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ATE

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El camino de la unificación para combatir la estratificación del Estado

 

Como evaluaron nuestro Congreso y nuestro Confederal en el año 2013, nosotros creemos que el mandato, el objetivo que tenemos que cumplir como organización, es el de tratar de salir de la lógica de la lucha provincia por provincia, sector por sector y municipio por municipio. Hay que tratar de salir de esa lógica, y nosotros creemos que el rol que tiene que cumplir nuestra organización es el de hacer todos los esfuerzos para unificar y nacionalizar los reclamos de los trabajadores estatales. Tanto sean del Estado Nacional, como de las provincias o de las municipalidades.

 

La unidad es el camino no porque pertenezcamos a un mismo convenio o a un mismo escalafón, sino porque creemos que hay una política común que tiene que ver con el ajuste, y con destinar la menor cantidad de recursos presupuestarios para hacer frente a la situación salarial de cualquier empleado público: Sea un empleado que trabaja en la Casa Rosada, o sea un empleado que trabaja en el municipio más pequeño del país. Es decir, la política que se aplica hoy en día desde los gobiernos es una: Destinar la menor cantidad de recursos, y lograr que los estatales recuperen lo menos posible de la pérdida que venimos sufriendo por la inflación, y de las injusticias que ha dejado la década de los ’90, con un Estado completamente estratificado, en donde hoy podríamos decir sin temor a equivocarnos que más de medio millón de compañeros nuestros no llegan al salario mínimo, vital y móvil. O sea que estamos en una situación realmente de emergencia salarial.

 

El 2014 para nosotros representa la posibilidad de unificar tanto en el marco de nuestra ATE, como en el marco del resto de los gremios estatales: Sean de educación, de salud, o de organismos nacionales. Hay que unificar. Porque como se vio a fin del año pasado, recursos económicos hay, ya que se pudo hacer frente a pagar casi diez mil pesos de salario a los policías. Nosotros creemos que los policías, los maestros, y los enfermeros prestan tres servicios básicos, y sus salarios siempre fueron comparables, o al menos más o menos equitativos. En octubre ganaban lo mismo, y hoy ya no.

 

Sin duda este año va a haber lucha. Hemos terminado el año pasado con lucha, y el propio mes de enero está atravesado por conflictos. El mandato que nosotros ahora tenemos como conducción es el de tratar de hacer todos los esfuerzos para unificar y nacionalizar la lucha de los trabajadores del Estado, ya que provincia por provincia o municipio por municipio, las posibilidades de triunfo se achican. Es entonces necesario que el gremio tome la decisión de que nuestras asambleas y cuerpos de dirigentes vayamos confluyendo en una unificación que inclusive trascienda a nuestra propia organización.

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Capitanich y Kicillof omiten la deuda que la Nación mantiene con las provincias

Jorge Capitanich y Axel Kicillof hablan antes las cámaras de lo que les conviene y no de las necesidades del pueblo. Entre dichos y desdichos intentan ocultar la verdadera intención del gobierno nacional, cuyo exponente fue el anuncio que a fines de 2013 estuvo acompañado del silencio de 17 gobernadores. Se trata de la “refinanciación” de la deuda que las provincias tienen con el Estado Nacional, en un disfrazado gesto de ayuda para apalear las urgentes necesidades de las poblaciones administradas por los Estados provinciales y municipales.

Según el ministro y el Jefe de Gabinete, la supuesta refinanciación alcanzaría a una parte de las necesidades de financiamiento de los Estados provinciales. Sin embargo, se podría decir también que son más las condiciones que impone la administración nacional para garantizar sus políticas de ajuste implementadas a través de las provincias. De esto queremos hablar, de lo que los funcionarios y una parte de los gobernadores silenciaron: de la deuda que la Nación mantiene con las provincias. Se demostraría así que el ajuste no tiene que ver con la carencia de recursos provinciales, sino con la distribución injusta del Estado nacional, afín a intereses minoritarios.

El gobierno nacional no cumple desde 2003 con la vigente Ley de Coparticipación Federal de Impuestos que estipula en su artículo 7 la obligación del Estado nacional a transferir no menos del 34% de la recaudación de los tributos nacionales. Según un informe de los institutos IDEP e IPyPP de ATE, la deuda de la Nación con las provincias asciende pues a cerca de 330 mil millones de pesos. Si se excluyera de este monto los recursos netos de Seguridad Social, alcanzaría sin intereses 46 mil millones de pesos. Y si a este número se le recargara el 6% de interés anual (porcentaje que la Nación le cobra a las provincias), el total oscilaría los 68 mil millones de pesos. Mucho más que los 65 mil millones de pesos que las provincias adeudan a la Nación.

Desde la estatización de las AFJP a fines de 2008, el Estado nacional viene apropiándose del 15% de la coparticipación de impuestos correspondiente a las provincias, retención originada cuando se privatizó el sistema de reparto en los ’90 para financiar la ANSeS. Hoy es una apropiación indebida, porque no cumple con la función por la que fue implementada. Desde 2008, entonces, la deuda por esta retención alcanza los 91 mil millones de pesos.

Bajo estas condiciones se podría discutir mínimamente el financiamiento holgado de un 40% de aumento para los trabajadores estatales de las provincias, que es el porcentaje promedio de la pérdida del poder adquisitivo del salario en la carrera contra la inflación desde 2009.

No debe el gobierno nacional seguir ocultándose detrás de la “supuesta” sedición policial para retacear aumento de salarios en las paritarias con los estatales. Porque plata hay. Lo que no existe es la voluntad política de hacerlo con justicia y equidad.

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Soy estatal… Estoy precarizado

Uno de los pilares fundamentales en el cual se basa el capitalismo es la flexibilización laboral, que no significa otra cosa que mayor Precariedad Laboral. A pesar de que el país haya pasado por varios años de crecimiento económico, en esta última década la flexibilización laboral, producto de un sistema capitalista y esclavista, ha diversificado los distintos tipos y formas de trabajo. El modelo neoliberal condenó a una parte de la clase trabajadora a la desocupación, a otra parte al trabajo no registrado sin ningún tipo de derechos, y en la parte restante, los/as trabajadores/as convencionados/as, introdujo como nota distintiva, la inseguridad en el corazón de la relación de trabajo. Esto ha generado mayor inestabilidad laboral y ha destruido los proyectos de vida de miles de trabajadores, dejándolos en estado de vulnerabilidad, con sueldo bajos, sin estabilidad y sin derechos. La incertidumbre, la inestabilidad y el miedo se han convertido así en un modo de vida.
La Precariedad  tiene por objeto aumentar la tasa de ganancia del capital, a costa de bajos salarios e inadecuadas condiciones de labor. En consecuencia, precariedad que tiene por finalidad destruir los lazos colectivos y de solidaridad, provocando que los/as trabajadores/as sean objetos de maltrato, hostigamiento, acoso y discriminación en su lugar de trabajo.
Hoy nos encontramos en la triste realidad de que para los trabajadores del Estado (ya sea Nacional, Provincial o Municipal) esta fue la “Década Precarizada” y no la “Década Ganada” como algunos afirman.
Para nosotros como Organización Sindical la precarización laboral en el Estado es una herramienta de disciplinamiento político-social que atenta contra los Derechos Humanos del trabajador, además de violar el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional, Leyes Laborales y Convenios Colectivos de Trabajo. Las diferencias salariales entre trabajadores formales y no formales en el sector público son significativas y sirven para diferenciar un trabajador sobre otro en el mismo sector de trabajo.
¿Qué significa estar precarizado?
La precarización laboral es una desigualdad, una desventaja social. Los compañeros precarizados, en su gran mayoría, cobran salarios de miseria, encontrándose por debajo de la canasta básica familiar, y no cuentan con los beneficios básicos de un trabajador de planta permanente.
Sabemos que algunas de las características que definen al trabajo precario son, entre otras: Trabajador que no tiene obra social, que no los cubre la ART, que no tiene aportes jubilatorios, que no tiene aguinaldo, que no tiene días pagos por enfermedad y que no tiene vacaciones pagas. No sólo el vínculo laboral entre los trabajadores y el Estado aparece precarizado, sino que además desde hace años los salarios empezaron a perder el poder adquisitivo por culpa de la inflación. El promedio salarial para los trabajadores del Estado Nacional es de 6.000 pesos. Para los empleados provinciales, sin embargo, la cifra es de 2.850 pesos, y para los municipales, es de apenas 1.770 pesos. Mientras tanto, el salario mínimo, vital y móvil en la Argentina es de 3.300 pesos.
En el Estado son variadas las formas de contratación del empleado público. Antes de acceder a la planta permanente (si es que alguna vez llegamos) debemos sortear la planta transitoria, las pasantías, las becas, los contratos de locación de servicio, los contratos de obra, los contratos con organismos internacionales (PNUD, BID, OACI, BIRF, etc.), el monotributismo, los contratos con universidades y fundaciones, las tercerizaciones (un invento del neoliberalismo menemista), y los planes (como el Argentina Trabaja) mediante la figura de Cooperativas Sociales. Con  estas prácticas, los gobiernos (tanto el Nacional como los Provinciales y Municipales) intentan fragmentar a la clase trabajadora, debilitándola y avanzando sobre derechos conquistados con años de lucha.
En un sector de trabajo donde existan compañeros Precarizados no existe Libertad y Democracia Sindical
El Estado que debería regular esta situación es el primero que coloca a los trabajadores bajo fraude laboral. Según el Ministerio de Trabajo en un informe realizado junto al Banco Mundial, la precariedad laboral “se identifica como una inserción laboral endeble de los trabajadores asalariados. (…) Da cuenta de características ocupacionales que impulsan, o al menos facilitan, la exclusión del trabajador del marco de su ocupación y se expresan en la participación intermitente en la actividad laboral, y la existencia de condiciones contractuales que no garantizan la permanencia de la relación de dependencia (contratos de tiempo parcial, eventual, etc.)”. Irónicamente en el Ministerio de Trabajo el 70 % de los empleados está precarizado: No tiene estabilidad y sin embargo son el contralor para erradicar el Trabajo en Negro en la República Argentina. Si sólo se considera a la Administración Central, el personal contratado representa un 70 por ciento. (Información extraída  del Boletín Fiscal  difundido por la Secretaría de Hacienda, con datos del tercer trimestre del 2012).
De acuerdo a la información publicada por el propio Ministerio de Trabajo, en la cartera hay más de 2.700 personas contratadas en forma temporal bajo diferentes modalidades, cuyo vínculo finaliza antes de fin de año. La forma de contrato más representativa (casi 2.700 personas) remite al artículo 9 del anexo de la Ley25.164, llamada “Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional”.
La legislación establece que el número de contratos por tiempo determinado “no podrá superar en ningún caso el porcentaje que se establezca en el convenio colectivo de trabajo”, y tendrá relación con la cantidad de trabajadores en planta permanente del organismo. Además, “comprenderá exclusivamente la prestación de servicios de carácter transitorio o estaciónales”.
El Decreto 214/ 2006  que homologa el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, es el que establece el límite para este tipo de contratos. Así, “el Personal No Permanente de las Jurisdicciones y entidades descentralizadas no superará un porcentaje de hasta el 15% del Personal Permanente”. Está a la vista que no existe la voluntad ni la decisión política de impulsar otro modelo laboral.
¡Pase a planta ya para todos los contratados!
La precarización laboral en el Estado es una problemática del conjunto de los trabajadores y no alcanza con abordarla solo desde los “precarizados”. La consigna desde ATE es la de hacer visible lo que algunos quieren que sea invisible, para poder enfrentar esta lucha con posibilidades reales de obtener el triunfo. Esto nos plantea un desafío como organización sindical: Debatir sobre qué debemos hacer para enfrentar este flagelo, generando la mayor participación activa por parte de los delegados, los afiliados y, en especial, por parte de los dirigentes, quienes debemos ponernos a la par de los compañeros en esta lucha.
Para nosotros el Estado es un instrumento insustituible de nuestro país: como Trabajadores Estatales…somos miles al servicio de millones. Por tal motivo en el Estado no debe haber trabajadores de primera o de segunda, y como lo mencionamos al principio esto esta refrendado por nuestra Constitución Nacional “Igual tarea Igual Remuneración”
Ecuación sindical de ATE: Estrategia + Debate +  Organización + Acción Colectiva = Triunfo
La lucha no debe hacerse de espaldas a esta mayoría de compañeros precarizados. Como ATE debemos abordar esta problemática desde el colectivo: Incluirlos, pensar lógicas propias de construcción, planificar estrategias con el fin de lograr la organización a pesar de las adversidades. No debe abordarse la lucha de los precarizados sólo desde los precarizados, como si la lucha fuera sólo de ellos. Involucrarnos significa escuchar a los compañeros para poder entender su realidad cotidiana y así, como organización gremial, dar la pelea convencidos de que podemos cambiar la realidad del conjunto de los trabajadores y lograr tener en el Estado “Un Trabajo Digno sin Precariedad Laboral”.
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Marcar la cancha: Capitanich, las políticas de ajuste y la discusión salarial del 2014

El Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, esta encabezando la política de ajuste llevada adelante por el Gobierno Nacional. Bajo la excusa de una supuesta sedición, presiona para que se declaren nulos los aumentos otorgados a las policías provinciales e intenta negar la discusión de un cambio en las políticas de ajuste que se vienen llevando adelante en las provincias por imposición del Gobierno Nacional y con la complicidad de los gobiernos provinciales y municipales que la aplican sin cuestionamientos que posibiliten la implementación de paritarias libres y sin techo que permitan alcanzar salarios dignos a los trabajadores estatales. Este planteo no cuestiona los miserables salarios que los estatales perciben en las provincias y en los municipios. Se pretende marcar la cancha imponiendo límites a los trabajadores estatales de cara a las paritarias que están por comenzar en os distintos sectores. Desde ATE vamos a pelear sin tregua para que ese ajuste no se aplique una vez más sobre el bolsillo de los trabajadores.

Esta estrategia del Gobierno Nacional intenta condicionar las discusiones salariales de los trabajadores estatales, particularmente el de los municipales y los provinciales. Las paritarias de estos sectores están a punto de iniciarse en todas las provincias, entonces pretenden ponerle límite a dichas discusiones sin poner el acento en las necesidades reales de los salarios injustos que perciben los trabajadores estatales. Al revés, pretenden acentuar la supuesta incapacidad de las provincias para efectivizar dichos pagos. Lo que no se menciona es que esa incapacidad tiene que ver fundamentalmente con una estructura injusta en la que el Gobierno Nacional está obligando a las provincias a aplicar políticas de ajuste que se descargan fundamentalmente sobre los sectores más débiles de la sociedad.

Tampoco quieren reconocer desde el Gobierno Nacional que las condiciones materiales para que se lleven los salarios a un nivel digno están dadas. El aumento salarial otorgado a las fuerzas policiales demuestra que sí existen esas condiciones. Para poder sostener ese aumento policial y el correspondiente aumento para los trabajadores estatales de las provincias y su correlato a nivel municipal, lo que hay que discutir es la matriz de relación entre el Gobierno Nacional y las provincias, que ha obligado a estas desde el 2009 a sostener una política de ajuste que se ha descargado fundamentalmente sobre los trabajadores estatales y sobre las políticas sociales de los gobiernos provinciales, fundamentalmente reduciendo inversiones en los planos de la seguridad social, la salud, la educación y las políticas sociales.

Los trabajadores estatales no vamos a ser cómplices de esta estrategia sino que, al contrario, la realidad de los aumentos de tarifas de servicios, del transporte, de los precios de los alimentos en particular, pero de todos los precios en general, nos obliga a plantarnos muy firmemente en la discusión para avanzar en el objetivo de que el nivel de nuestros salarios no esté por debajo del valor de una canasta mínima, que hoy está alrededor de los 8.000 pesos.

Desde ATE vamos a alentar que la discusión de las paritarias de los trabajadores estatales no quede presa del ajuste que el Gobierno Nacional viene aplicando a través de las provincias. Nuestra tesitura quedó plasmada en la calle durante los últimos días de diciembre: El 19 de diciembre ATE realizó un contundente Paro Nacional en el marco de la movilización de la CTA. Pero además terminamos el año con conflictos en Mendoza, Neuquén, Jujuy y Tucumán, entre otras provincias, y con compañeros de la Capital Federal y de la Provincia de Buenos Aires movilizados el 30 de diciembre frente a la Casa de Mendoza en solidaridad con los trabajadores municipales de la localidad mendocina de Lavalle.

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El ascenso de Milani: La verdadera cara del gobierno

 

El ascenso a teniente general de César Milani, un personaje acusado de ser responsable activo en el genocidio que sufriera nuestro país, lo primero que genera es un fuerte repudio.

 

Lo repudiamos en particular los trabajadores del Estado, que desde los mismos orígenes de la agrupación Anusate, que recuperó el gremio en 1984, hemos estado al frente de toda la lucha en defensa de los derechos humanos.

 

Cabe recodar que Anusate se constituyó en 1977 en la iglesia de la Santa Cruz, el mismo lugar donde se reunían las Madres que fueron secuestradas por la banda de los asesinos Astiz y Massera.

 

Desde esos orígenes la agrupación unió la lucha por los derechos laborales y sindicales de los trabajadores, en aquel tiempo por la recuperación de la democracia, con la lucha en defensa de los derechos humanos, porque denunciar a la dictadura era una manera de resistir y de defender esos derechos, y buscar construir el camino de la recuperación de las instituciones democráticas para nuestro país.

 

O sea que somos parte de esa historia y no podemos en estás circunstancias, menos que repudiar semejante aberración política producida por el gobierno nacional.

 

En segundo lugar cabe preguntarse ¿por qué lo hace?

 

Muchos piensan que solo se trata de un capricho de la presidenta de sostener a este personaje por una actitud de no dar marcha atrás con una decisión tomada.

 

Yo creo que esos análisis ponen el acento en cuestiones de carácter subjetivo o de meros gestos personales, y la verdad es que la historia de nuestro país y de sus gobiernos, está marcada siempre por motivaciones mucho más profundas. Entonces hay que decir que el gobierno está mostrando su verdadera cara también en esta materia.

 

Y esto debe entenderse como un adelanto de otra actitud que está siendo la de enlentecer o desacelerar los juicios que se extiendan en el tiempo, precisamente cuando va quedando cada vez más claro que la búsqueda de una democracia más plena requiere de profundizar ese juicios, ya no solamente a los responsables militares de aquel genocidio y de la inteligencia del terrorismo de Estado, sino también a los responsables civiles, fundamentalmente de aquellos grupos empresariales que financiaron y también condujeron ese proceso, empezando por Martínez de Hoz o Aleman, y que hoy ya tiene en la picota a personajes como Blaquier del Ingenio Ledesma, o los juicios contra los responsables de la Ford, u otras empresas multinacionales que tuvieron campos de concentración en sus propias instalaciones.

 

Pareciera que se quiere poner un límite cuando llega la hora de apuntar la mira sobre algunos apellidos de los altos grupos económicos.

 

Entonces, queda claro que esto no es una cuestión de caprichos personales, sino que hay motivaciones políticas más de fondo, que encuentran relación en hechos como la aprobación de la Ley Antiterrorista, o que se haya convocado a que se marche por las veredas y no por las calles, para luego dar paso a la represión que se ha registrado en tantos casos últimamente.

 

Por eso hay que analizar esta cuestión con una profundidad mayor y asociarla a la existencia notoria de las políticas de ajuste en materia económica. No nos tiene que extrañar que con la excusa de que se utiliza a la Gendarmería y la Prefectura para el control de la seguridad interna, mañana aparezca la idea de que las Fuerzas Armadas tengan que desplegarse en las fronteras para cumplir las tareas que sí le son propias a la Gendarmería y la Prefectura.

 

Así que además del repudio, esta situación implica claramente un alerta para que no sea este un paso hacia nuevas formas de políticas represivas de un gobierno, que tiene a muchos personajes como Milani, que fueron parte del genocidio, a quienes se les ha lavado la cara, o limpiados sus legajos, o se ha intentado tapar un pasado relacionado a aquellas horas terribles. Sin embargo, todo es tan obvio que por todos lados salta el pus y así llegan las denuncias de los organismos que estamos comprometidos con  la pelea en serio, y no meramente subordinados al rumbo del gobierno.

 

Hay que estar muy alertas y seguir insistiendo hasta que esta medida sea revocada, se vuelva atrás para que Milani sea pasado a retiro y sea activado el juicio por su responsabilidad en el genocidio. Y obviamente reemplazado de un cargo que ni le corresponde, ni merece.

Porque para construir unas Fuerzas Armadas nuevas, éstas tienen que estar absolutamente desvinculadas de lo que fue el proceso genocida en la Argentina. Sino se tratará solo de un relato más.

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Heterodoxia con tufillo noventista

El reciente cambio de Gabinete Nacional viene acompañado de una serie de anuncios que, más allá de altisonantes declaraciones que enarbolan una supuesta heterodoxia en el marco económico, a los trabajadores y a los sectores populares nos trae los recuerdos de una película ya vista.

En efecto cuando escuchamos apelaciones a: Sinceramiento de tarifas (sin tocar la rentabilidad empresaria), restablecer la capacidad de volver a los mercados de capitales, recuperar la competitividad de la moneda, bajar la expectativa inflacionaria y adecuar a esa expectativa la pauta salarial, nosotros, en una gran capacidad de síntesis lo traducimos en una sola palabra: AJUSTE. Así sin más, no necesitamos más teorizaciones para saber sobre quién se va a descargar el costo de la “corrección del desajuste en la variables” como le gusta argumentar a los funcionarios.

Mucho se ha hablado en los últimos días de la caída del stock de reservas del Banco Central, situación que merecería un análisis con mayor profundidad y que obviamente dejo en manos de compañeros/as con la capacidad necesaria para hacerlo.

A mí sólo se me ocurre preguntarme si no tendrán que ver en esa crisis de divisas, una abultada deuda por importación de energía resultado de no desandar la política en el área que impera desde los ‘90 (vale la pena repasar las consecuencias de reciente acuerdo (YPF-Chevron). O la reprimarización de nuestra inserción comercial en el mundo. O tal vez un proceso de producción manufacturera en el que en el sector más dinámico (el automotriz), el componente importado de cada unidad supera al 70% en promedio. O una industria de armaduría electrónica con saldo en rojo que supera U$D 8.000 millones. Serán “asignaturas pendientes” o el modelo. La respuesta, como dije, la dejo en manos de estudios más profundos.

Pero sí quiero puntualizar sobre el anuncio de una línea de acción propuesta para llevar adelante la recomposición de reservas: ECHAR MANOS A LAS TENECIAS EN MONEDA EXTRANJERA DEL FONDO DE GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD (FGS). Ya es noticia corriente que en los últimos días se obliga al ANSeS a vender parte de su tenencia en BONAR X (instrumento nominado en dólares, con cotización superior al oficial y menor al blue) para bajar el denominado contado con liqui (mecanismo por el cual determinados papeles en dólares con cotización en mercados extranjeros pueden operarse sobre esos mercados y quienes lo venden depositan esos dólares en cuentas que tiene afuera). Por ese mecanismo quienes se hacen de dólares pueden especular esperando una devaluación, o reingresarlos al mercado libre y haciéndose de ese spread (diferencia de cotización entre los bonos y el valor del blue). ¿Cuál es la ventaja para la autoridad monetaria? Cuantos más bonos que coticen en dólares se venda más baja la cotización de los mismos y por lo tanto presiona a la baja la cotización libre. ¿Cuál es la ventaja del ANSEs? Ninguna, ya que la baja de la cotización de sus tenencias perjudica la valuación del FGS. ¿Quién se beneficia además aquellos con capacidad de entrar en esta bicicleta?

Pero como ahora se trata de recomponer reservas, la presión de las autoridades de economía se dirige a obligar al FGS a desprenderse de sus tenencias bonos pasibles de entrar al contado con liqui (aproximadamente U$D 7.000 millones). ¿Cuál sería el mecanismo? El FGS lanza al mercado esos papeles, inversores especulativos los comprarían y esos dólares que recibiría, ingresarían vía una nueva colocación de deuda al ANSeS al tesoro. Interesante ingeniería, salvo que la venta masiva de esas tenencias por el FGS bajaría su cotización, con la consecuente pérdida patrimonial. Por otra parte esos bonos en poder de inversores privados (fondos especulativos: Todo puede ser), deberán ser cancelados a su vencimiento, aumentado la presión que la partida deuda tiene sobre las cuentas fiscales (debe recordarse que cada vencimiento en poder del FGS es refinanciado por nueva deuda. Es decir, para los organismos estatales papeles cubren papeles, otra de las particularidades del desendeudamiento).

En resumen, cuando el 75% de nuestros jubilados cobra una mínima de $2.477, que apenas cubre el 50% de la canasta de un adulto mayor según los cálculos del Defensor de la Tercera Edad, cuando cientos de miles de jubilados/as esperan años para cobrar las sentencias de sus juicios por actualización de Haberes según doctrina de la Corte, la heterodoxia echa mano de los fondos previsionales para recuperar reservas. Parece que es progresista sacrificar a nuestros queridos viejos/as en el altar de las reservas.

Por eso comenzábamos que tufillo a los 90.

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27 de junio: Día del Trabajador del Estado

El 27 de junio de 1978 la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su 64° reunión, dictó los convenios 151 y 154, por los que se les aseguraba a los trabajadores dependientes de los Estados su derecho a constituir organizaciones sindicales y a negociar sus intereses por el sistema de convenios colectivos de trabajo.

A partir de ahí, y ya han pasado más de de treinta años, las luchas llevadas adelante por los trabajadores estatales del mundo han sido firmes y cotidianas en pos de lograr los objetivos expresados en este convenio internacional: En primera instancia que los Parlamentos de los países miembro de OIT lo ratificaran y después que los Estados los pusieran en vigencia. Los estatales conocemos la experiencia en nuestro país y lo que sucede en los estados provinciales y municipales.

El Convenio 151 y el 154, ampliatorio del anterior, tuvo su primera ratificación en nuestro país en la provincia de Neuquén por la sanción de la ley 1974 -de fecha 24 de setiembre de 1992- en la que se ratificaban los convenios internacionales y se establecía el régimen de convenios colectivos para los trabajadores estatales de esa jurisdicción. Días después, el 11 de noviembre del mismo año, y siendo autor de la misma nuestro compañero Germán Abdala, el Congreso Nacional sancionó la ley 24,185. Allí se estableció la ratificación de los convenios internacionales y una ley de convenio colectivo de trabajo para los trabajadores del Estado Nacional. Esta ley sería el marco futuro para las próximas leyes y ordenanzas municipales que ratificarían la puesta en marcha de los convenios colectivos de trabajo.

La organizaciones internacionales que nos nuclean declararon que el 27 de junio sea establecido como el Día de los Trabajadores del Estado, y que sea este un homenaje a la lucha por el derecho a sindicalizarse y al reconocimiento de a los convenios colectivos de trabajo.

En Argentina, nuestra ATE también comenzó a luchar por el reconocimiento de este día como el nuestro. En primer lugar, nuestros cuerpos orgánicos del sindicato establecieron en el año 1985 que el 27 de junio sea conmemorado como nuestro día en toda nuestra organización. A partir de allí, comenzó también el reclamo para que los Estados provinciales reconocieran este día: Así conseguimos que se sancionaran las normas legales para su vigencia en las provincias de Neuquén, Entre Ríos y Mendoza. 

Y este año lo logramos. Luego de presentar este reclamo en el año 2012 a todos los bloques de Diputados del Congreso Nacional, y por una iniciativa parlamentaria del Diputado Nacional Víctor De Gennaro, logramos la sanción de la ley 26.876 que fuera aprobada en el Senado de la Nación el 3 de julio de 2013 y promulgada por decreto 1059 del Poder Ejecutivo de la Nación.

Es decir que a partir de la sanción de esta Ley se establece en todo el territorio nacional el 27 de junio como el Día de los Trabajadores del Estado. Nos queda ahora lograr que las provincias y municipios adhieran a esta norma legal y den el carácter de feriado también las jurisdicciones provinciales y municipales.

El 27 de junio y esta ley ratifican dos conceptos para nosotros fundamentales: En primer lugar nuestro carácter de trabajadores, somos esos trabajadores orgullosos de pertenecer a esa clase, de que se nos reconozca como tales. No somos empleados de los gobiernos de turno, somos Trabajadores del Estado. Tenemos además derecho a organizar libremente nuestros sindicatos y el derecho a que nuestras condiciones de trabajo, salarios, ingresos, disciplina, carrera, no sea el resultado del capricho de ningún burócrata o político de turno, sino sea el acuerdo paritario expresado en nuestros convenios colectivos de trabajo.

Cada 27 de junio será un día festivo, de conmemoración, porque tenemos mucho que festejar: festejamos los pasos que hemos dado, nuestras conquistas, nuestras luchas, las derrotas que nos aplicaron las políticas contrarias a los intereses de nuestro Pueblo, pero con la alegría de saber que en unidad podremos superarnos y construir un Estado fuerte al servicio de nuestro Pueblo, a quien nosotros, los Trabajadores del Estado reconocemos como el destinatario de todo nuestro esfuerzo y saber.



 

– 27 de junio: Día del Trabajador del Estado (Editorial de El Trabajador del Estado, edición septiembre 2013). Por JULIO FUENTES


 

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Una mentira que dicha mil veces no se vuelve realidad

Ayer nos informamos que la señora Presidenta ha decidido, en conjunto con sus acólitos de las centrales afines y con los empresarios, que se aumentará el Salario Mínimo, Vital y Móvil para todos los trabajadores del país. Una vez más nos mienten en la cara, una vez más nos quieren hacer pasar, como que no pasa nada. O la señora Presidenta le miente a los laburantes o le mienten a ella. Para colmo, tiene una sarta de periodistas que transmiten estas mentiras y a otros que las intentan volver verdades.

Por eso quiero decir que la mentira tiene patas cortas. No es cierto que el Salario Mínimo, Vital y Móvil le llegue a todos los trabajadores. Sepa la señora Presidenta que a muchos de los trabajadores municipales no les toca ese mínimo. Sepa la señora Presidenta que en la mayoría de los municipios a los que ella y su Gobierno financian, no pagan lo que decide el Consejo del Salario, esto se debe a LA FAMOSA AUTONOMÍA QUE TIENEN LOS MUNICIPIOS. Sepa la señora Presidenta que hoy, estando en el año 2013, tenemos en el país trabajadores por debajo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, y sepa también que la mayoría de los intendentes, hacen oídos sordos a los dictámenes del Ministerio de Trabajo y oídos más sordos aun cuando se les reclama que deben actualizar esos montos. Lo peor es que en varios municipios hay hoy trabajadores jornaleros: Son los de la basura, los de los mataderos, los del corralón, son los de parques, o los barrenderos, que a diario vemos trabajando en las calles de los pueblos olvidados, por los gobernantes provinciales, por los nacionales y vueltos a la esclavitud por intendentes déspotas, que se creen patrones de estancia y hacen y deshacen a su antojo.

Usted lo sabe, señora Presidenta, y no hace nada. Lo sabe su Ministro de Trabajo, y no hace nada. Lo sabe la Justicia, y no hace nada. Pero se empieza a sentir un aire de esperanza, un aire de unidad, y los municipales de todo el país comienzan a juntarse para hacer tronar el escarmiento, porque todavía está vivo en el corazón de los humildes, de los que sufren, de los olvidados, lo que nos enseñaran Perón y Eva: A las conquistas no se las proclama, sino que se arrancan con lucha, con movilización, con unidad, con solidaridad y, como decían nuestros predecesores, se logran con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes.

En ese sentido sepa, señora Presidenta, que está en sus manos la solución. Y si sus subordinados no se lo dicen, desde este medio se lo queremos decir: Usted debe garantizar un fondo solidario, que le asegure a aquellas municipalidades que no tienen para pagar el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Usted no se puede hacer la distraída, usted siempre dice en sus discursos que es la Presidenta de TODOS los argentinos. Pues bien, los municipales del interior mas profundo de mi país, que es el suyo también, ya no saben quien es el Presidente, porque ven su figura, escuchan sus palabras, leen sus decretos y comprenden las señas de la señorita traductora en una esquina del televisor, que les dice que van a cobrar desde hoy 3.600 pesos de Salario Mínimo, que la señora Presidenta en persona, desde el televisor, lo garantiza, y después un señor, sin cadena nacional, sin traductora, con pocas palabras decide que en el pueblo, los municipales no tienen derecho a ese Salario Mínimo, Vital y Móvil. Y lo que es peor: Algunos dirigentes gremiales, que estuvieron cerca de la Presidenta cuando lo anunciaba, ahora están de acuerdo con el intendente para que no se pague.

Señora Presidenta, también escuchamos en el televisor que usted le dijo al Presidente de la OIT que los estatales del país tenían Convenio Colectivo. Quiero decirle, por si le están mintiendo, que más del 70 por ciento de los estatales del país no tienen Convenio Colectivo. Como decía German Abdala, todavía hoy hay muchos burócratas, que le fijan el salario o las condiciones de trabajo a los laburantes. Sepa señora que los trabajadores Provinciales y Municipales, son también estatales y no tienen Convenio. No se deje mentir, no deje que la hagan mentir, Gracias.

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Análisis del Decreto Nº 929/13: El "Decreto Chevron"

El decreto 929/2013, reafirma, sustancialmente, la política de remuneración de precios dirigida al conglomerado de empresas hidrocarburíferas, otorgándoles renovadas ventajas bajo el pretexto de la imperiosa necesidad de "incentivar" las inversiones en el sector a los efectos de cumplimentar lo requerido por la Ley 26.741 de Soberanía Hidrocarburífera.
En tal sentido, la lógica es la misma que se persigue con la reciente recomposición del precio del gas en boca de pozo, sobre la que ya hemos informado en los últimos meses.
En relación al flamante decreto, este nuevo régimen de incentivo de inversiones, prevé, en lo fundamental, lo siguiente:
– Aquellas empresas que presenten proyectos de explotación superiores a los 1.000 millones de dólares, podrán recibir beneficios concretos tanto en materia de exportaciones como de disponibilidad de divisas. Es decir, la orientación mercadista de la política hidrocarburífera, se sostiene.
– Se considerarán proyectos tanto en recursos convencionales como no convencionales. Estimamos que, en verdad, este es el asunto que realmente importa en esta coyuntura energética nacional, es decir, la creación de condiciones favorables para la "inversión internacional" que vendrá de la mano de los grandes jugadores con capacidad de fondeo importante. ( Chevron dixit).
– Sin embargo, debe registrarse que se han establecido algunos parámetros que las empresas deberían cumplimentar para acceder a los mencionados beneficios. Ello deja en claro que se trata, en efecto, de medidas ajustadas a los intereses de Chevron. ¿Cuáles son esos parámetros?
a- Se establece que al quinto año de ejecución del proyecto de inversión, la empresa tendrá el derecho a exportar no más del 20% de los hidrocarburos sólidos y gaseosos producidos, sin afrontar pago alguno por derechos de exportaciones; es decir, se las exime del pago de retenciones por ese monto.
b- Consecuentemente, podrán disponer del 100% de las divisas provenientes de la exportación de hidrocarburos, en tanto y en cuanto, aseguren, al menos, un ingreso de divisas al país del orden de los 1.000 millones de dólares como mínimo.
c- En caso que no se lleguen a cumplimentar las necesidades de abastecimiento interno, se le asegura igualmente a las empresas que estén incorporadas a este régimen, y para los porcentajes de hidrocarburos que estarían sujetos a exportación ( 20%), los mismos precios vigentes para la exportación, sin computar, por cierto, los derechos que deberían pagarse ( es decir, retenciones). Esto es, lisa y llanamente, decirles: vendan el porcentaje asignado para exportación al mercado interno- porque no podemos asegurar el abastecimiento- y se les convalidará el precio de exportación del producto. Ganancia absoluta para la empresa.
d- Como complemento, finalmente, de la medida anterior, los productores tendrán derecho al 100% de las divisas de libre disponibilidad, equivalentes al porcentaje del monto de los hidrocarburos que venden al mercado interno, pero que hubieran estado sujetos a exportación.
En concreto, pocas veces, se ha visto algo tan burdo. Es un decreto a la medida de Chevron, que, por cierto, podría replicarse para otros casos, pero que demuestra, claramente, que el corto plazo, la negligencia y la mala praxis, siguen guiando las decisiones en materia de política energética del gobierno nacional.
Asimismo, convalida las mismas condiciones bajo las que ha funcionado el subsector de hidrocarburos desde la desregulación de los 90, ya que reinstala la libre disponibilidad de divisas y la posibilidad de exportación, aunque lo hace bajo algunos parámetros que, en realidad, son la demostración de la fragilidad estructural del sistema en su conjunto y de la urgente necesidad de "mostrar" que se está recuperando el sector a partir del acuerdo con Chevron. Es realmente descabellado.
Ante esta nueva convalidación del desatino en la operatoria del sector hidrocarburífero, es fundamental:
– La exigencia de una auditoría integral de reservas y activos que incluya a todos los operadores y a todos las cuencas en operación en el país. Esto, por cierto, no es nuevo. Ya lo hemos expresado, incluso, en recientes pedidos de informes.
– La derogación sin más de todas las consideraciones de los famosos decretos desreguladores de los 90, que, aún fragmentados, siguen en parte vigentes y permiten los mínimos resquicios para que esta lógica de saqueo se siga reproduciendo.
– La misma ley 26.741, de Soberanía Hidrocarburífera, aprobada en mayo de 2012, señala que el principio fundamental que está detrás de la declaración de interés público de la actividad hidrocarburífera, es la necesidad estratégica de asegurar el abastecimiento del mercado interno. Por ende, y en aplicación de ese principio fundamental, debería anularse sin más este Decreto 929 publicado este 15 de julio de 2013 en el Boletín Oficial y por el que se establece este nuevo régimen de inversiones en materia de hidrocarburos convencionales y no convencionales.
– En ese marco, no pude pensarse siquiera en exportar un m3 de petróleo, en tanto y en cuanto no se hayan tomado las medidas pertinentes para asegurar el suministro estable del mercado interno en el mediano y largo plazo. Esto implica que no existen condiciones en absoluto para reintroducir una lógica exportadora en un sistema energético deficitario, lo cual implica que debe suspenderse indefinidamente toda exportación de hidrocarburos por ser recursos estratégicos y por la delicada situación de pérdida del abastecimiento. Sin embargo, y a pesar de lo que afirmamos, la misma Ley de Soberanía Hidrocarburífera, sostiene la exportación como uno de los principios de política hidrocarburífera.
En definitiva, una vez más, queda en claro que, en materia energética, se siguen convalidando situaciones de control y captura de renta por parte de los operadores privados y que, en tal sentido, la estatización parcial de YPF, no sólo no ha implicado la reversión de una lógica de funcionamiento que perpetúa la expoliación y saqueo de lo que queda en el sector, sino que, además, puede transformar al Estado en el "socio bobo" de actores privados trasnacionales del sector hidrocarburífero, cuyo real interés es, hoy por hoy, tener un marco de condiciones aceptables para encarar la explotación a gran escala de los recursos no convencionales. Esto es lo que está detrás del Decreto 929.
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CUMPLIENDO EL MANDATO

En el marco del 58º Congreso Ordinario de la Asociación Trabajadores del Estado, el Secretario General del Consejo Directivo Nacional, Julio Fuentes, realizó en la apertura un informe político para todos los congresales presentes.

 

Algunos de los pasajes más sobresalientes:

Este mandato que construimos tenía y tiene que ver con generar mejores condiciones para que los trabajadores del Estado demos nuestra lucha por ejes reivindicativos comunes. Estos surgieron de un proceso de debate y asambleas que fuimos construyendo, conociendo y reafirmando. Y de esta manera sentimos la demanda concreta de nuestros compañeros y compañeras, transformada en mandato por el proceso electoral, de generar una mayor participación.

En esta dirección hemos realizado, desde ese 6 de noviembre, y en un año, nueve reuniones de la Conducción Nacional y dos Consejos Federales -que lamentablemente hacía bastante tiempo no hacíamos y que tanta vitalidad le dan a nuestra organización. Realizamos decenas de plenarios de trabajadores de distintas actividades del Estado Nacional, como también de actividades de los trabajadores de las provincias y municipios.

A la vez, revitalizamos y dimos continuidad a tareas que venían llevándose adelante con mucho esfuerzo en nuestra organización, como es el área de investigación, el IDEP. Dimos un aporte más a nuestra Escuela de Formación Sindical a partir de instalar, además de los programas de tareas y de cursos presenciales que ya venían desarrollándose, el programa virtual. Esta sin duda va a ser la herramienta que en el futuro generará un desarrollo que nos permita acortar las distancias. En este sentido hemos hecho no sólo una inversión económica, sino una gran inversión de trabajo, de voluntad y, por sobre todo, de esperanza.

Dentro de este mandato de mayor participación y comunicación entre nuestros compañeros, seguro con defectos pero con mucho esfuerzo, creemos haber alcanzado algunos objetivos durante este proceso para fomentar que nuestros compañeros se involucren cada vez más en las decisiones. Por esto hoy ATE está dando cumplimiento a un viejo mandato que por diversas causas no se había podido llevar adelante, y es que ya son cinco mil compañeros, arrancando por los de las comisiones directivas, los consejos directivos y las seccionales, los que reciben en su domicilio El Trabajador del Estado. Esto va a permitir, sin duda, una mejor comunicación.

Sin dudas este mandato también incluye reivindicaciones estructurales de nuestra organización, como es el de lograr mayor estabilidad en el empleo público. Y es el gremio el que debe garantizar las herramientas para poder dar esta importante batalla por el pase a planta.

Aparecía también, de una manera durísima, la necesidad de que el principio constitucional de ‘a igual trabajo, igual salario’ se convierta en una realidad, y que no sea solamente una hermosa letra en el Artículo 14 de la Constitución Nacional. Porque el nivel de desigualdades cada vez es mayor y cada vez nos golpea y nos condena con mayor dureza. Si lo analizamos, hoy un trabajador del Estado Nacional gana, a valores promedio, el doble que un trabajador provincial, mientras que a su vez un provincial cobra, a valores promedio, el doble que un municipal.

Entendemos que el instrumento reparador de esas desigualdades y de esas injusticias es el Convenio Colectivo de Trabajo. Hace 34 años que la OIT sancionó el Convenio 154, por el cual tenemos el derecho a la Convención Colectiva. Y hace poco más de 20 años que, de la mano de nuestro querido Germán Abdala, se logró sancionar una ley en el Congreso de la Nación para que el CCT se transformara en realidad. Y la lucha tuvo que continuar: recién en 2004, después de transitar mucho camino, nuestra organización logró sentarse en la mesa paritaria en la que se deben, o se deberían, resolver los problemas de los trabajadores estatales. Hoy debemos tener en claro que la lucha por el CCT hace al motor de nuestra actividad.

Sin embargo, no nos alcanza sólo con discutir las condiciones laborales. Nosotros también queremos discutir en qué Estado trabajamos y para quién trabajamos. Los trabajadores estatales, en un Estado que no esté al servicio de los intereses populares, no se van a salvar solos. No vamos a ganar estabilidad y Convenios Colectivos si el Estado no está al servicio de los intereses del pueblo argentino.

Sobre esto nos empeñamos en trabajar durante el 2012, y le pusimos un punto y un hecho, que fue el 27 de Junio. Teníamos que encontrar una forma de unificar a los trabajadores del Estado, porque el modelo neoliberal nos fragmentó a un punto en el que prácticamente no nos conocemos. La pregunta era: ¿Cómo hacemos para que todos esos compañeros sientan que este sindicato es de ellos y que nosotros tenemos un destino común? Esta es la gran tarea, y buscamos lograrla el pasado 27 de Junio.

El objetivo fundamental es el de honrar con toda nuestra voluntad e inteligencia este mandato que hemos recibido. El de generar las mejores condiciones para nuestros compañeros a la hora de pelear. Y cualquier compañero sabe que es mejor cuanto más seamos a la hora de dar la batalla. Y es mandato, no un capricho político, porque cada vez que vamos a hacer una asamblea los compañeros nos dicen ‘che, ¿por qué no se juntan?’. Tampoco está regalado, pero hay que seguir intentándolo porque en cualquier lugar al que uno vaya va a encontrar dos, tres, o más organizaciones a las cuales los compañeros están adheridos. Orgullosamente nosotros estamos convencidos de que la nuestra es la mejor, pero hay otros compañeros. ‘¿Por qué no se juntan?’, nos preguntan. Y ese mandato sencillo es el que nosotros hemos asumido: Juntarnos con otras organizaciones para ver si podemos hacer fuerza en cada provincia, en cada municipalidad, en el Estado Nacional.

Juntémonos compañeros, porque no alcanza con nosotros, no hay que llevar a los compañeros a una lucha que tenga cantada su derrota de antemano. Hay que hacer el esfuerzo de generar las mejores condiciones para librar la pelea. Y nosotros hemos intentado durante el 2012 generar esas condiciones.

El sentido de la unión, hoy más que nunca, sirve porque debe ser el socializante. La unión es la que tiene la posibilidad de reparar, aunque sea parcialmente, las desigualdades. Por ejemplo, hay algunas partes de ATE que con sus recursos podrán comprarse un auto o comprarse una sede propia, pero hay otros ATE que no. El camino de la unión es que entre todos juntemos recursos para que estos nos permitan ir reparando desigualdades. Y nosotros en eso, compañeros, este año hicimos un esfuerzo importante. Hicimos una inversión importante en ese sentido.

Hemos comenzado a construir un hotel en la ciudad de Buenos Aires, que es donde lo estamos necesitando cada vez más por las derivaciones médicas, que por las crisis de las obras sociales provinciales que mandan a los compañeros para acá con apenas, en el mejor de los casos, la prestación en alguna clínica, pero sin alojamiento.

Además, durante el 2012 adquirimos, con una inversión de más de dos millones de pesos, una importante flota de autos para dotar a ese 51 por ciento que no tenía vehículo propio, y que bien lo ha adquirido durante el 2012 o lo va a adquirir durante el 2013. El objetivo es que para fin de año el 100 % de nuestras Seccionales tengan un vehículo automotor para poder cumplir sus tareas. Porque si vamos a empujar el crecimiento de municipales en todas las localidades, los compañeros no pueden andar a pata para llevar la voz del sindicato. También podemos decir que todas nuestras Seccionales tienen conexión a Internet. Se han dotado también de computadoras a las que lo necesitaban.

Estamos también en un proceso de construcción de varias nuevas sedes. En el mismo sentido, hemos lanzado un plan para ayudar a los Centros de Jubilados y a las Seccionales para la reforma de baños, que puede parecer una cosa tan secundaria, pero que en realidad es muy importante. Esas cosas son las que también estamos llevando adelante. No sólo el hotel, no sólo lo grande, sino también lo pequeño, lo de todos los días.

Para este Consejo Directivo es muy importante el tema de que al termino del mandato tengamos un ATE más justo, un ATE donde no haya tanta diferencia entre unos y otros, un ATE más de iguales, un ATE donde el sueño de la sede propia pueda ser una realidad. Para esto, hemos intentado administrar con sabiduría, con la inteligencia que tenemos, poca o mucha, hemos intentado cumplir durante el 2012 este mandato que recibimos de nuestras bases: Dar pelea, no arrugar en ninguno de los espacios. Donde hay que ir a pelear, la Asociación Trabajadores del Estado va a estar peleando, y donde nos inviten a proponer, también vamos a estar proponiendo.

A fin de cuentas, creemos en ese ATE: unido, solidario, democrático y federal. 



 

– Cumpliendo el mandato (Editorial de la edición Junio 2013 de El Trabajador del Estado). Por Julio Fuentes.