La medida de fuerza fue definida por el Sindicato a partir de la grave crisis que sufre el organismo, que incluye prácticas antisindicales ejercidas por el Gobierno nacional.
El Poder Legislativo de la Provincia fijó posición ante la política de desguace del Estado del Gobierno de Milei y se transformó en un respaldo al plan de lucha de las y los trabajadores del organismo nucleados en ATE Córdoba.
Desde el Sindicato aseguraron que se trata de una medida de amedrentamiento para evitar la sindicalización de las y los trabajadores del sector y manifestaron que no se permitirá que se avance contra la organización.
Los despidos conocidos recientemente en la Unidad Operativa de Vectores son otra cara más del vaciamiento sistemático que la gestión de Javier Milei impone sobre el Estado.
La iniciativa abre la posibilidad a las multinacionales mineras a operar en cercanías de los glaciares con explosivos y otras sustancias altamente contaminantes como el cianuro.
Nuevo documento elaborado por el Instituto de Estudio sobre Estado y Participación (IDEP) de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) junto al Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) de Unidad Popular (UP), y al Instituto de Estudios y Formación (IEF) de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A).
Mediante ollas populares y asambleas, el Sindicato junto a otras organizaciones sociales y políticas se expresaron en contra del cierre del programa Volver al Trabajo que impuso el Gobierno nacional.
El Sindicato rechazó la inasistencia de las autoridades del Gobierno local en la audiencia convocada en la Secretaria de Trabajo para lograr un acuerdo en torno de los reclamos laborales.
ATE denuncia que el Poder Ejecutivo Nacional quiere delegarle a Gendarmería algunas funciones estratégicas de control que hoy tiene el organismo y advierte que otras se perderían, lo que vulnera la seguridad en los servicios de transporte de todo el país.
ATE realizó en la sede central de PAMI la primera jornada sectorial que releva la acuciante realidad económica que atraviesan las y los trabajadores de la Administración Pública y adjudicó al Gobierno la responsabilidad sobre el endeudamiento de los hogares.
Hay marcadas diferencias entre varias jurisdicciones: en algunas de ellas, con menos recursos financieros los salarios apenas superan los 500.000 pesos y en otras con mejores ingresos oscilan en 800.000 pesos.
La actual gestión de Animaná desconoce la existencia de documentos que avalen el reclamo de las y los trabajadores aunque si existe un papel firmado por el ex intendente Guaimás que reconoce las horas extras trabajadas.
Se evaluó el trabajo que se viene llevando adelante en Chepes y en toda la región de los Llanos Sur, destacándose el crecimiento de la organización sindical con la incorporación de afiliados y afiliadas, principalmente del sector salud.
El Sindicato definió medidas de fuerza para impedir que el Gobierno nacional elimine el 30% de la planta funcional y termine de desguazar el organismo.
El Sindicato se movilizó al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat para rechazar el vaciamiento del organismo por parte del Gobierno local y en particular la pretensión de clausura del Instituto de la Vivienda.
ATE viene denunciando que hay una estructura salarial que está lejos de cubrir la canasta básica. Hoy un salario promedio en la administración provincial es de 800.000 pesos y las necesidades del grupo familiar son más del doble de ese monto.