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El fiscal Ernesto De Aragón construyó una causa sin fundamento jurídico y con el solo fin de amedrentar a dirigentes que ejercieron su derecho legítimo a realizar una protesta pública, en marco de las garantías constitucionales que otorga el cuerpo legal argentino y los tratados internacionales, que está siendo criminalizada por el Gobierno de Córdoba.
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“Este paro tiene varios destinatarios. No sólo el presidente Milei, sino también los gobernadores y senadores que tendrán que tratar la Ley Bases, y para los cuatro o cinco grupos empresarios que en este momento son socios del Ejecutivo nacional”, evaluó Rodolfo Aguiar. El sindicato decidió que la medida de fuerza abarque a las tres esferas del Estado.