En unidad de acción con el resto de los gremios estatales de Córdoba, entendemos que la medida impuesta en la Legislatura, entre gallos y medianoches, la semana pasada es otro capítulo del desenfreno del gobernador para obtener fondos públicos que sostengan el desmanejo generalizado en que se encuentra su administración.
El gobierno justifica la crisis de la Caja de Jubilaciones por la deuda la Nación evita pagar sobre los compromisos para cubrir el déficit del 2011, pero olvida que fue el propio De la Sota quien implementó la jubilación anticipada, así como distintas formas de retiro, que cambiaron la ecuación entre aportantes y jubilados, descompensando la fórmula económica y llevándola a la crisis financiera que sufre desde hace tiempo el organismo.
Está claro que los trabajadores no debemos pagar las desavenencias entre el gobierno nacional y el provincial, ambos del mismo partido político. No estamos dispuestos a sufrir un nuevo ajuste que afecte un derecho establecido en la Constitución, como es la movilidad en las jubilaciones. Mientras tanto, otras fuentes de recursos para paliar la crisis no fueron aun exploradas, como la revaluación del inmobiliario rural o la eliminación de las exenciones impositivas a las empresas que más facturan en la provincia.
Por la derogación de los ajustes Previsionales y restitución de la ley 8024
Nuevamente este Gobierno confirma su actitud de ajustar siempre a los Trabajadores y al Pueblo, reproduciendo prácticas antidemocráticas y modelos contra los Trabajadores, que ya perdieron consenso después de los estallidos del 2001.
El argumento que se esgrime para justificar las reformas, lo constituye el elevado déficit de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba que el Gobierno Provincial debe soportar ante la falta del aporte Nacional, por lo cual debe asignar recursos para financiar el sistema, que bien podría destinar a otras áreas prioritarias como la salud, la educación o la vivienda.
Este Gobierno, por los trascendidos, adelanta que en el ANSES habría un reconocimiento de la deuda que tiene este organismo, condicionado a profundizar el proceso de armonización en aquellos temas en los cuales todavía la provincia no ha avanzado: el cálculo del haber previsional y la movilidad.
Evidentemente, la experiencia del descomunal ajuste que cayó sobre los jubilados nacionales eliminando el 82% móvil y arrojando a la miseria y al abandono a casi cinco millones de ellos (76% del padrón con un haber mínimo de $ 1.880) quiere ser repetida con los jubilados de la Ley 8024.
Sostenemos que este proceso de armonización va contra la Constitución Nacional (art. 14 bis) y la Provincial (art. 56 y 57) que establecen que el Estado garantizará jubilaciones y pensiones móviles, irreductibles y proporcionales a la remuneración del trabajador en actividad, que dicha proporcionalidad ha sido reconocida en sucesivos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como el 82% de la remuneración del activo, estableciendo además el criterio de que el beneficio tiene el carácter de sustitutivo del salario que percibía el jubilado en su condición de trabajador activo. Como también los fallos “Badaro…” que condena los cálculos que el ANSES quiere imponer.
Estamos en presencia de un derecho amparado por la constitución, de la misma naturaleza que los derechos sociales como la salud y la educación, de tal manera que retacear la garantía estatal en materia previsional aduciendo el déficit como argumento sería equivalente al cierre de las escuelas y hospitales con motivo de las dificultades económicas del Estado.
La sociedad toda reconoce que dichas dificultades, con las cuales se quiere justificar todo tipo de ajustes, tienen su explicación en la desigual distribución del ingreso, la destrucción del empleo formal y una política regresiva en materia impositiva que castiga a los que menos tienen y liberan de su responsabilidad social a los sectores de mayores recursos. Una Provincia desfinanciada por exenciones y subsidios a empresas extranjeras, (automotrices, tecnológicas, frigoríficos, etc.) por sumas multimillonarias; como el congelamiento a grupos más concentrados de los agronegocios; ambos sectores son los más beneficiados por este modelo exportador.
A lo que se quiere, sumar un Impuesto al Combustible, totalmente regresivo que agrava este modelo; y no hace otra cosa, que recargar sobre toda la sociedad, la mala administración y corrupción, de quienes han gestionado la Caja y la Provincia.
En este contexto, se inscribe el ataque que el Gobierno de Córdoba, en un total acuerdo con la Nación, lleva a cabo a los fines de armonizar el sistema previsional cordobés con la Leyes nacionales 24241 y 24463 (Menem y Cavallo), esto es establecer la edad jubilatoria en 60 y 65 años, calcular el haber jubilatorio como el 52,5 % del promedio de los salarios de los 10 últimos años y una movilidad 2 veces por año con un índice en función del incremento del salario o de la recaudación de la ANSES, el que fuera menor. Para ello aprobaron el 18/12/2002 la ley de armonización 9075 (acuerdo 80/02) que permaneció cinco años en estado de latencia esperando el momento político oportuno para comenzar con la destrucción de la Ley 8024, que garantizaba el 82% móvil calculado sobre el salario del trabajador en actividad y una edad de retiro con dignidad (55 y 58 años) contemplando servicios diferenciales.
El momento oportuno fue el año 2008 y a pesar de la resistencia de los trabajadores el (30 Jul 2008) se aprobó la Ley 9504, hoy vigente, llevando la edad a 60 y 65 años (con servicios diferenciales) y calculando el haber como el 82% del promedio de los salarios de los últimos 4 años.
Avanzaron todo lo posible pero no se detuvieron y el 18/12/2008 aprobaron la Ley 9562 que convalida el acuerdo de armonización 90/08 entre Nación y Provincia, que lleva a la armonización total en edad, cálculo del haber y movilidad con las leyes nacionales.
Nosotros sostenemos que el déficit argumentado es falso ya que además de los recursos genuinos (aportes y contribuciones) el sistema debe ser financiado con los recursos que se dispongan en función de la garantía constitucional del Estado de solventar el déficit.
Y en ese sentido el déficit que alega el Gobierno, debe entenderse como causa de la desidia, la negligencia, la corrupción, lo que conforma una pésima gestión del actual gobierno, porque:
• El 15% de la coparticipación impositiva de la provincia se destina al ANSES desde 1992 (aproximadamente $ 2.000 millones por año) y debiera destinarse al sistema jubilatorio de Córdoba.
• Los más de 23 mil Jubilados anticipadamente entre los años 2000 al 2005, inundó la Caja indiscriminadamente, sin preverse con que recursos se los iba a financiar.
• Los $ 3.000 millones (recaudados entre el 1/01/03 y el 31/07/08) que corresponden al Fondo Complementario creado por la Ley 9075 que han desaparecido, a pesar que debían contabilizarse de manera independiente y depositarse en una cuenta especial del Banco de Córdoba, que nunca se abrió y que debía ser controlado por una mesa de seguimiento integrada por los gremios representativos. Varios funcionarios están imputados por este defalco, Busso, Alves, Kegan y Giordano.
• La Provincia evadió aportes y contribuciones anuales, aproximadamente por unos $ 800 millones durante 6 años, por las sumas no remunerativas regularizadas por la “Ley de Blanqueo Salarial”.
• La Provincia y la Nación evaden aportes y contribuciones por centenas de millones anuales por las sumas no remunerativas correspondientes al Fondo de Incentivo Docente – FONID desde su creación.
• La Provincia ha condonado deudas previsionales a Municipios y otras instituciones, como establecimientos privados de enseñanza, por cifras varias veces millonarias. Dejando en claro la discrecionalidad con que se manejan los fondos de la Caja que no le pertenecen.
• Le debemos agregar la política de destrucción del empleo público (contratados monotributistas, tercerización de servicios, pasantías, etc.) llevada a cabo de manera irresponsable, favoreciendo el empleo en negro, provocando la pérdida de aportes y contribuciones, acentuando el deterioro de la relación activos/pasivos más conveniente.
• Los recientementes denunciados, hechos de corrupción, por contrataciones directas absolutamente innecesarias, por más de 12 millones.
A todo esto, hoy existen unos 181 mil Activos y unos 91 mil Jubilados, (2 aportantes, para 1 jubilado), lo que significa que con el 40% de aporte que hace cada uno, entre salario directo (18%) y diferido (22%), prácticamente el “déficit” debería ser de un insignificante 2%; lo que demuestra la magnitud del desmanejo de la actual administración.
También es muy importante señalar, que no existe control por parte de los afiliados aportantes porque no tienen representación en la administración de la Caja, intervenida desde hace más de 15 años. Las sucesivas intervenciones aplicaron políticas decididas por el poder ejecutivo de turno que han afectado gravemente los derechos e intereses de los actuales y futuros jubilados.
Un análisis del sistema previsional que no contemple todas las variables y fundamentalmente el criterio de considerar la jubilación como un derecho social, garantizado por el Estado con todos sus recursos, es un análisis falso, meramente economicista y que tiende a la construcción de una sociedad injusta, desigual y cada vez menos solidaria en la que, la brecha entre ricos cada vez más ricos y una cantidad más numerosa de pobres cada vez son más pobres.
Ante esta gravedad, las organizaciones convocantes nos hemos constituido en Plenario Abierto permanente y convocamos a participar a todas las organizaciones, delegados, activistas y compañeros para continuar la lucha.
Prensa ATE Córdoba/ 15-08-2012
![""]("images/cctsc001.jpg")
![""]("images/cctsc002.jpg")
![""]("images/cctsc003.jpg")
![""]("images/cctsc004.jpg")
![""]("images/cctsc005.jpg")
