Autor: Emanuel Zamaro

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un Paro de 24 horas para el miércoles 18 de junio con movilización a los tribunales de Comodoro Py en defensa de la Democracia, a raíz del accionar irregular de la Corte Suprema de Justicia para dictar la proscripción de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“Tenemos que ir a la huelga y movilizarnos para frenar a una casta judicial que respondiendo a intereses económicos de minorías con privilegios en nuestro país ha decidido terminar con la democracia. No podemos permitir que una Corte usurpada tenga la facultad de proscribir dirigentes políticos en la Argentina”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

“En este momento, no solo es la resolución de la Corte la que rompe la paz social, sino también un Gobierno nacional que ha perdido toda legitimidad. No podemos seguir tolerando a un Presidente que actúe al margen de la ley y contra la Constitución Nacional”, agregó el referente estatal.

Durante la jornada de protesta sólo se garantizarán guardias mínimas en hospitales y únicamente atención de urgencia en centros asistenciales de niños, adolescentes y adultos mayores. La medida de fuerza se enmarca en la convocatoria lanzada por la CTA Autónoma.

El sindicato advierte que la condena a la ex mandataria por la llamada “Causa Vialidad” tiene como finalidad la proscripción de una de las principales opciones de la oposición en las próximas elecciones.

Cabe recordar que el martes pasado, día en que se dio a conocer el fallo judicial oficialmente, ATE había declarado el Estado de Asamblea Permanente y Movilización argumentando: “No podremos tener una democracia sana si la división de poderes se desdibuja, los candidatos son proscritos y los fallos judiciales son orquestados junto a los medios masivos de comunicación”. La referencia apunta a la reunión que mantuvieron en octubre de 2022 jueces federales y fiscales ligados a la causa judicial, junto a funcionarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y CEOs de medios en la mansión del magnate británico Joe Lewis en Lago Escondido.

Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) expresamos nuestro más enérgico repudio a la confirmación de la condena contra Cristina Fernández de Kirchner y al accionar del Poder Judicial argentino que se atribuye la potestad de proscribir a dirigentes políticos para las próximas elecciones legislativas.

Lo que sucedió en las últimas semanas respecto al fallo contra la ex presidenta en la llamada “Causa Vialidad” es un manoseo a la democracia innegable. Periodistas de distintos medios de comunicación ya conocían la decisión judicial con antelación, promocionándola por todos los medios de comunicación. No es casual que hoy la Justicia encabece el ranking del mayor nivel de imagen negativa por parte de la sociedad.

Se trata de una causa que desde su inicio ha estado completamente manipulada por todos los actores intervinientes: jueces, fiscales, abogados, incluso actores del poder político que se involucraron directamente para llegar a este desenlace, que es la prohibición de su candidatura. Hoy más que nunca cobra sentido la visita de los huemules (jueces federales, fiscales, funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires y empresarios ligados a medios de comunicación) a la mansión del magnate británico Joe Lewis en Lago Escondido. Estamos ante la presencia de un Poder Judicial que pretende jugar a la política.

No podremos tener una democracia sana si la división de poderes se desdibuja, los candidatos son proscritos y los fallos judiciales son orquestados junto a los medios masivos de comunicación.

Además, nadie puede negar que esta resolución favorece al Gobierno de Milei ya que se trata de una dirigente que bien podría canalizar el descontento y el rechazo de gran parte de la sociedad del modelo económico y político actual. La democracia está en peligro y el pueblo no va a quedarse de brazos cruzados.

Ante esta proscripción, la Asociación Trabajadores del Estado declara el ESTADO DE ASAMBLEA PERMANENTE Y MOVILIZACIÓN EN TODA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

El Gobierno nacional convocó a la paritaria del Hospital Garrahan para mañana miércoles a las 11 en la Secretaría de Trabajo y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) decidió movilizar a la cartera laboral para exigir un aumento salarial de emergencia que iguale la canasta familiar de $1.800.000.

“Hasta ahora el Gobierno no ha hecho otra cosa que utilizar las paritarias del Garrahan para dilatar la resolución del conflicto. A este Gobierno no le podemos dar tregua y vamos a concurrir a la negociación movilizados. Esperamos que en esta oportunidad exista una propuesta concreta que atienda las justas y desesperadas demandas de los trabajadores. Esperamos que esta vez no nos tomen el pelo y los funcionarios del Gobierno que tienen responsabilidades en Economía, Salud y la Jefatura de Gabinete concurran”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

Cabe recordar que durante la última audiencia realizada el miércoles 4 de junio, ningún funcionario del Poder Ejecutivo concurrió al encuentro con los trabajadores, incumpliendo con la Conciliación Obligatoria vigente.

“Nadie cree el verso de que no hay plata. Plata hay. Con todo lo que le aumentaron a la SIDE en el último año y medio se podría costear fácilmente el incremento en el Garrahan. Queremos un Gobierno que priorice curar y no espiar”, apuntó el dirigente estatal.

En este marco, Aguiar indicó: “La estrategia del Gobierno es evidente. Están vaciando el sistema sanitario público para poder privatizarlo. Quienes conducen la cartera de Salud son dueños y CEOs de las grandes clínicas y sanatorios privados. Saben que la plata que dejan de poner en los hospitales se la llevan ellos”.

“El único que crece en el país es el sector privado mientras que los hospitales funcionan sólo gracias al esfuerzo sobrehumano de sus trabajadores. Necesitamos que el salario en salud alcance para cubrir la canasta alimentaria básica. Nunca antes existió tanta distancia entre los ingresos de los trabajadores y el costo de vida”, concluyó el Secretario General de ATE Nacional.

El sindicato exige elevar el piso salarial de los trabajadores del hospital infantil a $1.819.121, que es el ingreso mínimo (no el óptimo ni el deseable) para cubrir los costos de una Canasta Alimentaria Mínima y acceder a otros bienes y servicios básicos. Esta cifra surge del relevamiento hecho por el sindicato utilizando como base los datos oficiales del INDEC.

Luego de la fuerte denuncia de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) al Gobierno de Javier Milei en la 113° Conferencia Internacional del Trabajo, el embajador argentino en la OIT, Carlos Foradori, intentó esgrimir una respuesta que el sindicato estatal rápidamente salió a cuestionar.

“Embajador, ¿tanto les dolió escuchar la verdad? ¿En serio nos tuvo que responder? Le digo que utilizan una estúpida ironía. Se hacen los vivos pero ya no le causan gracia a nadie”, disparó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, luego de que el diplomático ironizara con que ‘el presidente aún no completó su curso de magia para resolver de un plumazo la crisis en la Argentina’.

“Dicen que solo llevan un año y medio de gestión y le echan la culpa al pasado. Sin embargo este es el resultado exclusivo de las políticas de su Gobierno. Le aviso que estamos en la OIT, en vez de divagar y tirar datos falsos, ¿por qué no se dedican a hablar de lo que hicieron en materia laboral? Debe ser porque no pueden”, fustigó el dirigente estatal, en referencia al derecho a réplica del Representante Permanente de la Argentina ante los Organismos Internacionales en Ginebra en la que señaló que la Argentina en 2023 se encaminaba a una inflación del 17000%.

“Lo único que hicieron es recortar salarios y destruir puestos de empleo en el Estado y en el sector privado. Embajador, debió quedarse callado. Lo escucha un mundo que sabe que en la Argentina hay gente que no tiene para comer. Ustedes lesionan la posibilidad de vivir en democracia. Los vamos a seguir confrontando”, concluyó Rodolfo Aguiar.

Tras la detención del militante social Juan Grabois en las instalaciones del Instituto Juan Domingo Perón, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) repudió el operativo de las fuerzas de seguridad y exigió la liberación del dirigente y el inmediato retiro de la Policía Federal.

“Desde ATE repudiamos la detención ilegal de Juan Grabois y exigimos su inmediata liberación y el retiro de todas las fuerzas de seguridad del Instituto Juan Perón”, expresó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

“La única respuesta del gobierno a las justas demandas de los trabajadores es la represión. No podemos naturalizar que se institucionalice la violencia en la Argentina. La democracia está en riesgo y el Estado de Derecho se debilita”, agregó el dirigente estatal.

“Tenemos que reaccionar. Declaramos el Estado de Asamblea Permanente y Movilización en toda la administración pública del país y no descartamos definir medidas de acción directas en las próximas horas. El Instituto es patrimonio nacional, es clave y estratégico para pensar la cultura como una necesidad del pueblo. Defendamos nuestro patrimonio, defendamos nuestra historia”, concluyó el Secretario General de ATE Nacional.

El edificio donde funciona el Instituto es el único que queda en pie de la antigua residencia presidencial, por lo cual ha sido declarado «monumento histórico nacional» por la Ley 26.367 sancionada el 9 de abril de 2008.

Pese a esto, el Gobierno Nacional ordenó su cierre y desalojo. ATE definirá el plan de acción en las próximas horas para evitar su disolución.

El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, denunció al Gobierno de Javier Milei ante el mundo en la 113° Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT en Suiza. “En mi país la democracia está en peligro”, sentenció ante la mirada de representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores de 187 países.

“El Presidente de la Nación gobierna al margen de la ley y en contra de la Constitución, arrasando de manera salvaje con los derechos de los trabajadores alcanzados durante más de un siglo. Las mentiras organizadas, las descalificaciones, las amenazas, la represión, el espionaje ilegal a dirigentes sindicales y la política de desprestigio de las organizaciones gremiales son el vehículo preferido del gobierno para dar el debate de estas reformas”, detalló el dirigente sindical.

Sobre la situación salarial del Sector Público, indicó: “El Gobierno argentino ha pulverizado los salarios de los empleados públicos. Se han destruido las negociaciones colectivas en la administración pública, algo que antes nos honrara por su desarrollo y extensión. Estas políticas acaban con el diálogo social que desde esta organización internacional se impulsa”.

En referencia a la situación que atraviesan los jubilados en el país, expresó: “Los jubilados y pensionados sufren los padecimientos causados por un Gobierno que arrasa con el sistema previsional. Desde su asunción, se ha implementado una política de destrucción de los pisos básicos alcanzados en materia de seguridad social y salud, conforme a los estándares asumidos por nuestro país en consonancia con el Convenio 102 de la OIT”.

“En este modelo de país que propone el Gobierno argentino no ingresamos con una vida digna los trabajadores y los jubilados. El mismo sólo puede aplicarse mediante un protocolo ilegal anti-movilizaciones, es decir con represión. La respuesta del Gobierno ante los justos reclamos de los trabajadores ha sido únicamente la represión y la criminalización de la protesta social. Tan sólo en los primeros 5 meses de este año, hubo más heridos en manifestaciones que en todo el 2024. Y en diferentes provincias del país dirigentes de ATE son sometidos a proceso penal, en abierta violación al Convenio 87”, explicó el dirigente.

Aguiar demás destacó el fallo judicial que en las últimas horas dio lugar al recurso de amparo presentado por ATE contra el decreto 340 que pretende limitar el derecho a la protesta: “Hay un ataque a nuestra más importante herramienta, el derecho de huelga, prohibiendo su ejercicio a partir de un decreto que pretende ampliar las actividades que se consideran esenciales. Hace pocas horas, la justicia laboral suspendió la vigencia de ese decreto por pedido de nuestra organización, pero la avanzada antisindical no cesa”.

“En este momento, en la Argentina el miedo se ha convertido en una política de Estado. La violencia se ejerce desde las más altas esferas del poder. En la Argentina, la violencia es institucional. Que sepa el mundo entero que no estamos dispuestos a aceptarla y no tengan dudas que los vamos a confrontar”, concluyó el Secretario General de ATE Nacional.

El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, viajó a Suiza y denunciará este viernes en la 113° Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT al Gobierno de Javier Milei por las políticas económicas, sociales y laborales en su primer año y medio de gestión.

“El mundo tiene que saber que en la Argentina se intenta instaurar el programa económico de la última dictadura militar y llevar adelante una reforma laboral que no tiene precedentes. Restringiendo las garantías constitucionales y con represión arrasan con los derechos de los trabajadores y de los jubilados”, adelantó el dirigente estatal.

“¿Qué puede defender la representación del Estado argentino en esta conferencia internacional? Nada. No debiera asombrarnos que así como se retiraron de la Organización Mundial de la Salud, también se retiren de la OIT”, agregó Aguiar.

El Secretario General de ATE expondrá en la conferencia ante 187 países de todos los continentes. Cabe destacar que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es una agencia tripartita de las Naciones Unidas cuyos mandantes son representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores.

La alocución de ATE es una de las más esperadas por el foro. Tanto la prensa internacional como los gobiernos de todos los continentes manifestaron en la previa su preocupación por la situación argentina a partir de las políticas regresivas en materia social y económica del Gobierno de Javier Milei, como así también por la creciente represión de la protesta social, el espionaje ilegal a dirigentes sindicales y por la estafa con la criptomoneda $LIBRA.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) accedió a un documento oficial de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) en el que se planea un recorte del 50% de la planta y el inicio de un proceso de retiros voluntarios. Ante esta situación, el sindicato protestará mañana miércoles 4 de junio en todos los aeropuertos del país y evalúa profundizar las medidas de fuerza afectando todos los vuelos antes de fin de mes.

“Tiene que quedar claro que no somos los trabajadores, sino las políticas del Gobierno las que ponen en riesgo la seguridad de las operaciones aerocomerciales. Sin lugar a dudas, este proyecto para reducir más de un 50% la planta de personal de la ANAC que se filtró está orientado a producir el vaciamiento del organismo como intento de que el mismo sea privatizado”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

“Este ajuste que pretenden llevar adelante en la ANAC es salvaje y absolutamente injustificado. Existen auditorías internacionales que han señalado la falta de personal”, agregó el dirigente estatal.

“Este miércoles vamos a protestar en todos los aeropuertos pero el mandato de las asambleas y los plenarios es claro: si no existen respuestas, la próxima semana vamos a profundizar nuestra medida y no descartamos la paralización total de las actividades”, concluyó el Secretario General de ATE Nacional.

El plan de recorte implica la reducción de 793 agentes de la planta permanente de los 1554 que hay en la actualidad a partir de sus pases a disponibilidad, jubilaciones y el cambio de funciones sin las especificaciones necesarias. Luego de esa masiva reducción, se ofrecerían retiros voluntarios que comprendería a alrededor de 600 agentes para continuar con el plan de achique del organismo.

Este ajuste también afectará a más de 300 trabajadores precarizados con contratos y los denominados artículo 9.

Cabe recordar que en los últimos días asumió mediante el Decreto 360/25 el nuevo administrador nacional del organismo, Oscar Villabona.

La ANAC es el organismo estatal que regula las actividades de aviación civil en más de 27 aeropuertos de todo el territorio argentino. Su función es regular y fiscalizar esta actividad en el país para optimizar la seguridad operacional en el espacio aéreo argentino, como así también en los aeropuertos y aeródromos.

Es por eso que ATE responsabiliza directamente al Gobierno por los inconvenientes que puedan surgir en los aeropuertos de todo el país tanto a los usuarios, al personal en general y a todos los actores del sistema aeroportuario.

_{Foto: Leandro Mastronicola
IG: @leamastro86}

El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº3 resolvió admitir la viabilidad formal de la acción de amparo presentada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) contra el Decreto 340/25 que pretende limitar el derecho a huelga.

“Nos querían hacer retroceder un siglo en materia de derechos laborales y no pudieron. Esto es un golpe para un Gobierno antidemocrático y un avance trascendental para todos los trabajadores. Los estatales tenemos que pensar en seguir profundizando nuestro plan de acción. La batalla es en la calle, es judicial y es cultural”, indicó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

La resolución de la jueza nacional Moira Fullana también hace lugar a la medida cautelar peticionada y suspende provisoriamente los efectos del artículo 3° del DNU.

“Nadie puede sorprenderse con esta decisión judicial. Estamos frente a un decreto que es manifiestamente inconstitucional. El derecho de huelga es el derecho humano fundamental que tenemos los trabajadores. Esta resolución comprueba que tenemos un Gobierno que todos los días ataca la institucionalidad en nuestro país y reduce los espacios democráticos en los que debiéramos convivir”, agregó el referente estatal.

“Queremos destacar el trabajo del equipo jurídico del sindicato que no dudó en ningún momento y reaccionó a tiempo para defender en el plano judicial uno de nuestros principales derechos”, concluyó Rodolfo Aguiar.

Por un lado, la jueza entiende que el único titular de la función legislativa, es decir el Congreso Nacional, se encuentra realizando sesiones ordinarias y que, por lo tanto, no había necesidad, urgencia o una situación grave de perturbación económica, social o política que habilite la reglamentación vía DNU de un derecho fundamental como el de huelga.

La jueza también encuentra acreditado el peligro en la demora, ya que el decreto podría conculcar el ejercicio de los derechos derivados de la libertad sindical, es decir el derecho de huelga, que tienen la más amplia garantía legal y supralegal (en el plano internacional).

El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, mantuvo una reunión en Tierra del Fuego con el gobernador Gustavo Melella y coincidieron en que las políticas de Javier Milei significan un “industricidio” para la provincia.

“Con el gobernador hemos coincidido en que el Gobierno nacional asfixia a las provincias, quiere terminar con el federalismo y tenemos que impedirlo”, señaló Rodolfo Aguiar tras la reunión y detalló: “El encuentro ha sido positivo y el diálogo fructífero. La respuesta a un presidente que quiere cerrar todas las fábricas no solo tiene que ser política sindical, sino fundamentalmente institucional”.

“Desde ATE no vamos a dejar de reclamar en la provincia por nuestros salarios y las condiciones de empleo, pero tenemos que actuar en conjunto cuando la que está en riesgo es la soberanía”, completó el dirigente estatal.

Participaron del encuentro además las conducciones del sindicato en la provincia y de las seccionales, quienes brindaron un informe de situación del impacto que tienen en el Sector Público las recientes medidas implementadas por el Gobierno nacional en relación a la apertura de las importaciones.

ATE puso el acento en las modificaciones impositivas a la compra de productos desde el extranjero. Un ejemplo de ello es el caso de los celulares, que tuvieron una reducción de los aranceles del 16% al 8%, y a partir del 15 de enero del 2026 pasará a ser de 0%, según lo dictado en el Decreto 333/25 que lleva las firmas de Javier Milei, Guillermo Francos y Luis Caputo.

El sindicato evaluó que se trata de un ataque directo contra el motor productivo de Tierra del Fuego, el cual afecta a toda la comunidad en general y son miles los puestos de empleo en peligro.