Autor: Emanuel Zamaro

Previo al paro nacional de ATE en el que se movilizará en todo el país para rechazar el veto presidencial al aumento a las jubilaciones, el Consejo Directivo Nacional del sindicato ratificó la jornada de lucha y llamó a exponer a los diputados que voten en contra de la movilidad jubilatoria.

“Mañana nos vamos a movilizar de manera masiva y pacífica al Congreso de la Nación. No se van a salvar aquellos diputados que voten en contra de los jubilados ni los gobernadores que, por estas horas, se entregan a cambio de casi nada. Es estando en la calle la única manera que tenemos de evitar que se consolide en la Argentina un régimen absolutamente autoritario”, aseguró Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE.

En referencia a las declaraciones del vocero Manuel Adorni, en las que aseguró que habrá un operativo de seguridad especial para la jornada de este miércoles, el dirigente respondió: “Acá es el presidente Milei el único que sistemáticamente ha atacado al Congreso y su funcionamiento, y por ende también ha atacado a la democracia, pretendiendo gobernar por decreto. Adorni debiera aceptar que la única violencia planificada en el país hasta ahora es la que despliega Patricia Bullrich desde el Ministerio de Seguridad a través de un protocolo absolutamente inconstitucional”. 

Durante la reunión de la Conducción Nacional de ATE junto a las representaciones de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también se ratificó el paro nacional de 24 horas para este miércoles en protesta contra los más de 65 mil despidos que planea el Gobierno a fin de mes y el intento de congelar los salarios en la administración pública, recordando que en lo que va de la gestión de Javier Milei el sector público ya perdió más de un 30% de su poder adquisitivo.

Entre los principales temas que abordaron durante la extensa reunión, señalaron la preocupación por los salarios de pobreza e incluso de indigencia en distintas provincias y localidades. Por eso se hizo hincapié en la necesidad de avanzar en la municipalización del sindicato.

También se alertó sobre la situación de los organismos nacionales que atraviesan un vaciamiento extremo y que repercute en una notable pérdida de servicios de calidad para el común de la ciudadanía.

Finalmente, se votó de forma unánime profundizar el plan de lucha y facultar al secretariado del Consejo Directivo Nacional para llevar adelante una nueva medida de fuerza a fin de mes para ponerle freno al intento del Gobierno nacional de efectuar una tercera ola de cesantías masivas e ilegales. 

En este marco, este 11 de septiembre ATE también reclamará por:

* Anulación del DNU 70/23.

* Urgente reincorporación de todos los cesanteados.

* Cese inmediato de los despidos, del cierre de organismos y de la eliminación de las

políticas públicas.

* Aumento de salarios y jubilaciones que superen la inflación.

* Regularización de todos los vínculos contractuales y pase a Planta Permanente de

todas las y los trabajadores.

* Cese de las políticas de ajuste, miseria y hambre.

* Rechazo a cualquier privatización de empresas públicas.

* Defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y de todas las y los

trabajadores jubilados.

* Anulación del Protocolo Anti-Movilizaciones.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un paro de 24 horas con movilización al Congreso para el miércoles 11 de septiembre para exigir a los diputados que rechacen el veto presidencial al aumento de las jubilaciones, y en protesta contra el intento de congelar los salarios en la administración pública y los más de 65 mil despidos que planea el Gobierno a fin de mes.

“Los diputados que voten en favor del veto estarán condenando a los jubilados a pasar hambre, enfermarse y morir. Los estatales nos vamos a movilizar de manera masiva y rechazamos cualquier posibilidad de que se aplique el protocolo anticonstitucional de Bullrich”, aseveró Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, en referencia al protocolo antipiquetes.

“Debemos estar en la calle para evitar que se siga consolidando el régimen autoritario del Gobierno. No vamos a aceptar que se congelen los salarios en el sector público y rechazamos cualquier posibilidad de que a fin de mes vuelvan a existir cesantías masivas. Seguramente esta será la primera protesta de varias que llevaremos adelante este mes”, agregó el dirigente.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el sindicato se manifestará a partir de las 11 frente al Congreso Nacional mientras que en el resto de las provincias las modalidades de protesta serán definidas por las conducciones locales.

Cabe recordar que durante la última paritaria, ATE rechazó el 2% de septiembre y 1% de octubre ofertado por el Gobierno, y repudió cualquier posibilidad de que los salarios se mantengan congelados hasta fin de año.

Esta medida se realizará en conjunto con las dos CTA, la Corriente Federal de Trabajadores y el Frente Sindical para el Modelo Nacional con el objetivo de que los diputados ratifiquen su voto en favor de la movilidad jubilatoria.

En este marco, ATE también reclamará:

• Anulación del DNU 70/23.
• Urgente reincorporación de todos los cesanteados.
• Cese inmediato de los despidos, del cierre de organismos y de la eliminación de las
  políticas públicas.
• Aumento de salarios y jubilaciones que superen la inflación.
• Regularización de todos los vínculos contractuales y pase a Planta Permanente de
  todas las y los trabajadores.
• Cese de las políticas de ajuste, miseria y hambre.
• Rechazo a cualquier privatización de empresas públicas.
• Defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y de todas las y los
  trabajadores jubilados.
• Anulación del Protocolo Anti-Movilizaciones.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó ante la Justicia Nacional del Trabajo una demanda contra el Poder Ejecutivo Nacional. Se trata de una acción declarativa de inconstitucionalidad de los artículos de la Ley Bases que modifican el régimen de disponibilidad de los trabajadores de la planta permanente en la Ley de Empleo Público y solicitó una medida cautelar para que se suspenda inmediatamente la aplicación de la norma. 

“La Ley Bases aniquila el derecho a la estabilidad en el empleo público. La inconstitucionalidad de esta norma es manifiesta, es contraria al artículo 14 bis de la ley fundamental de nuestra nación”, apuntó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE.

El documento señala la ilegalidad de los artículos 11 de la ley 25.164 (sustituido por el art. 52 de la ley 27.742) y 14 de la misma norma, como así también y sus reglamentaciones (art. 51 del Decreto 695/2024, que sustituye el art. 11 del Anexo I del Decreto 1421/2002), que afectan al derecho de estabilidad en el empleo público permitiendo los despidos arbitrarios por parte del Gobierno nacional.

“La convención que en 1957 reforma la Constitución, incorpora el artículo 14 bis estableciendo la garantía de estabilidad en el empleo público. Es decir, se estableció la protección contra el despido arbitrario en el ámbito privado mientras que en el sector público fue más allá y además de esa protección estableció una garantía propia. Le dio a los empleados públicos una mayor protección para evitar que sean tomados como botines de guerra por cada una de las gestiones políticas que se iban sucediendo en el poder. Estamos cansados de ser testigos de las cesantías en masa que se producen en la administración pública casi siempre que llega un nuevo intendente, gobernador, o presidente”, detalló el dirigente. 

En este marco, Aguiar cargó contra la subjetividad de la nueva norma, en la cual se detalla que la declaración de disponibilidad puede darse con el objetivo de alcanzar la ‘dotación óptima necesaria’ en un determinado organismo: “De ninguna manera podemos aceptar la discrecionalidad que supone que sea el propio empleador quien defina cuál es la dotación óptima de personal en un organismo. Evidentemente esta definición subjetiva es la que no se corresponde con el espíritu que tuvieron los constituyentes al declarar la garantía de estabilidad en el empleo público. Alguien como Milei que nos dijo que ama destruir el Estado va a considerar que se excede la dotación óptima hasta en la casilla de seguridad de la Casa Rosada que tiene dos empleados”. 

El Secretario General de ATE aseguró que “se tiene que suspender el cumplimiento de la Ley Bases en esta parte” y concluyó: “Por eso también hemos solicitado una medida cautelar, porque esta norma ya con su sola aplicación y sin ser revisada comienza a afectar de manera grave a los trabajadores. Quienes fueron declarados en disponibilidad sufren una drástica baja de salarios, se les recortan derechos y hasta pierden sus empleos”.

¿Qué dice la presentación judicial de ATE?

El documento, que lleva la firma de Rodolfo Aguiar y de parte del equipo jurídico de ATE integrado por los abogados Matías Cremonte y Mariana Amartino, detalla que “el Gobierno está sentando las bases para la pulverización del empleo público y la destrucción del Estado, único órgano capaz de dar respuestas efectivas a las contingencias sociales y económicas de una crisis como la actual, y garante primigenio de los derechos fundamentales de quienes habitamos en el suelo de la Nación”. 

El sindicato también acusa al Gobierno de violar la Constitución Nacional en sus artículos 1, 14 bis, 16, 17, 19, 28 y 75 inciso 22, destruyendo el derecho a la estabilidad en el empleo público mediante despidos arbitrarios. 

Además, ATE alega que se encuentra “legitimado para accionar en función de lo previsto por el art. 43 de la Constitución Nacional, que otorga legitimidad activa para accionar judicialmente a las personas y a las asociaciones en tutela de derechos subjetivos y, también, de derechos de incidencia colectiva en general”. 

Finalmente, el sindicato solicitó a la Secretaría de Transformación del Estado, dependiente del ministerio que maneja Federico Sturzenegger, que informe: a) La cantidad de trabajadores que se encuentran en planta permanente en la Administración Pública Nacional, desagregado por organismo con indicación de la antigüedad, cargo, función y nivel escalafonario; b) La desvinculación de trabajadores de la planta permanente de toda la administración pública nacional y sus organismos descentralizados desde el 26/12/2023 a la fecha; c) Si existe informe sobre la “dotación óptima” de empleados públicos en cada organismo.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) declaró el estado de asamblea permanente y movilización en la administración pública, afectando a los organismos nacionales de todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y convocó a los secretariados provinciales para definir la profundización de las medidas de fuerza en todo el país contra el recorte salarial y la tercera ola de despidos que intentará el Gobierno a fin de mes. 

“Tenemos que multiplicar las protestas en todos los organismos. Hay que llevar adelante acciones que rápidamente permitan aumentar la conflictividad. Debemos poner en evidencia no sólo al Gobierno con su plan de destrucción de salarios y puestos de empleo, sino también a aquellos gremialistas que decidan ser sus cómplices”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE.

Esta resolución fue resultado de la reunión del secretariado nacional del sindicato mantenida en el Hotel Quagliaro, en donde se rechazó el aumento otorgado en la última paritaria (2% para septiembre y 1% en octubre) que llevó la pérdida del poder adquisitivo de los estatales a más del 30% en lo que va del año. La definición permitirá la realización de numerosas medidas en los distintos ministerios y organismos como asambleas, radios abiertas, permanencias pacíficas en lugares de trabajo, retención de servicios, entre otras. 

“Hemos decidido convocar a todos los secretarios generales del país para avanzar en un nuevo paro general. Tenemos que seguir dialogando, articulando y construyendo acciones con todos aquellos sindicatos que estén dispuestos a luchar, y continuar trabajando hacia adentro de nuestras centrales obreras porque existen condiciones y sobran motivos para una nueva huelga que comprenda a todos los sectores y actividades”, agregó Rodolfo Aguiar.

Además, ATE mantiene el alerta por las cesantías ilegales que podría disponer el Gobierno nacional el 30 de septiembre, cuando vence el plazo de los más de 65 mil contratos renovados tan solo por tres meses. 

Ante esta situación, el sindicato convocó a las representaciones de todas las provincias a una reunión el 10 de septiembre en el Hotel 27 de Junio de ATE (Defensa 1469, CABA) para definir la profundización de todas las medidas de fuerza. 

En este marco, el sindicato reclamará por:

* Anulación del DNU 70/23.

* Urgente reincorporación de todos los cesanteados.

* Cese inmediato de los despidos, del cierre de organismos y de la eliminación de las

políticas públicas.

* Aumento de salarios y jubilaciones que superen la inflación.

* Regularización de todos los vínculos contractuales y pase a Planta Permanente de

todas las y los trabajadores.

* Cese de las políticas de ajuste, miseria y hambre.

* Rechazo a cualquier privatización de empresas públicas.

* Defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y de todas las y los

trabajadores jubilados.

* Anulación del Protocolo Anti-Movilizaciones.

Tras haber rechazado el ofrecimiento del Gobierno de 2% para septiembre y 1% para octubre en las últimas paritarias, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) reunirá a su secretariado nacional este lunes 2 de septiembre a las 13 en el Hotel Quagliaro del sindicato, ubicado en Moreno 2654 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

“El Gobierno ha decretado el fin de las paritarias en el sector público. A esta altura la lucha ya no es sólo contra el Presidente, sino también contra algunos gremialistas que son cómplices del empobrecimiento de todos los trabajadores” cargó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, y agregó: “La mayoría de los estatales que había votado a Milei ya se arrepintieron. La conflictividad irá en aumento”.

En este marco, el dirigente indicó: “Al bochornoso incremento que impuso el Ejecutivo hay que sumar la intención de desatar una nueva ola de despidos a fines de septiembre. Tenemos que definir medidas de fuerza para seguir desgastando a este Gobierno”.

El sector público ya acumula una pérdida del poder adquisitivo superior al 30% en lo que va de la gestión de Javier Milei y la misma se encamina a profundizar a partir de la última paritaria que estaría -nuevamente- muy por debajo de la inflación.

Además, ATE alertó sobre la situación de más de 65 mil trabajadores que podrían ser despedidos a fin de mes provocando una nueva ola de cesantías en la administración pública.

El histórico dirigente de ATE, ex diputado nacional y actual funcionario de la provincia de Buenos Aires, Edgardo Depetri, visitó la sede nacional del sindicato y mantuvo una extensa reunión con el Secretario General, Rodolfo Aguiar, para debatir sobre los principales desafíos que afrontan los estatales, los jubilados y los distintos sectores sociales. 

“Evaluamos el escenario complejo y coincidimos en que la unidad en este momento debe estar por encima de cualquier interés sectorial como única posibilidad de frenar el ajuste brutal desatado por el Gobierno del presidente Milei”, indicó Rodolfo Aguiar tras el encuentro. 

“También coincidimos en la necesidad de convocar a los trabajadores para resistir con el horizonte no sólo de recuperar el Estado, sino de pensar en la construcción de un nuevo Estado que sea garante de salarios dignos y que defienda el trabajo, la producción, la industria, la ciencia y la tecnología, y sobre todo la soberanía nacional”, agregó el Secretario General de ATE. 

Ambos dirigentes vienen de participar juntos en el Primer Congreso sobre Derecho Laboral y Sindical realizado días atrás en la localidad de Río Turbio, Santa Cruz. Depetri fue un reconocido trabajador de la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), llegando a ser secretario general de la seccional.

En este marco, recalcaron la necesidad de profundizar distintas acciones que permitan garantizar que se siga produciendo energía en Río Turbio y proteger los puestos de trabajo, como así también una empresa clave y estratégica en materia de soberanía nacional.

Los dirigentes acordaron concretar nuevos encuentros para seguir abordando distintas problemáticas que afectan a las necesidades de los estatales de todo el país.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó el ofrecimiento del Gobierno del 2% para septiembre y 1% para octubre en la negociación salarial de la administración pública nacional. “Esta es la peor paritaria de la historia”, sentenció Rodolfo Aguiar, Secretario General del sindicato.

“El Gobierno decidió aniquilar la negociación colectiva. Con este ofrecimiento que es un insulto, se materializa el congelamiento de salarios en toda la administración pública. Esto es inaceptable para cualquier dirigente sindical. ¿Quién puede tener mandato para firmar semejante rebaja salarial?”, cuestionó el dirigente.

Con estos porcentajes, los trabajadores del sector público alcanzados por el convenio colectivo de trabajo 214/06 sufrieron una pérdida del 30% de su poder adquisitivo en lo que va del año. 

Ante esta situación, el sindicato convocó a una reunión de emergencia de su secretariado nacional para el lunes 2 de septiembre a las 13 en el Hotel Quagliaro de ATE, con dirección en Moreno 2654 (CABA).

“Este aumento mensual se traduce en un caramelo masticable por día. Para el salario promedio de la administración, el aumento significa 5 mil pesos”, indicó el Secretario General de ATE.

“Nos provocan y nos ofenden a los estatales, y se van a arrepentir. La van a pagar. Hablando en la lengua presidencial, estamos frente a un Gobierno de psicópatas y basuras que no sienten culpa ni remordimiento al destruirle la vida a los demás. El empobrecimiento de los trabajadores y los jubilados es planificado”, aseguró Rodolfo Aguiar.

En este contexto, el dirigente concluyó: “El Estado y la política debieran tener por finalidad alcanzar el bienestar general, pero en la Argentina de Milei los felices son sólo cuatro o cinco tipos”.

La comitiva de ATE en la reunión paritaria estuvo conformada por Flavio Vergara, Secretario de Convenios Colectivos de Trabajo, Luciano Fernández, Hugo Bellón, Julia Scarensi y Nicolas Rial Ubago, paritarios nacionales, y Mariana Amartino, asesora jurídica nacional.