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El Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, la tercera obra social más grande del país, arrastra una deuda superior a los 240 mil millones de pesos y se encuentra prácticamente al borde de la quiebra.
Estas acusaciones se producen en un contexto donde no existe un control serio ni transparente por parte del Ministerio de Salud, ni siquiera sobre los propios jefes.
“A partir de hoy, el Gobierno tiene que empezar a preocuparse. Se abre un nuevo capítulo en la confrontación que mantiene con los trabajadores. Crece y se consolida un frente de unidad con los sindicatos de los sectores público y privado”, indicó Rodolfo Aguiar. Los sindicatos movilizarán a Córdoba el 5 de febrero y a Rosario (Santa Fe) el 10 para exigir a los gobernadores que rechacen el proyecto.
El Sindicato expone la profundización del ajuste y la embestida permanente contra los trabajadores. El salario mínimo debe llegar a los $2.140.000.
La Seccional Rosario recordó a Sandra Cabrera, dirigente meretriz de la ciudad, asesinada por su militancia y su compromiso con los derechos de las trabajadoras sexuales.
El Sindicato recorrió el nosocomio para conocer el estado general del servicio, sus instalaciones y los nuevos consultorios externos que permitirán fortalecer la atención ambulatoria.
Desde el Sindicato advirtieron que, de continuar las prácticas de exclusión, marginación funcional o trato discriminatorio hacia las y los trabajadores en medio de la intervención de la Dirección General de Puertos fueguina por parte del Gobierno Nacional, se adoptarán medidas de acción directa.
Además, se implementará el pago de un bono para familias con hijos en edad escolar a partir de los 4 años hasta los estudios terciarios o universitarios.
“Una vez que entrás a los contextos de encierro no sabés si salís vivo”, manifestó el Secretario General de ATE Córdoba ante los datos oficiales que ubican a la provincia como la jurisdicción con mayor tasa de personas privadas de la libertad del país.
“Ir al paro, a una huelga general el día que se trate la reforma laboral es absolutamente necesario y obligatorio para el movimiento obrero, pero no puede ser una medida aislada. Tenemos que pensar en un plan de lucha que comience con anterioridad”, indicó Rodolfo Aguiar.
Fue un destacado miembro del Consejo Directivo Provincial de ATE Salta y del Comité Ejecutivo Provincial de la CTA. 
El Sindicato demanda el pase a planta permanente y el ingreso de personal en áreas estratégicas.
Para el Sindicato la defensa de los derechos de las infancias es prioridad, por eso mantuvo una jornada de debate con referentes barriales, sindicales, docentes y estudiantiles para profundizar las acciones conjuntas.
El Sindicato también aprovechó la mesa de negociación con el Poder Ejecutivo para abordar el proyecto del Estatuto del Empleado Municipal.
En medio de la crisis ambiental generada por los incendios y la falta de personal para dar respuesta al fuego, el Sindicato demandó que se convoque urgente a la Comisión negociadora.
El Sindicato llevó adelante una nueva acción directa, mediante un ruidazo, frente al organismo nacional por mejores salarios y condiciones de trabajo.
El sindicato cuestionó la compra con sobreprecio de 1066,7% en la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina (NASA), sumado a la denuncia que ya se realizó por una licitación fraudulenta en la contratación de un servicio de limpieza que supera en un 140% al valor previsto.
La solicitud surge a partir de los recientes acontecimientos climáticos que provocaron daños en vehículos particulares de trabajadoras y trabajadores que prestan servicio diariamente en el aeropuerto.
El encuentro tuvo como objetivo intercambiar miradas sobre la coyuntura política regional y explorar posibles instancias de cooperación institucional.
Roxana Rechimont, Secretaria General del Sindicato en la provincia, afirmó que el monto que se pagará en febrero no alcanza a cubrir el costo real de iniciar el ciclo lectivo. Según estimaciones del Sindicato, la canasta escolar ronda los 350 mil pesos por hijo.
Desde el Sindicato informaron que cientos de trabajadores ya han comunicado formalmente haber sido víctimas de estas prácticas, que calificaron como persecutorias y discriminatorias por parte del Gobierno mendocino.