Autor: Emanuel Zamaro

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) que integran ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y más de 140 organizaciones de todas las centrales obreras se reunió en la sede de la Unión Obrera Molinera Argentina (UOMA) con dirección en México 2070 (CABA) y definieron convocar a un plenario de delegados de todas las entidades que lo componen para el 1 de mayo.

“Hemos definido la realización de un plenario que reunirá a más de 1.500 delegados de todas las organizaciones que integran el Frente. Tiene que servir para seguir afianzando y consolidando el FreSU. Nos tenemos que encontrar, nos tenemos que mezclar porque el ajuste lo sufrimos todos. La destrucción de los salarios y de los puestos de empleo nos atraviesa tanto al sector público como al sector privado”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

En este marco, el dirigente apuntó: “Por un lado está la lucha en la calle para terminar de derogar una reforma laboral que no podemos dejarla en manos de una Corte Suprema adicta al poder, y por el otro la necesidad de construir un programa”.

“El plenario debe servir para definir una agenda de la dignidad que incorpore las demandas de los trabajadores, pero fundamentalmente aborde todas las preocupaciones de la sociedad. El encuentro tiene que ser el primer paso en la elaboración del programa del movimiento obrero para el país”, concluyó Rodolfo Aguiar.

La sede de lo que se proyecta como un multitudinario encuentro con más de 1.500 delegados será en el camping recreativo de la Unión Obrera Metalúrgica con dirección en Manuel Luis de Oliden 5175, partido de Pilar, Provincia de Buenos Aires.

Durante el encuentro en la antesala de un nuevo 2 de abril, el Frente también reivindicó el derecho y la soberanía del pueblo argentino sobre las Islas Malvinas a 44 años de una guerra decidida por la cúpula militar genocida y que dejó un saldo de 649 argentinos muertos y una herida profunda en el país.

De esta forma, el FreSU continúa planteando mecanismos de resistencia a un Gobierno nacional debilitado, con funcionarios investigados por corrupción y una reforma laboral en gran parte suspendida por inconstitucional.

El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, recibió en la sede nacional del sindicato al presidente de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE), Julio Fuentes, y dialogaron sobre los principales temas internacionales tanto de la agenda propia de las organizaciones sindicales de estatales como del escenario geopolítico mundial.

En este marco, Aguiar realizó un panorama sobre la situación actual del sector público en el país atravesado por la lucha contra la reforma laboral, la cual actualmente se encuentra suspendida casi en su totalidad por ser inconstitucional. En este marco, resaltó el esfuerzo de ATE para combatir contra la campaña mediática que aseguraba que la norma no afectaba al empleo estatal, cuando la realidad muestra que son numerosos los puntos que lo atacan, como los sectores de trabajo que se rigen total o parcialmente por la Ley Contrato de Trabajo, la no presunción de relación laboral en la figura del monotributo, o el cambio de fuero de la Justicia Laboral a la Administrativa, entre otros puntos.

Por su parte, el presidente de la CLATE brindó un extenso informe sobre la cuestión geopolítica, el impacto del ataque a Irán por parte de Estados Unidos e Israel, y su antecedente genocida en Gaza; las crisis humanitarias y políticas en nuestra región, como son la invasión a Venezuela y el secuestro de su presidente Nicolás Maduro, y el bloqueo total a la república hermana de Cuba, ahogando aún más su economía impidiendo el ingreso de combustibles vitalidad para el funcionamiento del país.

Otro de los temas fue acerca de la 114° Conferencia Internacional del Trabajo que se realizará del 1 al 12 de junio de este año. Hablaron sobre los avances en las gestiones frente a la OIT de cara al 50 aniversario de la sanción del Convenio 151 sobre negociación colectiva en el sector público, y la necesidad de comprometerlos a seguir propiciando esta herramienta tan importante para las y los trabajadores estatales.

También dialogaron sobre la importancia de la creación del Frente de Gremios Estatales de Latinoamérica y el Caribe, junto a la Internacional de Servicios Públicos (ISP) y la Unión Internacional Sindical (UIS&SP) de la Federación Sindical Mundial (FSM). Este espacio internacional de trabajadores del sector público es una importante herramienta de unidad en la acción para fortalecer la presencia del sector en los ámbitos internacionales y frente a las luchas que enfrentamos en cada uno de nuestros países.

Sobre la formación de cuadros sindicales, Fuentes presentó un balance de la Licenciatura de Sindicalismo Internacional, que cumple su tercer año con alumnas y alumnos de 14 países de la región, y destacó la importante participación de 110 dirigentes y dirigentas de la ATE de todo el país.

_{Fotos: Marita Costa}

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) repudió la violenta represión sufrida por trabajadores estatales de San Luis en las inmediaciones de la Legislatura provincial, cuando se encaminaban a realizar una protesta pacífica por mejoras salariales. Entre las decenas de heridos se encuentra el Secretario General del sindicato en la provincia, Fernando Gatica.

“Poggi es un mileista tardío y un bullrichista retardado. Quiere aplicar las políticas de Milei y Bullrich a nivel nacional que ya no tienen consenso. Repudiamos la salvaje represión desatada por las fuerzas de seguridad en la provincia. El operativo policial desmedido muestra toda la debilidad de un Gobierno que ejerce violencia ante la incapacidad para generar ámbitos democráticos de debate y discusión”, apuntó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

En esta línea, continuó: “Se equivoca el gobernador si piensa que con el hecho de mandar a la Policía a atacar cobardemente a los trabajadores va a resolver el conflicto. Por el contrario, las medidas se van a endurecer y el conflicto a profundizar”.

“Hay numerosos trabajadores y dirigentes heridos. El gobernador y sus funcionarios van a sufrir en carne propia los mismos padecimientos. Se les va a volver en contra la represión. Seguimos reclamando una recomposición salarial urgente que garantice ingresos dignos para provinciales y municipales”, concluyó el Secretario General de ATE Nacional.

El sindicato se acercaba al edificio legislativo en la apertura de sesiones ordinarias cuando fueron demorados por las fuerzas de seguridad de la provincia que gobierna Claudio Poggi. Allí, sin ningún motivo, comenzó una feroz represión en la que golpearon, gasearon y arrojaron los perros contra los manifestantes, incluido el Secretario General de la provincia, Fernando Gatica.

Junto a ATE también fueron reprimidos otros dirigentes de las seccionales puntanas donde el sindicato estatal tiene representación y de otras organizaciones que conforman la Mesa Intersindical de Estatales de la provincia. Sin embargo, fue ATE el único sindicato al que se le pretendió impedir su llegada con dispositivos de control y represión en los caminos de acceso.

En este marco, el sindicato hace responsable al gobernador Poggi por la escalada de la conflictividad al negarse recurrentemente a abrir las instancias de negociación con ATE desde su asunción.

A un mes del conflicto sin solución por el cierre de la fábrica de neumáticos FATE, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) exigió al Gobierno que garantice la continuidad operacional de la empresa ya que, de lo contrario, corre un grave riesgo el transporte de pasajeros de todo el país.

Desde el 2020, FATE es la única empresa nacional que produce cubiertas radiales para colectivos y camiones. La falta de este insumo clave para un país territorialmente extenso como la Argentina, sumado a la latente amenaza de desguace de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), se transforma en un combo letal para el transporte en el país: el profundo deterioro de las rutas y autopistas producido por la falta de obra pública en los últimos dos años, sumado a la falta de controles técnicos por decisión del Gobierno y la importación de neumáticos que, a su vez, carecen de los controles técnicos, de calidad, de seguridad y de adecuación, podrían producir cientos de tragedias a lo largo y a lo ancho de nuestro país.

Cabe recordar que en las últimas horas, el sindicato estatal denunció la intención del Ejecutivo Nacional de derivar las funciones de la CNRT a la Gendarmería Nacional, lo cual implica un riesgo enorme ya que no cuentan con los equipos, dotación de personal ni conocimientos técnicos específicos para llevar adelante estas tareas. Se trata de un organismo sumamente idóneo que cuenta con 1043 trabajadores distribuidos en las 45 sedes de todo el país, quienes se encargan de fiscalizar y controlar el estado de los vehículos, talleres y conductores de las líneas de colectivos urbanas de jurisdicción nacional; el transporte ferroviario; el transporte de pasajeros interjurisdiccional de media y larga distancia, incluido turismo, combis, viajes estudiantiles/recreativos; el transporte interjurisdiccional de cargas (generales y peligrosas); y los talleres de revisión técnica obligatoria.

Además de realizar las revisiones técnicas de los vehículos (estado de las cubiertas, luces, frenos, entre otros) también se encargan de efectuar test de sustancias, alcoholemia, de glucemia, entre otros, a los conductores antes de que comiencen un viaje. Sin embargo, la decisión del Ejecutivo es que Gendarmería realice controles únicamente en rutas nacionales, autopistas y semiautopistas, dejando de lado las terminales o las rutas provinciales, por lo que se limita la posibilidad de prevención de accidentes.

A su vez, ATE aseguró que el intento de cierre de FATE responde a una decisión comercial que sólo podría justificarse mediante maniobras ilegales que buscan favorecer los bolsillos de los más poderosos dejando a 920 familias en la calle.

La política de apertura indiscriminada de las importaciones de Javier Milei no sólo significa un ataque directo a la industria nacional, sino que se transforma en un golpe a toda la sociedad que es quien, en definitiva, paga los platos rotos.

Luego de que el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 suspendiera más de 80 artículos de la Ley 27.802 de reforma laboral, entre los cuales se incluyen el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), las limitaciones al derecho de huelga y la ultraactividad en los convenios colectivos de trabajo, entre otros, el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, destacó que “se trata de un golpe al Gobierno y a quienes votaron a favor en el Congreso”.

“Los fallos judiciales que comienzan a conocerse son un avance importante aunque no definitivo. Tenemos que terminar de enterrarla en los sectores de trabajo. Somos los trabajadores quienes la tenemos que derogar de facto, anularla en las áreas laborales y mostrar toda su ineficacia. Tenemos que lograr que no la puedan aplicar”, explicó el dirigente estatal.

En esta línea, Aguiar detalló: “Las medidas cautelares que prosperan son un golpe para el Gobierno que intentó aniquilar nuestros derechos individuales y colectivos, pero también para todos los sinvergüenzas de los diputados y los senadores que levantaron la mano sabiendo que lo que votaban era inconstitucional”.

“Siempre tuvimos razón al sostener que no había nada que se salvara de esta norma, que era mala de principio a fin. Que dentro de los artículos suspendidos se encuentre el Fondo de Asistencia Laboral es una buena noticia ya que a través de él se pretendía dar inicio la reforma previsional en el país. El Gobierno pasa por el peor momento desde que asumió. No le tenemos que dar tregua. Tenemos que profundizar el conflicto para que se siga debilitando”, concluyó el Secretario General de ATE Nacional.

La medida cautelar fue firmada por el juez Raúl Ojeda al considerar que existen indicios suficientes de inconstitucionalidad y peligro en la demora mientras se tramita la causa principal. Al ser una definición provisoria, se mantendrá vigente hasta que se dicte la sentencia definitiva. Es por eso que el sindicato llamó a no cumplir con la norma en los sectores de trabajo.

Entre los artículos puestos en suspenso, se encuentran:

• Todo el Título II, que abarca los artículos del 58 al 77, referido al Fondo de Asistencia Laboral.
• el 101, que limitaba el derecho a huelga al obligar a garantizar servicios mínimos.
• el 79, que trasladaba al fuero contencioso administrativo los litigios laborales en los que intervenga el Estado;
• el 199, que derogaba la ley de teletrabajo;
• los 207 y 208, que eliminaban normas antifraude y preventivas de abuso de jornada;
• el artículo 211, que modificaba la extensión territorial de los convenios colectivos.
• también quedaron en suspenso los artículos 131 a 149, que alteraban aspectos estructurales de la negociación colectiva y del funcionamiento sindical, como la ultraactividad de los convenios; la prioridad de convenios de ámbito menor sobre los de actividad; los aportes sindicales; las sanciones y la regulación de prácticas desleales; y la composición de las comisiones negociadoras, entre otros.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció que el Gobierno planea una quita de funciones a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y se ponen en riesgo todos los viajes estudiantiles y la carga de materiales peligrosos.

“Quieren que estos controles que hoy realiza el organismo los realice de manera exclusiva Gendarmería Nacional. Eso pondría en riesgo grave las tareas de prevención de accidentes ya que la fuerza de seguridad no cuenta con los equipos, personal ni capacitaciones técnicas adecuadas para llevar adelante esas tareas”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

En este marco, el dirigente indicó: “El Gobierno está poniendo en riesgo miles de vidas a diario. El desguace de este organismo y la quita de funciones de prevención, sumado al pésimo mantenimiento de las rutas debido a la falta de obra pública en los últimos dos años es un cóctel letal para la población”.

En lo que va del 2026, la CNRT ya realizó más de 2 mil controles de viajes estudiantiles en todo el país.

Desde el sindicato informaron que el Gobierno pretende derivar las funciones del organismo a la Gendarmería Nacional, lo cual implica un riesgo enorme ya que no cuentan con los equipos, dotación de personal ni conocimientos técnicos específicos para llevar adelante estas tareas.

Actualmente, la CNRT cuenta con 1043 trabajadores distribuidos en las 45 sedes de todo el país, quienes se encargan de fiscalizar y controlar el estado de los vehículos, talleres y conductores de las líneas de colectivos urbanas de jurisdicción nacional; el transporte ferroviario; el transporte de pasajeros interjurisdiccional de media y larga distancia, incluido turismo, combis, viajes estudiantiles/recreativos; el transporte interjurisdiccional de cargas (generales y peligrosas); y los talleres de revisión técnica obligatoria.

Además de realizar las revisiones técnicas de los vehículos (estado de las cubiertas, luces, frenos, entre otros) también se encargan de efectuar test de sustancias, alcoholemia, de glucemia, entre otros, a los conductores antes de que comiencen un viaje.

Sin embargo, la decisión del Ejecutivo es que Gendarmería realice controles únicamente en rutas nacionales, autopistas y semiautopistas, dejando de lado las terminales o las rutas provinciales, por lo que se limita la posibilidad de prevención de accidentes.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se movilizó a la Superintendencia de Servicios de Salud en rechazo al intento de vaciamiento y de despidos en el organismo, en un contexto donde su gerente, Mario Gutiérrez, fue denunciado por enriquecimiento ilícito, lavado de activos y falsedad ideológica de la creación jurada, aumentando casi 30 veces su patrimonio en dos años y teniendo gastos de tarjeta de crédito por 60 millones de pesos que no se pueden justificar.

“Las autoridades de este organismo están desplegando conductas delictivas. No sólo intentan paralizar todas las tramitaciones para vaciar esta institución y evitar de esta manera controlar a las prepagas, favoreciendo negocios multimillonarios a cambio de la muerte de numerosos pacientes, sino que ahora también surgen graves irregularidades en sus patrimonios y gastos. Los delitos que se están cometiendo comprometen la transparencia de la institución y deterioran la confianza pública”, indicó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

En este marco, el dirigente explicó: “Existe un desmanejo grave en el organismo que pone en riesgo todas las prestaciones. Cajonean expedientes con reclamos, establecen sanciones sólo para las obras sociales más chicas y miran para otro lado frente a los incumplimientos groseros de las empresas de medicina prepaga, permiten el cobro de plus, coseguros y aranceles diferenciados que son ilegales. Están jugando con la salud y la gente se está muriendo. Tienen que terminar presos”.

“La Superintendencia ha funcionado durante décadas gracias a la exclusiva responsabilidad, esfuerzo, sacrificio, vocación de servicio y profesionalidad de sus trabajadores. No vamos a permitir que la destruyan. Los funcionarios actúan de manera dolosa porque le quieren favorecer los multimillonarios negocios a las empresas de medicina privada. Vinieron a saquear y destruir el sistema nacional de obras sociales y no vamos a permitir que lo hagan”, concluyó Rodolfo Aguiar.

Por su parte, la Secretaria Adjunta de ATE Nacional, Mercedes Cabezas, manifestó: “Venimos a reclamar y denunciar el vaciamiento que se está llevando adelante con las obras sociales en nuestro país, pero además el abandono de la salud pública. Desde que asumió Javier Milei, notamos un retroceso muy grande. Cientos de familias se vuelcan al sistema público de salud porque tienen que dejar de pagar sus prestaciones privadas. Difícilmente pueda dar respuesta un sistema de salud diezmado, vaciado, con bajos salarios y poca política pública, a los cientos de miles de familias que lo eligen porque entienden que los mejores profesionales son parte del sistema público, mucho menos a aquellos que lo necesitan para resolver prestaciones que antes resolvían a través de la oferta privada”.

La denuncia anónima contra Mario Gutiérrez fue radicada en el juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 11 (secretaría 22), bajo el número CFP 1086/26, y también en la Oficina Anticorrupción.

Además, en el marco del intento de vaciamiento que lleva adelante el superintendente de Salud, Claudio Stivelman, el sindicato realizó durante las últimas semanas “paros a la japonesa” que consistieron en redoblar el esfuerzo de los trabajadores para acelerar la resolución de reclamos, buscando mostrar el papel central que cumple el personal del organismo en la defensa del derecho a la salud. La medida fue muy bien recibida por los usuarios, reivindicando el rol estatal en la resolución de conflictos.

Otra de las irregularidades que ATE pudo verificar es que la Superintendencia maneja con discrecionalidad la aplicación de sanciones, evitando multar a las grandes empresas de medicina prepaga y actuando con dureza contra las obras sociales más chicas, las cuales pretenden extinguir.

El sindicato estatal también manifestó que la gestión actual del organismo promueve un sistema de mediación prejudicial no obligatoria denominado PROMESA, que trasladará los costos al beneficiario y fomentará la judicialización de los conflictos.

Esta situación se suma al reclamo por la obra social Unión Personal, la cual aplica coseguros diferenciados a trabajadores estatales que no estén afiliados a UPCN, una práctica discriminatoria e ilegal, como así también coseguros para las intervenciones quirúrgicas, los cuales violan el Plan Médico Obligatorio.

Luego de que se diera a conocer una denuncia contra el gerente de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), Mario Gutiérrez, por enriquecimiento ilícito, lavado de activos y falsedad ideológica de la creación jurada, aumentando casi 30 veces su patrimonio en dos años, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará una protesta este viernes 27 de marzo a las 12 en el organismo (Bartolomé Mitre 434, CABA).

“Todos los días aumenta la corrupción en el Gobierno. La conducta desplegada por las autoridades de la Superintendencia es inaceptable. Exigimos una explicación detallada ya que las graves irregularidades y los delitos que se están cometiendo comprometen la transparencia de la institución y deterioran la confianza pública”, indicó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

En este marco, el dirigente agregó: “El intento de llevar adelante un vaciamiento del organismo es un ataque directo a la capacidad que tiene el Estado de garantizar servicios esenciales. Es notoria la incapacidad de gestión que tienen en esta institución y afectan el acceso a la salud de los sectores sociales más vulnerables”.

“¿Cómo se explica que digiten controles a las obras sociales más chicas mientras miran para otro lado frente a los incumplimientos groseros de las empresas de medicina prepaga? ¿O que a algunas obras sociales les están permitiendo el cobro de coseguros, aranceles o plus diferenciados que son ilegales?”, cuestionó el Secretario General de ATE Nacional.

En esta línea, el referente estatal destacó: “La Superintendencia ha funcionado durante décadas gracias a la exclusiva responsabilidad, esfuerzo, sacrificio, vocación de servicio y profesionalidad de sus trabajadores. No vamos a permitir que la destruyan”.

“Los funcionarios actúan de manera dolosa porque le quieren favorecer los multimillonarios negocios a las empresas de medicina privada. Vinieron a saquear y destruir el sistema nacional de obras sociales y no vamos a permitir que lo hagan”, concluyó Rodolfo Aguiar.

El sindicato además brindará una conferencia de prensa desde las puertas del organismo el viernes a las 12 del mediodía.

La denuncia anónima fue radicada en el juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 11 (secretaría 22), bajo el número CFP 1086/26, y también en la Oficina Anticorrupción.

El funcionario figura como deudor tipo 1 en el Banco Central y no puede justificar gastos de tarjeta de crédito por 60 millones de pesos. Esta situación se suma a la amenaza latente de despidos y el intento de vaciamiento del organismo.

En este marco es que ATE denunció que las autoridades ordenaron una paralización intencional del organismo cajoneando los reclamos de los usuarios, siendo este un ataque al derecho a la vida de las personas.

Cabe recordar que ante esta situación, el sindicato realizó “paros a la japonesa” que consistían en redoblar el esfuerzo de los trabajadores para acelerar la resolución de reclamos, buscando mostrar el papel central que cumple el personal del organismo en la defensa del derecho a la salud. La medida fue muy bien recibida por los usuarios, reivindicando el rol estatal en la resolución de conflictos.

Además, el sindicato pudo verificar que la Superintendencia maneja con discrecionalidad la aplicación de sanciones, evitando multar a las grandes empresas de medicina prepaga y actuando con dureza contra las obras sociales más chicas, las cuales pretenden extinguir.

ATE también manifestó que la gestión actual del organismo promueve un sistema de mediación prejudicial no obligatoria denominado PROMESA, que trasladará los costos al beneficiario y fomentará la judicialización de los conflictos.

Esta situación se suma al reclamo por la obra social Unión Personal, la cual aplica coseguros diferenciados a trabajadores estatales que no estén afiliados a UPCN, una práctica discriminatoria e ilegal, como así también coseguros para las intervenciones quirúrgicas, los cuales violan el Plan Médico Obligatorio.

Ante una nueva amenaza del Gobierno de despedir a más del 10% de la planta estatal, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) declaró el estado de alerta y asamblea permanente.

“El Gobierno no va a poder avanzar en un nuevo recorte porque ya no tiene el poder para hacerlo. Su legitimidad está debilitada. La base social de Milei se ha reducido drásticamente en las últimas semanas y no existe respaldo en el pueblo para que se generen cesantías masivas en el Estado. Ya más de la mitad de los argentinos responsabilizan al Gobierno actual por la grave crisis que estamos atravesando”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

En esta línea, el dirigente apuntó: “Se terminan los historiadores que para buscar culpables miraban para atrás. No fueron capaces de explicar a dónde va a parar, quién se beneficia del supuesto ahorro que generan con el ajuste en el Estado. Según Sturzenegger, entre recortes en la planta funcional y congelamiento salarial se ahorraron más de 2.400 millones de dólares y sin embargo no fueron capaces de construir un metro de asfalto, mantener las rutas o cambiar una lamparita del alumbrado público. Ya nadie les cree, se la están robando toda”.

“Además, materialmente sería imposible despedir a miles de trabajadores ya que el Estado está funcionando con un piso mínimo de prestaciones sostenidas casi de manera exclusiva por el esfuerzo de los trabajadores. Una sola cesantía más y se dejarán de prestar servicios esenciales”, agregó el referente estatal.

“Si realmente quisieran cumplir la promesa de terminar con los ñoquis y con los curros en el Estado, la tienen en bandeja: lo tienen que echar a Adorni. Con los casi 300 trabajadores que hizo ingresar a la Administración Pública como asesores, consultores, asistentes administrativos, e incluso con roles pocos claros como ‘referentes de comunicación’, y cuyos salarios promedios son de al menos 2 millones de pesos, la Secretaría de Comunicación gasta casi $47 mil millones al mes. Si echan a Adorni, sí podrían mostrar que van contra la casta y la corrupción en el Estado”, concluyó Rodolfo Aguiar.

Según las averiguaciones que pudo hacer el sindicato, se trataría de casi 27.000 despidos durante en el 2026, de los cuales entre 5.000 y 6.000 serían intentados durante el corto plazo.

ATE puso en alerta máxima en aquellos organismos que serían los principales apuntados, como la Anses, el Conicet, el INTA, el INTI, Senasa, el Archivo General de la Nación, la Conadis, el Enargas, el ENRE, el Enacom, el Indec, la Coneau y la ARCA, entre otros.