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“Si el Ejecutivo no cumple con una ley aprobada y ratificada en el Congreso, se rompe la división de poderes y lo que estamos viviendo se parece muy poco a una democracia”, indicó Rodolfo Aguiar.

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) que integran ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, Conadu, Conadu Histórica, Papeleros, Molineros y más de 140 organizaciones de todas las centrales obreras se movilizaron este martes 12 de mayo para defender a las Universidades Nacionales y para reclamar que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario que aprobó el Congreso en octubre de 2025 y ratificó la Justicia.

“Si el Ejecutivo no cumple con una ley aprobada y ratificada en el Congreso, se rompe la división de poderes y lo que estamos viviendo se parece muy poco a una democracia. Los millones que salieron a las calles y colmaron las plazas de todo el país demuestran que esta fue una marcha para defender la universidad y la educación pública, pero también para defender la democracia y el Estado de derecho”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

A 24 horas de la cuarta Marcha Federal Universitaria, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial la Decisión Administrativa 20/2026, que suspende $5.303 millones en transferencias destinadas a obras de infraestructura en 13 Universidades Nacionales que hay en el país.

Desde que asumió el presidente Javier Milei en 2023, las transferencias a las Universidades Nacionales bajó un 45,6%, llevándolo al nivel más bajo en 20 años. Esto repercutió directamente sobre los gastos de funcionamiento en un 64% y sobre el poder adquisitivo de los trabajadores, que bajó un 32% desde entonces.

En este contexto, la Argentina padece la menor inversión por estudiante desde el 2004, el gasto universitario más bajo en 21 años y un salario docente promedio que no llega a la línea de pobreza.

La movilización también es motivada por la decisión del Poder Ejecutivo de recurrir a la Corte Suprema para evitar cumplir una sentencia judicial que lo obliga a aplicar la ley. Dos instancias judiciales ya fallaron en contra del oficialismo y aun así no acata.

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