Autor: Emanuel Zamaro

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció un grave hecho de corrupción por parte de las autoridades de la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina (NASA): contrataron un sistema de gestión administrativo por 7 millones de dólares, significando 1066,7% de sobreprecio con respecto al software ya utilizado y que cumple las mismas funciones. Esto se suma a la denuncia ya realizada por una licitación a medida de una empresa de limpieza con un sobreprecio de 140%.

“Estamos frente a un hecho de corrupción mayúsculo. Hay autoridades que han ejecutado actos que están prohibidos por las leyes y además se han violentado todos los procedimientos administrativos internos en la empresa. Este uso indebido, ilícito de las funciones públicas causan un grave perjuicio para el Estado. Estos sobreprecios que superan el 1000% tienen que ser investigados a fondo. No se puede descartar que se hayan exigido retornos”, apuntó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

En este marco, cuestionó: “¿Cómo se explica pagar 7 millones de dólares por un sistema cuyo costo no debiera superar los 600 mil? ¿O aumentar la erogación más de un 140% para el servicio de limpieza cuando no se ha construido una nueva planta, no se ha alquilado ningún nuevo edificio ni se abrieron nuevas oficinas? Acá es evidente que estamos frente a funcionarios que se creen impunes. Es la única posibilidad de que se materialicen estas graves irregularidades sin pensar que los propios trabajadores no las van a advertir”.

“No tenemos que descartar que este accionar delictivo pretenda cumplir una doble finalidad: por un lado, apropiarse de recursos públicos, pero por el otro, contribuir al vaciamiento de la empresa para su venta. Es decir, desfinanciar para privatizar”, agregó el dirigente estatal.

“Desde el sindicato demandamos que en estos dos casos se paralicen todas las tramitaciones administrativas antes de que los perjuicios sean mayores y que rápidamente se deslinden responsabilidades. No vamos a aceptar que sancionen o desplacen a algunos trabajadores para quitarse responsabilidad. No vamos a aceptar chivos expiatorios”, concluyó Rodolfo Aguiar.

Licitaciones con sobreprecios

El sindicato apuntó que las autoridades del organismo que preside Demián Reidel no justificaron la razón por la cual compraron un programa, el “SAP S/4HANA”, cuyo costo de 7 millones de dólares es 11,6 veces mayor al actual (600 mil dólares) y que no representa mejoras significativas.

Este caso se suma a la otra denuncia del sindicato por licitación armada a medida de un solo proveedor, LX Argentina, con un sobreprecio de más del 140% con respecto al servicio preexistente: $10.783.900.000 del nuevo contrato frente a los $4.493.300.000.

Se dispuso de un pliego a medida con criterios de contratación inéditos para ese área (como tener ocho años de antigüedad o contar con una dotación de entre 300 y 600 empleados), cosa que hizo caer a 7 de las 9 empresas oferentes por no cumplir con los requisitos técnicos. Por otro lado, la propia Administradora del Contrato de Limpieza, Camila Marina, comunicó en reiteradas ocasiones a las autoridades que los montos ofertados “no son razonables” al compararlos con el servicio actual.

El hecho de que el Directorio de NASA haya decidido apartar de sus cargos al Gerente General, Marcelo Famá, y al Gerente de Coordinación Administrativa, Hernán Pantuso, eleva la sospecha sobre la intencionalidad y los objetivos de estas irregularidades.

En este marco, ATE exige una auditoría completa de todos los servicios contratados y los procesos de licitación.

Luego de que el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, amenazara con despedir al 20% de los trabajadores de este sector en febrero y realizar un gran recorte presupuestario, el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, indicó que “esta decisión atenta contra la eficacia del Estado” y disparó: “Es mentira que quieran ahorrar. Son medidas que van a impactar sobre los derechos de toda la sociedad. El Estado seguirá perdiendo su capacidad de respuesta. Mintieron. No está recortando privilegios, siguen desmantelando servicios esenciales”.

“Están recortando gastos en el Estado para favorecer a los sectores concentrados de la economía como ocurrirá con las 150 empresas a las que quieren bajarles el impuesto a las ganancias. Recortan porque priorizan el pago de la deuda externa. El ajuste siempre es sobre los más débiles, mientras que los sectores más ricos siguen acumulando”, agregó el dirigente de ATE.

En esta línea, Aguiar explicó: “Estas cesantías son ilegales. Los empleados públicos tenemos estabilidad. Las tenemos que resistir. No pueden seguir dejando familias en la calle en este contexto de crisis. El Estado está tirando a la basura a trabajadores con años de experiencia y altamente calificados. Pretenden despedir personal técnico y especializado que será muy difícil y costoso de poder reemplazar”.

Una de las áreas que podría verse afectada por la “motosierra” del Gobierno es la Administración de Parques Nacionales. En referencia a esto, el referente estatal señaló: “No existen argumentos reales. Ninguna de las áreas de la Jefatura están superpobladas. Por el contrario, son los propios informes oficiales los que dan cuenta que la dotación de personal se encuentra muy por debajo de la requerida. El caso paradigmático es que con los incendios en la Patagonia y en el resto país se descubrió que solamente hay 391 brigadistas cuando debieran ser 700. Es decir, solo la mitad para cubrir 5 millones de hectáreas”.

“Ya sabemos lo que hizo Adorni en la Secretaría de Comunicación. No va a despedir para ahorrar, sino para reemplazar, hacer lugar para llenar nuevas áreas de militantes libertarios”, sentenció el Secretario General de ATE Nacional y concluyó: “Lo tenemos que impedir. Los trabajadores no somos un número en una planilla de Excel. Si intenta cumplir con esta amenaza de recortar, la conflictividad rápidamente va a aumentar”.

En este sentido, el sindicato también decidió convocar a su Secretariado Nacional a los efectos de definir medidas de acción directa.

Según las estimaciones del sindicato, de los 3000 trabajadores que hay bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, que abarca las secretarías de Asuntos Estratégicos; Coordinación Legal y Administrativa; Ejecutiva; Comunicación y Medios; Innovación, Ciencia y Tecnología; y Ambiente y Turismo, son más de 500 los puestos de trabajo que podrían verse afectados.

El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, se reunió en la sede nacional de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) con su Secretario General, Abel Furlán, y señaló: “Hemos intercambiado análisis sobre la reforma laboral que intenta imponer el Gobierno y hemos coincidido en la necesidad de acelerar los tiempos. No deberíamos esperar hasta el día que se trate la iniciativa en el Congreso para realizar una medida de fuerza ya que podría ser demasiado tarde”.

“Estamos frente a un proyecto que directamente tiene por finalidad eliminar los sindicatos y construir un nuevo ordenamiento jurídico en el que no existan los derechos individuales y colectivos”, agregó el dirigente estatal. En este marco, el sindicato estatal realizará un plenario federal de delegados con fecha a definir para votar una medida de fuerza en alguna de las provincias cuyo gobernador pretenda avalar el proyecto del oficialismo.

“Los gobernadores que se están juntando con el Ejecutivo nacional para discutir esta reforma nos están utilizando al movimiento obrero. Pretenden ocupar el lugar de las representaciones sindicales. Quieren utilizar este debate para salvarse, para garantizar su supervivencia a costa del aniquilamiento de todos nuestros derechos, avalando una reforma laboral que nos hace retroceder más de 100 años. No lo podemos permitir”, agregó Aguiar en referencia a las reuniones que los mandatarios provinciales mantuvieron por estos días con el ministro de interior, Diego Santilli.

Ante esta situación, el dirigente de ATE apuntó: “Tenemos que empezar a pensar como una posibilidad concreta movilizar en las provincias. No puede ser que por este accionar, contrario a los intereses de toda la sociedad, no paguen ningún costo. Más del 95% de la sociedad está compuesta por trabajadores y jubilados, y son esos intereses los que debieran representar”.

“En el marco de la conducción nacional de ATE, vamos a analizar la posibilidad de convocar rápidamente en los próximos días a un plenario nacional para definir cuál va a ser el plan de acción que, esperamos, coincida con el de otras organizaciones”, concluyó Rodolfo Aguiar.

El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, se reunió con el Secretario General de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA), Daniel Yofra, y coincidieron en que “hay un consenso creciente en la dirigencia sindical sobre que el paro y la movilización son las herramientas más eficaces para enfrentar la reforma laboral».

“No podemos caer en la ingenuidad de pensar que modificando un par de artículos vamos a frenar un ataque sin precedentes a todos nuestros derechos. No nos podemos conformar con el mal menor. Este proyecto legal de contrarreforma laboral se tiene que caer completo. Fue redactado por los estudios jurídicos de las grandes patronales y su articulado puede traducirse en más precarización, más explotación para los trabajadores y más rentabilidad para las empresas. Quieren que trabajemos más a cambio de menos dinero. Los perjuicios de esta iniciativa son generalizados sobre el sector público y todas las ramas del sector privado”, señaló Rodolfo Aguiar tras la reunión en la que también participó Matías Cremonte, abogado de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL) y responsable de los equipos jurídicos de ambas entidades.

En este marco, el dirigente apuntó: “Al Gobierno no le podemos creer nada. Todas sus argumentaciones son falsas, sostienen que esta es una iniciativa destinada a crear empleo, pero la creación de empleo no depende de una ley, depende de la economía, y precisamente es la política económica del Gobierno la que ha destruido durante dos años los puestos de trabajo formales en la Argentina”.

“No podemos permitir que se afecte el derecho de huelga y que pretendan eliminar las asambleas. Sería una vergüenza que alguien termine aceptando que nos paguen nuestros salarios con paquetes de yerba o que tengamos que pedir permiso para realizar una asamblea. El único camino posible es la calle”, concluyó Rodolfo Aguiar.

Por su parte, Daniel Yofra indicó: «Nos preocupa cuál va a ser el resultado de la reforma laboral. Estamos dispuestos a llevar a cabo una huelga general para el día que se trate en el Congreso, tanto ATE como de Aceiteros y seguramente va a haber otras organizaciones que lo van a hacer. Ojalá que las centrales también se pongan de acuerdo para llegar a ese día con una huelga contundente y una movilización».

Cabe destacar que, a diferencia de lo que afirma el Gobierno nacional, esta reforma sí afecta al sector público ya que numerosos organismos estatales son regidos total o parcialmente por la Ley Contrato de Trabajo que este proyecto pretende modificar, como PAMI, ANSES, Vialidad Nacional, Dirección General Impositiva, Dirección General de ADuanas, Administración General de Puertos, Nucleoeléctrica Argentina (NASA), Yacimiento Carboníferos Río Turbio (YCRT), Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), el Hospital Garrahan, Dioxitek, Intercargo, Belgrano Cargas, entre otros.

También, con el cambio en la no presunción de vínculo laboral en la figura del monotributo se pretende perpetuar el fraude tanto en el Estado nacional como en las provincias y los municipios.

Además, el artículo 79 del proyecto modifica la Ley 18.345 que asignaba la competencia de la Justicia Laboral para controversias entre trabajadores empleadores, incluyendo entre estos al Estado Nacional. Con esta modificación, los conflictos judiciales con trabajadores que involucren al Estado Nacional, en cualquiera de sus tres poderes, pasarán al fuero Contencioso Administrativo.

Fotos: Marita Costa
IG: @maritacostafotografia

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) intimó al Gobierno nacional para que deje sin efecto la recientemente publicada Resolución 213/25 del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) que desarticula y quita las funciones del Programa de Metrología Legal, área de trabajo que se encarga del control y regulación de instrumentos con reglamentos nacionales como los surtidores de combustible, las balanzas comerciales y los instrumentos médicos, entre otros. 

“El Gobierno decidió avanzar con el vaciamiento de una de las áreas más sensibles del Instituto. Esta resolución encubre un claro intento de privatización. Es llamativo que sean atacadas casualmente todas las funciones de control y fiscalización”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

En referencia a las consecuencias que implica esta decisión del Gobierno, apuntó: “Esta medida no sólo pone en riesgo cientos de puestos de trabajo, sino que atenta contra la seguridad de toda la población. Parece increíble, nunca nos imaginamos que se llegaría al momento en el que un kilo ya no sea un kilo o que en los surtidores de nafta un litro no sea realmente un litro”.

“Es evidente que esto va a tener consecuencias graves y concretas en el funcionamiento cotidiano de numerosas empresas y son millones los ciudadanos que pueden verse afectados”, concluyó Rodolfo Aguiar y advirtió que el sindicato realizará plenarios y asambleas para definir el plan de acción hasta lograr que se derogue esta resolución.

El Programa de Metrología Legal tiene repercusión directa en la cotidianidad de la población ya que, por ejemplo, realiza los controles para la correcta medición de los alcoholímetros, los cinemómetros (fotomultas) y las balanzas comerciales, como así también los surtidores de combustibles (garantizando que no se sirva menos cantidad de la que el usuario compra), entre otros controles.

A partir de la disposición del Gobierno, el organismo nacional cesa en sus actividades de aprobación de modelos, y también la certificación de correcto funcionamiento y medición de los instrumentos actualmente utilizados. 

Dentro de este área se encuentran las líneas de trabajo de metrología legal, certificación, aprobación de modelos y el Servicio Argentino de Calibración. De las mismas, junto a otras áreas indirectas, dependen 147 trabajadores distribuidos en todas las provincias y cuyos puestos de trabajo están en riesgo a partir de esta resolución. 

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) pudo comprobar y denunció el desvío de fondos de más de 3.863 millones de pesos de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) que estaban destinados a la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) en la provincia de Neuquén, cuya orientación debía ser el pago de salarios de sus trabajadores. Ante esta situación, el sindicato prepara medidas de fuerza y cortes de ruta.

“Estamos frente a un desvío multimillonario de recursos, una grave irregularidad. No habría que descartar que se trate de un accionar delictivo ni que se hayan robado la plata de los salarios de los trabajadores de la Planta. Los fondos que desaparecieron tenían un destino específico. Su orientación no podía ser malversada”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

En esta línea, el dirigente señaló: “No sólo los trabajadores y sus familias pasaron las fiestas y siguen sin cobrar, sino que también ponen en riesgo la adquisición de insumos y la posibilidad de garantizar la energía en la empresa”.

“La situación no da para más. Evidentemente estos no son funcionarios, son delincuentes. Queremos conocer qué hicieron con la plata, a dónde fue a parar. En las próximas horas vamos a cortar las rutas hasta que los trabajadores perciban la totalidad de sus ingresos. Estos hechos tienen que ser investigados porque la plata para pagar salarios estaba y se esfumó”, sentenció el referente estatal. Las medidas de fuerza se realizarán sobre el puente Arroyito de la Ruta Nacional 22 hasta que den precisiones de qué sucedió con el dinero.

Tal y como el sindicato pudo averiguar, en diciembre del 2025 se realizó una ampliación presupuestaria de $3.863.026.100 que ingresaron a las arcas de la CNEA y tenían como destino la Empresa Argentina de Servicios de Ingeniería (ENSI), que administra la PIAP. El objetivo era principalmente abonar los salarios del mes de diciembre de sus trabajadores, los cuales debían ser liquidados el primer día hábil de enero, como así también hacer frente a los costos de mantenimiento y conservación de la planta. Sin embargo, por decisión del nuevo presidente del organismo, Martín Porro, el dinero no fue enviado a la empresa y su destino es desconocido.

Luego de que el Indec publicara que la inflación en diciembre fue de 2,8%, el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, aseguró que “el Gobierno es el artífice de una pesadilla económica” y agregó: “Estamos frente a un estancamiento de la economía. La economía no crece y se reduce el poder adquisitivo de la gente. Estamos atravesando un proceso que será muy difícil de revertir”.

Además, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos informó que la Canasta Básica Total que mide la línea de pobreza llegó a $1.308.713. En este marco, Aguiar apuntó: “Está claro que el dinero vale cada vez menos y alcanza para comprar menos cosas. Desde que asumió el presidente Milei los salarios han mostrado una caída constante”.

“A pesar de las promesas del Gobierno, la inflación se mantiene en ascenso. A esta altura tenemos que aceptar que no hay luz al final del túnel como nos dijeron. Se pierden puestos de trabajo, disminuyen los ingresos y se deteriora la calidad de vida de toda la población”, indicó el Secretario General de ATE Nacional.

En referencia a la evolución del salario en la administración pública que durante el 2025 fue de 17,1%, mientras que la inflación en el mismo periodo fue de 31,5% (una diferencia de 14,4%), el dirigente de ATE indicó: “La destrucción de los salarios y las jubilaciones ha sido una política pública. El empobrecimiento es generalizado y hasta ahora bastante silencioso. Si no reaccionamos, va a ser peor”.

“En el sector público, hay que poner en debate la responsabilidad de la dirigencia sindical. No puede ser que durante el 2025 la paritaria estatal se haya ubicado 14,4 puntos por debajo de la inflación y que ello haya sido aceptado por otro sindicato. Es evidente que existe una corresponsabilidad”, detalló Aguiar. Cabe recordar que durante la gestión de Javier Milei, ATE rechazó sistemáticamente todos los ofrecimientos que se ubicaron por debajo de la evolución de los precios, mientras que UPCN aceptó.

“Deben convocarse de manera inmediata las paritarias de la administración pública central. No se soporta más ajuste. No podemos arrancar otro año perdiendo”, concluyó Rodolfo Aguiar.

Es necesario destacar que según un estudio de la Universidad Nacional de Buenos Aires, el 72% de los trabajadores perciben menos de 1 millón de pesos. En el caso de los asalariados formales, el 58% recibe un ingreso menor a esa cifra y en los informales el porcentaje es el 89%. Es decir, en la Argentina la mayoría de los trabajadores son pobres.

Esto, sumado a los servicios que subieron por encima del nivel general de los precios (como los alquileres un 39% o el combustible 40%), da como resultado una caída del consumo que en 2025 fue del 5,2% según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Foto: Nicolás Bazán Povedano.