Autor: Emanuel Zamaro

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU-Federal) reafirmó hoy que las y los trabajadores necesitaron en julio pasado un Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM) de $3.065.161 para cubrir las nueve necesidades vitales que establecen la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo. Ese valor representa más de ocho veces el actual salario mínimo, que es el más bajo de la historia argentina.

«Estamos acá, junto al resto de las y los compañeros del FreSU, para articular los reclamos y luchar juntos contra las políticas de este gobierno, que incluye el reclamo de un salario que nos permita vivir con dignidad», dijo la secretaria general de Conadu, Clara Chevalier, durante la conferencia de prensa que se realizó frente al mástil de la Plaza del Palacio Pizzurno, en la carpa del sindicato universitario, que se instaló al cumplirse 300 días de incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del gobierno de Javier Milei.

Por su parte, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, agregó: «El Índice FreSU elaborado con datos del Indec, pero ponderado según las necesidades de las y los trabajadores, muestran que un trabajador necesita más de 3 millones de pesos por mes para vivir dignamente y vamos a seguir luchando por ello. Porque cada peso que le falta a los trabajadores se lo quedó un puñado de empresas con la transferencia de recursos que hizo este gobierno, que lleva acumulados 69 billones».

Además, el secretario general de APLA (Pilotos), Pablo Biró, sostuvo: «Los que integran el gobierno no van al supermercado y son tan cínicos y salvajes que tienen pisado el salario mínimo en un nivel que no alcanza a cubrir ni una de las necesidades que establece la Constitución y le ley laboral».

Para determinar el valor que debiera ser el SMVyM, se toman como referencia los costos necesarios para cubrir las nueve necesidades vitales que establecidas por ley: Alimentación adecuada ($653.231); vivienda digna ($609.613); educación ($279.529); vestimenta ($146.631); salud ($373.934); transporte, esparcimiento y vacaciones ($665.055); y previsión social ($337.168).

Desde que comenzó el gobierno de Javier Milei, que impulsó una serie de políticas para licuar salarios y combatir a las organizaciones sindicales, los asalariados perdieron más de 69,3 billones de pesos en el acumulado de sus ingresos mensuales. En los últimos 12 meses, los salarios reales del sector público cayeron 9%, mientras que los sueldos del sector privado se deterioraron 23% respecto del valor de compra que tenían en noviembre de 2023.

En tanto, la secretaria general de Trabajadores Viales, Graciela Aleñá, señaló la necesidad de «luchar por los salarios y defender los convenios colectivos» y la secretaria general de FESPROSA (profesionales de la salud), María Fernanda Boriotti, agregó: «El ataque que sufren las universidades es el mismo ataque que sufre la Salud y las vías navegables porque la política de este gobierno es destruir puestos de trabajo y expulsarnos de una vida digna y ante eso vamos a seguir luchando».

También, el secretario general de Molineros, Ruben Lafuente, convocó a «enfrentar este modelo neoliberal que produjo una caída en el consumo porque los salarios se hicieron pedazos» y Silvia Saravia, de Libres del Sur, llamó a «pelear por un ingreso justo y trabajo genuino».

De la conferencia de prensa participaron, además, representantes del IDC (International Dockworkers Council – Consejo Internacional de Estibadores), que acercaron su solidaridad con el reclamo universitario y la exigencia de un salario digno.

Durante este gobierno, cada trabajador y trabajadora del sector privado perdió más de 2,8 millones de pesos, en tanto que cada empleado estatal perdió más de 14,9 millones de pesos. Se trata de una destrucción de salarios que obligó a las y los trabajadores a endeudarse para sostener la vida cotidiana y la deuda de las familias creció en 46 billones de pesos desde que Milei llegó a la Casa Rosada. La morosidad se multiplicó por 4 sólo en el último año y el mercado de crédito a los hogares se saturó. Los hogares ya no pueden tomar más deuda.

El FreSU está integrado por organizaciones sindicales de las tres centrales obreras entre las que se encuentran UOM, ATE, Federación Aceitera y Desmotadora, Conadu, Conadu Histórica, Fesprosa, Aeronáuticos, Marítimos, Fluviales, Molineros, Papeleros y Viales.

El 1° de Mayo pasado, el FreSU realizó su Primer Plenario de Delegadas y Delegados que aprobó el Programa Unidad, Lucha y Rebeldía para Recuperar la Patria, donde afirmó: “Reivindicamos el derecho al trabajo y a un Salario Mínimo Vital y Móvil según su definición en el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el Artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, esto es, que asegure a los trabajadores en su jornada legal de trabajo una vida digna, mediante la satisfacción de las 9 necesidades allí contempladas: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión”.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se movilizará este jueves 20 de agosto a partir de las 14 horas al Ministerio de Economía para alertar sobre el creciente endeudamiento de las familias trabajadoras y exigir respuestas al Gobierno.

El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, aseguró que “los números son dramáticos”. “Más de 20 millones de personas, casi la mitad del país, están endeudadas y debe existir un programa de desendeudamiento estatal. A esta crisis grave que atraviesan las familias argentinas solo se sale con una respuesta pública”.

El dirigente sindical señaló que “el programa de desendeudamiento de los hogares tiene que ser urgente. Se necesita tener opciones reales de pago. Los créditos tomados han sido usurarios y, en la mayoría de los casos, no se pueden cancelar, son impagables”.

“Es mentira que, como dijeron Milei y Caputo, se trate de una decisión individual o de un asunto entre privados. Eso se entendería en una decena de casos, pero cuando se trata de 20 millones de personas que están sufriendo este flagelo del endeudamiento, estamos frente a un drama social”, dijo Aguiar.

Resaltó que “la desregulación financiera implementada por el Gobierno, a partir del Decreto 70/2023, ha permitido un accionar completamente abusivo de parte de bancos, financieras, mutuales y billeteras virtuales, con entidades no bancarias que establecen intereses que van desde el 700% y que en la mayoría de los casos superan el 1300%”.

En este marco, señaló: “El Gobierno tiene herramientas y se niega a utilizarlas en favor de la gente. El BCRA pudo hacer mucho más de lo que hizo hasta ahora, porque está facultado, entre otras cosas, para ponerle un tope al costo de los créditos. Es decir, un tope a las tasas de interés y también a los punitorios, incluso para regular a los proveedores no financieros de crédito: endurecer los requisitos y exigir mayor transparencia. Nada de eso ha ocurrido”.

“Frente a semejante proceso de endeudamiento, ha incurrido en un abandono de persona, el Gobierno ha dejado a la deriva a toda la ciudadanía”, dijo Aguiar.

Una encuesta de ATE a empleados públicos de todo el país mostró que el 87% tiene deudas vigentes, y de ese grupo, el 73% las tiene con varias entidades a la vez. En cuanto a para qué usan ese dinero, el 40% dijo que lo destina a urgencias médicas, gastos de educación o al pago de alquiler y expensas, y el 37% lo usa para pagar otras deudas o cubrir comida y ropa.

El relevamiento también mostró un impacto fuerte en la salud mental: el 85,4% de los estatales consultados reportó un deterioro en su bienestar emocional y psicológico durante el último año. El 19,5% mencionó ansiedad, el 17% angustia y agotamiento, el 16% desánimo y el 15% insomnio.

Este cuadro se da en un contexto de mora creciente a nivel nacional. Según el último Informe sobre Bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la morosidad en los créditos de las familias llegó al 12,8% en mayo, un nivel que casi triplica al registrado un año antes y que representa el más alto desde el 2001, impulsado por la suba en préstamos personales y tarjetas de crédito. El fenómeno se agrava en el caso de las billeteras virtuales y entidades no bancarias, donde la mora alcanza el 32% de la cartera de préstamos, con los jóvenes de entre 18 y 35 años como el segmento más afectado.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechaza la reforma del empleo público que impulsa el Gobierno de Javier Milei mediante la cual pretende modificar la estructura salarial, los ingresos al Estado, las evaluaciones por desempeño, las condiciones para ascender y la movilidad entre áreas, entre otros puntos.

“Debemos ponernos en máxima alerta porque teniendo en cuenta la reforma laboral, el objetivo de la negociación no puede ser otro que perjudicar a los trabajadores estatales. No vamos a aceptar ninguna discusión que esté orientada a quitarle derechos a los trabajadores del sector público”, indicó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

En referencia al convenio colectivo de trabajo 214/06 que engloba a la administración pública nacional y otros organismos del Estado, apuntó: “Hay que tener en cuenta que el convenio colectivo fue firmado y homologado en el año 2006, es decir que no es de esos convenios antiguos que tanto critica el Gobierno. Además, tiene una particularidad que logró un gran consenso porque fue firmado, además de por la parte empleadora, por dos sindicatos que han estado opuestos políticamente a lo largo de la historia, como son ATE y UPCN”.

En este marco, explicó: “Tiene que quedar claro que no nos oponemos a discutir modificaciones en el empleo público si las mismas son para mejorar las condiciones laborales actuales”.

“Por ejemplo, no podemos seguir teniendo en el Estado trabajadores contratados o que los salarios sean de hambre. Si se plantea una renegociación del convenio colectivo para regularizar a los trabajadores precarizados y para proponer salarios dignos, nos sentamos ya”, agregó Rodolfo Aguiar.

Y detalló: “Actualmente el periodo de prueba es de 12 meses y las promociones y los ascensos tardan entre dos y tres años. Si es para bajar el periodo de prueba a tres meses y para generar un mayor dinamismo en las promociones, también avanzaríamos en el diálogo”.

“Hace dos años instrumentaron un examen que ya aprobó el 98%. ¿En serio siguen insistiendo con ese tema?”, aseveró Aguiar.

“Además, la estabilidad, el derecho al ingreso, las evaluaciones y los concursos ya existen. Lo que ocurre es que el Estado no cumple con nada de eso. Acá el problema que enfrentamos en la administración pública no es el convenio colectivo, es la industria del incumplimiento por parte del Gobierno”, concluyó el Secretario General de ATE Nacional.

Esta modificación es impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger, siendo él quien en diciembre de 2024 impulsó los exámenes de idoneidad para los trabajadores de la Administración Pública Nacional, resultando en una aprobación superior al 98%.

Algunas de las modificaciones que pretende impulsar el Gobierno nacional incluyen la modificación del desarrollo de la carrera y la remuneración de los trabajadores según el rendimiento individual.

Además, busca facilitar el traslado de trabajadores entre distintas áreas de la Administración Pública.Cabe recordar que la legislación actual (Ley 25.164) ya establece que el ingreso debe realizarse mediante mecanismos de selección que acrediten idoneidad y que la carrera debe incorporar criterios de mérito, eficiencia, eficacia, rendimiento y capacitación.

Si bien la intención del Gobierno es realizar estas modificaciones por vía administrativa, cualquier modificación del convenio debe hacerse con el consentimiento de las partes; y si se pretende alterar la ley marco de empleo público deberá pasar obligatoriamente por el Congreso.

Después de que el INDEC difundiera el dato de inflación de julio, que dio 2,1%, el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, interpeló directamente al presidente Javier Milei: “¿Y la inflación cero para cuando, Presidente? Este dato me hace decir algo arriesgado: ya pasó más de la mitad de su mandato y estamos peor que con Alberto. Ahora vivimos al día y endeudados”.

El dirigente gremial aseguró que “la persistente inflación sigue licuando salarios y jubilaciones, mientras que permite a los grandes empresarios y al campo que dolaricen sus ganancias”. “El proceso inflacionario hace que todos los meses los trabajadores pierdan poder de compra y sigan siendo empujados vastos sectores hacia la pobreza”, agregó.

Aguiar afirmó que “nunca en democracia frente a un ajuste se pagó un costo social tan alto”, y puntualizó: “Tarifas, transporte, servicios y nafta sistemáticamente se ubican por encima del promedio general”.

“Está claro que su decisión de no autorizar una nueva metodología de medición es para seguir robándonos. Lo que sí baja es el apoyo popular a su gestión. Está cada vez más cerca el final, se va a terminar tanta impunidad”, dijo.

Con el nuevo dato difundido por el INDEC, la inflación acumulada en 2026 alcanza el 19,3%, con una variación interanual del 33,2%.

En las próximas horas, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que está integrado por ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, Conadu, Conadu Histórica, Papeleros, Molineros, movimientos sociales y decenas de organizaciones de todas las centrales obreras, presentará un nuevo informe basado en datos oficiales del INDEC que calcula a cuánto debería ascender el salario mínimo para no ser pobre en la Argentina.

El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, se reunió en la sede nacional del sindicato con dirigentes de PAMI, encabezados por el coordinador general, Ramón Farías, y el delegado general de la Junta Interna, Daniel Sánchez, y definieron convocar a un plenario nacional de delegadas y delegados del organismo para este martes 18 de agosto a las 10hs.

El encuentro se desarrollará bajo modalidad mixta: participarán de manera presencial los delegados del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en el Anfiteatro Eva Perón ubicado en la sede de ATE (Av. Belgrano 2527) y de forma virtual para los delegados del resto del país, estimándose más de 300 participantes.

“La situación no da para más. Están destruyendo una obra social que supo ser la más grande y solidaria de toda América. Los jubilados están sin prestaciones y los trabajadores sin salarios. Tenemos que debatir un plan de acción para salvar al PAMI porque si seguimos así esta gente lo va a hacer desaparecer”, indicó Rodolfo Aguiar.

En esta línea, apuntó: “Tenemos que recuperar todos los salarios que nos robaron a los trabajadores y que se restablezcan las prestaciones que le quitaron a todos los jubilados. Es dramático pensar que aportaron durante toda su vida, que debieran poder ejercer el derecho humano a la salud y sin embargo los están matando”.

En el ámbito se abordará la crítica situación que atraviesan los trabajadores y jubilados de la obra social, a partir de un congelamiento salarial y un desfinanciamiento sin precedentes en el organismo que se traduce en un recorte drástico de todas las prestaciones.

Además, se tratará el tema de la cobertura médica de los trabajadores de PAMI, en la cual el cobro de coseguros está afectando el derecho a la salud.

Uno de los objetivos del plenario también será definir un plan de lucha que tenga alcance nacional para poner en evidencia la mala administración del organismo que afecta directamente a todos sus afiliados y para exigir respuestas a las justas demandas de los trabajadores.

_{Fotos: Marita Costa.}

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) logró la reincorporación de trabajadoras y trabajadores de PAMI que habían sido despedidos sin causa por la gestión de Javier Milei durante el mes de abril. “Hoy debemos celebrar una nueva demostración de que luchar siempre sirve”, destacó Rodolfo Aguiar, Secretario General del sindicato.

“Desde la primera cesantía decidimos que íbamos a confrontarlos en todos los planos. No sólo dimos la batalla judicial, se multiplicaron los paros y fueron numerosas las protestas en la sede central de la obra social”, detalló el dirigente nacional.

En esta línea, Aguiar resaltó: “Siento un orgullo inmenso por esta ATE que no se resigna y que lucha incansablemente contra las injusticias provocadas por un Gobierno que quiere aniquilar todos derechos. No lo van a lograr”.

Cabe destacar que entre las y los trabajadores despedidos de la obra social de jubilados se encontraban representantes gremiales como es el caso de Melina Gutiérrez, Secretaria General de la Junta Interna del organismo en Rosario. De esta forma, las cesantías incurrieron en una clara violación a la Ley de Asociaciones Sindicales Nº 23.551 que establece la tutela sindical.

Además de librar la batalla judicial, el Sindicato se manifestó desde el primer día en el sector de trabajo de los cesanteados como así también realizó numerosas protestas en la sede central de PAMI.

Es por eso que esta medida llega a partir de la decisión del Juzgado Nacional de 1ra Instancia del Trabajo nro. 77, el cual dio lugar al reclamo de ATE, obligando al Gobierno a reinstalar en sus puestos de trabajo a los despedidos.

^{_{Fotos: Leandro Mastronicola}}

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizó una encuesta a trabajadoras y trabajadores estatales de todo el país, la cual arrojó que el 87% tiene deudas vigentes, el 73% con múltiples entidades y el 40% las usa para pagar urgencias médicas, gastos en educación y el pago de alquileres o expensas, mientras que el 37% las usa para pagar más deuda, comida y ropa.

El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, indicó que “el resultado del trabajo es categórico”. “El alto nivel de endeudamiento le precariza la vida y enferma a los trabajadores. El Gobierno es el único responsable porque se está tomando deuda para tapar la caída del salario real”, apuntó.

«Con techos a las paritarias y negociaciones a la baja, el crédito reemplaza al salario real. Antes la deuda era un mecanismo de inversión, ahora es para sobrevivir”, señaló el dirigente sindical. Sin embargo, advirtió que “hoy existe un endeudamiento permanente para cubrir necesidades básicas y no para invertir”.

En este marco, Aguiar aseguró: “El Estado es el verdadero responsable porque ataca al poder adquisitivo y luego ofrece deuda como solución. El Estado es quien facilita los créditos, en vez de atacar la inflación y los precios. Más de la mitad de quienes toman deuda no conoce la tasa de interés. La desregulación financiera ha generado una absoluta falta de control sobre la usura”.

Resaltó que “hay que tener en cuenta que el proceso de endeudamiento frena la economía”. “Los trabajadores dejan de consumir y gastar en otros rubros porque la mayor parte del salario se va en cancelar deudas todos los meses”, indicó al tiempo que agregó: “Los recursos que se están transfiriendo de los bolsillos de los trabajadores a los bancos, a las financieras y a las tarjetas de crédito son multimillonarios. Cada cuota que se paga deja de ir al consumo o para sostener la salud y la educación”.

“El endeudamiento también genera algo que pocos están advirtiendo y es la baja en la participación política, en la militancia colectiva. No es casual que eso beneficie al Gobierno”, dijo el dirigente. “No podemos aceptar una clase trabajadora con ansiedad, angustia y desánimo”, aseguró.

Por su parte, la Secretaria de Género y Diversidad de ATE Nacional, Clarisa Gambera, apuntó: «Hablar de deuda es fundamental para que deje de ser un tema privado. Acá no hay fracaso ni mala administración de la economía doméstica, lo que tenemos es un salario que no permite sostener el costo de vida porque tenemos inflación pero los sueldos no acompañaron».

«La deuda es un tema sindical porque impacta fuertemente en la vida de nuestros compañeros y compañeras. Hoy los delegados también acompañan la situación de sobreendeudamiento que genera presión y angustia en los trabajadores y las trabajadoras», agregó.

«Tomamos deuda con intereses usurarios para sostener necesidades básicas y para pagar la deuda tomamos otras deudas. Sumamos trabajo, pero el día tiene 24 horas y los ingresos no alcanzan los intereses nos comen y la imposibilidad de este modelo se expresa en la crisis de salud mental y en mora sostenida, la peor en 20 años», concluyó Clarisa Gambera.

La encuesta relevó a trabajadores del Estado Nacional (47,8%), Estado Provincial (41,7%), Estado Municipal (5,8%), Empresas Estatales (2%) y otros ámbitos (2,7%), cuyo promedio de edad es de 45 años.

El 55,4% de las personas encuestadas aseguró tener más de un trabajo para complementar ingresos o asegurar mayor estabilidad económica. De esa porción, el 56% son mujeres y el 34% de ellas trabaja entre 8 y 12 horas diarias para mantener los gastos del hogar. Además, el 43% dejó de participar en política por cansancio físico y mental, por falta de tiempo y de recursos económicos.

El relevamiento también arrojó las estrategias que usaron los trabajadores del Estado para evitar mayor endeudamiento. La más común fue recortar actividades recreativas como talleres, cursos y salidas (39,22%), seguida de dedicar más tiempo a buscar precios y promociones (29,57%) y de asumir tareas antes delegadas, como la limpieza del hogar (22,91%).

Los resultados de la encuesta nacional también evidenció un grave impacto en la salud mental: el 85,4% de los estatales consultados reportó un deterioro en su bienestar emocional y psicológico en el último año. El 19,5% reportó ansiedad, el 17% angustia y agotamiento, 16% desánimo y 15% insomnio.

El informe completo se presentó en la Mesa de Trabajo Federal: Política y Feminismo Sindical el lunes 10 de agosto en el Anfiteatro Eva Perón de ATE Nacional (Av. Belgrano 2527, CABA)

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Informe

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se movilizará hoy a partir de las 8 desde el Santuario de San Cayetano en Liniers (CABA) hacía Plaza de Mayo en la tradicional marcha por “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”.

“Está claro que el Gobierno empezó a perder la calle y el movimiento obrero tiene que garantizar un conflicto permanente. La jornada de hoy va a ser multitudinaria, tiene que servir para unir todas las luchas y hacer crecer la conflictividad.”, indicó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

En esta línea, apuntó: “Esta marcha tiene que poner en evidencia que las justas demandas de los trabajadores, jubilados y los sectores populares no encuentran respuestas, y que el gobierno es el exclusivo responsable de la angustia en la que está sumida la mayoría de la sociedad”.

“Lo demuestran las encuestas, a Milei se le están terminando las balas. Tiene que saber que empezamos a ir por él”, sentenció Rodolfo Aguiar.

Las movilizaciones además se replicarán en todas las provincias en el marco de la Jornada Nacional de Lucha dispuesta por el sindicato estatal en reclamo por:

• Reapertura de paritarias y urgente recomposición salarial y de jubilaciones.
• Rechazo al vaciamiento de los organismos públicos.
• Pase a Planta Permanente de todas las y los trabajadores precarizados.
• Rechazo a las privatizaciones de empresas públicas.
• Reincorporación de todas las y los trabajadores despedidos.
• Restitución de los fondos adeudados a las provincias y FGS de la ANSES
• Rechazo a la armonización de las Cajas Previsionales Provinciales.

Luego de que el oficialismo decidiera retirar el capítulo sobre la modificación de la Ley de Tierras en el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, destacó esta decisión y confirmó que se mantendrá la movilización prevista para este jueves frente al Congreso.

“Celebramos no solo que la sociedad le haya pasado por encima al Gobierno y a los partidos que han decidido ser cómplices de la entrega rechazando este proyecto, sino también que estemos ante un pueblo que rechace a un Gobierno que quiere entregar al país entero con todos sus recursos”, agregó el referente sindical.

En referencia a la movilización prevista para el jueves, apuntó: “A Milei se le están terminando las balas y cuando eso suceda, vamos a ir por él. Igual vamos a movilizar para seguir repudiando a los senadores han tergiversado su representación, porque debieran impulsar y votar iniciativas para defender los intereses de nuestra nación y no rematarla”.

“Este es un avance significativo de la lucha. Quedó demostrado que solo estando en la calle vamos a seguir recuperando soberanía”, concluyó el Secretario General de ATE Nacional.

La sesión de la Cámara Alta se mantiene vigente para este jueves a las 14, luego de un mes de cuarto intermedio, pero sin los artículos que aprobaban el régimen de extranjerización de las tierras rurales.

Cabe destacar que numerosos senadores y gobernadores ya habían adelantado su rechazo a esta modificación.

De esta forma, ATE mantiene la movilización prevista y concentrará a partir de las 12 hs en Av. Rivadavia y Rodriguez Peña (CABA). Además, las movilizaciones se replicarán en las principales ciudades de todas las provincias en el marco de la Jornada Nacional de Lucha convocada por el sindicato.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se movilizará mañana al Congreso de la nación en rechazo a la Ley de Extranjerización de Tierras que permite la venta indiscriminada de parte del territorio nacional a extranjeros. El sindicato concentrará a partir de las 12 hs en Av. Rivadavia y Rodriguez Peña (CABA).

“No podemos dejar que esta iniciativa avance. La soberanía nacional nunca estuvo tan comprometida como hoy y debemos salir a la calle a defenderla. Pretenden regalar la Argentina al mejor postor. Quieren vender provincias enteras”, indicó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

En este marcó, agregó: “No es verdad que con esta iniciativa se puedan atraer inversiones o favorecer a los productores agropecuarios. Si se aprueba una norma de esta característica, el único resultado será tierra arrasada y miseria”.

“Hay un consenso mayoritario para rechazar esta ley. Tenemos que salir en todo el país para que sea rechazada en su totalidad”, sentenció el Secretario General de ATE Nacional.

Cabe destacar que el sindicato dispuso una Jornada Nacional de Lucha para el jueves 6, por lo que las protestas además se replicarán en las principales ciudades de todas las provincias.

El proyecto de ley propone elevar el límite a la propiedad extranjera del total de las tierras rurales a nivel nacional, provincial y departamental del 15%, como es actualmente, al 25%. Aunque cabe destacar que la primera intención del oficialismo fue eliminar ese tope, por lo que los extranjeros podrían adquirir la totalidad de las tierras rurales de la Argentina.

Además, el proyecto propone eliminar el límite por nacionalidad que establece la ley vigente. Hoy ninguna nacionalidad puede concentrar más del 30% del cupo permitido, pero en caso de ser aprobada esa restricción desaparecería.

También se pretende eliminar restricciones actualmente vigentes sobre la compra de tierras ribereñas de cuerpos de agua permanentes; e inmuebles ubicados en zonas de seguridad de frontera.