La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur expresó su profundo rechazo al proyecto impulsado por el Gobierno Nacional para modificar el régimen de subsidios energéticos y avanzar sobre derechos históricos conquistados por las provincias de clima extremo y las regiones más vulnerables del país.
Desde el Sindicato lanzaron un comunicado que explica: “Detrás del discurso de ‘ordenamiento’ y ‘equilibrio fiscal’, el proyecto esconde un brutal traslado de costos hacia los usuarios, las provincias, cooperativas y trabajadores, consolidando un modelo donde las familias argentinas deberán afrontar tarifas cada vez más dolarizadas mientras los salarios continúan deteriorados”.
“Particularmente grave resulta el intento de vaciamiento del régimen de Zona Fría, manteniendo formalmente el beneficio pero reduciendo de manera encubierta su alcance real, al limitar la bonificación únicamente al precio del gas y excluir componentes esenciales como transporte y distribución”, agrega el documento.
Además, desde ATE Tierra del Fuego advirtieron: “No puede existir federalismo energético si se castiga a las provincias del sur y regiones de clima extremo; no puede hablarse de equidad cuando se pretende que usuarios que cobran en pesos paguen tarifas atadas a precios dolarizados; y no puede construirse sustentabilidad energética descargando el ajuste sobre los hogares trabajadores”.
Asimismo, el Sindicato rechazó la recentralización de decisiones energéticas y el debilitamiento de las capacidades regulatorias provinciales y municipales, que afectarían directamente a cooperativas y prestadores locales que sostienen servicios esenciales en el interior del país.
La ATE fueguina reafirmó que la energía no puede ser tratada únicamente como una variable de mercado, y explicó que, en provincias como Tierra del Fuego, el acceso al gas y la electricidad constituye una necesidad básica vinculada directamente a la salud, la habitabilidad y la vida digna.
Por último, en el comunicado el Sindicato exigió la “defensa irrestricta del régimen de Zona Fría; tarifas razonables y compatibles con los ingresos reales; protección de las economías regionales; inversiones en infraestructura energética; y un verdadero esquema federal que no condene al interior argentino a financiar el ajuste nacional”, y agregó: “Sin justicia social, sin federalismo y sin salarios dignos, no existe transición energética posible”.
