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El sindicato planteó la urgencia de abrir una mesa paritaria para las y los trabajadores estatales, avanzar en el blanqueo de ítems no remunerativos que hoy representa cerca del 60% del salario, y la actualización de las asignaciones familiares.
El Sindicato demandó detalles de la propuesta que confeccionó el Poder Ejecutivo Provincial para modificar la Ley del Régimen de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.
También exige pase a contrato de los capacitadores laborales; mejora salarial de jornalizados; pase a planta permanente en todos los municipios; recategorizaciones; y blanqueo de los ítems que los municipios pagan en negro.
Además se anunció que a partir del 1 de marzo, los auxiliares de la educación recibirán el pago de una suma fija adicional de 20.000 pesos que en la categoría inicial representan 3%; y en Salud el pase a planta transitoria de las becas de contingencia.
Nueva entrega del análisis realizado por el Instituto de Estudio sobre Estado y Participación (IDEP) de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
El entendimiento contempla una recomposición del 7% al básico que impactará en los haberes de febrero y un 3% adicional en marzo.
“En los últimos dos años se destruyó el poder adquisitivo de los estatales. Esta tiene que ser una paritaria en la que se le empiece a poner fin al ajuste. Es este Gobierno el responsable de haber expulsado a la pobreza a decenas de miles de estatales”, indicó Rodolfo Aguiar. El sindicato exige un ingreso mínimo de $2.200.000.
El salario de marzo se pagará con el índice de febrero y el de abril con el de marzo. Las partes acordaron volver a reunirse en mayo, luego de que sea publicado el índice de abril.
El Gobierno Provincial suspendió las Paritarias de manera unilateral, amenazando con imponer aumentos por decreto, violentando el ámbito de negociación colectiva y coaccionando a la organización de mayor representación estatal.
La medida va en consonancia con acciones similares en el resto de las terminales del país, planificando la medida de fuerza ante el agotamiento del diálogo con el Gobierno de Milei.
Junto a las organizaciones que conforman la Mesa Intersindical se presentó una nota a la Dirección de Relaciones Laborales de la provincia.
En el marco de la protesta de las y los trabajadores de la fábrica de neumáticos FATE, el Sindicato repudió la aplicación del protocolo de seguridad que dejó un saldo de múltiples heridos y detenidos. También expresó su solidaridad con el sector.
El Sindicato mantuvo una nueva instancia de negociación con el Gobierno provincial pero sin avances, por lo que se pasó a un cuarto intermedio para el martes próximo. De la mesa participó también el Centro provincial de Trabajadores Jubilados y Pensionados de ATE.
El Sindicato insiste en denunciar que actualmente el Escalafón se encuentra distorsionado y exige que se subsane unificando la carga horaria semanal en 30 horas.
El Sindicato también declaró el estado de asamblea permanente en todos los sectores y adelantó que de no haber un ofrecimiento en el corto plazo profundizarán su plan de lucha.
Las autoridades locales señalaron que sólo pueden pagar el 20% de este aumento, quedando sujeto el 22,4% restante a que el Gobierno de la provincia mejore lo que corresponde por coparticipación municipal.
La ATE salteña también reclama condiciones laborales dignas y la estabilidad laboral para todas y todos los trabajadores contratados del Estado provincial.
El Sindicato informó que profundizará las medidas de fuerza en el marco del Estado de alerta y movilización declarado esta semana ante la falta de cumplimiento del acuerdo salarial por parte del Gobierno.
“Por estas horas, y luego de aprobarse la reforma laboral, están amenazadas todas las políticas de trabajo, empleo y seguridad social, así como también los puestos de trabajo de este sector en todo el país”, señaló Rodolfo Aguiar.
ATE reclama una recomposición salarial de 200.000 pesos; actualización de los ítems que se paga por antigüedad, ayuda escolar y salario familiar; y la recategorización para todas y todos los trabajadores municipales.
Desde el Sindicato explicaron que el aumento del 5% por decreto, tras cinco meses sin actualización, lejos de recomponer ingresos profundiza la pérdida del poder adquisitivo.