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Aguiar destacó el proyecto de IVA cero para los alimentos

El secretario adjunto de ATE Nacional y secretario general de la CTA Autónoma de Río Negro, Rodolfo Aguiar, destacó el proyecto enviado al Congreso por el coprovinciano senador Alberto Weretilneck para llevar a 0% el IVA de los alimentos que componen la Canasta Básica hasta diciembre. “Puede tener un impacto aliviador en los bolsillos de la gente”, indicó el estatal.

“Vivimos una crisis sanitaria sin precedentes que ha hecho desastres en la economía del país, pero sobre todo en la familiar. Es indispensable apoyar medidas que colaboren con los sectores populares, quienes han sido los más afectados por este contexto”, agregó el dirigente nacional. El IVA es el principal factor de incidencia en la carga tributaria de los argentinos, según detalló el proyecto de ley.

En esta línea, Aguiar alertó al Gobierno que “si no pueden contener el aumento de los precios en productos esenciales, es hora de volver a aplicar medidas orientadas a los sectores más humildes, como lo fue el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)”. “Es la única forma de evitar que el número de pobres aumente”, sentenció. Los últimos datos del Indec señalan que el 42% de la población se encuentra por debajo de la línea de la pobreza y 10,5% en la indigencia.

El proyecto buscará eximir hasta fin de año, con posibilidad de prorrogarse por 6 meses, los siguientes productos alimenticios: Aceite, arroz, azúcar, diversos cortes de carne, conservas de frutas, hortalizas y legumbres, harina, huevos, leche, pan, pastas, yerba, mate cocido, té y yogur.

“No sería descabellada la idea de transformar el carácter regresivo del IVA a uno progresivo. No hay justicia en que un multimillonario dueño de empresas, campos, inmuebles y con sus riquezas en el exterior aporte lo mismo que un trabajador que depende de su mensualidad para vivir. El derecho a una buena alimentación debería ser plenamente garantizado y este impuesto, hoy por hoy, no está aplicado correctamente”, concluyó el adjunto de ATE. Mientras que en Argentina el gravamen aplicado es del 21%, el promedio mundial es del 15%.

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Pesca social: ATE se reunió con el CECIM y el Consorcio Portuario

Esta tarde, de manera virtual,  la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) llevó a cabo una nueva reunión para avanzar con el proyecto de pesca comunitaria.

El encuentro estuvo coordinado por Orestes «Beto» Galeano, integrante del Consejo Directivo Nacional, y contó con la participación del Secretario General de ATE, Hugo «Cachorro» Godoy,  Hugo Robert, vicepresidente del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y Gabriel Felizia, Presidente del Consorcio Portuario de Mar del Plata.

Además, participaron trabajadores de Atillero Río Santiago, ex combatientes de Malvinas e integrantes del CECIM, trabajadores de ATE Provincia de Buenos Aires y de INIDEP de Mar del Plata.

«Comer proteínas de calidad y más puestos de trabajo en las ciudades costeras es la batalla política que si nos decidimos a dar, tenemos alguna posibilidad de éxito y si no la damos, seguro la perdemos. Tenemos la voluntad de darla», indicó Orestes Galeano.

En ese sentido, Hugo «Cachorro» Godoy, saludó el encuentro y señaló que: «Dese nuestro gremio  creemos que hay un papel muy importante de las organizaciones libres del pueblo para poder discutir políticas públicas y articular respuestas y soluciones concretas. No solamente quedarnos en el discurso general. Soy un convencido de que el Estado que tenemos hay que transformarlo, porque es un objetivo estratégico del imperio, que nuestros estados dejen de ser soberanos e ineficaces para resolver los problemas de la gente».

Además, Godoy resaltó la tarea  política que se viene llevando a cabo desde el consorcio de Mar del Plata y desde el CECIM: «Me produce una gran alegría. Lo que espero es poder darle continuidad y materializarlo, en ese sentido. Vamos a poner todo lo que esté a nuestro alcance para integrar proyectos y  que la pesca social se haga realidad».

Hugo Robert, hizo un recorrido por la historia de la soberanía marítima, señaló que Argentina pesca casi exclusivamente para exportar y que el consumo de pescado está dado por las clases medias altas: «Hay que avivarse de que la producción en tierra no alcanza para que 46 millones de argentinos vivan dignamente. Desde hace una década, la Argentina exporta más pescado que carne. La pesca desde hace muchísimo tiempo ha perdido una de las patas que equilibran la actividad: la social. Se la mira con un único objetivo que es el de producir divisas».  

El vicepresidente del CECIM, desarrolló de qué se trata el proyecto de pesca social que llevaría pescado a los comedores: «Si logramos que nuestros pibes coman un plato de comida a la semana, va a estar comiendo entre 7kg y 8kg de pescado al año, y les mejoraría notoriamente sus capacidades y su salud».

En línea con lo expuesto, Gabriel Felizia contó un proyecto similar llevado a cabo en Mar del Plata e indicó la preocupación existente al conocer que muchos niños y niñas que viven en la ciudad costera no conocen el mar o nunca han probado el pescado: «Es una disputa de orden social, económico y totalmente cultural. Hemos nacido mirando hacia la Pampa y no hacia el mar. Necesitamos ser soberanos en el mar, y viene de la mano de la soberanía alimentaria».

Estuvieron presentes también, Carlos Díaz, Secretario Gremial de CTA-A Provincia de Buenos Aire y Diego Demandi de ATE Ensenada y Coordinador de CNTI de la CTA-A.

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Conmoción en Atucha por el fallecimiento de dos trabajadores por COVID-19

Se conoció la noticia del fallecimiento, producto de COVID- 19, de dos trabajadores de la central nuclear Atucha ubicada en Zárate. Según señalaron desde ATE- Nasa, se trata de Pablo Sarapura, de 44 años y  Maximiliano Sottile de 33.

«Estamos preocupados porque han bajado los controles», indicó Ernesto Simionato de ATE -Nasa.

 Simionato señaló que el año pasado, estando en Fase 1 se respetaban los controles y protocolos de acuerdo a las resoluciones ministeriales pero, este año prevalece un relajamiento y desidia que hace que haya más contagios.

«Durante 2020 teníamos régimen de trabajo con plantel mínimo para cumplir con las operaciones de planta. Así, se evitaba que haya más circulación del virus porque el trabajador se extendía en su franja horaria pero se hacían turnos cada 15 días y se reducía el 50% del personal. Cuando empezaron a bajar los casos, se volvió a convocar a los trabajadores más jóvenes», esgrimió el referente de ATE-Nasa.

Según relatan, existen una falta de sensibilidad y empatía por parte de la empresa desde hace mucho tiempo pero se puso en evidencia ante el fallecimiento de Maximiliano Sottile.

Sottile padecía diabetes y obesidad mórbida. Hacía 13 meses que realizaba su trabajo de manera remota ya que sus actividades tenían que ver con la planificación. Su médico de cabecera le había aconsejado que no volviera a trabajar después de haberse dado la primera dosis de la vacuna contra el COVID pero tuvo que volver a la presencialidad.

«Tan sólo para entender la desidia en esta última parte el crecimiento de contagios creció en un orden estimado de 17 a 170. Para recalcar la falta de empatía, los gremios jamás fuimos convocados a participar de un comité de crisis por la pandemia, a pesar de reiterados pedidos mediante notas internas por irregularidades que se venían dando hasta está situación fatal y  ded mayot concurrencia de trabajadores presenciales. Inclusive pedimos volver a las condiciones que se establecieron el año pasado de garantizar las operaciones de las dos centrales, con el régimen de guardia de la fase 1. Que anduvo muy bien, pero se reducía al 50 % el personal y esto implicaba un gasto de horas extras que la empresa no quiere pagar», resaltó Simionato.

Desde los distintos equipos paritarios y el Comité Operativo de Emergencia de ATE, se viene reclamando que se derogue la resolución 4/2021. Esta resolución conjunta, entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el Ministerio de Salud, habilita a convocar a grupos de riesgo con una sola dosis de la vacuna.

«El caso del compañero de Atucha demuestra nuestro reclamo, pese a que hay una baja mortalidad con una dosis, hay muertos. Independientemente de seguir haciendo las gestiones, trabajadoras y trabajadores que consideren igual que nosotros,  que está primero la vida, creemos que se pueden negar a ir a las tareas invocando el Convenio de la OIT 155 artículo 13. Allí, se establece que nadie puede ser sancionado si suspende su prestación, motivo de que existe un riesgo cierto de que corre peligro su vida y/o su salud», senaló Orestes «Beto» Galeano, Director Nacional de ISSTATE.

Galeano resaltó además, que el convenio de la OIT ha sido ratificado por la Ley 26693 y tiene plena vigencia en nuestro país: «En el caso de trabajadores y trabajadoras que concurran a nuestro sindicato y pidan que los representemos, la Ley de Asociaciones Sindicales, en el artículo 23 inciso A ,dice que podemos proteger los derechos individuales y esta misma carta la puede hacer nuestro sindicato».

Por último, el dirigente señaló la necesidad de que haya responsabilidades civiles y penales para los  funcionarios que ponen en riesgo la vida y la salud de las y los trabajadores,» por eso creemos que hay que hacer uso del Convenio 155 y proteger la salud».

«Hasta el día de hoy, no hay registrados fallecimientos con dos dosis pero sí con una dosis. Por eso, nos parece conveniente esperar hasta que estén completas las dosis y esperar los días necesarios para citar a los compañeros», sentenció el dirigente.

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ATE se reunió con el ejecutivo de Freire

Dirigentes de la Seccional ATE San Francisco mantuvieron la semana pasada una reunión con el Departamento Ejecutivo Municipal de la localidad de Freyre, distante 33 kilómetros de la ciudad cabecera del Departamento San Justo.

En el encuentro, se avanzó con las gestiones que se realizaron en marzo, constatando comienzo de la obra de construcción de baños con duchas en el Corralón Municipal, al tiempo que prosiguió la recategorización que se adeudaban a compañeros y compañeras del sector.

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Opinión

La trampa de enfrentar a los pobres con los trabajadores

por Matías Cremonte (titular del Departamento Jurídico de ATE)
Se instaló un falso debate alrededor del proyecto de ley para que los salarios inferiores a $150.000 dejen de pagar el impuesto a las Ganancias. Se intenta contraponer un supuesto privilegio de esos asalariados con los intolerables niveles de pobreza.
Sin embargo, las personas que perciben como consecuencia de su trabajo salarios dignos no son responsables de la pobreza. Por el contrario, son parte de la solución.
Analicemos primero el proyecto de ley: la suba del mínimo no imponible supone una reducción de $47.000 millones en la recaudación impositiva. Pero el mismo proyecto retorna al 35% el impuesto a las Ganancias de las sociedades -que el macrismo había reducido a 25%- lo que implicará una recaudación adicional de $41.000 millones. La primera falacia entonces radica en afirmar que el Estado deja de recaudar $47.000 millones que pudieran destinarse a planes sociales. En todo caso, la reducción será de $6.000 millones, es decir, no podrá atribuirse al beneficio de esos trabajadores y trabajadoras que el Estado destine o no lo recaudado en medidas que contribuyan a paliar la pobreza.
Pero esa lectura lineal de la incidencia de esta medida en los niveles de recaudación omite un dato mucho más importante, y es que lo que los asalariados dejen de pagar del impuesto a las Ganancias más que seguramente se destinará al consumo interno. Y eso, además del virtuosismo que en sí mismo supone el crecimiento de la demanda, implica subas en la recaudación a través del IVA. Así, es probable que sólo desde el punto de vista tributario, la modificación de la ley del impuesto a las Ganancias implicará un aumento de la recaudación fiscal.
La pobreza revelada por el INDEC días pasados es insoportable, y desde luego el Estado es responsable de resolverla. Una emergencia de esa magnitud requiere de medidas urgentes, probablemente a través de más asistencia social. Pero la solución de fondo radica en la creación de empleo con salarios dignos, poniendo en la cima de la agenda pública el objetivo del pleno empleo.
Las mayores crisis económicas del capitalismo -y la provocada por la pandemia del Covid-19 sin dudas debe inscribirse entre ellas- requirieron de soluciones drásticas. La más importante de ellas, la de los años 30, se enfrentó con intervención estatal para generar empleo y promover salarios dignos, que reactivaron la demanda y, con ella, la producción.
Son necesarias políticas que apunten a la reducción de los niveles de desigualdad imperantes, niveles que suponen que el 20% más rico del país tenga un ingreso 13 veces mayor que el 20% más pobre.
Medidas como la elevación del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias, aunque parciales pues el salario como tal no debería pagar ese impuesto, se inscriben en esa senda. Compensar lo recaudado por el retorno al 35% del impuesto a las Ganancias de las sociedades con el aumento del mínimo no imponible a las remuneraciones, supone una transferencia de ganancias que seguramente no se convirtieron en inversión hacia los ingresos de los trabajadores y trabajadoras, que como dijimos, redunda en un crecimiento del consumo.
Una reforma tributaria estructural que deje atrás el actual sistema regresivo y grave la riqueza para terminar con la pobreza debería ser el siguiente paso.