Autor: Emanuel Zamaro

El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, viajó a Suiza y denunciará este viernes en la 113° Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT al Gobierno de Javier Milei por las políticas económicas, sociales y laborales en su primer año y medio de gestión.

“El mundo tiene que saber que en la Argentina se intenta instaurar el programa económico de la última dictadura militar y llevar adelante una reforma laboral que no tiene precedentes. Restringiendo las garantías constitucionales y con represión arrasan con los derechos de los trabajadores y de los jubilados”, adelantó el dirigente estatal.

“¿Qué puede defender la representación del Estado argentino en esta conferencia internacional? Nada. No debiera asombrarnos que así como se retiraron de la Organización Mundial de la Salud, también se retiren de la OIT”, agregó Aguiar.

El Secretario General de ATE expondrá en la conferencia ante 187 países de todos los continentes. Cabe destacar que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es una agencia tripartita de las Naciones Unidas cuyos mandantes son representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores.

La alocución de ATE es una de las más esperadas por el foro. Tanto la prensa internacional como los gobiernos de todos los continentes manifestaron en la previa su preocupación por la situación argentina a partir de las políticas regresivas en materia social y económica del Gobierno de Javier Milei, como así también por la creciente represión de la protesta social, el espionaje ilegal a dirigentes sindicales y por la estafa con la criptomoneda $LIBRA.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) accedió a un documento oficial de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) en el que se planea un recorte del 50% de la planta y el inicio de un proceso de retiros voluntarios. Ante esta situación, el sindicato protestará mañana miércoles 4 de junio en todos los aeropuertos del país y evalúa profundizar las medidas de fuerza afectando todos los vuelos antes de fin de mes.

“Tiene que quedar claro que no somos los trabajadores, sino las políticas del Gobierno las que ponen en riesgo la seguridad de las operaciones aerocomerciales. Sin lugar a dudas, este proyecto para reducir más de un 50% la planta de personal de la ANAC que se filtró está orientado a producir el vaciamiento del organismo como intento de que el mismo sea privatizado”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

“Este ajuste que pretenden llevar adelante en la ANAC es salvaje y absolutamente injustificado. Existen auditorías internacionales que han señalado la falta de personal”, agregó el dirigente estatal.

“Este miércoles vamos a protestar en todos los aeropuertos pero el mandato de las asambleas y los plenarios es claro: si no existen respuestas, la próxima semana vamos a profundizar nuestra medida y no descartamos la paralización total de las actividades”, concluyó el Secretario General de ATE Nacional.

El plan de recorte implica la reducción de 793 agentes de la planta permanente de los 1554 que hay en la actualidad a partir de sus pases a disponibilidad, jubilaciones y el cambio de funciones sin las especificaciones necesarias. Luego de esa masiva reducción, se ofrecerían retiros voluntarios que comprendería a alrededor de 600 agentes para continuar con el plan de achique del organismo.

Este ajuste también afectará a más de 300 trabajadores precarizados con contratos y los denominados artículo 9.

Cabe recordar que en los últimos días asumió mediante el Decreto 360/25 el nuevo administrador nacional del organismo, Oscar Villabona.

La ANAC es el organismo estatal que regula las actividades de aviación civil en más de 27 aeropuertos de todo el territorio argentino. Su función es regular y fiscalizar esta actividad en el país para optimizar la seguridad operacional en el espacio aéreo argentino, como así también en los aeropuertos y aeródromos.

Es por eso que ATE responsabiliza directamente al Gobierno por los inconvenientes que puedan surgir en los aeropuertos de todo el país tanto a los usuarios, al personal en general y a todos los actores del sistema aeroportuario.

_{Foto: Leandro Mastronicola
IG: @leamastro86}

El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº3 resolvió admitir la viabilidad formal de la acción de amparo presentada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) contra el Decreto 340/25 que pretende limitar el derecho a huelga.

“Nos querían hacer retroceder un siglo en materia de derechos laborales y no pudieron. Esto es un golpe para un Gobierno antidemocrático y un avance trascendental para todos los trabajadores. Los estatales tenemos que pensar en seguir profundizando nuestro plan de acción. La batalla es en la calle, es judicial y es cultural”, indicó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

La resolución de la jueza nacional Moira Fullana también hace lugar a la medida cautelar peticionada y suspende provisoriamente los efectos del artículo 3° del DNU.

“Nadie puede sorprenderse con esta decisión judicial. Estamos frente a un decreto que es manifiestamente inconstitucional. El derecho de huelga es el derecho humano fundamental que tenemos los trabajadores. Esta resolución comprueba que tenemos un Gobierno que todos los días ataca la institucionalidad en nuestro país y reduce los espacios democráticos en los que debiéramos convivir”, agregó el referente estatal.

“Queremos destacar el trabajo del equipo jurídico del sindicato que no dudó en ningún momento y reaccionó a tiempo para defender en el plano judicial uno de nuestros principales derechos”, concluyó Rodolfo Aguiar.

Por un lado, la jueza entiende que el único titular de la función legislativa, es decir el Congreso Nacional, se encuentra realizando sesiones ordinarias y que, por lo tanto, no había necesidad, urgencia o una situación grave de perturbación económica, social o política que habilite la reglamentación vía DNU de un derecho fundamental como el de huelga.

La jueza también encuentra acreditado el peligro en la demora, ya que el decreto podría conculcar el ejercicio de los derechos derivados de la libertad sindical, es decir el derecho de huelga, que tienen la más amplia garantía legal y supralegal (en el plano internacional).

El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, mantuvo una reunión en Tierra del Fuego con el gobernador Gustavo Melella y coincidieron en que las políticas de Javier Milei significan un “industricidio” para la provincia.

“Con el gobernador hemos coincidido en que el Gobierno nacional asfixia a las provincias, quiere terminar con el federalismo y tenemos que impedirlo”, señaló Rodolfo Aguiar tras la reunión y detalló: “El encuentro ha sido positivo y el diálogo fructífero. La respuesta a un presidente que quiere cerrar todas las fábricas no solo tiene que ser política sindical, sino fundamentalmente institucional”.

“Desde ATE no vamos a dejar de reclamar en la provincia por nuestros salarios y las condiciones de empleo, pero tenemos que actuar en conjunto cuando la que está en riesgo es la soberanía”, completó el dirigente estatal.

Participaron del encuentro además las conducciones del sindicato en la provincia y de las seccionales, quienes brindaron un informe de situación del impacto que tienen en el Sector Público las recientes medidas implementadas por el Gobierno nacional en relación a la apertura de las importaciones.

ATE puso el acento en las modificaciones impositivas a la compra de productos desde el extranjero. Un ejemplo de ello es el caso de los celulares, que tuvieron una reducción de los aranceles del 16% al 8%, y a partir del 15 de enero del 2026 pasará a ser de 0%, según lo dictado en el Decreto 333/25 que lleva las firmas de Javier Milei, Guillermo Francos y Luis Caputo.

El sindicato evaluó que se trata de un ataque directo contra el motor productivo de Tierra del Fuego, el cual afecta a toda la comunidad en general y son miles los puestos de empleo en peligro.

El Gobierno concurrió sin un ofrecimiento formal a la paritaria nacional y la negociación pasó a un cuarto intermedio. Ante esta situación, el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, aseguró que “la negociación es un fraude” y exigió elevar el salario mínimo a $1.800.000.

“Las políticas de Milei están destruyendo el diálogo social en la Argentina, un diálogo social que debiera cumplir los objetivos de trabajo decente y crecimiento económico”, señaló el dirigente estatal.

“La paritaria estatal se ha transformado en un fraude y el Gobierno vulnera el convenio 154 de la OIT en tanto y en cuanto en las negaciones que se llevan adelante no escucha la voz de la representación sindical. El Ejecutivo está utilizando este ámbito como una herramienta para congelar los salarios de los empleados públicos”, agregó en referencia al convenio internacional que promueve la negociación colectiva.

En este marco, Aguiar concluyó: “La pérdida en el poder adquisitivo ya llegó al límite y tiene que quedar claro que la afectación de la paz social es exclusiva responsabilidad del Poder Ejecutivo. A la paz social se la debe garantizar con respuestas concretas a los justos reclamos que tienen los trabajadores”.

A partir del estudio realizado por los trabajadores del Indec, ATE determinó que el ingreso mínimo (no el óptimo ni el deseable) debiera ser de $1.819.121 para satisfacer las necesidades mínimas de una familia tipo (dos adultos y dos menores). Este valor se compone de $630.974 necesarios para adquirir una Canasta Alimentaria Mínima y de $1.188.147 para acceder a otros bienes y servicios básicos, utilizando los datos oficiales del organismo para realizar esta medición.

Cabe recordar que la paritaria en la Administración Pública Nacional comprende el periodo de junio 2024 a mayo 2025. A falta de conocer el dato de inflación de este último mes, los incrementos salariales durante ese periodo (20,8%) fueron la mitad que la inflación (41,4%).

De esta forma, el periodo paritario 2025-2026 del Convenio Colectivo de Trabajo 214/06 queda sin aumento en su inicio.

Por parte de la Conducción Nacional de ATE participaron el Secretario de Convenios Colectivos de Trabajo, Flavio Vergara, junto a Nicolás Rial Ubago y Mariana Amartino. También participaron por parte del Consejo Directivo de ATE Capital el Secretario Gremial, Pedro Lynn, y la Secretaria Administrativa, Sandra Di Claudio.

La situación salarial acrecienta la conflictividad en el Sector Público y, de esta manera, en los próximos días definirá la continuidad del plan de acción en rechazo a las cesantías ilegales, el intento de restringir el derecho constitucional a la huelga, y la fusión y cierre de organismos.

Luego de que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunciara un nuevo recorte en el Sector Público en los próximos días, el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, llamó a “aumentar la resistencia y multiplicar las protestas en estos 40 días que quedan de facultades delegadas”.

“Esta es la única manera que tenemos de evitar que en estas semanas arrasen de manera salvaje con todos los derechos laborales”, completó el dirigente estatal recordando que las facultades delegadas por el Congreso Nacional al Presidente caducan el martes 8 de julio.

Aguiar también cargó contra el Decreto 340/25 que pretende restringir los paros: “No es casual que quieran limitar el derecho de huelga en este momento. Están desesperados. No quieren que aumenten los reclamos y la conflictividad frente al nuevo recorte del Estado que planifican con el cierre y fusión de organismos”.

En declaraciones televisivas, Sturzenegger adelantó que las próximas medidas atacarán las áreas de Cultura, Economía, Salud y Transporte, y ya mencionó a algunos de los organismos que se verán afectados: Senasa, Aduana, ANMAT, INTA, entre otros.

Ante esta situación, Aguiar sentenció: “Quedó en evidencia hace tiempo que no quieren destruir todo el Estado, sólo la parte de control y fiscalización de los grandes grupos empresarios”.

“Los padres del ajuste no han podido explicar a donde va a parar todo lo que están ahorrando. Como con el PAMI, queda claro que se la están robando”, concluyó el Secretario General de ATE Nacional.

En este marco, ATE definirá la continuidad del plan de acción en reclamo contra las cesantías ilegales, el intento de restringir el derecho constitucional a la huelga, la fusión y cierre de organismos, y por la inmediata reapertura de las paritarias para recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció al Gobierno Nacional por limitar el derecho a huelga mediante el Decreto 340/25 y exigió su declaración inmediata de inconstitucionalidad. “Esperemos que la Justicia actúe con rapidez. Los efectos de este decreto deben ser suspendidos inmediatamente”, indicó Rodolfo Aguiar, Secretario General del sindicato.

“Prácticamente el mismo texto ya fue declarado inconstitucional. En esta instancia, no hay otra cosa que hacer más que ratificar lo anteriormente sentenciado. Muchas de las actividades que se plantean como esenciales las brinda el Estado. Por lo tanto esta norma dictada por el Ejecutivo nos afecta de manera directa a ATE y a todos los trabajadores estatales”, agregó el dirigente estatal.

El recurso de amparo recayó en el Juzgado Nacional de 1ª Instancia del Trabajo Nº 20. En el documento se argumenta ‘la afectación ilegal, arbitraria y manifiesta del derecho de huelga, al principio de progresividad y al de libertad sindical’. El sindicato además solicitó que se dicte una medida cautelar para que se suspendan los efectos del decreto y no tenga vigencia mientras dure la medida cautelar. 

“Estamos frente a una inconstitucionalidad manifiesta. El derecho de huelga es nuestro derecho más importante. Si nos lo quitan, a los trabajadores no nos queda nada. Este decreto se lo escribieron al Presidente las multinacionales y los grandes grupos empresarios del país. Tenemos que atacarlo en la Justicia y en la calle”, concluyó Rodolfo Aguiar.

El DNU 340/25 modifica el artículo 24 de la Ley 25.877, ampliando los servicios considerados “esenciales”. Aquellos que estén contemplados en esta categoría deberán garantizar un 75% de la prestación durante las huelgas, dejando así sin efecto las medidas de fuerza. Hasta antes de la publicación del decreto, se consideraba esencial aquel servicio cuya interrupción pudiera poner en peligro la salud, vida o seguridad de la población, siguiendo los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

ATE aduce que muchas de las actividades que fueron incorporadas como servicios esenciales en el decreto son llevadas adelante por el Estado y, por lo tanto, implica una restricción para el ejercicio del derecho de huelga del sindicato.

En el marco de un nuevo Paro Nacional con un acatamiento superior al 90% en todo el país, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se movilizó al Ministerio de Economía para exigir la inmediata reapertura de paritarias, en rechazo al ataque al derecho a huelga mediante el Decreto 340/25, contra el despido de trabajadores que no hayan aprobado el Sistema de Evaluación Pública (SEP), en rechazo al intento de fusión de organismos y para exigir la restitución de los fondos adeudados a las provincias.

“La única posibilidad que tenemos de quebrar el cepo, de romper el techo de las paritarias, es estando en la calle. El Gobierno nos tiene que devolver toda la plata de los salarios del sector público que nos robó y a los jubilados todos los haberes previsionales que les quitó en estos 17 meses”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

En referencia al DNU que pretende limitar las protestas sindicales, el dirigente apuntó: “El Gobierno está soñando si piensa que vamos a acatar el Decreto 340, ese decreto que le hicieron escribir al presidente los empresarios y las multinacionales. Los trabajadores no nos vamos a dejar joder. La huelga es nuestro derecho fundamental y la esencialidad de los servicios ya está regulada desde hace más de 20 años en el país. Se trata de una norma inconstitucional que además vulnera el Convenio 87 de la OIT”.

“La batalla cultural con el Gobierno se está equilibrando y la vamos a ganar. La sociedad ya tomó conciencia que cuando le dijeron ‘motosierra al Estado’ en realidad era motosierra a todos y cada uno de sus derechos”, concluyó Rodolfo Aguiar.

Por su parte, la Secretaria Adjunta de ATE Nacional, Mercedes Cabezas, señaló: «Le venimos a poner un freno a Javier Milei y su política, no sólo represiva, sino también de permanente intento de retroceso de la clase trabajadora. No vamos a cumplir con el decreto que salió hace apenas unas horas y que impulsa una restricción del derecho a huelga, está claro que si todo es esencial nada lo es, sino que además venimos a decirle que no vamos a permitir que lo único que se derrame en la Argentina sea la pobreza de los salarios que intenta imponer este Gobierno».

«El mecanismo coercitivo que mantiene con la coparticipación federal y la falta de transferencias a las provincias es lo que le quita la posibilidad no sólo al pueblo bonaerense sino también al pueblo de cada uno de los territorios de construir más y mejores paritarias, de construir más y mejores salarios y más y mejores convenios colectivos». Y entonces desde antes seguimos diciendo que así como empezamos a pelear en diciembre de 2023 seguimos llevando adelante nuestra lucha con orgullo y no vamos a salir de las calles», concluyó.

Las protestas se replicaron en todas las provincias, reafirmando así la postura de no acatar el Decreto 340/25 que ataca el derecho a huelga y pretende limitar la adhesión de los trabajadores a los paros para que se garantice un 75% de la prestación. ATE confirmó que el acatamiento a la medida de fuerza superó el 90% a nivel nacional. 

En las primeras horas del Paro Nacional de ATE, el sindicato relevó más de 90% de adhesión en todo el país y en la Capital Federal comenzarán los ceses de tarea a partir del mediodía para movilizar al Ministerio de Economía.

“Este Gobierno nos quiere hacer retroceder más de un siglo en materia de derechos laborales. Atacan el derecho de huelga porque para los trabajadores es nuestra arma más letal. La última modificación es ilegal y no existe ninguna posibilidad de que pueda prosperar. Vulnera la Constitución Nacional. Nosotros no la pensamos acatar”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional en referencia al Decreto 340/25 que limita el derecho a huelga.

En referencia a la pérdida del poder adquisitivo de los estatales desde que asumió Javier Milei, el dirigente sindical refirió: “Exigimos que se reabran las paritarias y que este Gobierno nos devuelva toda la plata que nos robó en los últimos 17 meses”.

En los primeros cuatro meses del año, los estatales ya perdieron más de la mitad de su poder de compra, producto de un 5,4% de incrementos salariales frente a una inflación del 11,6%.

“Con esta gestión, el miedo se transformó en una política de Estado. Nos quieren temerosos para que no reaccionemos. Ya sabemos que con esta gente, el camino no es el diálogo. Los tenemos que seguir confrontando”, concluyó Rodolfo Aguiar.

Durante la jornada de protesta sólo se garantizarán guardias mínimas en hospitales y únicamente atención de urgencia en centros asistenciales de niños, adolescentes y adultos mayores.

Otros servicios que ya comenzaron a verse afectados son la recolección de residuos, auxiliares de educación, guardia urbana, migraciones, los controles sanitarios en puertos y aduanas del el Senasa, radiooperadores de medios públicos, personal de manejo de incendios forestales, agentes de tránsito, controladores aéreos, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), migraciones y mantenimiento de plantas nucleares, como así también los servicios públicos en provincias y municipios, entre otros. Además, sólo se garantizarán vuelos sanitarios y de Estado por parte de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), PAMI y ANSES atenderán únicamente emergencias.

La medida de fuerza se da por la reapertura de paritarias, en rechazo al ataque al derecho a huelga mediante el Decreto 340/25, contra el despido de trabajadores que no hayan aprobado el Sistema de Evaluación Pública (SEP), en rechazo al intento de fusión de organismos y para exigir la restitución de los fondos adeudados a las provincias.

De esta forma, ATE protestará por:

• Inmediata reapertura de las paritarias y recomposición salarial;
• Rechazo al Decreto 340/25 que ataca el derecho constitucional a huelga.
• Rechazo a la Resolución 48/25 el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado;
• Rechazo al intento de fusión y cierre de organismos;
• Restitución de los fondos adeudados a las provincias;
• Reincorporación de trabajadoras y trabajadores despedidos de manera ilegal;
• Rechazo a la privatización de empresas públicas;
• Aumento de emergencia para todas las y los jubilados;
• Restitución de la moratoria previsional y normalización del INSSJyP.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó el recientemente publicado Decreto 340/25 que limita el derecho a huelga ampliando los servicios que se consideran esenciales. “Este es un decreto que le pidieron a Milei las multinacionales y los empresarios millonarios”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General del sindicato.  

“La modificación por decreto del derecho de huelga es ilegal. Este nuevo ataque a un derecho fundamental de los trabajadores tiene la finalidad concreta de beneficiar a los patrones. Rechazamos la posibilidad de que todas las actividades sean consideradas esenciales y es muy grave que exijan que se garantice el 75% de las prestaciones. De esta manera, la huelga pierde todo sentido y no tendrá ningún efecto”, agregó el dirigente.

“El Gobierno está apurado y quiere liquidarnos antes que se le terminen las facultades extraordinarias. Sin el derecho de huelga estamos condenados a volver a la esclavitud. Tenemos que impedirlo. La legislación argentina siempre reguló los servicios esenciales de acuerdo al criterio de la OIT y hasta ahora funcionó muy bien. Esto no tiene que cambiar”, concluyó Rodolfo Aguiar.

La norma modifica el artículo 24 de la Ley 25.877, ampliando los servicios considerados “esenciales”. Aquellos que estén contemplados en esta categoría deberán garantizar un 75% de la prestación durante las huelgas, dejando así sin efecto las medidas de fuerza.

También crea la figura del “servicio de importancia trascendental” al que le impone la obligación de mantener un mínimo del 50% de la prestación. Sin embargo, es sumamente abierto el criterio por lo que cualquier rama podrá considerarse esencial o trascendental. Entre los criterios, por ejemplo, se inscribe la “la interrupción o suspensión de la producción que pudiere (…) afectar metas de recaudación asociadas a las políticas de equilibrio fiscal”.

Hasta antes de la publicación del decreto, se consideraba esencial aquel servicio cuya interrupción pudiera poner en peligro la salud, vida o seguridad de la población, siguiendo los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Es por eso que el sindicato considera que el Gobierno, mediante esta norma, tiene el objetivo concreto de impedir las huelgas.