Allí se intercambiaron herramientas para poder efectivizar derechos adquiridos y poder alcanzar el desarrollo integral de las mujeres y diversidades dentro del mundo del empleo.
La Junta Interna explicó la estructura de trabajo que impulsa para esta norma que permite amparar tareas, funciones, capacitación, formación académica y trayectorias profesionales.
Estas medidas judiciales se insertan en el proceso de criminalización de la protesta social en Córdoba como ya lo es la imputación a nuestro secretario General, Federico Giuliani, y a otros dirigentes sociales así lo atestigua.
La medida es parte de la profundización del plan de acción que el sindicato y la CTA A realizan con otros sectores en demanda de medidas urgentes para recuperar los ingresos de los trabajadores y poner fin al ajuste.
Además, quedan pendientes reclamos de pases a planta permanente, la equiparación del valor de las horas guardia y el pago del adicional por pasajes a quienes no lo perciben.
Allí se compartió información sobre las distintas actividades de formación que se desarrollan desde ATE, como así mismo, los beneficios para los y las afiliadas.
La Justicia imputó a Romina Castro, también referente del Departamento de Discapacidad del CDP, por haber participado de un plan de lucha de más de 80 días librado por salarios y condiciones dignas de trabajo.
ATE subraya que “este encuentro en cuestión no es una continuidad de la paritaria del 2022 como sostiene el gobierno, sino el inicio de una nueva paritaria sectorial”.
