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Desde el Sindicato subrayaron que el Gobierno nunca consultó al personal público sobre la apropiación de datos vinculados a su integridad física, y además destacaron que la resolución judicial se funde en un precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Desde el Sindicato se reclama por un salario que permita a las y los trabajadores municipales recuperar el poder adquisitivo perdido.
Desde el Sindicato se organizó una charla abierta ante la renovada agresión del bloqueo perpetrado sobre la isla por el imperialismo de Estados Unidos.
A partir de los elementos presentados la Dirección de Dictámenes consideró que del propio texto de la resolución surgiría que la calificación de insalubridad comprende a la totalidad del personal ocupado en el Cementerio Municipal.
Persisten los hechos de violencia que involucran a la empresa forestal Arauco y que ya fueron expuestos ante la Justicia, por eso el Sindicato remarcó la necesidad de su esclarecimiento y el cese de los mismos.
En reuniones anteriores la ATE planteo a la cartera, la situación del personal de Salud, municipales y de capacitadores de Educación. También pide que se avance en las recategorizaciones y un salario que estatal cubra las necesidades que se imponen en el costo de la canasta básica familiar.
El Sindicato entregó al Gobierno un petitorio para exigir la apertura de la paritaria, ante el grave deterioro del poder adquisitivo de las y los estatales.
En una reunión con paritarios del sector se pusieron en agenda los principales reclamos para avanzar con medidas de fuerza.
Durante la jornada se abordaron diferentes ejes vinculados con la organización y la práctica sindical, entre ellos la historia de ATE, el rol de las y los delegados y la importancia de la asamblea como herramienta de organización y participación.
La nota enviada a la comisión, recuerda que este pedido fue presentado el pasado 8 de julio, como parte también del reclamo sindical. También expresa la necesidad de que esa comisión se expida su dictamen con urgencia.
Con la equiparación de este ítem, que la ATE venía reclamando, se cierra la última negociación paritaria del segundo semestre; las partes acordaron realizar una nueva revisión salarial en noviembre próximo.
Ante el avance punitivista sobre las infancias a partir de la vigencia de la Ley 27.801 que consagra la reducción de la edad de punibilidad a los 14 años, el Sindicato advirtió abandono del Estado y grave vulneración de derechos.
Rodolfo Aguiar señaló que lograron “arrancar este incremento después de meses sin paritarias y un extenso congelamiento salarial en la obra social pero el mismo es insuficiente”, y destacó que “los trabajadores hayan aceptado el plan de lucha que definimos desde ATE hace un mes y se plegaran a cada una de las medidas de fuerza en todo el país”.
Con movilizaciones contundentes de las Seccionales del Sindicato en Sarmiento, Comodoro Rivadavia y la Comarca Andina, y con acciones directas frente a un Gobierno Provincial que pretendía mantener la precarización laboral como regla, se forzó la firma de los Decretos 1.361 y 1.362/2026.
Además se pidió que en su día, las y los trabajadores cuenten con francos compensatorios por servicios y guardias mínimas.
La actividad se dio en el marco del Día Mundial de la Salud Sexual.
El pedido se fundamenta en “el escenario que impone el gobierno de Javier Milei sobre nuestro país en general y, en particular, sobre nuestra provincia, trasladando el supuesto `éxito del superávit fiscal´ a las provincias”.
El Sindicato llevó a cabo un encuentro para organizar el sector encargado de la aplicación de la normativa migratoria y responsable de la instrumentación de las políticas públicas en la materia y el diagnóstico fue contundente.
Mediante una multitudinaria asamblea, el Sindicato advirtió que de no recibir una convocatoria del Gobierno a una instancia de negociación de forma inminente, se realizarán nuevas medidas de fuerza.
Ante la imposición de un nuevo encuadre de Convenio Colectivo de Trabajo que dispuso el Gobierno nacional sobre la obra social de las Fuerzas Armadas y el personal civil que no da garantías de continuidad y mejora laboral para las y los trabajadores.
“Más de 5 millones de jubilados son víctimas y rehenes de quienes están haciendo negocios a costa de su salud”, indicó Rodolfo Aguiar, y alertó que en los últimos dos años murieron 45 mil jubilados más de los esperados por el deterioro en su calidad de vida, la falta de medicamentos y las dificultades de acceder al sistema de salud.