Autor: Emanuel Zamaro

El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, recibió en la sede nacional del sindicato a las máximas autoridades de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y aseguró que el sindicato estatal evalúa una nueva Jornada Nacional de Lucha con movilización para el 7 de agosto, día en el que se realizará la Marcha del Día de San Cayetano bajo la histórica consigna de “Pan, Paz, Tierra, Techo y Trabajo”.

“Los ataques del Gobierno no cesan. Siguen vulnerando nuestros derechos y para defenderlos los estatales debemos darle continuidad a nuestro plan de lucha”, señaló el dirigente nacional luego de reunirse con referentes de la UTEP.

El referente estatal aseguró que “crece el consenso para realizar una medida de fuerza y movilizarnos el próximo 7 de agosto” y detalló: “Se trata de una fecha muy importante. En una Argentina en la que se destruyen todos los puestos de empleo, crece drásticamente la pobreza y se duplicó la indigencia, adquiere una fuerte impronta movilizarnos en el Día de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo”. 

“Debemos seguir intentando alcanzar los mayores niveles de unidad. Tiene que ser una jornada protagonizada en conjunto por todos los sindicatos y los movimientos sociales. Para ATE tiene que ser una protesta de alcance nacional cuya modalidad se irá definiendo en los próximos días”, concluyó Rodolfo Aguiar.

En la sede nacional de ATE, se recibió a una comitiva de la conducción nacional de la UTEP encabezada por el Secretario General, Alejandro Gramajo, la Secretaria Adjunta, Norma Morales, la Secretaria Gremial, Johanna Duarte, del Frente de Jubilados, Ricardo Godoy, y el dirigente Luciano Álvarez.

Tras el encuentro, Alejandro Gramajo señaló: «Estamos viviendo en una Argentina con el 55% de pobreza, casi el 20% de indigencia, un desempleo creciente que roza el 10% , jubilados que no pueden comprar medicamentos, argentinos y argentinas que no pueden comer una vez al día, Pymes y pequeños comercios que cierran sus persianas. Estamos atravesando una crítica situación económica y social que requiere que todos los sectores sociales y sindicales construyamos la más amplia unidad para impedir que a nuestro pueblo le falte el pan, le falte el trabajo».

«Por eso junto a diferentes sectores sociales, sindicales, culturales, de derechos humanos, religiosos y más, estamos construyendo una gran jornada masiva y en unidad con todos los sectores, para el próximo 7 de agosto, día de San Cayetano, patrono del trabajo, fecha tan sentida en lo más profundo de nuestro pueblo», apuntó el Secretario General de la UTEP.

En esta ocasión, se prevé que los sindicatos y movimientos sociales converjan en Plaza de Mayo para poder exponer frente a la Casa de Gobierno los principales reclamos del movimiento obrero y los sectores populares. Además, buscarán replicar la contundencia de la histórica marcha realizada en 2016, en medio de una grave situación económica durante la gestión de Mauricio Macri. 

El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, recibió en la sede nacional del sindicato a la Junta Interna de la Fábrica Militar de Villa María en representación de la recientemente creada Mesa de Sectores Productivos del Estado Nacional de Córdoba, integrada por referentes y delegados de las principales empresas con participación estatal en la provincia.

“Tenemos que destacar la conformación de esta mesa en la provincia. Consolida el proceso de lucha de nuestra ATE cordobesa. Confirma que la defensa de los puestos de trabajo y del Estado la hacemos en la calle y también con iniciativas políticas concretas”, destacó el dirigente nacional.

Aguiar también destacó que “es muy importante que la juventud se involucre en la vida de nuestro sindicato y que esté decidida a dar pelea para terminar con todas las injusticias que padecen los estatales”.

La mesa nacional se conforma por trabajadores de la Fábrica Militar de Villa María, Fábrica Militar Río Tercero, Termoeléctrica de Embalse, Vehículo Espacial Nueva Generación (VENG), Dioxitek, Nucleoeléctrica Argentina SA (NASA), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), entre otros.

Por su parte, el Secretario General de la Junta Interna de la Fábrica Militar Villa María, Jonathan Cruzeño, apuntó: “Para nosotros fue una reunión muy positiva. Siempre nos vimos muy agradecidos por el apoyo que nos brindaron desde el inicio y obviamente eso se está viendo en las acciones que llevamos a cabo. Demostramos organización a la hora de ir por un objetivo, y esperemos que esta iniciativa pueda lograr a fuerza de trabajo y a fuerza de iniciativa de impulso de los trabajadores, llegar a un acuerdo con respecto a todo esto que venimos laburando”.

En esta línea, el dirigente indicó que mantuvieron reuniones con legisladores provinciales para coordinar y constituir una mesa general de trabajo junto con la Cámara de Comercio de Córdoba y los proveedores de insumos necesarios.

Además, durante la reunión también se analizó la situación productiva y política gremial que atraviesa la Fábrica Militar de Villa María, abordando en profundidad la actualidad de la empresa.

Luego de que trascendiera que el Gobierno planea el cierre de más de 60 organismos públicos en los próximos días, el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, evaluó que «este no es solo un ataque a los trabajadores estatales” y detalló: “La pérdida de fuentes de empleo es una preocupación central para nuestro sindicato, pero el verdadero perjudicado con estas medidas es todo el pueblo argentino”.

“Cada organismo que se cierra se traduce en un servicio público que desaparece”, indicó el referente estatal. Según pudo averiguar el sindicato, el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, intentará eliminar organismos como el INADI, el Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE) y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), entre otros.

Aguiar aseguró que «detrás del argumento fiscalista para justificar los despidos, en realidad se oculta el verdadero problema” y agregó: “Quieren que el Estado renuncie a su obligación de garantizar los derechos fundamentales a los sectores más vulnerables, como las disidencias con el INADI, las comunidades originarias con el INAI o la eliminación del rol de contralor y fiscalización de la economía con el INAES a la hora de combatir la alta concentración de la riqueza».

“La sociedad comienza a tomar conciencia que la destrucción del Estado es la destrucción de ella misma, y no de la casta. La casta está feliz y sigue acumulando cargos nuevos en la administración con sueldos millonarios. Los que nos perjudicamos con el cierre de áreas estatales somos todos los ciudadanos», apuntó el dirigente de ATE.

En esta línea, el Secretario General del sindicato concluyó: «No están recreando el Estado nacional que imaginó Alberdi. Nos están arrojando a un estadio pre constitucional, donde cada provincia hará lo que sea para lograr el bienestar de su población. Intentan la disolución nacional».

Luego de la restitución de la categoría más baja del Impuesto a las Ganancias a través del decreto 652/24, el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, cargó contra el Gobierno de Javier Milei: “Restablecieron Ganancias y el Presidente que se iba a cortar el brazo no se cortó ni una uña. Además, volvió como un impuesto a los pobres. A diferencia del régimen anterior, la brecha entre el costo de la Canasta Básica y el mínimo no imponible es ínfima”.

“El régimen de recaudación impositiva experimenta un verdadero retroceso y además va a contramano de lo que pasa en el resto del mundo. Mientras a nivel global se discute un impuesto a los grandes patrimonios, en la Argentina el paquete fiscal que se aprueba le quita peso tributario a los grandes patrimonios y le suma carga de impuestos a los trabajadores y jubilados”, apuntó. 

Según el último informe de la Junta Interna de ATE en INDEC, una familia necesita $1.362.029 para no ser pobre, mientras que con el nuevo régimen el mínimo no imponible pasó a ser de $1.494.000 de bolsillo. Es decir que apenas $131.971 separan la línea de la pobreza con el pago de Ganancias. 

“Este es un tributo inconstitucional. Además, en esta nueva fase el número de estatales alcanzados es mayor. No sólo porque disminuye el mínimo no imponible, sino porque han quitado regímenes especiales como el diferencial de Zona Patagónica, que elevaba un 22% el piso imponible, y también porque se han eliminado deducciones. Por otro lado, luego de la reglamentación, en esta nueva versión claramente se afectan autonomías provinciales y municipales. La vigencia de normas locales que eximían parte del salario de los trabajadores han sido eliminadas”, detalló el dirigente estatal. 

El sindicato informó que más de 20 mil trabajadores de la Administración Pública Nacional pasarán a ser alcanzados por el gravamen, lo que representa casi el 16% de la planta, a lo que se les suman los empleados de organismos descentralizados como PAMI (12.600), ANSES (12.600), AFIP (21.600), Yacimientos Carboníferos Río Turbio -YCRT, el cuál se ve notablemente afectado por la eliminación del diferencial de Zona Patagónica- (2.000), entre otros. Además, se suman casi 30 mil trabajadores de las administraciones provinciales patagónicas que en su mayoría prestan servicios en el sector salud.

Ante esta situación, Rodolfo Aguiar evaluó que “sin la complicidad de las fuerzas políticas que levantaron la mano en el Congreso, y algunos sectores sindicales que miran para otro lado, se podría haber evitado el aumento de la regresividad del sistema tributario”. “Estamos cada vez más lejos de que en la Argentina paguen más impuestos los que más tienen. Deberían pagar más impuestos quienes mayor capacidad contributiva tengan”, agregó. 

“Vamos a convocar a nuestras instancias orgánicas no sólo para explorar la vía judicial, sino también para definir medidas de acción directa que nos permitan rechazar la imposición de este tributo absolutamente ilegal”, concluyó el referente nacional.