El Gobierno Nacional, mediante el decreto 721/2020 publicado
ayer en el Boletín Oficial, estableció que en el Sector Público Nacional los
cargos deberán ser ocupados “en una proporción no inferior al uno por ciento
(1%) de la totalidad de los mismos por personas travestis, transexuales y
transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo”.
A los fines de garantizar el cumplimiento del cupo previsto,
la norma señala que se deberán establecer reservas de puestos de trabajo a ser
ocupados exclusivamente por personas travestis, transexuales o transgénero, así
como de las vacantes que se produzcan en los cargos correspondientes a los y
las agentes que hayan ingresado bajo el régimen del presente decreto. También, crea
un Registro de Anotación Voluntaria de Personas Travestis, Transexuales y/o
Transgénero aspirantes a ingresar a trabajar en el Sector Público Nacional.
Desde ATE Nacional celebraron la decisión y reivindicaron
este logro como parte de una lucha histórica de la comunidad travesti-trans.
Mercedes Cabezas, Secretaria de Organización de ATE Nacional, añadió: “Desde
ATE venimos abrazando este reclamo a lo largo y ancho del país. En el Encuentro
de Jóvenes realizado en febrero de este año, más de 300 compañerxs incluyeron
la lucha por el cupo trans entre las propuestas organizativas para la nueva
etapa política que se abría en ATE. Pero también, desde espacios como la Mesa
Nacional de Diversidad y Sindicalismo, donde se tejen estrategias para abordar
cuestiones tan urgentes como el derecho a la salud, las muertes tempranas, los
travesticidios, entre otras”. “Son cuestiones que necesitamos abrazar como
organización ante la necesidad de este cambio cultural, social, paradigmático y
político que estamos construyendo”, manifestó la dirigente.
Por su parte, la directora del Departamento de Género y
Diversidad del CDN, Clarisa Gambera, expresó: “Garantizar el derecho a la
inclusión laboral al traVajo era una demanda, una deuda, que se venía
sosteniendo en la calle. La pandemia mostró en todas sus dimensiones el alcance
de esa deuda. Lo que se venía expresando desde las/les protagonistas de esta
lucha era la precariedad de la vida por la discriminación que las expulsa de sus
familias, de la escolaridad, del acceso al trabajo, a la vivienda y a la salud”.
“Fueron las primeras en quedarse sin ingresos, no pudieron
pararse en la calle y sufrieron persecuciones encontrándose al borde del desalojo
y sin acceso a la salud. Quedó en
evidencia que sin traVajo con derechos
organizar la vida es muy difícil, por eso esto es un gran paso”, afirmó
Gambera.
La dirigente también remarcó que, a partir de esta decisión,
el Estado marca un rumbo que debe ser seguida por los sectores privados. Y
agregó: “Nosotres sindicalmente también tenemos que abrir este cause para que
ingresen estas compañeras y generar formación para que la llegada a los sectores de
trabajo aloje y no expulse, que sean espacios libres de violencias”.
“Ahora vamos por más”, resaltó la dirigente, “vamos por la
ley integral trans, por la conquista de derechos de seguridad social y
previsionales. El fin de la precariedad laboral abre el camino hacia la
ampliación de derechos, del mismo modo que lo fue el derecho a la identidad de
género”.
Decreto 721
La norma, cuyos fundamentos están anclados en los diversos
instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos y en los
principios de no discriminación por razones de identidad de género, establece
que están alcanzadas todas las personas travestis, transexuales y transgénero, "hayan o no efectuado la rectificación registral".
En otro punto central -que contempla la grave situación
que atraviesa el colectivo, con obstáculos estructurales de acceso al derecho
al trabajo y a la educación-, el decreto indica que "a los efectos de
garantizar la igualdad real de oportunidades, el requisito de terminalidad
educativa no puede resultar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el
empleo en los términos del artículo 1° del presente decreto".
Asimismo, la norma establece una instancia de capacitación
para las autoridades y el personal del Poder Ejecutivo Nacional, a cargo del
Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, "para asegurar que la
inclusión en los puestos de trabajo del Sector Público Nacional se realice en
condiciones de respeto a la identidad y expresión de género de las
personas".
Para velar por su aplicación, la norma define la creación de
una Unidad de Coordinación Interministerial, integrada por representantes del Ministerio
de las Mujeres, Géneros y Diversidad, la Secretaría de Gestión y Empleo Público
de la Jefatura de Gabinete, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la
Xenofobia y el Racismo (INADI) y el Ministerio de Educación.
Click acá para descargar el texto completo del decreto
721/2020.
