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Mientras desde el propio Ministerio de Salud se jactan de haber recaudado más de 7 mil millones de pesos en concepto de facturación a terceros (obras sociales, mutuales, prepagas, entre otros), a las y los trabajadores se les sigue negando lo que les corresponde por ley.
Son trabajadores estatales que tienen que afrontar el combate contra el fuego en un área de 37.344 hectáreas con salarios, en promedio, de 550 mil pesos.
“La situación es insostenible. No se soporta más. El 26 de octubre no puede quedar ni un solo estatal sin votar contra Milei y sus políticas de ajuste, saqueo y empobrecimiento”, señaló Rodolfo Aguiar. El sindicato declaró el Estado de Alerta ante el ajuste y exigió la inmediata reapertura de las paritarias.
“Se terminó la extorsión. La conducta de algunos gremialistas del Sector Público que realizaron esta maniobra sucia es miserable. Pretendieron utilizar la obra social para intentar de manera desesperada frenar las desafiliaciones masivas que están sufriendo a partir del silencio cómplice que mantienen desde hace 22 meses”, señaló Rodolfo Aguiar.
El Sindicato remarca el incumplimiento de lo acordado en la última acta paritaria y recordó la obligación del Gobierno de convocar a las partes a una nueva reunión paritaria para evaluar la situación salarial actual de las y los estatales.
En el año 2018 el Consejo Directivo Nacional, a través de la colección ‘Historias Recuperadas’ publica un libro con la trayectoria de Rogelio Guanuco y Luis Vidal Osorio, pioneros de ATE Río Turbio en los socavones de Perón.
El Sindicato lo enfatizó en el marco de una reunión informativa que brindó la Secretaría de Convenio Colectivos convocada de manera urgente ante la maniobra fallida del Gobierno de alterar la equiparación escalafonaria y salarial de las y los contratados nacional.
Con el objetivo de discutir y definir acciones conjuntas contra las políticas de ajuste y crueldad implementadas por el Gobierno de Javier Milei, la Seccional Rosario conformó un nuevo espacio de reflexión colectiva.
El Sindicato desmintió los hechos de violencia que los medios oficialistas a Hissa y la presidenta del Concejo inventaron para justificar la no asistencia de ATE en el recinto. 
El Sindicato entregó la propuesta a integrantes del Concejo Deliberante de la localidad misionera para alcanzar una herramienta clave para proteger los derechos laborales de las y los trabajadores.
Participaron más de 300 delegados y delegadas de las 135 ciudades bonaerenses, quiénes plantearon el debate sobre el proyecto de CCT con el fin de instrumentar un convenio en cada comuna con la perspectiva del sindicato.
La propuesta representa busca consolidar el rol del Estado Municipal como garante del derecho al acceso a la tierra, promoviendo políticas públicas que dignifiquen las condiciones de vida de las y los municipales.
El ‘Museo del Che’ administrado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) será sede de dos presentaciones.
El organismo sufre el ajuste del Gobierno nacional que implica recortes presupuestarios, paralización de proyectos y desinversión sistémica.
ATE Tierra del Fuego presentó junto a otras organizaciones e instituciones un proyecto de modificación de la Ley 844 de Abastecimiento que propone una nueva forma de administrar la economía provincial.
La medida se da en el contexto de una serie de reclamos por la pérdida del poder adquisitivo y el estancamiento en las Paritarias locales.
En el marco de la agenda común que ATE viene trabajando con las autoridades del organismo, se avanzó en la exigencia de respetar el derecho laboral de las y los trabajadores.
El Sindicato advierte que la Resolución 861/25 resulta arbitraria e ilegítima dado que no puede modificar lo dispuesto por un decreto reglamentario.
Mientras el Gobierno Nacional entrega los recursos naturales al sector privado, el Sindicato celebra el día del Guardaparques y reivindica su rol como garantes de la protección, conservación y vigilancia de las áreas naturales.
El Sindicato continúa defendiendo a los organismos y empresas estatales que brindan valiosos servicios para la comunidad y actualmente se encuentran en riesgo de sufrir el ajuste del Gobierno nacional.
El Sindicato también advirtió que su venta parcial no solo atenta contra los derechos laborales de las y los trabajadores sino que significa la reducción de costos y el aumento de tarifas.