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La Seccional ATE Andalgalá denuncia que desde hace 6 meses las y los municipales locales no perciben aumentos. En promedio las y los municipales perciben menos de 600.000 pesos; las y los becarios, no superan los 350.000 pesos.
El Sindicato también demandó la erradicación de la precarización para las y los estatales correntinos.
Asimismo se definió avanzar con la incorporación del personal del ISJ a la capacitación de Ley Micaela y la capacitación en eliminación de violencia laboral a través de la secretaría de trabajo para jefatura y personal.
Desde ATE subrayaron que es indispensable gestionar mejoras en las condiciones laborales y el funcionamiento de los espacios culturales de Tucumán.
ATE se sumó a la jornada conmemorativa que se realizó en los hospitales de Niños y San Martín, de La Plata; y al Hospital Mario Larraín, de Berisso.
La dirigencia presente analizó el contexto de ajuste y ataques contra los trabajadores y trabajadoras del Estado. También se debatió la violencia laboral que se profundiza y golpea con más fuerza a quienes atienden a los sectores más vulnerables.
Gracias a la fuerte oposición de las y los trabajadores estatales y de otros sectores, las y los diputados oficialistas decidieron mandar el proyecto de vuelta al Ejecutivo.
El Sindicato rechazó las declaraciones del Ministro de Economía de la Nación quien amenazó con despidos en la Secretaría de Hacienda y exigió una suma fija mensual de 500.000 pesos para las y los trabajadores del sector.
Se informó que sobre el grupo de agentes incluidos en el listado de “Admitidos”, ya ha finalizado el llamado para la Aptitud Física de las y los trabajadores ordenanzas pertenecientes a diferentes unidades educativas.
Ante la publicación del dato del Índice de Precios al Consumidor de febrero, ATE exigió la reapertura de paritarias, un 48% de incremento salarial y la defensa de la autonomía del organismo de los gobiernos de turno.
La ATE también planteó al Gobierno riojano las demandas generales y sectoriales que le vienen reclamando.
La jornada buscó unificar los criterios de acción entre las organizaciones participantes para enfrentar las políticas nacionales y provinciales que afectan los ingresos y la estabilidad laboral de las y los trabajadores.
El aumento para este primer cuatrimestre del año se compone de un 1 % por diciembre pasado, 2% en enero, 1,5 % en febrero 5% en marzo y 2,5 % en abril.
ATE rechazó la nueva oferta salarial realizada por el Gobierno comunal por insuficiente y declara el Estado de Alerta y Asamblea en las diferentes reparticiones municipales.
A siete años de la inauguración de uno de los espacios culturales del Sindicato, la organización ratificó la decisión política de su puesta en marcha y realizó un breve recorrido por las exhibiciones más emblemáticas.
El Sindicato llevó adelante una jornada debate y análisis en defensa del derecho a una carrera justa y digna que posibilita la herramienta del Convenio Colectivo de Trabajo en el Sistema Nacional de Empleo Público.
Se acordaron los aumentos para marzo y abril, además de la aplicación de la cláusula gatillo, y se fijó una nueva reunión para el próximo 6 de mayo.
La Seccional de ATE Senillosa-Arroyito-El Chocón lanzó la medida hasta que los Gobiernos Nacional y Provincial neuquino brinden respuestas sobre la continuidad laboral de las y los trabajadores de la Planta Industrial de Agua Pesada, así como sobre la reactivación de la misma.
Desde el Sindicato manifestaron que las Auxiliares de Educación sufren maltrato, hostigamiento, persecución laboral y abuso de autoridad por parte de los equipos directivos.
Representantes de distintos sindicatos estatales concurrieron a la reunión de la Comisión para abordar el estado crítico de la Obra Social del Estado Fueguino y de la Caja de Previsión, pero se encontraron con que algunos legisladores ni siquiera concurrieron, incluyendo a la propia Presidenta de la Comisión de Salud.
ATE y las organizaciones que conforman el espacio definieron las acciones a desarrollar ante la ausencia de respuestas de parte del Gobierno provincial, en torno a la situación salarial que atraviesan las y los trabajadores del Estado.