Autor: Emanuel Zamaro

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizó un paro total de actividades y se movilizó al Ministerio de Defensa en reclamo de mejoras laborales y salariales de todo el personal civil de las Fuerzas Armadas, como así también en rechazo al intento de cierre de la Base Aeronaval Punta Indio.

“Si no se abre una instancia de diálogo y negociación real, seria, en la que se pueda discutir el inicio de un proceso de recuperación salarial, el Gobierno será el responsable de la profundización de las medidas de fuerza. Sin respuestas concretas, los paros se van a empezar a incrementar”, indicó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

En este marco, apuntó: “Desde el Ministerio de Defensa se tiene que frenar el cierre y traslado de la Base Aeronaval de Punta Indio. Si la cierran, van a desaparecer esas comunidades y no lo podemos permitir. Las huelgas no son legales o ilegales. Las huelgas se ganan o se pierden, y a esta la vamos a ganar”.

“Se necesitan soluciones estructurales. Hay bajos salarios, están precarizados y ni siquiera pueden contar con las prestaciones de la obra social porque los funcionarios que pasaron desde Petri para acá, la destruyeron. Tomaron una obra social superavitaria y generaron una deuda de más de 223 mil millones de pesos. No fue un accionar negligente, hubo dolo. Tienen que ser investigados”, concluyó el Secretario General de ATE Nacional.

En tanto, la Secretaria Adjunta de ATE Nacional, Mercedes Cabezas, apuntó: «También queremos denunciar que los trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas están recibiendo aprietes. Nosotros les decimos a aquellos que quieran apretar a nuestros compañeros y compañeras pidiéndoles informes de por qué se retiran de sus lugares de trabajo, los vamos a ir a buscar a las oficinas y les vamos a explicar en la cara que estamos en una medida de fuerza».

Por su parte, el Secretario de Convenios Colectivos de Trabajo de ATE Nacional, Flavio Vergara, indicó: «Punta Indio es uno de los pilares de esta lucha. Cuando empezamos la lucha de los civiles era por la precariedad, por el salario de indigencia. Eso se vio superado por el ataque concreto a una instancia que es la base aeronaval y el otro sector que está siendo agredido, muy fuertemente agredido, y que tiene que ver con la salud de todos los trabajadores y trabajadoras civiles y con la salud de las Fuerzas Armadas y sus familias. Estamos hablando 22.000 trabajadores para 450.000 personas de este país, eso es lo que representa hoy la IOSFA transformada en OSFA, y están atacándola».

Además, el Secretario General de la CTA Autónoma, Hugo Godoy, expresó: «Respaldamos cada una de las luchas que los trabajadores estatales realizan a lo largo y ancho del país. Es un orgullo la capacidad que tiene ATE y nuestra Central de articular las luchas entendiendo que nadie se salva solo, que no hay lucha sectorial que se resuelva por sí misma. Es necesario articularlas con las luchas de todo el pueblo argentino».

El sindicato alertó que el anuncio del Gobierno de cerrar la Base Aeronaval Punta Indio pone en riesgo la continuidad laboral de más de 180 trabajadores civiles y 250 efectivos militares, y amenaza con destruir el entramado económico y social de Punta Indio y Verónica, repercutiendo en la vida de más de 14.000 personas de la zona.

Cabe destacar que el personal civil de las Fuerzas Armadas atraviesa un fuerte deterioro salarial, con sueldos por debajo de las líneas de pobreza e indigencia y sin reconocimiento acorde a la antigüedad, capacitación y responsabilidad de cada trabajador.

El salario de este sector, que incluye a administrativos, técnicos, docentes civiles y trabajadores de OSFA, se determina por nivel y grado de antigüedad en base a una Unidad Retributiva actualizada por paritaria (Decreto N° 2539/15), con básicos que en julio de 2026 que oscilan en los $402.396 según categoría.

ATE advirtió que esta pérdida sostenida del poder adquisitivo obliga a las familias a endeudarse para cubrir necesidades básicas, lo que impacta directamente en la salud mental del sector: se registra un aumento sostenido de licencias psiquiátricas por depresión, angustia y agotamiento.

A este panorama se suma la pérdida de profesionales en los hospitales de las Fuerzas Armadas y en la planta docente civil, donde las vacantes no logran cubrirse por falta de salarios competitivos, afectando la atención sanitaria y la formación en las instituciones.

ATE denunció que el desfinanciamiento de IOSFA/OSFA repercute sobre las prestaciones de trabajadores civiles, personal militar y sus familias, en un contexto donde se reclama una investigación sobre la deuda denunciada, que supera los $223.000 millones.

En este marco, el sindicato exige:

• Apertura del convenio sectorial y recomposición salarial.
• Planta Permanente de todo el personal contratado en sus distintas modalidades,
• Ampliación del pago de la suma fija a la totalidad de las y los docentes civiles de las FFAA.
• Homologación progresiva de los salarios de los docentes de las FFAA con los parámetros salariales de los docentes nacionales.
• el ingreso al personal en áreas críticas
• Jerarquización del personal civil mediante la aplicación del Suplemento por Función de Jefatura.
• Aplicación del suplemento de enfermería y creación del suplemento por función sanitaria.
• el cese de bajas con personal militar voluntario.
• Convocatoria a la Comisión Permanente de Interpretación y Carrera del Sectorial
• Rechazo al desfinanciamiento y ajuste de IOSFA
• Realizar una auditoría integral, transparente y participativa de IOSFA.
• Implementar un plan de saneamiento y financiamiento de IOSFA.
• Garantizar prestaciones médicas, medicamentos, tratamientos de alta complejidad y cobertura efectiva de los grupos familiares.

_{Fotos: Leandro Mastronicola.}

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) anunció esta mañana que impulsará “paros regionales por salarios dignos y mejores condiciones laborales para llegar a un paro nacional antes de fin de año”, que permita articular todos los reclamos por un Salario Mínimo Vital y Móvil como lo establece la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo, el desendeudamiento de las familias y la defensa de las universidades y la salud pública. Fue durante el acto realizado en el predio de ATE Rosario.

“No es un hecho menor que los compañeros nacionales vinieron a apoyar esto que estamos construyendo regionalmente. Ante la realidad que nos hostiga a las y los trabajadores estamos federalizando la construcción del FreSU para luchar por el Salario Mínimo Vital y Móvil tal como dice la Constitución Nacional”, dijo el secretario general del sindicato Aceiteros de Rosario (SOEAR), Marco Pozzi, reivindicó la huelga del Sindicato Docente de Tierra del Fuego y agregó:“Necesitamos iniciar un paro regional en Rosario.Antes de fin de año va a llegar ese paro nacional”.

En la misma línea, la secretaria general de ATE Rosario, Lorena Almirón, destacó: “El FreSU viene a ampliar y amplificar la unidad de acción. Tenemos que derrotar a este gobierno que nos ha quitado derechos. Hay que construir, en cada territorio, plenarios de trabajadoras y trabajadores para organizar un plan de acción e ir a un gran paro regional. Viva la Patria”.

Además, el titular de ATE, Rodolfo Aguiar, ratificó: “El FreSU se propone recuperar conciencia sobre el verdadero valor de nuestra fuerza de trabajo y desde el FreSU hicimos nuestra propia medición en función de las necesidades de las y los trabajadores.y, por eso, desde Rosario convocamos a profundizar la lucha hasta alcanzar los 3 millones de pesos de ingreso mínimo para vivir con dignidad. Y nos sobran motivos para avanzar en una huelga general antes de la visita del Papa porque la situación ya no da para más”.

En tanto, la secretaria gremial de Conadu, Beatriz Introcaso, dijo: “Las y los docentes universitarios estamos muy lejos de un salario mínimo vital y móvil de 3 millones de pesos, pero vamos a luchar por eso y por que este gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario”.

La semana pasada, el FreSU informó que las y los trabajadores necesitaron en julio pasado un Salario Mínimo Vital y Móvil de $3.065.161 para cubrir las nueve necesidades vitales que establecen la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo. Fue durante la conferencia de prensa que se realizó frente al mástil de la Plaza del Palacio Pizzurno, en la carpa de la federación docente universitaria Conadu, que se instaló al cumplirse 300 días de incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del gobierno.

También, el secretario general de Pilotos, Pablo Biró, señaló: “Estamos bajo ataque del gobierno y por eso no nos quedó otra que organizar el FreSU. Los trabajadores somos familia y a estos tipos, que vinieron a saquear el país, que lo están destruyendo, que se hacen cascadas con criptomonedas, que le pegan a los jubilados y le sacan la asistencia a los discapacitados, no nos queda otra que volver a enfrentarlos. Las marchas se van a transformar en paro y a esta caterva de Sturzenegger, de Patricia Bullrich, de los Menem ya los vencimos y les vamos a volver a ganar, y vamos a recuperar este país”.

Además, el secretario gremial de la Federación Aceitera y Desmotadora, Ezequiel Roldán, dijo: “Es un orgullo estar en Rosario junto a dirigentes nacionales y regionales del FreSU. Porque desde acá vamos a continuar luchando por los salarios y los derechos de las y los trabajadores. Y lo vamos a hacer aunque el gobierno siga atacándonos a todos los sindicatos que luchamos. Vamos a defender el salario y vamos a defender a quienes están endeudados para poder comer o para pagar los servicios. Y eso es porque los salarios no alcanzan. Tenemos que llegar a un paro por tiempo indeterminado”.

La secretaria general de los Profesionales de la Salud (Fesprosa), María Fernanda Boriotti, también coincidió en que el FreSU “nació como una necesidad para defendernos ante un ataque constante del gobierno nacional” y reivindicó que “en el Plenario del 1° de Mayo fue donde elaboramos una plataforma y dejamos en claro la decisión de acompañar todas las luchas sin tenerle miedo a hacer un paro”.

El 1° de Mayo pasado, el FreSU realizó su Primer Plenario de Delegadas y Delegados que aprobó el Programa Unidad, Lucha y Rebeldía para Recuperar la Patria, donde afirmó: “Reivindicamos el derecho al trabajo y a un Salario Mínimo Vital y Móvil según su definición en el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el Artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, esto es, que asegure a los trabajadores en su jornada legal de trabajo una vida digna, mediante la satisfacción de las 9 necesidades allí contempladas: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión”.

El secretario general de trabajadores Fluviales, Mariano Moreno, dijo que “no hay una sola actividad del país donde las y los trabajadores no estemos pasando por uno de nuestros peores momentos porque este gobierno destruye día a día los derechos de todos los trabajadores”.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará este jueves 27/08 un paro total de actividades con movilización al Ministerio de Defensa (Plaza de Armas, Azopardo 250, CABA), a partir de las 11, en reclamo de mejoras laborales y salariales de todo el personal civil de las Fuerzas Armadas.

También alertó sobre el anuncio del Gobierno de cerrar la Base Aeronaval Punta Indio, que pone en riesgo la continuidad laboral de más de 180 trabajadores civiles y 250 efectivos militares, y amenaza con destruir el entramado económico y social de Punta Indio y Verónica, repercutiendo en la vida de más de 14.000 personas de la zona.

El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, aseguró: “El 99% de los trabajadores de las Fuerzas Armadas son pobres y se encuentran endeudados. La situación no da para más. Por eso, tomamos esta medida extrema”.

“Las familias de quienes trabajan en las fuerzas entraron todas en crisis. Sus ingresos mensuales son insuficientes para cubrir los gastos de alimentos, alquileres, servicios y además cancelar otros compromisos”, dijo.

Aguiar señaló que “se deben reabrir inmediatamente las paritarias para discutir salarios, para atacar la precarización extrema y además el vaciamiento y el deterioro prestacional de la obra social”, y el dirigente también se refirió a la ex IOSFA, actualmente OSFA.

El dirigente estatal señaló: “No vamos a permitir el cierre y traslado de la Base Aeronaval de Punta Indio, ya que esto no solo implicaría una afectación para los trabajadores y sus familias, sino que arrasaría con el entramado económico y social de la propia Punta Indio y Verónica. Haría desaparecer directamente al pueblo”.

“El Gobierno tiene que saber que sin trabajadores y docentes civiles no hay defensa ni seguridad y se pone en riesgo nuestra soberanía nacional”, concluyó Rodolfo Aguiar.

Los trabajadores del sector atraviesan un fuerte deterioro salarial, con sueldos por debajo de las líneas de pobreza e indigencia y sin reconocimiento acorde a la antigüedad, capacitación y responsabilidad de cada trabajador.

El salario del personal civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que incluye a administrativos, técnicos, docentes civiles y trabajadores de OSFA, se determina por nivel y grado de antigüedad, en base a una Unidad Retributiva actualizada por paritaria (Decreto N° 2539/15), con básicos que en julio de 2026 que oscilan en los $402.396 según categoría.

El sindicato advirtió que esta pérdida sostenida del poder adquisitivo obliga a las familias a endeudarse para cubrir necesidades básicas, lo que impacta directamente en la salud mental del sector: se registra un aumento sostenido de licencias psiquiátricas por depresión, angustia y agotamiento.

A este panorama se suma la pérdida de profesionales en los hospitales de las Fuerzas Armadas y en la planta docente civil, donde las vacantes no logran cubrirse por falta de salarios competitivos, afectando la atención sanitaria y la formación en las instituciones.

ATE denunció que el desfinanciamiento de IOSFA/OSFA repercute sobre las prestaciones de trabajadores civiles, personal militar y sus familias, en un contexto donde se reclama una investigación sobre la deuda denunciada, que supera los $223.000 millones.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó el ofrecimiento de la paritaria de 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre, además de una suma fija de $80.000 no remunerativa por única vez para el último mes del año.

“Milei está más cerca de lograr la paritaria cero que la inflación cero. Con la ayuda de UPCN, el presidente cumple lo que dijo y sigue recortando los salarios en el sector público. Después de la firma, deben estar festejando juntos”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

En este marco, el sindicato convocará en las próximas horas a un plenario federal de delegados para la semana que viene y evaluar el plan de acción: “Tenemos que definir nuevas medidas de fuerza y lograr que el Gobierno se siga debilitando. O se terminan de debilitar ellos, o nosotros desaparecemos. No hay término medio”.

“Para nosotros esta negociación es inaceptable. Se trata nuevamente de incrementos por debajo de la inflación y bonos por única vez en diciembre que no sirven para nada. Es una tomada de pelo. No alcanza ni siquiera para llenar un tanque de nafta. Y si lo imaginamos a fin de año, no va a alcanzar ni para un alfajor. No queda ninguna duda, después de esta paritaria los estatales estamos mucho peor que antes”, concluyó Rodolfo Aguiar.

Desde que asumió Javier Milei, la pérdida del poder adquisitivo supera el 44% en la administración pública nacional (CCT 214/06), con paritarias a la baja rechazadas sistemáticamente por ATE y aceptadas por UPCN.

Cabe recordar que ATE realizó una encuesta a trabajadores de todos los organismos y ministerios en cada una de las provincias y arrojó como resultado que el 87% tiene deudas vigentes, y de ese grupo, el 73% las tiene con varias entidades a la vez. En cuanto a para qué usan ese dinero, el 40% dijo que lo destina a urgencias médicas, gastos de educación o al pago de alquiler y expensas, y el 37% lo usa para pagar otras deudas o cubrir comida y ropa.

Paralelamente, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que integran ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, Conadu, Conadu Histórica, Papeleros, Molineros, movimientos sociales y decenas de organizaciones de todas las centrales obreras, en su informe mensual realizado con datos oficiales del Indec y ponderado en función de las necesidades básicas de los trabajadores, señaló que el Salario Mínimo, Vital y Móvil debiera ser de $3.065.161 para no ser pobre.

El mismo informe da cuenta de que en promedio, cada trabajador de la Administración Pública perdió en promedio 14,9 millones de pesos durante la gestión de Javier Milei.

_{Fotos: Marita Costa}

Luego de que el Gobierno convocara a paritarias en la Administración Pública Nacional para este martes 25 de agosto a las 14 hs, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) exige una suma fija de $400.000 para recomponer el poder adquisitivo perdido y negociar acuerdos salariales sin techo

“Si el Gobierno insiste con ponerle tope a las negociaciones, será imposible lograr un entendimiento. Para empezar a recuperar parte de los salarios perdidos, se necesita iniciar un proceso sostenido de incrementos porcentuales que se ubiquen por encima de la inflación”, indicó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

En esta línea, señaló: “Los servicios públicos y los alquileres se llevan una porción cada vez más alta de nuestros ingresos. Además, la canasta alimentaria todos los meses se ubica por encima del promedio general que muestra la evolución de los precios”.

“El Gobierno es el responsable exclusivo por el endeudamiento de los empleados públicos en Argentina. Hace casi 3 años que atacan los salarios y nos ofrecen como solución los créditos. En el sector público, el endeudamiento vino para reemplazar el ingreso real que debieran tener los trabajadores”, agregó el referente estatal.

“Debemos impedir que continúen las políticas de ajuste y de recortes de salarios en el Estado. Las vidas de los trabajadores se encuentran absolutamente precarizadas y esto repercute negativamente en todas las prestaciones públicas. En definitiva, la perjudicada termina siendo toda la sociedad”, concluyó el secretario general de ATE Nacional.

La paritaria tendrá lugar en la Dirección de Análisis de las Relaciones Laborales del Sector Público, ubicada en 25 de Mayo 633 (CABA). Allí, el sindicato pondrá en manifiesto que durante la gestión de Javier Milei, la pérdida del poder adquisitivo en el sector público ya supera el 44%.

Cabe recordar que ATE realizó una encuesta a trabajadores de todos los organismos y ministerios en cada una de las provincias y arrojó como resultado que el 87% tiene deudas vigentes, y de ese grupo, el 73% las tiene con varias entidades a la vez. En cuanto a para qué usan ese dinero, el 40% dijo que lo destina a urgencias médicas, gastos de educación o al pago de alquiler y expensas, y el 37% lo usa para pagar otras deudas o cubrir comida y ropa.

Paralelamente, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que integran ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, Conadu, Conadu Histórica, Papeleros, Molineros, movimientos sociales y decenas de organizaciones de todas las centrales obreras, en su informe mensual realizado con datos oficiales del Indec y ponderado en función de las necesidades básicas de los trabajadores, señaló que el Salario Mínimo, Vital y Móvil debiera ser de $3.065.161 para no ser pobre.

El mismo informe da cuenta de que en promedio, cada trabajador de la Administración Pública perdió en promedio 14,9 millones de pesos durante la gestión de Javier Milei.

En este marco, el sindicato exige:

• Suma fija de $400.000 para generar un nuevo piso salarial que supere la línea de la pobreza;
• Aumentos salariales sin techo y por encima de la inflación;
• Apertur/ de todos los CCTS, especialmente los más postergados, como los del 1 Civil y Docente Civil de las Fuerzas Armadas, de Seguridad e IOSFA; SINEP; y Profesionales de la Salud (CCTS 1133/09);
• Cláusula de revisión automática y paritarias libres, democráticas y sin techo;
• Cese del desguace y los despidos en todos los organismos y ministerios;
• Rechazo a la aplicación de la Ley 27.802 en el ámbito público;
• Extender los incrementos salariales al Sector Público Nacional y a las y los monotributistas Decreto 1109/17;
• Pase a planta permanente de todos los precarizados;
• Reactivar de forma urgente el Fondo Permanente de Capacitación y Recalificación Laboral (FoPeCap) y los sistemas de formación de las y los trabajadores de la Administración Pública Nacional;
• Derogación de la Ley Bases y normas reglamentarias; del ONU 70/23; y de todas las normas que pretenden atacar, disminuir y/o desnaturalizar organismos públicos;
• Cese del ajuste, los despidos, pases a disponibilidad y jubilaciones compulsivas y reincorporación inmediata de todas y todos las y los despedidos a partir del 10 de diciembre de 2023, como así también de la planta permanente despedida por pase a Disponibilidad.

El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, recibió en la sede nacional del sindicato a trabajadores y delegados despedidos de GPS (Global Protection Service), empresa tercerizada de Aerolíneas Argentinas, y definieron unificar acciones conjuntas en los próximos días para exigir su inmediata reincorporación.

Las cesantías impuestas por el directorio de la principal empresa tercerizada de la aerolínea estatal se dieron a raíz del reclamo por mejoras en las condiciones laborales.

“Estos son despidos que no podemos dejar pasar porque es un intento claro de debilitar la representación sindical con el objetivo de garantizar el vaciamiento de una empresa insignia como es Aerolíneas Argentinas. Se trata de un ataque directo al movimiento obrero como el único actor capaz de resistir la implementación del programa económico de ajuste de Milei”, señaló Rodolfo Aguiar tras la reunión con Luciano Corradi, uno de los despedidos.

“Hemos acordado que vamos a llevar adelante en los próximos días acciones conjuntas para que sean respetadas las tutelas sindicales de los delegados y todos los derechos laborales de los trabajadores en el sector”, detalló.

Entre las cesantías se encuentran trabajadores con más de 15 años de antigüedad bajo contratos precarizados. Según informaron los propios trabajadores, los despidos fueron comunicados vía WhatsApp por la patronal.

Entre los principales reclamos que vienen manteniendo en la empresa es ponerle fin al hacinamiento, ya que en algunos aeropuertos más de 650 empleados comparten una sala de descanso prevista para 50 personas, y la provisión de equipamiento adecuado para trabajar a la intemperie.

La empresa tercerizada GPS actualmente provee servicios operativos y de asistencia en tierra para la aerolínea de bandera en las distintas terminales de todo el país. Tareas propias de la empresa estatal incluyen la carga y descarga de equipaje, control de cargas, asistencia de pasajeros y seguridad aeroportuaria en pista y otros sectores.

En el inicio de la movilización contra el creciente endeudamiento de las familias trabajadoras, el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, señaló: “No hay que descartar que sea el alto nivel de endeudamiento el que se termine convirtiendo en el desencadenante de un estallido social en el país. La situación que en este momento atraviesan millones de hogares en Argentina es dramática”.

“El Gobierno no puede seguir mirando para otro lado. Tiene todas las herramientas para ponerle límites a la usura e implementar un programa de desendeudamiento de todas las familias que se endeudaron para poder sobrevivir”.

En este marco, Aguiar apuntó: “El presidente miente cuando dice que no le pusieron una pistola en la cabeza a la gente. Son sus políticas económicas y las de Caputo las que se convirtieron en una 9 milímetros que ahora está apoyada en la sien de millones de argentinos”.

“Es un Gobierno que le da todo a los que más tienen y nada a los que están sufriendo. Es increíble que hayan beneficiado con 68.000 millones de dólares en contribuciones a Mercado Pago y que los ciudadanos tengan que endeudarse para llegar a fin de mes. Hoy existen claramente dos argentinas: una llena de privilegios, con beneficios y subsidios, y otra Argentina llena de injusticias”, concluyó el Secretario General de ATE Nacional.

Por su parte, la Secretaria de Género y Diversidad de ATE, Clarisa Gambera, evaluó: «La situación de deuda es común a todas las trabajadoras y trabajadores. La propuesta del Gobierno de ajuste en salarios para enfriar la economía desata esta crisis de deuda porque el salario que falta se vuelve endeudamiento para cubrir necesidades básicas. Mientras nos roban el salario con los intereses usurarios, el sector financiero se enriquece».

«Necesitamos recuperar salario y frenar el cobro de esta deuda porque estamos solo pagando intereses descontrolados. La mora está poniendo en evidencia que se va sintiendo un límite. No hay como sumar más horas de trabajo para poder pagar lo que sale vivir», concluyó la dirigenta.

Según los propios datos del Banco Central, son más de 20 millones de personas las que mantienen deudas con bancos y entidades no bancarias en la Argentina. Además, la morosidad de las familias se cuadriplicó desde diciembre de 2023 y llegó al 17,5% de los créditos personales.

En paralelo, ATE realizó una encuesta para monitorear cómo afecta esta situación en el Sector Público de todo el país y el resultado arrojó que el 87% tiene deudas vigentes, y de ese grupo, el 73% las tiene con varias entidades a la vez. En cuanto a para qué usan ese dinero, el 40% dijo que lo destina a urgencias médicas, gastos de educación o al pago de alquiler y expensas, y el 37% lo usa para pagar otras deudas o cubrir comida y ropa.

El relevamiento también mostró un impacto fuerte en la salud mental: el 85,4% de los estatales consultados reportó un deterioro en su bienestar emocional y psicológico durante el último año. El 19,5% mencionó ansiedad, el 17% angustia y agotamiento, el 16% desánimo y el 15% insomnio.

El 62% de las y los estatales declaró que destina el monto de la deuda tomada al pago de las tarjetas de crédito. Este cuadro se da en un contexto donde según el último Informe sobre Bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la morosidad en los créditos de las familias alcanzó el nivel más alto desde el 2001, impulsado por la suba en préstamos personales y tarjetas de crédito. El fenómeno se agrava en el caso de las billeteras virtuales y entidades no bancarias, donde la mora alcanza el 32% de la cartera de préstamos, con los jóvenes de entre 18 y 35 años como el segmento más afectado.

Fotos: Marita Costa y Nicolás Bazan Povedano.

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU-Federal) reafirmó hoy que las y los trabajadores necesitaron en julio pasado un Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM) de $3.065.161 para cubrir las nueve necesidades vitales que establecen la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo. Ese valor representa más de ocho veces el actual salario mínimo, que es el más bajo de la historia argentina.

«Estamos acá, junto al resto de las y los compañeros del FreSU, para articular los reclamos y luchar juntos contra las políticas de este gobierno, que incluye el reclamo de un salario que nos permita vivir con dignidad», dijo la secretaria general de Conadu, Clara Chevalier, durante la conferencia de prensa que se realizó frente al mástil de la Plaza del Palacio Pizzurno, en la carpa del sindicato universitario, que se instaló al cumplirse 300 días de incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del gobierno de Javier Milei.

Por su parte, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, agregó: «El Índice FreSU elaborado con datos del Indec, pero ponderado según las necesidades de las y los trabajadores, muestran que un trabajador necesita más de 3 millones de pesos por mes para vivir dignamente y vamos a seguir luchando por ello. Porque cada peso que le falta a los trabajadores se lo quedó un puñado de empresas con la transferencia de recursos que hizo este gobierno, que lleva acumulados 69 billones».

Además, el secretario general de APLA (Pilotos), Pablo Biró, sostuvo: «Los que integran el gobierno no van al supermercado y son tan cínicos y salvajes que tienen pisado el salario mínimo en un nivel que no alcanza a cubrir ni una de las necesidades que establece la Constitución y le ley laboral».

Para determinar el valor que debiera ser el SMVyM, se toman como referencia los costos necesarios para cubrir las nueve necesidades vitales que establecidas por ley: Alimentación adecuada ($653.231); vivienda digna ($609.613); educación ($279.529); vestimenta ($146.631); salud ($373.934); transporte, esparcimiento y vacaciones ($665.055); y previsión social ($337.168).

Desde que comenzó el gobierno de Javier Milei, que impulsó una serie de políticas para licuar salarios y combatir a las organizaciones sindicales, los asalariados perdieron más de 69,3 billones de pesos en el acumulado de sus ingresos mensuales. En los últimos 12 meses, los salarios reales del sector público cayeron 9%, mientras que los sueldos del sector privado se deterioraron 23% respecto del valor de compra que tenían en noviembre de 2023.

En tanto, la secretaria general de Trabajadores Viales, Graciela Aleñá, señaló la necesidad de «luchar por los salarios y defender los convenios colectivos» y la secretaria general de FESPROSA (profesionales de la salud), María Fernanda Boriotti, agregó: «El ataque que sufren las universidades es el mismo ataque que sufre la Salud y las vías navegables porque la política de este gobierno es destruir puestos de trabajo y expulsarnos de una vida digna y ante eso vamos a seguir luchando».

También, el secretario general de Molineros, Ruben Lafuente, convocó a «enfrentar este modelo neoliberal que produjo una caída en el consumo porque los salarios se hicieron pedazos» y Silvia Saravia, de Libres del Sur, llamó a «pelear por un ingreso justo y trabajo genuino».

De la conferencia de prensa participaron, además, representantes del IDC (International Dockworkers Council – Consejo Internacional de Estibadores), que acercaron su solidaridad con el reclamo universitario y la exigencia de un salario digno.

Durante este gobierno, cada trabajador y trabajadora del sector privado perdió más de 2,8 millones de pesos, en tanto que cada empleado estatal perdió más de 14,9 millones de pesos. Se trata de una destrucción de salarios que obligó a las y los trabajadores a endeudarse para sostener la vida cotidiana y la deuda de las familias creció en 46 billones de pesos desde que Milei llegó a la Casa Rosada. La morosidad se multiplicó por 4 sólo en el último año y el mercado de crédito a los hogares se saturó. Los hogares ya no pueden tomar más deuda.

El FreSU está integrado por organizaciones sindicales de las tres centrales obreras entre las que se encuentran UOM, ATE, Federación Aceitera y Desmotadora, Conadu, Conadu Histórica, Fesprosa, Aeronáuticos, Marítimos, Fluviales, Molineros, Papeleros y Viales.

El 1° de Mayo pasado, el FreSU realizó su Primer Plenario de Delegadas y Delegados que aprobó el Programa Unidad, Lucha y Rebeldía para Recuperar la Patria, donde afirmó: “Reivindicamos el derecho al trabajo y a un Salario Mínimo Vital y Móvil según su definición en el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el Artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, esto es, que asegure a los trabajadores en su jornada legal de trabajo una vida digna, mediante la satisfacción de las 9 necesidades allí contempladas: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión”.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se movilizará este jueves 20 de agosto a partir de las 14 horas al Ministerio de Economía para alertar sobre el creciente endeudamiento de las familias trabajadoras y exigir respuestas al Gobierno.

El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, aseguró que “los números son dramáticos”. “Más de 20 millones de personas, casi la mitad del país, están endeudadas y debe existir un programa de desendeudamiento estatal. A esta crisis grave que atraviesan las familias argentinas solo se sale con una respuesta pública”.

El dirigente sindical señaló que “el programa de desendeudamiento de los hogares tiene que ser urgente. Se necesita tener opciones reales de pago. Los créditos tomados han sido usurarios y, en la mayoría de los casos, no se pueden cancelar, son impagables”.

“Es mentira que, como dijeron Milei y Caputo, se trate de una decisión individual o de un asunto entre privados. Eso se entendería en una decena de casos, pero cuando se trata de 20 millones de personas que están sufriendo este flagelo del endeudamiento, estamos frente a un drama social”, dijo Aguiar.

Resaltó que “la desregulación financiera implementada por el Gobierno, a partir del Decreto 70/2023, ha permitido un accionar completamente abusivo de parte de bancos, financieras, mutuales y billeteras virtuales, con entidades no bancarias que establecen intereses que van desde el 700% y que en la mayoría de los casos superan el 1300%”.

En este marco, señaló: “El Gobierno tiene herramientas y se niega a utilizarlas en favor de la gente. El BCRA pudo hacer mucho más de lo que hizo hasta ahora, porque está facultado, entre otras cosas, para ponerle un tope al costo de los créditos. Es decir, un tope a las tasas de interés y también a los punitorios, incluso para regular a los proveedores no financieros de crédito: endurecer los requisitos y exigir mayor transparencia. Nada de eso ha ocurrido”.

“Frente a semejante proceso de endeudamiento, ha incurrido en un abandono de persona, el Gobierno ha dejado a la deriva a toda la ciudadanía”, dijo Aguiar.

Una encuesta de ATE a empleados públicos de todo el país mostró que el 87% tiene deudas vigentes, y de ese grupo, el 73% las tiene con varias entidades a la vez. En cuanto a para qué usan ese dinero, el 40% dijo que lo destina a urgencias médicas, gastos de educación o al pago de alquiler y expensas, y el 37% lo usa para pagar otras deudas o cubrir comida y ropa.

El relevamiento también mostró un impacto fuerte en la salud mental: el 85,4% de los estatales consultados reportó un deterioro en su bienestar emocional y psicológico durante el último año. El 19,5% mencionó ansiedad, el 17% angustia y agotamiento, el 16% desánimo y el 15% insomnio.

Este cuadro se da en un contexto de mora creciente a nivel nacional. Según el último Informe sobre Bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la morosidad en los créditos de las familias llegó al 12,8% en mayo, un nivel que casi triplica al registrado un año antes y que representa el más alto desde el 2001, impulsado por la suba en préstamos personales y tarjetas de crédito. El fenómeno se agrava en el caso de las billeteras virtuales y entidades no bancarias, donde la mora alcanza el 32% de la cartera de préstamos, con los jóvenes de entre 18 y 35 años como el segmento más afectado.