El ascenso a teniente general de César Milani, un personaje acusado de ser responsable activo en el genocidio que sufriera nuestro país, lo primero que genera es un fuerte repudio.

Lo repudiamos en particular los trabajadores del Estado, que desde los mismos orígenes de la agrupación Anusate, que recuperó el gremio en 1984, hemos estado al frente de toda la lucha en defensa de los derechos humanos.

Cabe recodar que Anusate se constituyó en 1977 en la iglesia de la Santa Cruz, el mismo lugar donde se reunían las Madres que fueron secuestradas por la banda de los asesinos Astiz y Massera.

Desde esos orígenes la agrupación unió la lucha por los derechos laborales y sindicales de los trabajadores, en aquel tiempo por la recuperación de la democracia, con la lucha en defensa de los derechos humanos, porque denunciar a la dictadura era una manera de resistir y de defender esos derechos, y buscar construir el camino de la recuperación de las instituciones democráticas para nuestro país.

O sea que somos parte de esa historia y no podemos en estás circunstancias, menos que repudiar semejante aberración política producida por el gobierno nacional.

En segundo lugar cabe preguntarse ¿por qué lo hace?

Muchos piensan que solo se trata de un capricho de la presidenta de sostener a este personaje por una actitud de no dar marcha atrás con una decisión tomada.

Yo creo que esos análisis ponen el acento en cuestiones de carácter subjetivo o de meros gestos personales, y la verdad es que la historia de nuestro país y de sus gobiernos, está marcada siempre por motivaciones mucho más profundas. Entonces hay que decir que el gobierno está mostrando su verdadera cara también en esta materia.

Y esto debe entenderse como un adelanto de otra actitud que está siendo la de enlentecer o desacelerar los juicios que se extiendan en el tiempo, precisamente cuando va quedando cada vez más claro que la búsqueda de una democracia más plena requiere de profundizar ese juicios, ya no solamente a los responsables militares de aquel genocidio y de la inteligencia del terrorismo de Estado, sino también a los responsables civiles, fundamentalmente de aquellos grupos empresariales que financiaron y también condujeron ese proceso, empezando por Martínez de Hoz o Aleman, y que hoy ya tiene en la picota a personajes como Blaquier del Ingenio Ledesma, o los juicios contra los responsables de la Ford, u otras empresas multinacionales que tuvieron campos de concentración en sus propias instalaciones.

Pareciera que se quiere poner un límite cuando llega la hora de apuntar la mira sobre algunos apellidos de los altos grupos económicos.

Entonces, queda claro que esto no es una cuestión de caprichos personales, sino que hay motivaciones políticas más de fondo, que encuentran relación en hechos como la aprobación de la Ley Antiterrorista, o que se haya convocado a que se marche por las veredas y no por las calles, para luego dar paso a la represión que se ha registrado en tantos casos últimamente.

Por eso hay que analizar esta cuestión con una profundidad mayor y asociarla a la existencia notoria de las políticas de ajuste en materia económica. No nos tiene que extrañar que con la excusa de que se utiliza a la Gendarmería y la Prefectura para el control de la seguridad interna, mañana aparezca la idea de que las Fuerzas Armadas tengan que desplegarse en las fronteras para cumplir las tareas que sí le son propias a la Gendarmería y la Prefectura.

Así que además del repudio, esta situación implica claramente un alerta para que no sea este un paso hacia nuevas formas de políticas represivas de un gobierno, que tiene a muchos personajes como Milani, que fueron parte del genocidio, a quienes se les ha lavado la cara, o limpiados sus legajos, o se ha intentado tapar un pasado relacionado a aquellas horas terribles. Sin embargo, todo es tan obvio que por todos lados salta el pus y así llegan las denuncias de los organismos que estamos comprometidos con  la pelea en serio, y no meramente subordinados al rumbo del gobierno.

Hay que estar muy alertas y seguir insistiendo hasta que esta medida sea revocada, se vuelva atrás para que Milani sea pasado a retiro y sea activado el juicio por su responsabilidad en el genocidio. Y obviamente reemplazado de un cargo que ni le corresponde, ni merece.

Porque para construir unas Fuerzas Armadas nuevas, éstas tienen que estar absolutamente desvinculadas de lo que fue el proceso genocida en la Argentina. Sino se tratará solo de un relato más.