Lo acordaron las autoridades del registro que fiscaliza las relaciones laborales agrarias y el sindicato UPCN, a pesar de la protección con la que contaban los empleados en la ley 26.727. Los afectados, que podrían trepar a 800 personas, ingresaron al RENATEA durante los años en que el militante de Cambiemos y jefe del sindicato UATRE, Gerónimo Venegas, perdió el control de la fiscalización que ahora realiza el Estado