El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, aseguró que “hoy en la Argentina el 70% de los estatales son pobres” y señaló: “El deterioro en las condiciones de vida de los trabajadores se acentuó durante las últimas semanas. Cada día son miles los que caen por debajo de la línea de pobreza en el país”.
“Los estatales más precarizados son los municipales, muchas veces con ingresos que apenas cubren un tercio del costo de la canasta básica. Enfrentamos el desafío de ponerle fin a la precarización laboral en todo el Estado, y ellos son los más postergados en materia de derechos laborales y salariales”, detalló el dirigente, indicando que en los últimos tres meses aumentaron un 10% la cantidad de estatales por debajo de la línea de pobreza.
Según el último informe de la Junta Interna de ATE-Indec, el salario promedio de los estatales es de $259.643, aunque son considerablemente menores en el caso de los municipales, mientras que la canasta básica de diciembre se ubicó en $495.798.
Aguiar evaluó que “con su programa económico, el Gobierno lleva adelante una destrucción casi total de los ingresos” y agregó: “Antes que asuma la gestión actual, soportamos una remarcación generalizada de los precios, luego una devaluación y ahora se le autorizan a las empresas de servicios y transporte aumentos mensuales y permanentes mientras los salarios se mantienen congelados”.
“Intendentes y gobernadores tienen que convocar a paritarias pensando en aquellos que perciben los ingresos más bajos. Se deben definir estrategias que permitan recuperar rápidamente el poder de compra de todos los salarios de los trabajadores del sector público”, concluyó el Secretario General de ATE.
El sindicato informó que en el último año la pérdida del poder adquisitivo cayó un 12,5% en la Administración Pública Nacional, teniendo en cuenta las paritarias en relación a la inflación del 211,4% durante este periodo.
Del total de estatales en todo el país, 716 mil corresponden a la Administración Pública Nacional, más de 2 millones a las provincias y casi 500 mil distribuidos en municipios y comunas.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) participó este lunes de la exposición en el plenario de comisiones por el tratamiento de la Ley Ómnibus ante diputados nacionales del oficialismo y la oposición. El sindicato expresó su más absoluto rechazo al proyecto como así también al mega DNU.
“Los diputados tienen que cumplir con el mandato que les dio el pueblo. No se le puede delegar al Presidente la facultad de legislar. Si no defienden el Congreso, estarán poniendo en riesgo la Democracia”, apuntó el Secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar, y agregó: “Mediante esta ley se pretende subastar la Argentina, rematarla al mejor postor y tenemos que evitarlo”.
En este sentido, el dirigente señaló: “Los diputados tienen que dar la cara. Vienen a Buenos Aires y después cuando vuelven a sus provincias se olvidan de lo que votaron. La ley no contiene un solo beneficio para los trabajadores, jubilados y sectores populares. Hay que rechazarla”.
“No depende de los trabajadores lo que haga el Congreso. Es un ámbito que nos excede, pero sí depende de nosotros lo que pase en la calle, y tenemos que convocar a que la huelga general y movilización del 24 de enero sea multitudinaria”, concluyó Aguiar.
Durante esta jornada expusieron distintos actores sociales que se ven gravemente afectados por lo propuesto por el Gobierno, luego de que los legisladores debatieran en comisiones durante la semana pasada, según lo programado para el tratamiento del proyecto.
En este marco, el sindicato puntualizó su rechazo a los artículos que pretenden el cierre de empresas y organismos estatales, y el despido de trabajadores que afecta incluso a quienes cuentan con estabilidad laboral. Además, enfatizó en cómo estas medidas dañarán gravemente la prestación de servicios públicos para el común de la sociedad.
Los trabajadores estatales se movilizaron en todo el país en una nueva Jornada Nacional de Lucha encabezada por ATE contra el ajuste, el desguace y los despidos en distintas áreas del Estado pretendidos a través del mega DNU y la Ley Ómnibus, y por una urgente recomposición salarial.
“Hoy ATE cumple 99 años. El Gobierno tiene que saber que no nos va a poder disolver por decreto ni amansar por intimidación”, señaló el Secretario General del sindicato, Rodolfo Aguiar. “Desde el Gobierno nos dicen ‘no la ven’, y nosotros creemos que sí, la estamos viendo, es en la calle y no nos vamos a detener. Vamos a profundizar nuestro plan de lucha hasta recuperar todos nuestros derechos”, disparó Aguiar en referencia a los dichos del presidente Javier Milei.
Los estatales se movilizaron frente al Centro Cultural Kirchner (CCK), ubicado en Sarmiento 151 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en tanto que cada provincia replicó la jornada adoptando sus propias modalidades de protestas con asambleas, radios abiertas, movilizaciones y cortes de ruta en las principales ciudades del país.
Aguiar aseguró que “con la decisión de despedir trabajadores y congelar salarios, el Gobierno está afectando notoriamente el funcionamiento de numerosas áreas del Estado” y agregó: “Demandamos la inmediata reincorporación de todos los cesanteados sin justa causa y una recomposición salarial que permita compensar el deterioro que han tenido todos los ingresos en el sector público”.
“Si juntamos el mega DNU y la Ley Ómnibus, no vamos a encontrar una sola medida en favor de los trabajadores, los sectores populares y los jubilados. Sólo se intenta beneficiar a 4 o 5 grupos económicos. Quieren subastar la Argentina al mejor postor”, indicó el dirigente.
En esta línea, Aguiar concluyó recordando las palabras del escritor Arturo Jauretche: “Hoy está más presente que nunca aquella frase que dice: ‘Si malo es el gringo que nos compra, peor es el criollo que nos vende’. A los gringos que nos quieren comprar como Lewis los enfrentamos desde hace años, y ahora vamos a enfrentar a los criollos que nos quieren vender”.
Frente de Sindicatos y Empresas Estatales
También participó activamente de la movilización el recientemente conformado Frente de Sindicatos y Empresas Estatales, el cual se presentó oficialmente a través de una conferencia de prensa el pasado viernes 12 de enero.
El mismo rechazó tajantemente el intento de privatizar empresas que resultan esenciales para el desarrollo productivo del país.
De esta forma, las principales exigencia de los trabajadores fueron:
• La reincorporación inmediata de todos los trabajadores/as despedidos.
• Urgente reapertura de paritarias y aumento salarial que supere la inflación.
• Cese de las políticas de ajuste.
• Pase a Planta Permanente y Estabilidad Laboral para todas las y los trabajadores.
• Anulación del Protocolo Anti-Movilizaciones que intenta cercenar el derecho a peticionar a las autoridades.
Luego de la carta documento con la que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) le contestó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por pretender cobrarle al sindicato 56 millones de pesos por un operativo de seguridad, este lunes se realizará una nueva Jornada Nacional de Lucha a partir de las 11 contra el ajuste, el desguace y los despidos en distintas áreas del Estado pretendidos a través del mega DNU y la Ley Ómnibus, y por una urgente recomposición salarial.
“Estamos enfrentando un ajuste potente y regresivo que se impulsa a nivel nacional y rápidamente se dispara a las provincias y municipios”, señaló el Secretario General del sindicato y agregó: “Demandamos la inmediata reincorporación de todos los trabajadores que han sido despedidos sin causa justificada y que afectan el funcionamiento de numerosas áreas del Estado ya que los mismos cumplen roles esenciales y realizan tareas indispensables”.
“La inflación de diciembre genera un daño irreparable en los ingresos del sector público. Si a esto sumamos el intento de quitar las horas extras, se le está dando un golpe de gracia a los salarios más bajos. También exigimos que se convoque a paritarias y se defina una inmediata recomposición salarial”, evaluó el dirigente.
La Conducción Nacional se movilizará frente al Centro Cultural Kirchner (CCK), ubicado en Sarmiento 151 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fecha en la que el sindicato cumple 99 años. En tanto, cada provincia definió sus propias modalidades de protesta que se realizarán en las principales ciudades del país. También participará el recientemente conformado Frente de Sindicatos Estatales, el cual se dio a conocer a través de una conferencia de prensa el viernes 12 de enero.
Cabe recordar que durante el último encuentro paritario realizado el 27 de diciembre, la nueva gestión asistió a la reunión sin una propuesta salarial concreta. Frente a una inflación que escaló a 25,5% durante ese mes, la situación para los trabajadores estatales se vuelve crítica.
En este contexto, el sindicato rechazó la carta documento recibida por parte del Ministerio de Seguridad mediante la cual se pretendió que ATE pague más de 56 millones de pesos por un operativo de seguridad. Es por eso que el sindicato envió durante las últimas horas una carta documento firmada por Rodolfo Aguiar, en la cual se exigió el cese del absurdo, irrazonable e ilegal intento de enriquecimiento sin causa.
En la notificación formal remitida a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, el sindicato señaló que la medida de fuerza se efectuará en reclamo por:
• La reincorporación inmediata de todos los trabajadores/as despedidos.
• Urgente reapertura de paritarias y aumento salarial que supere la inflación.
• Cese de las políticas de ajuste.
• Pase a Planta Permanente y Estabilidad Laboral para todas las y los trabajadores.
• Anulación del Protocolo Anti-Movilizaciones que intenta cercenar el derecho a peticionar a las autoridades.
En medio de la fuerte escalada inflacionaria y ante la decisión del Gobierno de suspender las horas extras en el Estado, el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, señaló que “se está generando un daño irreparable en las condiciones de vida de los estatales”.
“Esta devaluación descontrolada y en ascenso termina de destruir los ingresos de los trabajadores en el sector público. La paritaria del 2023 está absolutamente desactualizada. Acumulamos una pérdida del 12,5%”, señaló el dirigente nacional en base a la caída de los ingresos estatales en el último año, tomando como referencia los salarios de diciembre de 2022 y luego de conocerse el 25,5% de inflación del último mes, acumulando un 211,4% en el año.
“Si a esto sumamos el intento de eliminar las horas extras, se termina de fulminar los ingresos más bajos. Entre la inflación y el intento de prohibir este adicional, miles de trabajadores están cayendo por debajo de la línea de pobreza por estas horas”, apuntó. El sindicato informó que esta medida afectará principalmente a las categorías más bajas del convenio, en las que este concepto representa entre un 40 y 100 por ciento del salario de bolsillo.
En esta línea, Aguiar concluyó: “A los funcionarios no les interesa que el Estado funcione. Lo único que quieren es ajustar y recortar gastos. Esta decisión sobre las horas extras afecta a los trabajadores pero también a toda la sociedad ya que se traducirá en una merma de servicios y pondrá en riesgo las prestaciones esenciales del Estado”.
Cabe destacar que la inflación afecta especialmente a quienes perciben ingresos más bajos, ya que los principales rubros que aumentaron fueron los de primera necesidad, con subas por encima del promedio general: Salud (32,6%), Transporte (31,7%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (30,7%), Alimentos y bebidas (29,7%).
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, y el gobernador Alberto Weretilneck acordaron los lineamientos generales del convenio colectivo de trabajo: el instrumento aprobado por la Ley provincial 5506 que regirá las relaciones entre el Estado empleador y los agentes públicos rionegrinos.
“Este acuerdo expresa un avance significativo en materia de derechos laborales”, dijo Aguiar. “Los estatales rionegrinos lucharon años para que llegara el momento de esta decisión política”.
El sindicalista y el gobernador acordaron durante su reunión en que hay que impulsar reformas en la administración pública y avanzar hacia un Estado más eficiente. En este sentido, coincidieron en que la herramienta adecuada para concretar esos cambios es el convenio colectivo de trabajo.
“Si se trata de discutir un nuevo Estado, un Estado presente, que resuelva problemas, los trabajadores tenemos mucho que aportar”, dijo Aguiar. “A través de una mirada reflexiva, podemos señalar que, tal vez, con el correr de los años el Estado se ha venido alejando de las necesidades de la gente, y la comunidad se fue amoldando a un Estado que no termina de resolver cuestiones de la cotidianeidad”.
Aguiar explicó que la negociación colectiva es una instancia superior en los ámbitos laborales, en las que no se impone una relación de poder sino el debate libre y democrático entre partes.
“Aún cuando esta herramienta no resuelve todas las dificultades propias de una negociación, constituye un camino claro y opuesto a decisiones decretadas que, por lo general, como el DNU de Milei, atentan contra los trabajadores”, precisó. “Confiamos en que el convenio colectivo salde la deuda que el Estado mantiene hace décadas con los trabajadores, una de las pocas provincias en la Patagonia y la Argentina sin este instrumento”.
Cabe recordar que Weretilneck, antes de finalizar su segunda gestión, firmó el decreto que fundó las convenciones colectivas de trabajo en la provincia. Sin embargo, durante la gestión de la gobernadora Carreras, con el Ministerio de Trabajo como interlocutor, prácticamente no hubo avances en su implementación.
En los próximos días ATE y el gobierno definirán a sus representantes paritarios que constituirán la mesa de negociaciones colectivas junto a sus respectivos equipos técnicos.
Con haberes previsionales cada vez más deteriorados, ante el peligro que corre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y la posible privatización de ANSES a través de la Ley Ómnibus y el mega DNU, el Centro Nacional de Jubilados y Pensionados de ATE se movilizó en todo el país en defensa de la seguridad social.
“Ante tamaño atropello a nuestras conquistas, desde las organizaciones nucleadas en este frente de jubilados de unidad llamamos a sumar fuerzas al conjunto de la comunidad en defensa de nuestros derechos conquistados, de los salarios y jubilaciones dignas, la Ley de Movilidad, las Cajas Provinciales, las obras sociales, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el PAMI, la ANSES, y la seguridad social en su conjunto”, apuntó la presidenta del Centro de Jubilados, Noelia Guzmán.
En este marco, apuntó: “Javier Milei estrenó su mandato promoviendo un DNU y un mega proyecto de ley al Congreso con el que pretende barrer con los derechos laborales, previsionales y sociales que los trabajadores activos y jubilados hemos conquistado en décadas de lucha y reclamos. No contento con esto, pretende que ese mismo Congreso certifique su muerte”.
La convocatoria se realizó frente a la sede de ANSES ubicada en Avenida Córdoba 720 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también en las delegaciones de distintas provincias. También participó el Secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar.
“El Gobierno cree que puede ajustar sin miedo. Saben que nosotros con la edad que tenemos nos cuesta muchísimo salir a la calle por las condiciones en las que estamos, por nuestra salud y edad. El hecho de que hoy seamos tantos los que venimos a reclamar va a despertar a muchos más compañeros”, señaló Noelia Guzmán y agregó: “La gente entiende la necesidad de manifestarse en todo el país. Este no es un reclamo sólo de los jubilados, sino también de los trabajadores activos que el día de mañana también se van a jubilar”.
Participaron de la movilización frente a ANSES un total de 25 centros de jubilados, los cuales se reunieron en diciembre pasado para enfrentar este plan de ajuste dispuesto por el Gobierno Nacional en un frente de unidad. De esta forma, se buscará ampliar a nuevos sectores para llevar adelante los reclamos vigentes.
Entre los principales reclamos que se llevaron adelante está la crisis de ingresos, especialmente para quienes apenas perciben el haber mínimo de 105.712 pesos y que con los bonos dispuestos por el Gobierno apenas llega a 182 mil, siendo imposible así afrontar los gastos mensuales de comida, medicamento, alquileres, entre otros. Además, se advierte que los bonos podrían ser dados de baja en cualquier momento.
También corre en riesgo el Fondo de Garantía de Sustentabilidad que permite robustecer el sistema de seguridad social argentino. “A través de la Ley Ómnibus quien transferirlo al Tesoro Nacional. Intentan apropiárselo. Lo van a usar para pagar deuda externa o cualquier otro destino que no sean los jubilados”, apuntó Noelia Guzmán.
Al finalizar, se leyó un documento elaborado conjuntamente por todas las organizaciones participantes, tanto en la convocatoria realizada en CABA como en el resto de las provincias.
En el mismo se detalló que no se permitirá:
• La reinstalación de los sistemas privados de jubilaciones (ex AFJP);
• La anulación de los bonos;
• La suspensión de la Ley de Movilidad;
• La derogación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad;
• La armonización de las cajas provinciales y sus obras sociales a la baja;
• La venta de nuestros territorios terrestres, marítimos y aéreos.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió que se movilizará frente al Centro Cultural Kirchner (CCK) el 15 de enero en el marco de una nueva Jornada Nacional de Lucha en defensa del Estado, rechazando los despidos en el sector público y por una urgente recomposición salarial. “Hoy tenemos un Gobierno que en el Estado despide por una doble vía: a través de cartas documento y del congelamiento salarial”, apuntó Rodolfo Aguiar, Secretario General.
La movilización será a partir de las 11 en Sarmiento 151, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se replicará en todas las provincias con sus respectivas modalidades de protestas a definir por las conducciones. “El congelamiento salarial que ha definido el Gobierno comenzará a expulsar del Estado a trabajadores altamente calificados en el corto plazo”, apuntó el dirigente nacional.
En esta línea, Aguiar indicó: “Los estatales volvemos a salir a la calle en defensa del Estado y las políticas públicas. No somos corporativos. No estamos defendiendo privilegios. Esta jornada nos tiene que servir para demandar la inmediata reincorporación de todos los trabajadores que han sido despedidos sin que exista una causa justificada y también para demandar una inmediata recomposición salarial”.
“No puede ser que no se hable de aumentar salarios y jubilaciones mientras que a las energéticas se le garantizan incrementos mensuales y permanentes. Se está gobernando sólo para unos pocos. Estamos enfrentando inmoralidad y violencia”, apuntó el referente de ATE y agregó: “Los dueños de las prepagas se pusieron de acuerdo y todas establecieron un aumento idéntico. Con las alimenticias y los combustibles ocurrió lo mismo. Todos estos son la casta que se carteliza y sin embargo el ajuste del Gobierno no les pasa ni cerca”.
Además, Aguiar aseguró que “la medida de fuerza también es para reclamarle a la mayoría de los gobernadores e intendentes que también ajustan y despiden en sus distritos”.
La fecha de la convocatoria es para el día en el que el sindicato cumple 99 años, y también se manifestará el rechazo al mega DNU 70/2023 y la Ley Ómnibus, donde se incluyen numerosas medidas de ajuste, supresión de organismos públicos y la posibilidad de despido de trabajadores en planta permanente.
En la notificación formal remitida a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, el sindicato señaló que la medida de fuerza se realiza en reclamo de:
• La reincorporación inmediata de todos los trabajadores/as despedidos.
• Urgente reapertura de paritarias y aumento salarial que supere la inflación.
• Cese de las políticas de ajuste.
• Pase a Planta Permanente y Estabilidad Laboral para todas las y los trabajadores.
• Anulación del Protocolo Anti-Movilizaciones que intenta cercenar el derecho a peticionar a las autoridades.
El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, le contestó al presidente Javier Milei por sus declaraciones en las que aseguró que la inflación de diciembre rondaría el 30% y eso se trata de un ‘numerazo’: “No es un numerazo, es una tragedia para trabajadores y jubilados”.
“Este Gobierno celebra la inflación mientras se agravan todos los problemas que sufrían los trabajadores, jubilados y sectores populares. Con estas políticas, vamos rumbo a perder un 75% del poder adquisitivo de la gente en pocas semanas”, indicó el dirigente estatal remarcando su preocupación por los aumentos mensuales previstos para las tarifas de luz, gas y agua, como así también por los incrementos indiscriminados en los precios de alimentos, combustibles y medicamentos durante los últimos días.
En este sentido, evaluó que “mientras los salarios y jubilaciones siguen congelados, a las empresas de servicios se les garantizan aumentos mensuales permanentes” y agregó: “En todo caso, los incrementos del gas, la luz y el agua debieran ser proporcionales a las subas salariales”.
Aguiar precisó que de los 3 millones y medios de estatales, el 60% se encontraba bajo la línea de la pobreza, pero debido al congelamiento salarial y los aumentos constantes en los precios de la economía, ese porcentaje aumentó considerablemente.
“Le están sacando la plata del bolsillo de la gente para pasarla a las cuentas de estos 4 o 5 grupos económicos. Esto es inmoral y violento. Por momentos, el mega DNU y la Ley Ómnibus aparecen como una distracción frente a semejante desregulación del mercado”, concluyó el dirigente de ATE.
El 1 de abril de 2017 Micaela García salió a divertirse a un boliche con sus amigas. Era estudiante del profesorado de educación física, tenía 21 años y vivía en la localidad entrerriana de Gualeguaychú. Como muchas jóvenes de su edad, abrazaba la defensa de los derechos humanos y los feminismos, además era militante del Movimiento Evita.
A la salida del boliche, durante la madrugada de ese 1 de abril fue secuestrada, violada y asesinada por Sebastián Wagner, un hombre que tenía antecedentes penales por abuso sexual. Wagner cumplía una condena de nueve años de prisión por la violación de dos mujeres, pero gozaba de libertad condicional, a pesar de que varios informes técnicos desaconsejaban su liberación.
La lucha por justicia de la mamá de Micaela, Andrea Lescano, y su papá, Néstor “Yuyo” García, junto al resto de su familia y amigxs, así como el impacto social del caso, expusieron la carencia en perspectiva de género en los organismos del Estado y alertaron sobre la necesidad urgente de capacitar a sus integrantes.
El resultado fue la sanción, en diciembre de 2018, de la ley 27.499 “Ley Micaela”, promulgada el 10 de enero de 2019. Esta normativa obliga a capacitar en temas de género y violencias a todas aquellas personas que se desempeñen en la función pública en los tres poderes del Estado nacional: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
La Ley Micaela representó una forma de reparación no punitiva para la familia de Micaela, pero además, una política pública que promueve un cambio cultural cuyo principal objetivo es prevenir y erradicar la violencia machista, los femicidios y transfemicidios a través de la capacitación y la concientización de dicha problemática. Una herramienta fundamental que genera acciones concretas para alcanzar una sociedad libre de violencias y desigualdades de género.
Esta ley es una política pública fundamental que rompe con prejuicios e ideas naturalizadas y legitimadas por el régimen patriarcal que dominan en una sociedad machista como la que vivimos. Supone además, que las capacitaciones que reciben lxs funcionarixs del Estado sirvan también para evitar y erradicar esas violencias que existen incluso en sus espacios de trabajo, al desnaturalizar situaciones que antes de la captación no concebían como una forma de violencia. Una transformación que, sin lugar a dudas, mejora las relaciones laborales y se cristaliza en el conjunto de la sociedad.
El proyecto de Ley Ómnibus presentado por el gobierno de Javier Milei propone modificar artículos de la Ley Micaela que ponen en peligro su correcta implementación: elimina las capacitaciones, dejando esta obligatoriedad solo para quienes se desempeñen «en los organismos competentes en la materia», sin dejar en claro a qué trabajadorxs alcanzaría. Además, sustituyó el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad – que era la autoridad de aplicación de la norma – por el Ministerio de Capital Humano.
Asimismo, propone sustituir la expresión «temática de género y violencia contra las mujeres» que tenía originalmente por «temática violencia familiar y contra la mujer», reduciendo la problemática como algo que solo sucede dentro del hogar y sin mencionar otras identidades de género. Por último, introduce la posibilidad de modificar el material de las capacitaciones a cargo del Ministerio de Capital Humano.
Para entender cabalmente la importancia de esta ley, reproducimos las palabras del papá de Micaela, Néstor “Yuyo” García, que escribió en mayo del año pasado en un artículo de la Agencia Télam:
“Para entender mejor qué significa que haya perspectiva de género, suelo dar el ejemplo de lo que pasó con mi hija, un caso donde, evidentemente, el Estado tuvo muchas fallas. El femicidio de Micaela ocurrió por varias cuestiones, pero hay tres instancias que son determinantes.
La primera es que Sebastián Wagner -que hoy está cumpliendo cadena perpetua por violación y femicidio- había tenido un juicio por dos violaciones independientes, en víctimas diferentes, en espacios diferentes, en tiempos diferentes, pero que fueron unificadas y abreviadas por la intervención de un juez y un fiscal sin perspectiva de género, que le dieron muy poquitos años de condena.
En cumplimiento de esa condena llegó un momento en que Wagner tuvo el derecho de solicitar la libertad condicional, a pesar de más de siete informes negativos de profesionales de la psicología no aconsejaban su liberación. Por segunda vez, la Justicia intervino sin perspectiva de género y le otorgó ese beneficio.
Pero hubo otra situación más, muchísimo más cercana al día en que ocurriera la violación y el femicidio de Micaela. El 31 de marzo, 24 horas antes, el papá de una nena fue a radicar una denuncia en Gualeguay contra Wagner por intento de abuso y no le tomaron la denuncia porque la jueza no estaba en la ciudad. Le pidieron que volviera el lunes siguiente.
Nosotros siempre decimos que no tenemos nada contra esos funcionarios, porque las personas tienen responsabilidad cuando conocen, cuando saben, pero el Estado sí es responsable de no tener agentes que estén capacitados. Si esos funcionarios hubiesen actuado con perspectiva de género, esa noche Wagner habría estado encerrado en la comisaría, porque el domicilio que tenía declarado como propio para gozar de libertad condicional era en el que vivía. Pero nada de esto sucedió.
A raíz de estas tres instancias donde intervinieron agentes del Estado sin perspectivas de género, Wagner pudo encontrarse con Micaela la madrugada del 1 de abril de 2017 para violarla y asesinarla. Por eso, creemos que la Ley Micaela puede salvar vidas, como hubiese salvado la vida de Micaela. Y aunque parezca algo lejano, es una normativa que pretende cambiar la realidad a través de la capacitación.”
