Este miércoles 12 de junio, por la mañana, en el marco del Paro Nacional convocado en rechazo a la Ley Bases, la Asociación Trabajadores del Estado del Chaco y la CTA Autónoma de la provincia se movilizaron en conjunto con otros sindicatos y organizaciones sociales al Puente General Belgrano. Un cuantioso operativo represivo, que reunió a la Policía, a Gendarmería y a Bomberos, cercó a las y los trabajadores y obstaculizó el tránsito.
Las actividades de manifestación, consensuadas por los distintos sectores, continuaron hasta las 18 con una concentración y ruidazo en el mástil de la Avenida 9 de Julio, para luego seguir la proyección del debate en el Senado de la Nación desde la vereda de Casa por la Memoria.
“Esperamos que a pesar de las indicaciones bajadas por el Gobernador Leandro Zdero, los senadores chaqueños reflexionen y no voten en contra del pueblo. El tiempo demostrará que la Ley Bases acarreará graves implicancias económicas, sociales, culturales y políticas a nuestra provincia y a la Nación, por lo que tenemos la esperanza que se opongan a la entrega y al sometimiento que implicaría su aprobación”, expresó el Secretario Administrativo de ATE Chaco, Mario Bustamante.
“Esta ley propone destruir nuestra capacidad soberana, eliminar derechos laborales consagrados, arrasar el futuro de quienes no se van a poder jubilar, regalar los recursos naturales a corporaciones extranjeras, rematar empresas del Estado en áreas estratégicas, y reducir el sector público para quitar acceso y derechos básicos. Es inadmisible su aprobación, y por eso nos estaremos movilizando a lo largo de la jornada”, agregó.
Entre los puntos que motivaron el Paro de ATE en todo el país figuran: Rechazo a la Ley Bases; anulación del DNU 70/23; urgente reincorporación de las y los trabajadores cesanteados y el cese de los despidos; regularización de los vínculos contractuales y pase a planta permanente de las y los trabajadores que prestan servicio en los distintos ámbitos; aumento salarial que supere la inflación; cese de las políticas de ajuste, miseria y hambre; rechazo a la privatización de empresas públicas; defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y de las y los trabajadores jubilados; anulación del Protocolo Anti-Movilizaciones; y cese de las políticas de amedrentamiento hacia las y los trabajadores estatales.
A nivel provincial, el sindicato reiteró la exigencia de que los senadores provinciales no sean cómplices de la entrega del país en la votación de la Ley Bases, y de que el gobernador Leandro Zdero abandone la ilegalidad y convoque a la Comisión de Interpretación y Autocomposición Paritaria (CIAP) como marca el Convenio Colectivo de Trabajo para la administración pública chaqueña.
La Coordinación Nacional de Salud de ATE expresó el repudio del sindicato a la medida implementada por el Gobierno Nacional de Javier Milei junto a la Intendencia del municipio bonaerense de San Nicolás de los Arroyos para que en la localidad se comiencen a utilizar los ‘vouchers de salud’.
En el día de ayer, con la presencia de Karina Milei, de Martín Menem y del Ministro de Salud Mario Russo, el Gobierno Nacional anunció la implementación de ‘vouchers de salud’ en el Municipio de San Nicolás. Esta medida, que no es más que un negociado privado financiado con fondos públicos, imita a una vieja idea del Banco Mundial que ya fracasó en los ’90 y que tuvo su segunda arremetida en el Gobierno de Macri con el intento de imponer la Cobertura Universal de Salud.
El Gobierno de Javier Milei, asociado a la Intendencia de San Nicolás, lanzó el Seguro Médico Municipal, al cual rebautizó como ‘voucher de salud’. El objetivo era reducir los costos de los sistemas de atención pública universales a través de planes de cobertura mínima para los sectores más desfavorecidos.
La Secretaria de Formación y miembro de la Coordinación Nacional de Salud de ATE, Vanina Rodríguez, comentó: “El Gobierno Nacional, a través de su cartera sanitaria, hizo el lanzamiento de los vouchers de salud en el distrito de San Nicolás. Entendemos que se trata, otra vez, de una avanzada liberal en torno a la Salud Pública, en este caso de la Provincia de Buenos Aires, pero en un escenario nacional. No nos llama la atención porque en la década de los ‘90 se avanzó en la destrucción de la Salud Pública, en la descentralización de los hospitales por parte del escenario nacional. Y después la segunda estocada fue en el Gobierno de Mauricio Macri, donde se quiso instaurar la Cobertura Universal de Salud, que sería como la prima hermana de los vouchers que hoy plantea Javier Milei”.
“Repudiamos todas estas acciones a través de los años porque defendemos la Salud Pública como un acceso a todos y a todas, pero fundamentalmente como una fuente laboral de los trabajadores y de las trabajadoras. Y está claro que si las políticas económicas de Milei se siguen implementando, lo único que van a garantizar es que los hospitales públicos no den abasto a la demanda en función de la cantidad de despidos que hay tanto en el ámbito estatal como en el ámbito privado. Si no hay un presupuesto acorde a esa necesidad sanitaria e ingreso de personal, la realidad es que los hospitales públicos van a colapsar. Y eso no es culpa de los trabajadores y de las trabajadoras, sino de las políticas que implementa el Gobierno Nacional”, dijo Rodríguez.
La dirigente además explicó: “San Nicolás no es cualquier distrito en la Provincia de Buenos Aires, porque se trata del ‘Imperio Passaglia’. A Ismael Passaglia lo conocemos bastante quienes militamos en la Provincia de Buenos Aires, porque fue el Ministro de Salud en la década donde se privatizaron las cocinas, los lavaderos, y todos los sectores de servicio que sostienen a los hospitales bonaerenses. Entonces sabemos qué es lo que piensa Ismael Passaglia como cabeza de familia, pero también sabemos qué es lo que piensa Manuel Passaglia y el actual intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, en torno a la Salud Pública. Claramente, la articulación con el Grupo Oroño es en función de consolidar negocios en contra de la Salud Pública y en beneficio de algunos pocos”.
Un dato para graficar lo que ha sido la gestión de Ismael Passaglia que refleja sus políticas en materia sanitaria fue la reducción de la planta del sector público de Salud de la Provincia de Buenos Aires de 13 mil a 9 mil profesionales, avanzó en la privatización de los servicios de higiene hospitalaria, cocina y lavaderos entre otros sectores importantes para el funcionamiento del hospital público. No es casualidad que se haya elegido a la cuidad de San Nicolás de los Arroyos para avanzar en este negociado, con dinero de todos los argentinos, es el Grupo Oroño, conocido en el sur de Santa Fe por su posición dominante como prestador médico privado para seguros de salud y obras sociales.
Con el congelamiento del presupuesto nacional de salud y de las transferencias a las provincias, que tienen a su cargo el 90% de la planta instalada de hospitales y centros de atención primaria, el Gobierno de Milei dio un durísimo golpe al sistema y a sus trabajadores, que son más de 500 mil personas que vieron reducidos sus magros salarios en un 20% en los últimos 6 meses.
Hay 20 millones de argentinos y argentinas que dependen exclusivamente del sector público de salud. Por eso desde la Coordinación Nacional de Salud del Consejo Directivo Nacional de ATE se planteó la urgente necesidad de fortalecer a los 1.700 hospitales y 6 mil centros públicos para que brinden una atención integral de prevención, reparación y rehabilitación de la Salud.
“Le decimos no a la Ley Bases y no al DNU, ya que son las herramientas jurídicas que tendría el Gobierno Nacional para arremeter contra el sistema sanitario argentino tal como lo conocemos, un sistema solidario, pero sobre todo un sistema que garantiza el derecho a la salud para todas, todos y todes aquellas personas que habitan nuestra Patria, porque así lo plantea nuestra Constitución Nacional”, agregó Vanina Rodríguez.
Por su parte, Flavio Vergara, Secretario de Convenios Colectivo de ATE Nacional y miembro de la Coordinación Nacional de Salud de ATE, manifestó: “En la coyuntura actual, donde la pérdida del empleo formal hace que el sistema de Salud se vea cada vez más reclamado y exigido por la población y que ya casi no puede dar abasto a la demanda que hoy existe, es necesario fortalecer el sistema agregando trabajadores y trabajadoras y fortaleciendo los presupuestos para poder hacer frente a una demanda de la población que necesita de una cobertura y que debe ser garantizada por el Estado”.
El pasado 29 de mayo, en la sede central de Fabricaciones Militares en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se llevó adelante una reunión convocada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). En representación de ATE encontraban, a nivel nacional Orestes Galeano; por la Coordinación Nacional de ATE Fabricaciones Militares, Fernando Peyrano; por la fábrica de Río Tercero, el Secretario General David Salto; el encargado de Prensa de ATE Fabricaciones Militares, Guillermo Brizuela; por Villa María, el Secretario General Jorge Heredia; y Sergio Catalano, miembro de Comisión Directiva; por FANAZUL, Gustavo Luján; por la fábrica de Fray Luis Beltrán, Nahuel Garay; y por Sede Central, Charo Iglesia y Juan Ignacio Lapadula. En representación de Fabricaciones Militares estuvieron presentes el Presidente del Directorio, Hugo Pascarelli, junto a la gerencia de producción y de RR.HH.
En la reunión, los representantes de las y los trabajadores manifestaron sus preocupaciones por la realidad de cada dependencia productiva, dejando en claro la negativa de ATE en lo que respecta a retiros voluntarios. Por otro lado, el Estado empleador expuso su postura comentando la situación de cada fábrica.
Entre los temas debatidos se destacaron la producción de los sectores; las compras y gastos priorizando el funcionamiento, reparaciones y mantenimiento de las plantas; la licencia ambiental; y la inversión en bienes de capitales para ser competitivos. Por otro lado, Pascarelli expuso el gran problema que presenta Fabricaciones Militares pero que es ajeno a las y los trabajadores: La seguridad operativa. Con respecto a los retiros voluntarios, desde ATE se expresó la convicción de acompañar y defender a las y los que apuesten a resistir con lucha y solidaridad para mantener en pie las fábricas.
“Desde ATE se dejó en claro que no se acompañará el vaciamiento estético que lo único que generará es que la mano de obra especializada emigre a una apuesta particular y personal en base a una suma económica que será absorbida por la situación real de desempleo e inflación, fórmula licuadora de esos fondos, como ocurrió con cientos de miles de trabajadores allá en la década del ’90. Lamentablemente esos puestos se pierden porque no va a haber incorporación de personal”, comentó Fernando Peyrano.
Por otro lado, el pasado 6 de junio, trabajadores de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de FANAZUL realizaron una jornada de protesta ante los ‘despidos encubiertos’, luego de que las autoridades de Fabricaciones Militares les ordenaran paralizar la producción de Mastermix, el explosivo que estaban exportando a Perú. El Mastermix es un explosivo utilizado en la minería. FANAZUL lo estaba exportando a la empresa peruana Exsa Orica, con la cual la fábrica de Azul estableció un contrato por un plazo de cinco años, tras su reapertura en septiembre de 2023. Sin embargo, desde que asumió la administración de Javier Milei, el Gobierno decidió paralizarla.
A la jornada de protesta se sumaron el Intendente de la localidad, Nelson Sombra; la Diputada bonaerense Laura Aloisi, de Unión por la Patria; la Senadora bonaerense, Lorena Mandagarán, del bloque UCR Cambio Federal; y representantes nacionales y provinciales de ATE como Oscar de Isasi; Secretario Gremial de ATE Nacional; Claudio Arévalo, Secretario General de ATE Provincia de Buenos Aires; Eduardo Bercovich, Secretario General de FANAZUL; y por la Coordinación Nacional de Fabricaciones Militares, Fernando Peyrano; así como dirigentes de la CTA-A, de la CTA-T, y concejales de todo el arco político
La misma situación está atravesando la fábrica militar de San José de Jáchal, en San Juan, proveedora de servicios mineros para la mina de Gualcamayo y con oportunidad estratégica de proveer sus servicios a los proyectos mineros de los próximos 20 años. En estos últimos meses las autoridades actuales transmitieron mucha desesperanza al desfinanciar la instalación y compra de emulsiones de la planta que permitirían el servicio de voladuras subterráneas. Estas decisiones generan que el conjunto de sus trabajadores y trabajadoras, junto a todo el pueblo jachaleño, haya salido en defensa de la fábrica, única en la región y de carácter estratégico y estatal en este servicio.
También, el 5 de junio, en el marco del Plenario de Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas que se llevó a cabo en la sede de ATE Nacional, Damián Albornoz, miembro del Consejo Directivo Nacional del sindicato y parte de la Coordinación Nacional de Fabricaciones Militares, expuso la situación del sector y el apoyo total a los sectores afectados por despidos y cierres como así también reprimidos, como había sucedido ese mismo día con los trabajadores y las trabajadoras del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Además, puso el eje en la jornada de movilización hacia el tratado de la Ley Bases, donde se define el rumbo del país y de la clase trabajadora.
Por otro lado, en unidad y por rama de defensa, estuvieron reunidos sectores del área del Ministerio de Defensa y de Astilleros Río Santiago nucleados en ATE para armar una agenda que permita proponer y discutir el rumbo de la soberanía y la apuesta en la mano de obra nacional, como además el reclamo por la reincorporación de despedidos y despedidas en el sector de Civiles de las Fuerzas Armadas, como así también del Servicio Meteorológico Nacional.
Se expande la organización gremial ante lo que se avecina. En las diferentes localidades donde se encuentran las unidades productivas de Fabricaciones Militares, como en Córdoba, Río Tercero y Villa María, y en Santa Fe la Fray Luis Beltrán, se organizan en asambleas y se encuentran en estado de alerta ante el desinterés de las autoridades, que mantienen a la empresa sin un rumbo de estabilidad productiva, y sin financiamiento de mantenimiento y compra de materias primas.
En el día de hoy una representación de ATE encabezada por la Secretaria Adjunta del sindicato a nivel nacional, Mercedes Cabezas, fue recibida por la Diputada Nacional de Unión por la Patria por el Frente Renovador, Sabrina Selva, en la Cámara de Diputados para dialogar sobre la crítica situación que atraviesa la ANSES a nivel nacional y federal. Durante la reunión se habló de la necesidad de blindar el Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) del organismo. La comitiva sindical estuvo integrada además por Federico Garrido, Javier Pernigotti y Gustavo Liporaci referentes del organismo de la seguridad y previsión social.
Tras la charla, la Secretaria Adjunta de ATE Nacional, Mercedes Cabezas, comentó: “De cara a la votación de la Ley de Bases y a la posibilidad de que vuelva con modificaciones a la Cámara de Diputados, nos reunimos con Sabrina Selva, Diputada de Unión por la Patria por el Frente Renovador, para hablar de la necesidad de blindar el Fondo de Garantías de Sustentabilidad de la ANSES y de encontrarle una mirada política a un organismo que acompaña la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas desde su nacimiento hasta que fallecen. Esa política pública, que se lleva adelante desde la mirada de la accesibilidad a los derechos de la población, es llevada a cabo por un organismo en donde se ha tenido que cerrar las puertas de más de 100 Unidades de Acción Integral –UDAI- por la cantidad de despidos que ha sufrido. Además es muy probable que después del 30 de junio la ANSES se enfrente a situaciones de similares características en otras latitudes del país. En ese sentido, en la reunión con la Diputada destacamos la necesidad de generar espacios de debate político con la sociedad respecto de las funciones de los trabajadores y las trabajadoras que son parte de la vida cotidiana del organismo”.
“Recordamos también, haciendo una evaluación, que las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones –AFJP-en su momento no funcionaron y explicamos que el pacto que intenta firmar el Presidente con los gobernadores, que en un momento era ‘de mayo’ y que ahora entendemos se ha diferido para junio, deja la puerta abierta nuevamente a la incursión de las AFJP en la Argentina. Con esa preocupación fuimos a dialogar con la Diputada, y también a exponerle la necesidad de que aparezca un proyecto de ley para que los trabajadores y trabajadoras del Sector Público que revisten en la Ley de Contrato de Trabajo sean reconocidos efectivamente como trabajadores y trabajadoras del Sector Público para que adquieran la estabilidad laboral que tanto se merecen y necesitan, agregó Cabezas”.
Por su parte el Delegado General de la Junta Interna de ATE ANSES, Federico Garrido comentó: “La materia previsional nos interpela directamente porque somos el organismo de la seguridad social y por eso es importante generar estos lazos con otras líneas; compañeras y compañeros del entramado social en pos de nuestro trabajo por un lado, y de lo que nos importa defender que son los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, ya sean activos o pasivos. Por eso resaltamos que con el decreto de Milei sobre la movilidad jubilatoria los beneficiarios de prestaciones como jubilaciones o pensiones vienen perdiendo contra la elevada inflación de los primeros meses de este año. Es fundamental que en el senado se apruebe este proyecto de ley que tuvo media sanción en diputados sobre la nueva fórmula porque se actualiza con la inflación y además amplía el valor de la mínima por las bases que se le agregan”.
“Nuestro trabajo en ANSES está ligado directamente a los beneficiarios, y sobre todo a los jubilados de manera transversal, porque no sólo se relaciona con la actividad de atención de público, sino que las áreas centrales también se mueven a partir de esos trámites. Por eso es que nos oponemos fervientemente a la ley de bases, porque más allá del capítulo de reforma laborales -que por supuesto nos afecta- en materia previsional se propone la eliminación de la moratoria, que no sólo deja a trabajadores y -sobre todo- trabajadoras sin la posibilidad de jubilarse, lo cual es gravísimo en este momento histórico, sino que eso reduce a más del 50% la cantidad de turnos y trámites que realizamos en el organismo, por lo que nos preocupa notablemente”, agregó Garrido.
“En ANSES no sólo que ya se despidieron 1200 compañeras y compañeros en lo que va de esta gestión –que fue algo totalmente arbitrario- sino que además cerraron cerca de 70 oficinas en todo el país y se rumorea por los pasillos que serán muchas más las que cierren con trabajadores y todo. En esta sintonía es que debemos mantenernos totalmente en alerta, no sólo por no perder las conquistas de los últimos años con respecto a nuestra vida laborar en el organismo, sino directamente por lo que hace a nuestro trabajo”, cerró el Delegado de ATE ANSES.
Tras una resolución comunicada ayer por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, desde el Cuerpo de Delegados y Delegadas de ATE en la Secretaría de Justicia perteneciente a dicha cartera lanzaron un comunicado para repudiar y denunciar el intento de vaciamiento de la política pública de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), los cierres y despidos de sus trabajadores con argumentos totalmente falsos, maliciosos y que desconocen la realidad de la comunidad, y para invitar a las instituciones y organizaciones de la sociedad civil y la población en general a que se unan al estado de alerta y a que sumen su apoyo a través de las redes sociales con los hashtags #NoAlCierredelosCAJs y #AlertaCAJ.
Silvina Silva, trabajadora del Centro de Acceso a la Justicia Padre Bachi de La Matanza y Delegada de ATE de la Secretaría de Justicia, perteneciente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, comentó: “Estamos en situación de alerta por los inminentes despidos en los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) que están distribuidos en todo el país por una resolución de la que nos notificamos hoy y que tiene como objetivo un proceso de reorganización y vaciamiento de los CAJ, lo que implica cerrar, despedir y anular las políticas públicas con las que trabajamos todos los días en los barrios más vulnerables, pero también para toda la sociedad. En la Secretaría de Justicia ya tenemos, hasta el momento, 270 despidos desde el mes de diciembre. Ahora, con estas resoluciones, existe el peligro de que tengamos 400 despidos más”.
“El lunes nos vamos a estar presentando en el Ministerio de Justicia para que las autoridades nos reciban; el martes vamos a participar de las actividades del ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad en la Plaza del Congreso; y el miércoles vamos a asistir, obviamente, a la movilización contra la Ley Bases; y vamos a seguir en estado de alerta y asamblea permanente para decirle no al cierre de los CAJ”, agregó la Delegada.
A continuación, el comunicado completo lanzado por el Cuerpo de Delegados y Delegadas de ATE en la Secretaría de Justicia tras darse a conocer la resolución sobre el vaciamiento de los CAJ:
REPUDIAMOS LA RESOL-2024-178-APN-MJ sobre el vaciamiento de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) dictada por el Ministro de Justicia el día 6/06/24
En la misma se establece un plan de reorganización que priorice la atención virtual y telefónica de la comunidad, implementando para ello medidas que apuntan a justificar el masivo cierre de los CAJ y despidos de trabajadores/as.
Para esto el Ministro de Justicia alega que le compete: “entender en la formulación y aplicación de políticas y programas de promoción y fortalecimiento de los derechos humanos”. Lo cual es cierto, pero olvida que esto debe hacerse en el marco constitucional y convencional vigente, respetando el rol del Estado como garante de derechos y responsable por ende de su incumplimiento.
En ese marco el intento de vaciamiento y desaparición de los CAJ, constituye una violención de derechos en el acceso a la justicia de la población en general, incumpliendo el principio de progresividad y su consecuente no regresividad.
Los CAJ tienen presencia federal, 105 en todo el país, presentes en todas las provincias, en los barrios con mayor densidad poblacional, y con problemáticas sociales/económicas/ambientales sumamente críticas, donde la vulnerabilidad de derechos se ha profundizado en estos últimos tiempos.
Estos dispositivos están compuestos por equipos interdisciplinarios de abogados/as, psicólogos/as, trabajadores/as sociales, mediadores comunitarios y personales administrativo en dónde se realizan abordajes Integrales de las problemáticas jurídico-psicosociales, garantizando una escucha transversal e interdisciplinaria, en donde siempre hay uno o más derechos insatisfechos. Garantizando la accesibilidad física y simbólica de la población, concepto necesario y obligatorio para que el derecho al acceso a la justicia se cumpla sobre todo los grupos en situación de vulnerabilidad acorde a las Reglas de Brasilia.
Es importante destacar que un equipo completo básico con esta composición tiene que ser con dotación mínima de 5 trabajadores. Dependiendo de la demanda geográfica y poblacional, el mismo puede requerir que su número de conformación sea mayor. El Ministro, en vez de completar estos equipos, alega y reconoce que hay equipos con 2 integrantes, otros con 4. Es decir, que al presente ya se está por debajo de la dotación mínima. Habiendo sufrido nuestro sector en el mes de abril del corriente año los despidos de más de 120 compañeros.
En este sentido, denunciamos que en la Resolución se refiere haber realizado: “un relevamiento de cada uno de los CAJ, a fin de evaluar su estado, capacidad de funcionamiento y el logro de sus objetivos”. Lo cual nunca existió. Desde el 10 de diciembre del 2023 estás dependencias se encuentran acéfalas de autoridades, no habiendo recibido orden alguna sobre metas y objetivos, no habiendo recibido visitas, ni pedido de informes a los equipos. Aún así los equipos siguen trabajando incansablemente en el acceso y restitución de derechos de la comunidad: atendiendo distintas problemáticas de inquilinos, jubilados, pacientes oncológicos , mujeres en situaciones de violencia de género, despidos de trabajadores, diversas problemáticas habitacionales, escolares, de salud mental, responsabilidad parental, conflictos vecinales, etc.
Por lo que resulta imposible y ampliamente malicioso determinar: “la existencia de un sobredimensionamiento excesivo de la estructura funcional y de recursos humanos, exceso ineficacia e ineficiencia en la obtención de resultados concretos vinculados a la materia de su competencia, realización de trámites ajenos a su tarea (carga de la tarjeta SUBE, obtención de documentos, etc.)”.
Esto demuestra que no conocen a la población ni a las comunidades que se atienden. Pensemos un sencillo caso: una persona necesita realizar una actuación judicial X, por ejemplo iniciar cuota alimentaria. El CAJ la asesora y acompaña en el proceso.Para poder iniciar el expediente judicial necesita recabar la documentación para iniciar la demanda (el CAJ articula con registros civiles por ejemplo), necesita ir hasta los organismos jurisdiccionales (se registra la sube para que puedan pagar el boleto con tarifa social), se la contiene emocionalmente con el equipo psico-social para que pueda afrontar y sostener el proceso judicial. Todo esto es un servicio integral de atención jurídica. Gran parte de nuestros/as consultantes no cuentan con recursos para sostener estos procesos, somos la red institucional de acompañamiento en el territorio, y si ocurriese el desmantelamiento de los CAJ, se afectaría el acceso a la justicia, efectivizando una regresión de derechos irreparable.
Los ciudadanos/as pueden en un sólo lugar resolver la mayoría de sus conflictos y no ir circulando de organismo en organismo, golpeando puertas sin ser escuchados/as, porque sus consultas suelen recibir como respuesta que: “no son de su competencia específica”. Precisamente, esa es una de las mayores fortalezas de los equipos interdisciplinarios de los CAJs, poder trabajar problemáticas de manera integral, interdisciplinaria y en articulación institucional. Es así que nuestro rol implica un diálogo constante con distintos actores del sistema judicial, trabajando de manera articulada y conjunta con los Servicios de Defensorías Públicas, Casas de justicia, Fiscalías, ya que nuestros roles son complementarios y a veces incluso contrapuestos.
Las Defensorías Públicas, con quiénes trabajamos en el cotidiano, tienen límites de ingresos para la atención y patrocinio gratuito y, a la vez, no proporcionan asesoramiento y patrocinio jurídico sobre todas las materias, quedando por fuera múltiples situaciones que derivan a los CAJ para su asesoramiento o mediación comunitaria. Cabe agregar que nuestro rol como garante de derechos es muchas veces poner en pugna a las defensorías cuando no dan un patrocinio de calidad o suceden situaciones de maltrato institucional, lo mismo ocurre con las Fiscalías.
No existe en el territorio nacional organismo municipal o provincial que realice la misma tarea que los CAJs. Por lo que la propuesta a que el ciudadano concurra directamente a Fiscalía o a Defensoría para atención presencial en el caso de que quede la política pública reducida a un centro de atención virtual, es ampliamente improcedente, e inaccesible para la ciudadanía en general. Siendo que un amplio sector poblacional no dispone de recursos simbólicos, materiales ni económicos para acceder a una mínima llamada o mensaje por celular.
El Ministerio considera que el gasto que implica el funcionamiento de los CAJ (sueldos de los trabajadores en su gran mayoría, ya que menos del 20% tienen canon locativo, y los muchos servicios como agua e internet son pagados mayoritariamente en la actualidad por los mismos trabajadores o las instituciones que les proveen lugar físico para la atención) podría ser destinado a la atención de problemáticas sociales de mayor envergadura. Aquí surge la pregunta, ¿qué problemáticas sociales son mayores a las que atienden los CAJ?
La resolución en pugna plantea que los ciudadanos: “puedan acceder al mismo servicio que ofrecen los CAJ de forma totalmente digital y sin necesidad de concurrir de modo presencial a una dependencia estatal”. Y que para eso: “ se implementará un sistema eficiente de acceso a la justicia que dé una respuesta a la comunidad, reforzando aquellos canales de atención no presenciales actualmente disponibles, fortaleciendo líneas telefónicas y casillas de correo, y reducir a un CENTRO DE ACCESO A LA JUSTICIA por cada provincia”. Es decir, plantean reducir la política pública a un call Center.
La población que accede a los CAJs es variada, mucha de ella es analfabeta digital, acuden a nuestras dependencias justamente a recibir ayuda para ingresar a plataformas digitales de diferentes política públicas/programas sociales, ya que desconocen o no poseen los medios para acceder, como ser a: boleto estudiantil, partidas digitales, actualizaciones de datos del ahora “Volver al Trabajo”, los TAD, Progresar, etc. Además, nuestra atención abarca a la población de personas con discapacidad o con analfabetismo, el incumplimiento de protección y accesibilidad en las políticas públicas de acceso a la justicia por parte del Estado, acarrearía una fragante violación a la legislación internacional con rango constitucional en nuestro país.
A su vez, asistir psicológica o jurídicamente a una persona de manera virtual, tiene limitaciones no sólo desde lo profesional, sino que deja por fuera a aquellas que no cuentan con recursos tecnológicos ni internet. No mencionar en la Resolución Ministerial el necesario labor de las/los Trabajadores Sociales, da cuenta del total desconocimiento sobre la intervención de los CAJ en problemáticas psicosociales/judiciales que se presentan diariamente.
Por todo esto denunciamos el intento de vaciamiento de la política pública de los Centros de Acceso a la Justicia, los cierres y despidos de sus trabajadores, con argumentos totalmente falsos y maliciosos, que desconocen la realidad de la comunidad, invitando a las instituciones, organizaciones de la sociedad civil y la población en general a que se una al estado de alerta, y se sume a través de las redes sociales con los #noalcierredelosCAJs #alertaCAJ.
En un nuevo informe lanzado por el equipo del Instituto de Estudio sobre Estado y Participación (IDEP) de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) – compuesto por Horacio Fernández, Claudio Lozano, Ana Rameri, Eugenia Ventura Flossi y Mariana Rivolta-, se analiza la recaudación tributaria nacional durante mayo de 2024 y durante el acumulado de los primeros cinco meses del año.
“En el mes de mayo la recaudación tributaria registró un aumento del 11% real interanual que se debió al incremento extraordinario de la recaudación de Impuesto a las Ganancias 80,8 interanual real) que se produjo por el pago del saldo anual de las empresas que cierran balance en diciembre 2023 (que registraron fuertes ganancias financieras debido al efecto de la devaluación en sus activos dolarizados)”, destaca el informe entre otras conclusiones.
En el día de hoy ATE realizó un abrazo simbólico en las puertas del ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que el Gobierno de Javier Milei había convertido en Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género y lo había subordinado al Ministerio de Justicia. La actividad se realizó para repudiar que además de despedir al 80% de la planta de trabajadoras y trabajadores del sector, el Gobierno hoy comunicó la disolución del organismo, dejando al país sin una entidad responsable de la ejecución de políticas públicas que den respuesta a las violencias por motivos de género.
Desde la Junta Interna de ATE ex MinGéneros lanzaron un comunicado en el que explican que el Ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, pretende cerrar la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, lo que dejaría sin asistencia a miles de víctimas de violencia de género.
“Durante el día de hoy nos comunicaron que, además de prenteder despedir al 80% de la planta de trabajadorxs del ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, el organismo (actual subsecretaría) queda disuelto y la funcionaria a cargo, Dra. Claudia Barcia, renunció a sus funciones. Este hecho representa un enorme retroceso no solo para el movimiento feminista y de la diversidad, sino en la institucionalidad de género en nuestro país, dejando por primera vez desde 1992, fecha de creación del entonces Consejo Nacional de la Mujer, sin organismo responsable de la ejecución de políticas públicas que promuevan una vida libre de violencias, sin discriminación y en pos de la igualdad”, señalaba el comunicado de la Junta Interna.
Durante la actividad de esta tarde, la Secretaria Adjunta de ATE Nacional, Mercedes Cabezas, manifestó: “Hoy una vez más, como en el día de ayer, estuvimos abrazando a los compañeros, las compañeras y les compañeres del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que para nosotros sigue siendo un Ministerio a pesar de que Milei haya decidido degradarlo a Subsecretaría. Ante la firme intención del Gobierno Nacional de avanzar en la desilusión de la Subsecretaría, fuimos a las puertas porque entendemos que es un espacio de poder popular institucionalizado que se ha conseguido en base a la lucha en las calles de los compañeros y de las compañeras del campo popular y, fundamentalmente, de las organizaciones feministas”.
“En ese sentido queremos destacar que ese espacio de resistencia, de lucha y de creación de políticas de igualdad surgió de la mano del sueño del campo popular de generar una mirada nacional de inclusión y de igualdad que permita que la vulneración de derechos de las mujeres y de las diversidades fundamentalmente, pero en general la vulneración de derechos sea quizás un mal recuerdo en una sociedad de iguales. Con esa impronta nació, con esa impronta construyó políticas públicas y con esa impronta también es tiempo de las organizaciones del campo popular, de ATE y de las organizaciones feministas de defenderlo en las calles para que esa política pública, que se construyó durante cuatro años, y todas las que faltan por venir no se vean avasalladas por un Gobierno que lo único que hace es apología de la violencia e intentar institucionalizar las prácticas patriarcales y coloniales que han llevado a nuestro pueblo a las situaciones de desigualdad que vivimos actualmente”, agregó Cabezas.
Por su parte, la Secretaria de Género y Diversidad de ATE Nacional, Clarisa Gambera, comentó: “Una de las primeras acciones del Gobierno de Milei fue la de desarmar el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Eso fue un mensaje claro y concreto sobre cuál era el paradigma con el que se ponía en marcha un proyecto donde todo lo que tiene que ver con ampliación de derechos, reconocimiento de discriminaciones, diversidad y políticas de género iba a ser sistemáticamente atacado. Así fue que se fueron cerrando en cada uno de los organismos las áreas de género que habían sido una política de transversalizar, en articulación con el Ministerio, la mirada de género y diversidad”.
“Resistíamos en aquellos programas creados por ley. Y ese es el caso de todo lo que tiene que ver con la atención de violencia de género, que está creada a partir de la Ley 26.485, que hace que no se pueda cerrar, por ejemplo, la línea de atención y acompañamiento a víctimas. Sin embargo, se fue desmantelando de a poquito, dejando morir en términos de no ponerle recursos, financiamiento, no recontratar personas, dejar caer contratos 2023, cerrando en los fines de semana y en el horario nocturno, que es una franja de muchísima demanda para líneas de atención de la violencia. Y ahora la amenaza de despidos masivos que sería una estocada final en relación a la posibilidad de que sea cierta la atención, no solo dejar abierta de manera simbólica la línea, casi sin horario de atención, una línea que tal vez te atiende una máquina pero no te pueda acompañar ni derivar a ningún programa porque están todos cerrados o con poquísimos recursos humanos y recursos materiales concretos para afrontar todo lo que significa salir de una situación de violencia”, agregó Gambera, que continuó: “Hay una sobre ideologización en el Gobierno que elige como antagonismo todo lo que tiene que ver con la ampliación de derechos vinculados a diversidad y género, entonces cierra y desarma cada uno de esos programas, ministerios y direcciones porque es parte de su plataforma política. La realidad es que el desarme de estos organismos tiene muy poco que ver con el ahorro o la reorganización de los recursos del Estado, porque son áreas que ya eran precarias y con pocos recursos”.
“Milei lleva adelante un programa que no tiene nada que ver ni con el ahorro, ni con ningún tipo de beneficio para el pueblo argentino porque está sobre ideologizado, porque le interesa inscribirse en el equipo de las derechas mundiales, entonces adhiere a la plataforma de programas anti género de derechas que están haciendo un debate profundo en relación a las democracias, y por eso es tan importante la articulación de resistencias, no sólo acá, sino también en distintos países del mundo. Los sindicatos, los movimientos de trabajadoras, los feminismos están organizando la resistencia frente a una derecha que viene a por nuestras conquistas”, señaló la dirigente nacional.
Sobre el final de su comunicado, la Junta Interna de ATE ex MinGéneros convocó: “Llamamos a la sociedad en su conjunto a denunciar y a amplificar este reclamo, para evitar este inmenso retroceso en materia de cumplimiento de la normativa nacional e internacional vigente, que protege y promueve el pleno ejercicio de derechos de mujeres y diversidades. Convocamos a todas las organizaciones sociales, feministas, sindicales y personas de la sociedad, que quieran acompañar la lucha a participar de la asamblea abierta de trabajadorxs el próximo Martes 11/06 a las 15.30 hrs en Plaza Congreso”.
En la tarde de este miércoles se llevó a cabo en el Anfiteatro Eva Perón de la sede nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) el tercer plenario del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas. Durante la reunión, que contó con la participación presencial y virtual de más de 200 delegados, delegadas y dirigentes de todo el país, se definió por unanimidad llevar a cabo una movilización al Congreso de la Nación el día que el proyecto de Ley Bases se trate en el Senado para rechazarla y expresar el repudio a las políticas de ajuste y hambre del Gobierno de Javier Milei.
También se decidió sumar al Frente a la campaña por la anulación del Decreto 70/2023 y convocar a una movilización masiva de todas las organizaciones para el próximo 27 de Junio, Día del Trabajador y de la Trabajadora del Estado. La actividad fue acompañada por el Secretario Adjunto de la CTA Autónoma, Ricardo Peidro.
La Secretaria Adjunta de ATE Nacional, Mercedes Cabezas, comentó: “Este es el tercer plenario del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas. Frente que venimos construyendo desde diciembre, debatiendo y afianzando miradas políticas que nos permitan resistir al ajuste, resistir la violencia con la que este Gobierno se maneja, y resistir el vaciamiento de las políticas públicas nacionales federales de las que somos parte las trabajadoras, los trabajadores y les trabajadores”.
“Quiero repudiar las manifestaciones de violencia que se fueron llevando a cabo desde el último plenario hasta ahora, fundamentalmente la situación que vivieron hoy los trabajadores y las trabajadoras del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que han sido reprimidos. Las fuerzas de seguridad, en un operativo desmedido, avanzaron sobre las compañeras y los compañeros para reprimir. Creo que este plenario debería sesionar en rechazo y en repudio no sólo a la represión que hoy ha sufrido el INTI, sino a todas las manifestaciones y apologías de la violencia que hace este Gobierno, particularmente en contra de los organismos públicos y de las políticas públicas que defendemos todos los días”, apuntó la dirigente.
Cabezas además dijo: “Desde ATE hemos avanzado en el debate político hacia el interior de nuestra organización y hemos celebrado nuestro Congreso Nacional, en el que después de un debate federal y consciente de nuestros compañeros y compañeras de todo el país, definimos movilizar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día que se trate la Ley de Bases y avanzar con un Paro con movilizaciones en todas las capitales de las provincias cuando se defina el tratamiento de la Ley. También rechazaremos el DNU, que no tiene ninguna necesidad y ninguna urgencia, y que tenemos que terminar de voltear en la Cámara de Diputados. Con esta Ley y con este Decreto, el Presidente Javier Milei intenta avanzar en contra de los trabajadores y de las trabajadoras del Estado, en contra de las políticas públicas para la defensa de las mayorías populares y en contra de las políticas destinadas a un Estado como nivelador de las desigualdades estructurales del sistema”.
“Con estas iniciativas y con la de construir desde ATE una medida que permita el 27 de Junio –Día del Trabajador y de la Trabajadora del Estado- ratificar nuestra lucha en defensa de la soberanía y en defensa de un Estado Nacional popular y de frente al pueblo, construido no con un Excel, sino con el corazón, con el alma, con las tripas y con un sentimiento profundo de inclusión e igualdad, es que proponemos también que el día 27 se efectúe una medida acompañada también por todos los gremios estatales y que construyamos todos juntos esa medida para avanzar también en la visibilidad del Estado”, agregó Mercedes Cabezas.
Por su parte, Matías Fachal, Secretario General de la Federación Judicial Argentina, señaló: “Hoy el Presidente se volvió a jactar en el Foro Económico Latinoamericano, según su traducción al castellano, de haber despedido ya a más de 25.000 compañeros y compañeras del Estado en menos de seis meses de este nefasto Gobierno que lleva adelante La Libertad Avanza. Además volvió a anunciar más de 50.000 despidos para antes de que termine este mes de junio”.
“Este gobierno nos ha elegido a los trabajadores y las trabajadoras del Estado como sus enemigos, así como también lo ha hecho con las y los jubilados a través de la licuación de sus saberes jubilatorios. Ayer se aprobó en la Cámara de Diputados una nueva fórmula para el cálculo del haber jubilatorio, veremos si hay posibilidades de que eso avance en el Senado. Lo cierto es que en todos estos meses ha habido prácticamente un 20% de pérdida del salario real del sector público y cerca de un 35% de los haberes jubilatorios. El ensañamiento que hay por parte de este Gobierno a los trabajadores y las trabajadoras es brutal”, agregó Fachal.
“Tenemos que lograr ejercer la mayor fuerza posible para evitar las consecuencias de este nefasto plan de gobierno que lleva adelante Milei, de desguace y de saqueo del Estado, de disolución nacional y de entrega de la soberanía. Los trabajadores y trabajadoras y nuestras organizaciones sindicales, tenemos que protagonizar en esta etapa no solo la resistencia, sino el enfrentamiento a ese plan hasta derrotarlo. Así que la idea hoy de este plenario es poder discutir y debatir respecto de cómo le damos continuidad al plan de lucha que venimos llevando a cabo desde el año pasado, cuando constituimos este frente. Hay una propuesta concreta, que es la de movilizarnos el día del tratamiento de la Ley Bases junto a las Centrales. Sería bueno, en función de lo que aprobó ATE, concentrarla el día 27 de Junio, que es el Día del Trabajador y de la Trabajadora del Estado”, cerró el dirigente de la Federación Judicial Argentina.
A su turno, Jorge Yabkowski, Secretario General de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA), manifestó: “Vamos con todo el día 12 contra la Ley Base. Si a los senadores los compran con embajadas o con guita será porque no son nuestros representantes directos. Ellos harán lo que tengan que hacer, nosotros vamos a seguir en la calle al día siguiente salga como salga la votación del Senado. Pero ese día vamos a poner toda la fuerza y, obviamente, también lo haremos el 27 en la Plaza de Mayo.
También hizo uso de la palabra Mario Romero, Secretario General de la Asociación de Profesionales del INTA (APINTA), que aseguró: “Estamos en un mes crucial. El mes de junio va a ser para todos los trabajadores y trabajadoras estatales un mes de mucha lucha, de estar en la calle, de cuidar el laburo de cada uno de nuestros compañeros y compañeras. Es por ello que nosotros desde APINTA acompañamos las medidas que toma el Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas. Estamos de acuerdo en movilizarnos cuando se trate la Ley Bases en el Senado, en seguir movilizándonos para la derogación del Decreto 70/23, que afecta a toda la sociedad: Nos afecta en la Salud, en la Educación, en el derecho a la vivienda de cada uno de los que alquilamos. Todos estamos perjudicados por el Decreto 70/23 y hay que seguir batallando para que se derogue. El 12, si se trata la Ley Bases en el Senado, estaremos en la calle; y al 27, el Día del Trabajador y de la Trabajadora del Estado, lo convertiremos en un día de lucha, de resistencia y de defensa de un Estado Nacional presente al lado de los que menos tienen”.
Finalmente, Pablo Acuña, miembro del Consejo Directivo de la Federación Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), llamó: “Tenemos que estar firmes para frenar esta Ley Bases. Sería un gran triunfo para continuar la lucha, porque también sigue vigente el DNU 70/23 y un montón de cuestiones que están corriendo. Vamos a convocar a esa gran movida que el sueño de nosotros es que se parezca mucho a la jornada de la Educación Pública que nos precedió. Un abrazo fuerte para todos y a seguir luchando”.
Concluyó este viernes la última jornada del Comité Ejecutivo de CLATE, que se desarrolló en la ciudad de Willemstad, Curaçao, del 28 al 31 de mayo. Por unanimidad, los representantes sindicales de las y los servidores públicos de América Latina y el Caribe aprobaron la Declaración de Curaçao, documento político que reúne los principales acuerdos alcanzados en este encuentro continental.
La tercera y última jornada del Comité Ejecutivo de CLATE comenzó con un emotivo homenaje a Norita Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, quien falleció este jueves a sus 94 años en Argentina.
Horacio Fernández, miembro de la delegación argentina, fue el encargado de rendir homenaje a Norita Cortiñas.
“Norita estuvo en todas las luchas y siempre con esa sonrisa. Las Madres de Plaza de Mayo dejaron de ser madres en singular, para ser más madres que nunca. Enfrentaron el negacionismo y cuando les propusieron que había que superar, ellas dijeron: ‘Ni olvido, ni perdón‘. La sonrisa de Norita va a seguir iluminando todas las luchas. Va a seguir iluminando el camino por la memoria, la verdad y la justicia”, expresó Horacio Fernández, integrante de la delegación argentina, quien estuvo a cargo del homenaje.
Adrie Williams, dirigente de ABVO.
A continuación, Adrie Williams, dirigente de ABVO, una de las organizaciones anfitrionas, dio una breve charla sobre la historia de Curazao. En particular, se refirió al proceso de lucha por la libertad y contra la esclavitud de hace 228 años. También mencionó el levantamiento popular de 1969 y el proceso de lucha por la independencia y por la igualdad de derechos en la isla, destacando cómo el Caribe influyó en los procesos de independencia de toda la Región.
Luego, se dio lectura a la Declaración Final elaborada en el marco de este encuentro internacional y aprobada por unanimidad por todas las delegaciones presentes. La lectura del documento estuvo a cargo de Darío Fuentes, del equipo de Presidencia de la CLATE, y Silvia Tejera, secretaria general de ADEOM de Uruguay.
Darío Fuentes, del equipo de Presidencia de CLATE, y Silvia Tejera, titular de ADEOM (Uruguay), leyeron la Declaración de Curaçao.
“Las organizaciones miembros de la CLATE, reunidas en nuestro Comité Ejecutivo en la Ciudad de Willemstad, Curaçao, refirmamos nuestro compromiso en la lucha por los objetivos gremiales comunes de todos los trabajadores y las trabajadoras estatales de la región, a la vez que, como fuera expresado en la Declaración de Chapadmalal hace 57 años, ratificamos nuestra voluntad de aportar decididamente a la construcción de un horizonte de justicia social para nuestros países”, señala la declaración.
“Nunca será posible desarrollar un régimen de empleo público de calidad, con salarios y condiciones de trabajo dignas si, a la par, no se avanza en las transformaciones que permitan una economía al servicio de todos los seres humanos y sus necesidades”, agrega el documento.
La directiva del SAP de Curaçao entregó un obsequio al presidente de CLATE, Julio Fuentes.
En ese sentido, la Declaración de Curaçao señala las principales lineas de acción para el próximo período, entre ellas, la defensa de la ratificación e implementación de los Convenios 151 y 190 de la OIT en toda la Región, el debate sobre los usos de la Inteligencia Artificial en el sector público, la defensa del orden democrático y de un Estado que exprese el interés público, entre otros ejes de trabajo.
“Debemos construir al interior de nuestros países una coalición social donde el sindicalismo sea capaz de construir articulaciones con otros actores que se movilizan y se ponen de pie”, afirma también el documento.
“Debemos marchar junto al movimiento ambientalista, de pueblos originarios, afrodescendientes, de mujeres y diversidades, de pequeños y medianos productores, comerciantes, y cuentapropistas, y junto a todos los sectores sociales y culturales a los que este modelo de desigualdad y exclusión abandona a su suerte”, añade.
“Ese debe ser nuestro desafío desde el sindicalismo estatal, construir el gran movimiento social que radicalice la democracia y recupere el sentido público de nuestros Estados. Para construir un Estado social de derecho y democrático, que alumbre nuevos caminos y construya alternativas, posibles y necesarias, orientadas al buen vivir y a terminar con este sistema de explotadores y explotados”, finaliza la Declaración de Curaçao (leer aquí la declaración completa).
Además del documento principal, se aprobaron las siguientes Declaraciones Anexas:
Luego de la lectura de la Declaración, a solicitud de la presidenta del Centro de Jubilados de la ATE de Argentina, Noelia Guzmán, el Comité Ejecutivo aprobó impulsar un encuentro de dirigentes y dirigentas de jubilados/as de toda la Región, a ser realizado este año en Argentina, con el fin de “intercambiar experiencias y acordar estrategias de lucha comunes”.
Este histórico encuentro en la ciudad de Willemstad, que reunió a más de 80 dirigentes y dirigentas de 16 países de la Región, finalizó con la entrega de obsequios entre los anfitriones y las organizaciones presentes. En particular, el Comité Ejecutivo de la CLATE entregó a cada representante de los sindicatos anfitriones una estatuilla representantiva de “El Yaguareté”, en agradecimiento a la enorme hospitalidad recibida.
