La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizó la primera reunión del Consejo Directivo Nacional del 2025 con la participación de las provincias y aprobó por unanimidad un plan de acción a la vez que ratificó el rechazo a la nueva paritaria por debajo de la inflación.
Este encuentro, el primero desde que se cumplió el centenario del sindicato, se mantuvo en paralelo mientras se rechazaba la paritaria de la Administración Pública Nacional de 1,5% para enero y 1,2% en febrero.
Es por eso que la Conducción Nacional obtuvo mandato para convocar a un Plenario Federal de Delegados y votar por una medida de fuerza para el mes de febrero.
Además de la pésima política salarial del Gobierno, el sindicato reclama por los despidos ilegales en el Sector Público y el desguace de las políticas y organismos estatales.
ATE también reafirmó la convocatoria para movilizar el 8 de marzo en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, como así también lanzar una campaña de licencias en todas las municipalidades del país por cuestiones de violencia de género. Además, se dará continuidad a la lucha en las calles con una nueva marcha el 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. El plan de acción tendrá continuidad en abril con una nueva medida en sintonía con las expresiones de unidad de las dos CTA.
Durante el encuentro, las y los representantes provinciales que participaron tuvieron la oportunidad para describir la actualidad de sus provincias, como así también las principales luchas que mantienen en todo el país.
Finalmente, el sindicato votó la reglamentación del Artículo 50 del Estatuto, modificado el 31 de mayo de 2022 durante su 53° Congreso Extraordinario, el cual contempla los congresos directivos provinciales, y en el caso específico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se establecieron nuevas especificaciones a los efectos de garantizar la plena participación democrática de todos los afiliados a ese distrito.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó el 1,5% para enero y 1,2% en febrero ofrecido por el Gobierno en la paritaria de la Administración Pública Nacional, pero fue aceptada por el otro gremio firmante del convenio, UPCN. Ante esta situación, el sindicato se declaró en estado de alerta y asamblea permanente en todos los ministerios y convocará a un plenario federal para definir una nueva medida de fuerza este mes.
“Se trata de una paritaria que no solo no mejora sino que empeora, que profundiza la crisis de ingresos en el sector público. Sigue siendo usada para disciplinar y condicionar el resto de las negociaciones salariales en el sector público y en distintas actividades privadas. Para lograr el equilibrio fiscal se asaltan los bolsillos de los estatales y de los jubilados”, apuntó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.
Cabe recordar que durante el 2024, los aumentos salariales quedaron 44,4% por debajo de la inflación, producto del aumento de 73,3% frente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 117,7%. Esta brecha, además, se acentuará en los próximos días cuando se dé a conocer la inflación de enero que se ubicaría alrededor del 2,5%, según un promedio realizado entre las principales consultoras privadas.
“Resulta muy difícil de creer que existan gremialistas que estén dispuestos a aceptar incrementos que se ubiquen por debajo de la evolución de los precios. Tenemos que defender la premisa de que ningún salario en la Argentina puede perder con la inflación. Esta propuesta da asco. Debemos responderle con un paro en toda la Administración Pública en el mes de febrero”, aseguró el dirigente.
En esta línea, Aguiar apuntó: “Esta negociación salarial se lleva adelante a días de que el gobierno decidió bajarle las retenciones al campo y eliminar los impuestos para la compra de autos y motos de alta gama. En el inicio del 2025 queda claro que el ajuste lo seguimos pagando los de abajo. El Gobierno fracasa con su programa económico y le quiere hacer pagar el costo a los trabajadores y a los jubilados”.
“Desde que asumió Milei, perdimos más de cuarenta puntos y ahora nos ofrecen un aumento que no llega al 3% para el bimestre. Esto sin lugar a dudas es una provocación que va a acelerar la conflictividad en el Estado”, concluyó el Secretario General de ATE Nacional.
Además, el acuerdo salarial establece un aumento para aquellos sectores que reciben una remuneración en concepto de presentismo, pasando de $30.000 a $50.000. De este último punto actualmente son excluidos el Personal Civil de las Fuerzas Armadas y el sindicato reclama su inmediata incorporación para que comiencen a percibir este ítem salarial.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) participó en la multitudinaria Marcha Antifascista con movilizaciones en todo el país contra los dichos violentos, homofóbicos y discriminadores del presidente Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos.
Miles de estatales de todo el país concurrieron a las plazas de las principales ciudades. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la movilización hacia la Plaza de Mayo fue contundente.
“Esta marcha multitudinaria en todo el país es una bocanada de aire fresco para una democracia que está en riesgo. Es el grito de desahogo de un pueblo al que deliberadamente están haciendo sufrir”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.
“La masividad a la hora de ganar las calles muestra que no estamos dispuestos a retroceder, que vamos a defender con dignidad todas nuestras conquistas y no nos vamos a dejar humillar más. El Gobierno la criticaba porque decía que era una marcha política, y es así. Se ha transformado en una de las expresiones políticas más grandes de rechazo a la gestión de Milei”, agregó el dirigente estatal.
La situación lo amerita. Los planteos del mandatario no sólo son regresivos y discriminatorios, sino que se basan en premisas falsas y confusas, contrarias a toda la normativa vigente nacional e internacional, pero sobre todo cargados de odio y misoginia.
La Secretaria Adjunta de ATE Nacional, Mercedes Cabezas, indicó: “Esta marcha nació de una asamblea que desbordó y se transformó en una movilización federal de emergencia, que pudo aglutinar a distintos sectores a través de un concepto que es el antifascismo. Una vez más, principalmente los feminismos y el colectivo LGBTIQ+, demostramos la capacidad de dar respuesta organizada a un Gobierno neofascista que piensa que le va a ser gratuito el costo de eliminar todo tipo de políticas, insultar, discriminar y estigmatizar”.
“Desde que asumió la Libertad Avanza, desde ATE hemos estado en la calle, poniendo el cuerpo y desafiando la política represiva que acompaña las medidas económicas de saqueo. Hoy en todo el país demostramos la importancia de la empatía y la organización. Vimos cómo se replicó en todas las provincias la convocatoria y participación y eso demuestra que los lazos sociales no están totalmente rotos como pretenden vendernos y que la libertad es otra cosa”, agregó la dirigenta.
En tanto, la Secretaria de Género y Diversidad, Clarisa Gambera, indicó: “Hay una cuestión respecto del capitalismo salvaje, del saqueo de los territorios, un modelo que lleva adelante Javier Milei, en el que prima el individualismo y está el mercado por sobre las personas. Con este tipo de marchas, utilizando los mismos canales que ellos muy bien supieron aprovechar como lo son las redes sociales, rápidamente dimos una respuesta colectiva y efectiva para plantarnos frente a la perversidad”.
“Esta movilización es un impulso, una bocanada de aire, para demostrar que hay otros modos de hacer política, que no vamos a resignar los derechos que tanto tiempo nos costaron conquistar y que seguimos tejiendo redes de manera organizada y horizontal. Necesitamos acción institucional porque es muy peligroso que sea el Presidente el que incumple leyes constitucionales. El Poder Judicial y la política en su conjunto debe poner límites porque peligra la democracia”, concluyó.
En el 2024 se registraron 265 muertes violentas, de las cuales 255 corresponden a femicidios, 7 a trans/travesticidios y 3 a lesbicidios, 168 niños, niñas y adolescentes se quedaron sin madre, las mujeres ganan, en promedio, un 27% menos que los hombres y apenas el 16% alcanza roles directivos en sus trabajos. Son números preocupantes que el Gobierno elige desconocer.
Pero no sólo se queda en lo discursivo. Despierta un alerta máxima que los dichos del mandatario se ven reflejados en la intención de excluir la figura de femicidio del Código Penal. En este marco, el sindicato aseguró que se encuentran en peligro una serie de legislaciones vigentes:
– Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (26.485);
– Ley de Educación Sexual Integral (26.150);
– Ley Antidiscriminación (23.592);
– Código Penal, art. 80, incisos 4 y 11 que estipulan la figura legal del Femicidio;
– Ley de Cupo Laboral Trans (27.636);
– Ley de Cupo Laboral para personas con discapacidad (22.431);
– Ley de Cupo Sindical Femenino (25.674);
– Ley de Paridad de Género en los órganos legislativos nacional y subregional (27.412);
– Decreto DNI No Binario (476/2021);
– Ley de Identidad de Género (26.743);
– Ley Micaela (27.499); entre otras.
En este marco, el sindicato exigió a los presidentes de los bloques legislativos del Congreso que manifiesten públicamente su compromiso de no modificar y retroceder en materia de derechos. “Las leyes que promueven la igualdad de género y brindan protección a las diversidades sexogenéricas son parte de un entramado local e internacional cuyo objetivo es procurar un acceso equitativo a derechos y en todos los casos, su derogación constituye una limitación a los derechos humanos. Derechos que supimos construir colectivamente para acercarnos a una sociedad más justa e inclusiva”, expresa la nota enviada a los legisladores.
En el marco de esta movilización, el sindicato manifestó una serie de pronunciamientos:
– En defensa de la Educación Sexual Integral.
– No al Cierre de los Sitios de Memoria.
– En defensa de la Salud Pública y los centros de salud atacados, como el Garrahan, Posadas y el Bonaparte, entre otros.
– Por salud mental para todos y tratamientos e insumos para personas con VIH
– Por insumos para garantizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo
– Por presupuesto para las Universidades Públicas
– Basta de despidos en el Estado.
– Por presupuesto para el Conicet y el rechazo a la censura a investigadores.
– En defensa del INCAA y contra la censura a las producciones culturales.
– La ideología de género no existe, es justicia social.
– Defensa de la Ley de Identidad de Género.
– Defensa del DNI no binario
– Basta de persecusión a las organizaciones sociales.
Debido a los incesantes incendios que azotan la zona andina de Río Negro, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) suspendió su Marcha por la Soberanía a Lago Escondido y los referentes del sindicato se ofrecieron como voluntarios para brindar colaboración y realizar tareas de respaldo a los brigadistas que combaten incesantemente el fuego.
El sindicato mantendrá las conferencias de prensa previstas para el miércoles 5 en Bariloche y jueves 6 en El Bolsón.
“No renunciamos al legítimo reclamo de soberanía territorial y política sobre los territorios adyacentes al Lago Escondido y el mismísimo lago, pero estos son momentos en los que debe primar la solidaridad y acompañamiento a los damnificados directos y a toda la comunidad de El Bolsón, Bariloche, la provincia de Chubut y sus parajes», señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional
Las llamas actualmente atacan decenas de miles de hectáreas de la zona cordillerana en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, y decenas de familias fueron evacuadas de los principales pueblos alcanzados.
El sindicato además destacó la tarea que realizan los brigadistas en un contexto que es sumamente complejo. A diciembre de 2023, según un informe de la propia Administración de Parques Nacionales, la planta mínima operativa necesaria debía ser de 700 brigadistas. A diciembre de 2024 había solo 410, pero el 31 de diciembre a muchos de ellos no les renovaron el contrato, por lo que las tareas de contención y extinción de las llamas se vuelve mucho más cuesta arriba.
El Gobierno convocó a paritarias en la Administración Pública Nacional para el martes 4 de febrero a las 14 y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anticipó que no aceptarán ningún techo a los aumentos salariales. Además, el sindicato convocó a su Consejo Directivo Nacional con la presencia de todas las provincias para el mismo día y definir nuevas medidas de acción directa.
“Se trata de una convocatoria tardía y el Gobierno tiene que saber que no vamos a aceptar la imposición de ningún techo en la paritaria estatal. La propuesta que se realice tiene que tener impacto retroactivo a enero y permitir abrir un proceso de recuperación de los salarios en el sector público. Hasta ahora la política salarial del Ejecutivo ha destruido todos los ingresos y ese daño tiene que ser reparado”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General del sindicato.
En este marco, el dirigente estatal continuó: “Debe compensarse la pérdida del poder adquisitivo y volver a ubicar a decenas de miles de trabajadores por encima de la línea de la pobreza. No podemos aceptar mansamente que haya estatales pobres. Por eso convocamos a que sesione nuestro Consejo Directivo a pleno con la presencia de todas las provincias y rápidamente definamos nuestro plan de acción si las negociaciones no satisfacen nuestras expectativas”.
“No tenemos que permitir que la paritaria nacional sea utilizada como una herramienta de disciplinamiento para todas las negociaciones salariales en las provincias y en los municipios. Hasta gremios del ámbito privado se quejan por el tope del 1%, pero tienen que saber que esa miseria la acordaron algunos colegas suyos en el Estado. Eso no puede volver a pasar”, concluyó Aguiar.
Cabe recordar que las paritarias del Convenio Colectivo de Trabajo 214/06 durante el 2024 quedaron 44,4% por debajo de la inflación. Esto se da como resultado de un aumento de 73,3%, aceptado por UPCN, frente a un Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 117,7%.
La reunión tendrá lugar en la Secretaría de Trabajo, ubicada en Av. Callao 114 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ese mismo día, las representaciones de ATE en todas las provincias junto a la Conducción Nacional evaluarán el resultado de la negociación y definirán el plan de acción.
En este marco, el sindicato estatal reiteró su rechazo a la Decisión Administrativa 1/25 establece que los aumentos salariales del sector público deben negociarse exclusivamente dentro de los parámetros presupuestarios de cada dependencia, los cuales están atados al presupuesto del 2023.
Luego de que el Ministerio de Defensa dispusiera el traslado de archivos de la Armada a una nueva sede con el objetivo de ‘depurar’ la información con posibilidad de ‘trituración’ de documentos, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) alertó por esta situación y envió un pedido de informes a la cartera que conduce Luis Petri exigiendo que expliciten los criterios para el operativo y garanticen la conservación en condiciones de la documentación.
“40 años después se proponen seguir destruyendo pruebas. Los genocidas festejan, lograron un Gobierno que pretende garantizarles impunidad y legitimar sus crímenes atroces. Se están vulnerando todas las leyes vigentes en nuestro país. No puede ser la propia Armada la que ahora lleve adelante este proceso de depuración y trituración de documentación que resulta valiosa para el fortalecimiento de una democracia que se construyó sobre el juicio y castigo de los responsables de los crímenes ocurridos durante la última dictadura militar”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.
“Sin lugar a dudas, esta decisión es un nuevo ataque a las políticas de derechos humanos. No es solo por su carácter de negacionistas, detrás de esto hay una estrategia clara de legitimar las prácticas de persecución, el encarcelamiento y la tortura de quienes piensan distinto para disciplinar en el presente. Tenemos que impedirlo”, agregó el dirigente.
En la nota enviada bajo el expediente X-2025-10252565-APN-DNPAIP#AAIP, dirigida al ministro Petri, al Jefe del Estado Mayor General de la Armada, Carlos María Allievi, y al Secretario General de la Armada, Enrique Antonio Balbi, ATE exige al Gobierno que informe si se le dio intervención al Archivo General de la Nación ya que, como órgano rector de todos los Archivos del país, debe intervenir en cualquier proceso de selección documental.
“Esta decisión forma parte de una política de ataque a los Derechos Humanos en general y a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en particular. Desde el cierre del INADI, el desmantelamiento de la Secretaría de Derechos Humanos, el intento de cierre de los sitios de la memoria, y el despido de sus trabajadoras y trabajadores. Entonces esto que están haciendo ahora es gravísimo, porque además de desmantelar el equipo de profesionales que analizaba esos archivos y los preservaba, ahora directamente apuntan a su destrucción”, señaló Valeria Taramasco, Secretaria de Derechos Humanos de ATE Nacional y agregó: “Además nos preguntamos, ¿a cargo de quiénes queda la selección de los archivos a depurar y triturar? No sea cuestión que quede a cargo de los mismos que quieren ocultar la verdad sobre los crímenes cometidos durante el terrorismo de estado y garantizar la impunidad a sus perpretradores”.
Cabe recordar que la política de ajuste y desmantelamiento del Estado de Javier Milei provocó el despido de la totalidad del Equipo de Relevamiento y Análisis de los Archivos de la Fuerzas Armadas, que incluía profesionales archivistas, historiadores, sociólogos, comunicadores. Este equipo, entre otras funciones, aportaba documentación a requerimiento de la Justicia en causas por delitos de lesa humanidad.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) fue recibida en su despacho en la sede del anexo del Congreso, por el diputado socialista Esteban Paulón. En representación de ATE, participaron Mercedes Cabezas, Secretaria General Adjunta, y Mirta Matheos Secretaria Administrativa.
El encuentro tuvo como principal objetivo establecer acuerdos respecto a la marcha del próximo 1 de febrero, convocada por un amplio abanico de organizaciones, partidos políticos y sindicatos a raíz de los dichos de Javier Milei durante la conferencia económica de Davos.
Las dirigentas de ATE le entregaron al diputado el comunicado firmado por dirigentas nacionales y de todo el país, en el que se repudia la discriminación y violencia del presidente Javier Milei hacia las mujeres y el colectivo LGBTIQ+.
“Le hicimos llegar la carta porque creemos que es importante unificar criterios y llegar al sábado con la mayor cantidad de apoyo y adhesiones de todo el campo popular. La marcha va a ser masiva y federal porque hay un descontento generalizado respecto, no sólo de los dichos de Javier Milei acerca del colectivo LGBTIQ+, sino de todo su gabinete que se cree que tiene total impunidad para decir cualquier barbaridad”, indicó Mercedes Cabezas.
En este sentido la dirigenta agregó: “Hay un concepto que es el antifascismo que es lo que está unificando un movimiento muy fuerte y poderoso para referenciarse. Hasta ahora no lo habíamos puesto en palabras y creo que es la base para que lo que comenzó siendo una asamblea transcienda la Capital Federal y se replique en todas las provincias. Por supuesto que el colectivo LGBTIQ+ es un movimiento muy poderoso y pacífico y que al unirse al movimiento feminista e incluso a la militancia genera esta espece de tsunami”.
El diputado también señaló que la convocatoria a la marcha será muy masiva y que desde distintos bloques de diputados de la oposición acompañarán.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) lanzó una nueva Jornada Nacional de Lucha como respuesta a los dichos violentos del presidente Javier Milei contra la comunidad LGTTBQ+ en el Foro Económico Mundial de Davos y marchará a Plaza de Mayo el sábado 1 de febrero.
El sindicato manifestó que las expresiones del mandatario expresan su falta de conocimiento, sus prejuicios y una perspectiva antiderechos y discriminatoria alarmante. “Sus dichos son un ataque concreto contra la comunidad LGTTBQ +. Es el presidente quien fomenta el odio y habilita la violencia. Sin duda la vida está en riesgo y es urgente ocupar el espacio público y organizarnos”, señalaron desde la entidad gremial.
Los planteos de Milei son regresivos y discriminatorios, expuestos con argumentos falsos y confusos, contrarios a toda la normativa vigente nacional e internacional, pero sobre todo cargados de odio y misoginia.
En el 2024 se registraron 265 muertes violentas, de las cuales 255 corresponden a femicidios, 7 a trans/travesticidios y 3 a lesbicidios, 168 niños, niñas y adolescentes se quedaron sin madre, las mujeres ganan, en promedio, un 27% menos que los hombres y apenas el 16% alcanza roles directivos en sus trabajos. Son números preocupantes que el Gobierno elige desconocer.
La convocatoria a la Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista que tendrá como punto de partida el Congreso de la Nación a las 16 surge luego de una masiva asamblea multisectorial realizada en Parque Lezama el sábado 25 de enero.
“Durante este año de gobierno de Milei, no dejamos de luchar. Hemos expresado nuestro compromiso con los derechos que construimos colectivamente, defendimos las políticas públicas que permitían territorializar esos derechos desde la doble dimensión que nos toca por ser trabajadorxs estatales, asumimos la defensa del Estado y de nuestro trabajo sufriendo la persecución, estigmatización y degradación de nuestras tareas”, indicó Clarisa Gambera, Secretaria de Género y Diversidad de ATE Nacional.
Despierta un alerta máxima que los dichos del mandatario se ven reflejados en la intención de excluir la figura de femicidio del Código Penal. En este marco, el sindicato aseguró que se encuentran en peligro una serie de legislaciones vigentes:
Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (26.485);
Ley de Educación Sexual Integral (26.150);
Ley Antidiscriminación (23.592);
Código Penal, art. 80, incisos 4 y 11 que estipulan la figura legal del Femicidio;
Ley de Cupo Laboral Trans (27.636);
Ley de Cupo Laboral para personas con discapacidad (22.431);
Ley de Cupo Sindical Femenino (25.674);
Ley de Paridad de Género en los órganos legislativos nacional y subregional (27.412);
El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, viajó a su provincia este viernes y se reunió con el Gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck. Acordaron que habrá paritarias en la provincia durante la última semana de enero.
Aguiar, rionegrino y con dos mandatos cumplidos a cargo de la conducción provincial del sindicato, señaló: “Hemos logrado abrir una instancia de diálogo que en el aspecto salarial da certidumbre a los trabajadores sobre todo después del congelamiento salarial del último trimestre del año pasado”.
En referencia a la paritaria, el dirigente indicó que “hay quienes intentan negarlo, pero sigue habiendo inflación y se continúan deteriorando los salarios”.
“Es muy importante que luego de las cesantías masivas que se llevaron adelante a fin de año se inicie un proceso de revisión. Somos un sindicato que nunca defendió lo indefendible, pero son numerosos los casos en que los despidos han sido absolutamente injustificados, además de poseer evaluaciones de desempeño intachables”, explicó.
“Si bien se repasaron varios temas, la mayor parte de la reunión se focalizó en salarios y despidos que son las dos demandas prioritarias que tiene el sindicato en este momento. Aunque no tenemos la última palabra para decidir sobre el plan de lucha que ATE está llevando adelante en la provincia, entendemos que esta instancia que se ha abierto tiene que ser merituada favorablemente por el próximo plenario de secretarios generales”, concluyó Rodolfo Aguiar.
El encuentro se llevó a cabo en horas del mediodía en la ciudad de Cipolletti, extendiéndose por más de una hora. Entre los distintos temas que abordaron, la prioridad se mantuvo en las negociaciones salariales y en las cesantías masivas que se generaron en la provincia a finales del 2024.
En este marco, se fijó como fecha de la paritaria para el jueves 30 de enero. En lo que se refiere a los 480 despidos producidos, se dará inicio a un proceso de revisión de los casos que no tienen causa justificada.
Ante la decisión del Gobierno Nacional de cesantear a 1400 trabajadores de la salud dejando en peligro de cierre numerosos hospitales y la eliminación de programas vitales de atención, prevención e investigación, el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, señaló: “Tenemos que definir medidas de fuerza para que se dejen sin efecto los despidos y evitar de esta manera perjuicios que serán irreparables de forma posterior”.
“El Gobierno profundiza el ajuste en materia sanitaria. Esta decisión del Ministerio de Salud es de extrema gravedad. El Estado debe garantizar la protección del contenido mínimo esencial del derecho de salud. Esta medida que produce 1400 cesantías bajo un supuesto programa de reestructuración afecta la continuidad y operatividad de todos los servicios de salud”, agregó el dirigente.
El sindicato resaltó el peligro de cierre que conllevan estos despidos, como ocurre, por ejemplo, en el Hospital Bonaparte donde cesantearon a 190 trabajadores, de los cuales 113 son profesionales y 77 administrativos. Esto deriva en el cierre de los servicios de continuidad de guardia, internación, el Hospital de Día, y queda inoperativo el servicio de odontología pediátrica, afectando el derecho a la salud enmarcado en el art. 42 de la Constitución Nacional y los Derechos del Paciente amparados en la Ley N° 26.529.
En este marco, Aguiar continuó: “El Gobierno busca arrasar con derechos fundamentales garantizados sobre todo para grupos sociales de extrema vulnerabilidad. Se está atacando el derecho a la salud, a la asistencia sanitaria y hasta el derecho a la vida pretendiendo cerrar los servicios de prevención al suicidio. Además de un derecho esencial como es el que tienen los pacientes de contar con información de los servicios y las condiciones en las que se desarrollan sus tratamientos”.
“Está clara la intención de vaciamiento y desguace de los hospitales por parte de las autoridades nacionales. No se debe prohibir el ingreso de nuevos pacientes y además impedir que se realicen derivaciones de pacientes internados a otros centros de salud de manera intempestiva o involuntaria”, indicó.
“Vamos a iniciar protestas, ocupaciones y paros sectoriales. No descartamos en las próximas horas estructurar una medida que nos permita unificar los reclamos de todos los hospitales”, adelantó el Secretario General de ATE Nacional.
Estos despidos vienen acompañados con una dura decisión de cierre y desmantelamiento de políticas públicas: Eliminaron los programas de prevención y control de tuberculosis, VIH y diabetes, por lo cual los usuarios del sistema dejan de tener la medicación correspondiente para tener una mejor calidad de vida. También se desarmó la Dirección de Vectores que llevaba adelante el estudio epidemiológico del dengue, vital para implementar nuevas medidas que impidan nuevos brotes.
Además, el Ministerio de Salud decidió cerrar la Coordinación de Hepatitis Virales, la Dirección Nacional de Integración del sistema de Salud, la Coordinación de Salud Familiar, la Coordinación de Zoonosis y la Coordinación de Vigilancia Epidemiológica por Laboratorios, entre otras áreas.
