021 y el pasado 21 de marzo 2024 el organismo público adoptó la arbitraria e ilegal determinación de no renovar su contrato, causa denominada Nº19483/2024/CA1 presentada en el Juzgado Nº15.
Ahora, este fallo sienta un precedente importante en la lucha por el respeto al cupo y contra la continuidad de tal statu quo del paradigma de binariedad heteronormativa, factor que amenaza los derechos reconocidos en los artículos 14 bis, 43, 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el Protocolo de San Salvador, en la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, en los Principios de Yogyakarta, en el Código Civil y Comercial de la Nación, en la Ley de Identidad de Género 27.643, en la Ley 27.636 “Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para personas travestis, transexuales y transgénero “Diana Sacayán Lohana Berkins”, en la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 y en el CCT del organismo 305/98 `E´.
También pone de manifiesto el severo perjuicio en la salud física, psíquica o social del ser humano afectado por el despido, y reconoce “la condición integrante de un colectivo desaventajado, históricamente oprimido en referencia a la estratificación social, emplazado en un sitio de lamentable desigualdad estructural”.
Además, distingue que el trabajo es uno de los agentes socializadores esenciales de la persona y que los sesgos culturales obstaculizan su acceso por parte de las diversidades. Esto se puede observar en que 6 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 hombres trans abandonan la educación formal en el nivel secundario como consecuencia de la discriminación o que 7 de cada 10 personas trans sufrieron actitudes segregatorias al acudir al sistema público de salud o que el 50% del colectivo no realizó formación laboral alguna. Sin embargo, el Estado tiene que garantizar la implementación de un cupo mínimo del 1% de la totalidad de su personal, destinado a ser ocupado por “personas travestis, transexuales y transgénero”.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) acordó aumentos salariales en los municipios de Los Altos, Los Varelas e Icaño en la provincia de Catamarca y se encamina a lograr nuevos acuerdos en otras localidades.
En el caso de Icaño, la conducción provincial junto a la seccional lograron concretar una reunión con las autoridades locales a partir de una serie de medidas de fuerza que incluyeron el corte de la Ruta Nacional 157 por falta de respuesta del intendente.
Tras el encuentro, se acordó:
Una recomposición salarial de los haberes de julio $56.000, para percibir en el mes de agosto $300.000.
Una recomposición salarial para el mes de agosto de $40.000, para percibir en el mes de septiembre.
Una recomposición salarial para el mes de septiembre de $40.000, para percibir en el mes de octubre.
Una recomposición salarial para el mes de octubre de $40.000, para percibir en el mes de noviembre.
Una recomposición salarial para el mes de noviembre de $50.000, para percibir en el mes de diciembre.
Retomar el diálogo para la primera quincena de diciembre del 2024.
En el caso del municipio de Los Altos, el acuerdo se compone de:
El incremento del 25% sobre el sueldo de junio, no remunerativo y no bonificable para todo el personal de la municipalidad y del consejo deliberante de Los Altos de cual se aplicará de la siguiente manera: un 15% en julio y un 10% en agosto.
Se garantiza que los trabajadores percibirán desde agosto un haber mensual bruto de base mínima de $405.000, sin considerar los adicionales específicos de actividad y antigüedad.
Por último, en la Municipalidad de Los Varelas los delegados gremiales lograron un incremento salarial llevando el haber mínimo a $540.000
Luego de que se diera a conocer el 4,6% de inflación de junio publicada por el Indec, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) exigió el urgente llamado a paritarias para lograr una recomposición salarial en un sólo pago.
“La presión inflacionaria no cede y continúa deteriorando salarios y jubilaciones. Sin convocar a paritarias, el Gobierno está destruyendo todos los ingresos en el sector público. Aumentó de manera drástica la cantidad de estatales que cayeron bajo la línea de la pobreza durante los últimos 7 meses y también el nivel de endeudamiento de sus familias”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE.
Durante la misma jornada, se dieron a conocer los nuevos valores de la canasta básica familiar, indicando que se necesitan $873.169 para no ser pobre y $393.319 para no caer bajo la indigencia. A partir de estos montos, desde el sindicato informaron que más del 75% de los estatales (nacionales, provinciales y municipales) perciben salarios por debajo de la línea de la pobreza.
En este marco, el dirigente continuó: “Se observa un llamativo incremento de renuncias de distintos agentes a la administración pública. Se trata de un recurso humano muy valioso, con experiencia y altamente formado que decide pasarse al sector privado o hasta irse del país. Si no existe un llamado urgente para negociar salarios, se reafirma una política de vaciamiento del Estado. Desmantelamiento y desguace de su patrimonio, prestaciones y hasta de empleados”.
“Luego de conocido este nuevo índice de evolución de los precios, desde ATE demandamos una suma fija de carácter permanente que tenga un rápido impacto en los sueldos más bajos de la escala y un 80% de aumento en una sola cuota. Esta es la única posibilidad de compensar la caída real que han experimentado nuestros salarios”, agregó.
Durante el último encuentro, realizado el 1 de julio en medio de una fuerte represión contra los trabajadores reclamaban contra los despidos, el Gobierno se presentó sin ninguna oferta salarial.
“Los sueldos quedan cada vez más lejos del costo que tiene la canasta básica. Tenemos que prepararnos para incrementar las protestas. Los afiliados esperan que sus sindicatos los defiendan. No hacer nada frente a esto, es ser cómplices de nuestro propio empobrecimiento”, concluyó Rodolfo Aguiar.
Además, el Convenio Colectivo de Trabajo 214/06 que rige para la Administración Pública Nacional se negocia de junio a mayo del siguiente año. Durante el acuerdo 2023-2024, la pérdida del poder adquisitivo fue del 22,4%.
Contra los miles de despidos que el sector público, la Asociación Trabajadores del Estado lanzó un acampe en Plaza de Mayo en el marco de una nueva Jornada Nacional de Lucha lanzada por el Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas que ATE impulsa.
“Son tiempos en los que tenemos que ser capaces de construir, de disputar sentido, de poder explicar con claridad que cuando despiden de manera masiva en el Estado y cierran organismos públicos, eso se traduce en una fenomenal pérdida de derechos para el pueblo. Cada vez que se destruye un puesto de empleo en el Estado, una política se desmantela y un derecho se pierde”, señaló el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.
En este marco, el dirigente continuó: “Asistimos a una vergüenza histórica como fue la firma del Pacto de Mayo en la Casa de Tucumán. Hirieron de muerte al federalismo. Ese acuerdo es la antesala, el preámbulo de una masacre social en la Argentina. Con un Gobierno que genera una recesión económica que destroza la vida de la gente, que destruye cientos de miles de puestos de trabajo, que destruye nuestros salarios, que aumenta drásticamente la pobreza y además que duplica la indigencia, con este Gobierno que encabeza el presidente Milei, los estatales no pactamos, lo confrontamos”.
La actividad comenzó con una conferencia de prensa y continuó con una serie de paneles temáticos para informar sobre el rol del Estado y la importancia de las políticas públicas en salud, educación, justicia, previsión social, producción, energía, transporte, obra pública, género, cultura, derechos humanos, trabajo, ciencia y tecnología, entre otros puntos.
El monitor de despidos creado por ATE ya contabiliza casi 4 mil despidos en la administración pública durante el mes de julio, dejando en peligro de cierre a distintos organismos del Estado, lo que representa una reducción notable de las políticas públicas para el común de la ciudadanía.
El sindicato volverá a convocar en los próximos días a sus instancias orgánicas para definir la continuidad del plan de acción.
