Autor: Emanuel Zamaro

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) relevó un nivel de adhesión superior al 90% en las primeras horas del paro nacional contra la amenaza del Gobierno de miles de despidos a fin de mes. “En este momento el Gobierno se debilita. Por primera vez le empiezan a entrar las balas y tenemos que acelerar”, aseguró Rodolfo Aguiar, Secretario General del sindicato.

“Por estas horas existe una coincidencia general y es que el Gobierno comenzó a perder apoyo popular. Tenemos que ser capaces de multiplicar las protestas en toda la Argentina y generar un rápido crecimiento de la conflictividad”, ahondó el dirigente estatal. 

En referencia a los niveles de adhesión al paro, señaló: “El alto nivel de acatamiento muestra que los estatales le pierden miedo a las presiones, violencia y amenazas de los funcionarios y están decididos a pelear en defensa de sus salarios y puestos de trabajo”.

De cara a lo que pueda pasar con los intentos de represión policial, Aguiar apuntó: “El protocolo de Bullrich es inconstitucional pero también pierde legitimidad. Lo tenemos que enfrentar para no naturalizar la represión de los jubilados y los trabajadores que deciden reclamar”.

“La democracia en este momento se encuentra gravemente restringida en el país. Luego de finalizar el paro, inmediatamente vamos a convocar a una nueva reunión de Conducción Nacional para evaluar la continuidad de este plan de acción. Tenemos que aprovechar este momento de confusión gubernamental”, concluyó el Secretario General de ATE Nacional.

La Administración Pública Nacional, las provinciales y municipales se ven afectadas por la medida de fuerza; los hospitales funcionan sólo con guardias mínimas y los organismos esenciales atienden únicamente emergencias. En tanto, otros servicios como la recolección de residuos, el barrido de las calles, los porteros de escuelas, auxiliares de educación y el mantenimiento de espacios verdes también se ven alcanzados por la medida de fuerza. 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la mayoría de los ministerios habrá cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo a partir de las 11 de la mañana. La Conducción Nacional del sindicato se movilizará a partir del mediodía hacia la Plaza de Mayo y realizará una olla popular frente a la Casa Rosada. En tanto, la medida se replica en todo el país con cortes de rutas y movilizaciones a las casas de gobierno en la mayoría de las provincias. 

En la previa de la movilización ya hay trabajadores del Ministerio de Justicia y de otros organismos públicos que comenzaron a recibir telegramas de despidos, como así también comunicaciones informales de cesantías.

Son casi 65.000 los contratos del Estado que fueron renovados tan solo por tres meses, miles de los cuales el Gobierno planea concluir este 30 de septiembre. Además, ATE también reclama por la pérdida del poder adquisitivo de los estatales que ya supera el 30% en lo que va del año y podría empeorar a partir de la amenaza de congelamiento salarial.

En este marco, el sindicato hizo hincapié en la situación que atraviesan los trabajadores provinciales y municipales, quienes perciben haberes muy por debajo del promedio y que podrían verse considerablemente afectados a partir de la presentación del Presupuesto 2025, donde el presidente Javier Milei exigió a los gobernadores que realicen un ajuste de 60 mil millones de dólares en sus distritos. 

Cabe recordar que en la semana previa al paro, el Gobierno decidió denunciar penalmente al Secretario General de ATE por infundir el temor público en el marco de la protesta realizada en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), accionar que el gremio denunció como un intento de acallar y criminalizar las protestas.

En tanto, el sindicato se muestra optimista ante la presentación de una acción judicial para que se declaren inconstitucionales los artículos de la Ley Bases que modifican el régimen de disponibilidad en el sector público, permitiendo que se pueda despedir incluso a los trabajadores de la planta permanente. Al respecto, el Juzgado Nacional de 1era Instancia del Trabajo N°37 ya declaró su competencia para tratar el caso.

El Secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar, recibió a la comisión ejecutiva de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), quienes confirmaron que se sumarán al paro organizado por el sindicato estatal para este jueves 26 de septiembre.

“Es muy importante para los estatales saber que no estamos solos en esta lucha tan difícil contra un Gobierno que quiere exterminarnos. Por estas horas crece la conflictividad y también los niveles de unidad de los trabajadores en todo el país. Mañana vamos a frenar la intención del Gobierno de seguir despidiendo a miles de trabajadores”, señaló Aguiar tras el tendido encuentro.

La comitiva de la UTEP estuvo encabezada por Mirta Morales, Secretaria Adjunta, Ramiro “Vasco” Berdesegar, Secretario de Organización, y Nahuel Casademunt, Secretario de Educación. Mientras que por parte de ATE también estuvo presente la Secretaria Adjunta, Mercedes Cabezas.

“Fue una reunión muy fructífera. Debemos reivindicar que la verdadera oposición a este Gobierno ha sido el pueblo en la calle con el movimiento obrero organizado. En estos 10 meses no ha habido una sola semana en la que no haya habido jornadas de lucha. Nos preparamos para el día de mañana para acompañar el paro y la movilización a Plaza de Mayo repudiando cualquier despido y los salarios bajos que corren muy por detrás de la inflación. Tenemos que seguir profundizando la unidad en el camino de construir otra política que resuelva los verdaderos dramas de nuestro pueblo”, apuntó Berdesegar luego de la reunión. 

La medida de fuerza contará con una olla popular frente a la Casa de Gobierno ante los miles de despidos que el Ejecutivo planea para el 30 de septiembre cuando vencen más de 65 mil vínculos laborales que fueron renovados tan sólo por tres meses. 

Además, el reclamo se da contra la pérdida del poder adquisitivo en la administración pública, que ya supera el 30% en lo que va del año, y la amenaza de congelamiento salarial luego de la paritaria del 2% en septiembre y 1% en octubre. 

A través de un plenario de trabajadores nacionales de todo el país, ATE definió una nueva Jornada Nacional de Lucha con movilización a Plaza de Mayo para este jueves 26 de septiembre ante la amenaza de una tercera ola de despidos masivos a fin de mes.

“El Gobierno que hace nueve meses nos declaró la guerra no pasa por su mejor momento, y nosotros tenemos que seguir golpeándolo. Tenemos que pasar de la resistencia al ataque para evitar nuevas cesantías masivas a fin de mes”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

“Por estas horas no pueden disimular la pérdida de apoyo popular que ha tenido el Presidente y su gestión, deslegitimación a la que en buena medida hemos contribuido los estatales estando incesantemente en la calle desde el 10 de diciembre. No vamos a tolerar una sola cesantía ilegal más. Este Estado si todavía brinda servicios es gracias al esfuerzo y sacrificio casi sobrehumano de sus trabajadores a lo largo y a lo ancho del país”, agregó el dirigente estatal.

En referencia al pedido del presidente Javier Milei a los gobernadores para que ajusten 60 mil millones de dólares en sus distritos, Aguiar apuntó: “Luego de la presentación del Presupuesto 2025, no quedan dudas que el ajuste se profundizará en las provincias y los municipios. En esta oportunidad, la medida de fuerza debe tener carácter general y comprender a todos los ámbitos del Estado. Son centenares de miles los estatales provinciales y municipales empobrecidos en el último tiempo”.

“Tenemos que seguir convocando a la máxima unidad de todos los sectores. Los estatales no nos vamos a salvar solos. Tenemos que recordar que Macri perdió en las urnas porque antes había perdido en las calles. Es con movilización popular que tenemos que seguir construyendo la derrota de Milei y de su Gobierno”, concluyó el Secretario General de ATE Nacional.

Más de mil delegados votaron de manera unánime por la medida de fuerza. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contará con cese de tareas, retiros de los lugares de trabajo a partir del mediodía y una olla popular frente a la Casa Rosada, mientras que cada una de las provincias definirá la modalidad que tendrán las protestas en sus distritos.

Son casi 65 mil los contratos del Estado que fueron renovados tan solo por tres meses y que el Gobierno planea concluir este 30 de septiembre. La última información del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) indica que la caída del empleo asalariado en el sector público desde noviembre de 2023 es de 37.561 puestos de trabajo menos. Cabe recordar que el último informe del Indec señaló que el desempleo escaló al 7,6% en el segundo trimestre del corriente año.

Motiva también esta acción la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores estatales que ya supera el 30% en lo que va del año y podría empeorar a partir de la amenaza de congelamiento salarial.

Cabe recordar que ATE presentó una acción judicial para que se declaren inconstitucionales los artículos de la Ley Bases que modifican el régimen de disponibilidad en el sector público, permitiendo que se pueda despedir incluso a los trabajadores de la planta permanente. En este marco, el Juzgado Nacional de 1era Instancia del Trabajo N°37 ya declaró su competencia para tratar el caso.

Este lunes 23 de septiembre a partir de las 14 horas, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) llevará a cabo un Plenario Federal de delegadas y delegados del Estado Nacional. La convocatoria tendrá lugar en el Anfiteatro Eva Perón de la sede nacional del sindicato (Belgrano 2527, CABA) y se espera una concurrencia mayor a mil referentes de base.

El cónclave tiene como eje la profundización del plan de acción de los estatales a partir de un nuevo vencimiento de los contratos de 65.000 agentes del Estado Nacional a fin de septiembre, la exigua paritaria salarial impuesta y el recrudecimiento de la criminalización de la protesta social, con la amenaza de denuncia penal contra el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.

El lunes 30 de septiembre vencen los contratos de trabajadoras y trabajadores del Estado Nacional, cuyas vinculaciones laborales, sumamente precarizadas, vienen siendo prorrogadas cada tres meses, en el marco de un feroz plan de ajuste que se lleva adelante desde el 10 de diciembre del 2023. “A pesar que la Justicia en reiterados fallos nos dio la razón, el Gobierno insiste con producir cesantías ilegales en el Estado, afectando el derecho constitucional a la estabilidad en el empleo público”, señaló al respecto el principal referente estatal, Rodolfo Aguiar.

El plan de lucha que profundizará el sindicato tiene, además, como motivo central la paritaria a la baja que el gobierno de Milei impuso este mes, con un aumento del 2% para septiembre y otro 1% para octubre, además de la amenaza pública de cerrar la paritaria 2024 sin nuevos aumentos. Sobre ese punto, Aguiar remarcó: “Tenemos que ser capaces de quebrar al Poder Ejecutivo en su voluntad de congelar las paritarias en la Administración Pública Nacional”.

Parte de ello fue denunciado ya por ATE esta semana cuando el presidente hizo la presentación en el Congreso de los lineamientos del Presupuesto 2025 donde reivindicó el ajuste y además reclamó a los gobernadores un ajuste por 60 mil millones de dólares, que implicaría miles de despidos en organismos provinciales, municipales, recortes en áreas esenciales como Salud y Educación y la paralización total de la obra pública.

“La denuncia penal que se impulsa desde la Secretaría de Transporte es un intento de criminalizar los reclamos que llevamos adelante los estatales, con la clara intención de acallar nuestras voces, pero no van a lograrlo. Estamos convencidos que los delitos los cometen aquellos que pretenden a puro veto y DNU reformar la Constitución”, enfatizó Aguiar en relación al anuncio que desde el Gobierno se realizó durante la jornada de ayer, cuando promediaban las protestas de las y los trabajadores aeronáuticos. En dicha instancia, Franco Mogetta, al frente de la secretaría, informó que se denunciará penalmente al Secretario General de ATE por el delito de infundir el temor público en la sociedad, estipulado en el artículo 211 del Código Penal de la Nación, con lo que se profundiza la criminalización y represión de la protesta social en nuestro país, vulnerando y violentando el derecho de huelga y protesta.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) repudió la decisión del secretario de Transporte, Franco Mogetta, de denunciar penalmente al Secretario General del sindicato, Rodolfo Aguiar, por el supuesto hecho de “infundir el temor público en la sociedad” en el marco de la legítima protesta de los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

“Señor Franco Mogetta, reclamar responsabilidad en el manejo de la vida de las personas es exactamente lo opuesto a infundir temor. La historia reciente argentina tiene el antecedente del accidente de la empresa LAPA, precisamente de la década del ’90, cuyos discursos privatistas y de Estado mínimo reivindican hoy las políticas de su Gobierno. La ausencia del Estado importó la pérdida de vidas que podrían haber sido evitadas si en aquel momento el Estado hubiese escuchado a quienes advertían de los peligros de volar sin controles y de cualquier modo”, apuntó Rodolfo Aguiar.

En esta línea, Aguiar indicó: “Pretenden callarnos con amenazas de criminalizarnos por realizar la tarea más racional que existe, que es advertir a la población sobre los riesgos de volar sin los controles que las normas de seguridad exigen, y constituye un atentado contra la libertad de expresión y de opinión”.

“El temor público en la sociedad lo intenta producir el Gobierno. Los trabajadores caminan por las vías porque no pueden pagar el boleto; los jubilados enfrentan la miseria todos los miércoles a pesar del temor que pretende instalar con su aliada Patricia Bullrich;  los aeronáuticos se plantan contra el temor de querer cerrar Aerolíneas Argentinas para favorecer el lucro de cuatro o cinco amigos que se quieren quedar con el patrimonio nacional”, agregó el dirigente estatal.

“Secretario Mogetta, denuncie y probaremos quién comete delitos. No los que defendemos nuestra tierra y su patrimonio, sino los privatizadores que usan el temor público para tratar de paralizar, sin éxito, la movilización popular”, concluyó Rodolfo Aguiar.

La medida de fuerza en el organismo de control de la aviación civil surge con motivo de retrotraer los despidos, que los trabajadores sean incluidos en ámbitos donde se discuta y se planteen modificaciones a procesos y normativas que afecten las funciones del organismo, y la reapertura de la paritaria para discutir una actualización salarial.

En este marco, ATE había informado con cinco días de anticipación la medida de fuerza, tal y como corresponde por normativa. Sin embargo, las autoridades de la ANAC incumplieron su obligación de notificar a las aerolíneas sobre la misma, generando un riesgo tanto para los pasajeros como los trabajadores.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un paro de aeronáuticos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para el jueves 19 de septiembre en reclamo por la preocupante situación salarial en el sector y en rechazo a los despidos.

“Dejen de echarle la culpa a los trabajadores por los vuelos que se cancelan. La paralización de las actividades en los aeropuertos es exclusiva responsabilidad del Gobierno nacional. No son los paros los que ponen en riesgo a las empresas aéreas y favorecen su privatización, sino las políticas del presidente Milei. Con despidos, congelamiento de salarios y desinversión presupuestaria, intentan rematar todo el patrimonio nacional”, apuntó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

“Es mentira que el Presidente quiera destruir el Estado. Lo que realmente quiere es construir otro Estado. Un Estado que esté al servicio de los poderes económicos concentrados y las multinacionales. El ajuste que pretenden sobre la ANAC es salvaje y absolutamente injustificado. Las auditorías internacionales dicen que falta personal, y este Gobierno pretende seguir reduciendo la planta laboral”, señaló el dirigente.

En esta línea, Aguiar concluyó: “Este jueves vamos a cesar en la prestación de servicios en dos bloques horarios y durante ese período se garantizarán solo los vuelos sanitarios, humanitarios y aeronaves de Estado. El mandato de las asambleas y plenarios es claro. Si no existen respuestas, las medidas se van a profundizar con el correr de los días”.

El cese de la prestación de servicios afectará a 27 aeropuertos en todo el país y se realizará en dos etapas: entre las 6 y las 12 en primera instancia; y luego entre las 17 y las 22.

La ANAC es el organismo estatal que regula las actividades de aviación civil en todo el territorio argentino. Su función es regular y fiscalizar la aviación civil del país para optimizar la seguridad operacional en el espacio aéreo argentino, como así también en los aeropuertos y aeródromos.

 Los motivos de la medida informada en la presente son:

• Retrotraer los despidos de trabajadores del organismo.
• Ser incluidos en ámbitos donde se discuta y se planteen modificaciones a procesos y normativas que afecten las funciones del organismo.
• Reapertura de la Paritaria Sectorial para discutir una actualización salarial.

Con respecto al primero de los puntos, ATE planteó la contradicción que surge a partir de que el organismo se ve atravesado por una auditoría internacional que informó la falta personal idóneo en áreas específicas de fiscalización. Por ende, es una incongruencia que mientras organismos internacionales enumeran la falta de personal, el Gobierno despida gente. 

Desde julio de este año, la ANAC se encuentra intervenida por el Ejecutivo nacional, lo que derivó en una serie de cambios normativos de los cuales los trabajadores del sector no son informados como corresponde, siendo que los mismos afectan a las labores diarias: tercerización de funciones, fusión de organismos, derogación de licencias, entre otros. 

Por último, el sindicato informó que los trabajadores del sector perdieron 32 puntos de su poder adquisitivo en lo que va del año a raíz de la paritaria sectorial que no fue abierta en lo que va del año.

Tras la presentación del Presupuesto 2025 en el Congreso de la Nación, el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, puso en la mira a los mandatarios provinciales luego de que el presidente, Javier Milei, les exigiera a viva voz que realicen un ajuste adicional de 60 mil millones de dólares: “Serán los gobernadores que cedan a las extorsiones y presiones del Presidente los responsables de terminar de matar al federalismo en el país. No deben hacerle el trabajo sucio”.

“El Gobierno busca que el empleo público también sea pulverizado en las provincias y los más de 2.200 municipios, y tenemos que evitarlo. Un ajuste de las características de las que propone el Ejecutivo nacional afectaría hasta las prestaciones mínimas que brinda el Estado y se traduciría en una fenomenal pérdida de derechos para toda la sociedad”, apuntó el dirigente nacional. 

Cabe destacar que desde que comenzó la gestión de Javier Milei, apenas fueron finalizadas 52 obras de las 2.185 que estaban en ejecución en todo el país y que la caída real de las transferencias automáticas a provincias, sumando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, equivalen a $4,8 billones.

“Los gobernadores e intendentes tienen que reaccionar. No pueden seguir aceptando mansamente que se afecten todos los intereses de quienes habitan sus comunidades. Si ceden a las presiones o se dejan atrapar por los cantos de sirena de Milei, dentro de muy poco no tendrán nada para administrar”, concluyó Rodolfo Aguiar.

Teniendo en cuenta que el gasto público al que Milei hace referencia era de 40% en diciembre de 2023 y que aseguró que ya recortó un 5% en lo que va del año, a las provincias les quedaría ajustar un 10% para llegar a la meta firmada en el Pacto de Mayo. Es decir, las provincias deben reducir el doble de sus gastos que la Nación.

En el marco del paro nacional de 24 horas, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se movilizó al Congreso de la Nación en repudio a los diputados que convalidaron el veto presidencial al aumento del haber previsional. “Hoy empieza el derrumbe del Gobierno de Milei. Los sinvergüenzas que están adentro del Congreso quieren condenar a nuestros jubilados a seguir pasando hambre, a seguir enfermándose y morir”, apuntó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

En referencia a la represión que se vivió fuera del Congreso durante la jornada, el dirigente indicó: “El Gobierno está sembrando violencia y va a cosechar violencia. No hace falta mucha experiencia para saber que esto no termina bien. Les están negando un aumento de 483 pesos por día. Son miserables. Este Gobierno busca el retorno de las AFJP, que se vuelva a privatizar el sistema previsional en la Argentina para que las multinacionales y los bancos vuelvan a hacer negocios con nuestros aportes”.

El referente estatal también aseguró que durante septiembre el sindicato va a profundizar las medidas de fuerza: “Tenemos que seguir saliendo a la calle. Los únicos que planifican la violencia es este Gobierno con Patricia Bullrich y un protocolo completamente inconstitucional. El único que ataca al Congreso y su funcionamiento ha sido el presidente Milei desde que asumió pretendiendo gobernar por decreto. Tenemos que profundizar el plan de lucha en todo el país antes de que sea demasiado tarde”.

Durante la medida de fuerza, el sindicato llamó a exponer a los legisladores que ratificaron el veto de Javier Milei al aumento del haber previsional. Las protestas se replicaron en simultáneo en las principales ciudades del país, y también se realizó en rechazo al intento de congelar los salarios en la administración pública y los más de 65 mil despidos que planea el Gobierno a fin de mes.