El
sindicato UPCN y el gobierno nacional acordaron meses atrás la cesantía de personas
en el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA). Sortearon
para ello el artículo 19 de la ley 26.727 que en 2011 creó el registro
encargado de garantizar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores
rurales y evitar la trata de personas. Allí se establece que cualquier empleado
despedido debe ser reubicado en otro organismo del Estado (ver nota de
ATE elevada al Ministerio de Trabajo).

Lo
curioso es que este universo de 880 trabajadores ingresó al organismo durante
los años en que el jefe del sindicato oficialista UATRE, Gerónimo Venegas,
perdió el control de la fiscalización que ahora realiza el Estado.

A
los despidos que fueron informados por El Trabajador del Estado en Salta, Entre
Ríos, La Pampa, Chaco, Formosa, Mendoza, Santiago del Estero, Corrientes y
Córdoba, ahora se suman los de la delegación de Jujuy.

Según
precisaron desde la ATE provincial, desde 2013 al 2015 el RENATEA fiscalizó
allí 1780 establecimientos rurales, donde se desempeñan 154.000 trabajadores, y
a 11.700 empleadores. En ese período se realizaron más de mil denuncias de
trata, explotación laboral e infantil. Hoy, las inspecciones y detecciones de
irregularidades están totalmente paralizadas.

“En
nuestra provincia, con los despidos de la mitad de sus empleados, 60 mil
trabajadores rurales quedan desamparados; en tanto ahora, serán los propios
empleadores los que realizarán el registro, pero a través de sus 
distintas  entidades patronales del sector rural”, manifestó ATE en un
comunicado. 

En
el mismo se denuncia también el desmantelamiento de las unidades territoriales
de El Carmen, San Pedro de Jujuy y Libertador General San Martín, y de las
guarderías para los hijos de los trabajadores del Estado en Perico, que cuidaban a
más de 280 niños. Igual destino han tenido las cooperativas formadas para
proteger a las mujeres rurales víctima de la violencia de género en la
provincia.

La
patronal recurrió asimismo a la violencia física. En el texto difundido por ATE
Jujuy a los medios de prensa, se acusa a “Carlos Ucci, administrativo que
fungía como subrogante del titular del organismo, Rufino Mateo Rojo”, de
agresiones y amenazas contra el delegado del sindicato en el RENATEA, Jorge
Peña.